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Sentencia AC-611-23 — Registro 17870

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada que denegó el recurso de amparo interpuesto en el trámite de una demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial. La Sala, si bien encuentra que como decisión de fondo la desestimación de la acción de amparo que ha acordado la Alzada es oportuna, es del parecer porque debe acatarse lo dispuesto expresamente por la norma, resultando procedente REFORMAR la sentencia venida en consulta, únicamente en lo concerniente al acápite PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia consultada y en su lugar ordenar el sobreseimiento del presente recurso de amparo, CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de abril de 2023 dictada por la Corte de Apelaciones del Choluteca y Valle en todos sus demás razonamientos y fundamentación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “RAZONAMIENTO DE LA SALA I Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II Se observa que las alegaciones del impetrante, además de ser propias de instancia, están dirigidas contra tres resoluciones, las cuales, como bien sostuvo el Tribunal de Alzada, no han sido objeto de los recursos ordinarios que la ley franquea, es decir que tales resoluciones han sido, efectivamente, consentidas y convalidadas por el recurrente como parte ejecutada. Adicionalmente, dos de estas resoluciones, la de 25 de mayo y del 24 de octubre de 2022 deciden cuestiones relacionadas con seguimiento del trámite del proceso y no sobre temas de fondo, consecuentemente son providencias de trámite que no causa por sí mismas afectación de derechos. III Por otra parte, según se constata de la pieza de antecedentes, el quejoso denuncia situaciones que tienen que ver con la tramitación legal de un proceso civil ordinario, en este caso, una demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial, en la que ha existido ya una desestimación de la oposición a la que tiene derecho el ejecutado, siendo tal decisión firme a la fecha, ya tampoco consta que fuese recurrida por la parte afectada.IV Esta Sala asiente en que, ciertamente, las argumentaciones del quejoso no son de recibo, como lo ha señalado el Tribunal de Apelaciones, por cuanto al proceso se la ha dado el curso legal que manda la ley, resolviéndose las peticiones hechas por las partes sin ninguna incidencia que amerite la protección constitucional, al haberse respetado el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de acción y de defensa, siguiéndose con los principios que a su vez rigen el procedimiento conforme con nuestra legislación. V De acuerdo con lo establecido en el numeral 3º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, estipulando la norma que se entenderá que un acto ha sido consentido por el agraviado cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes, tal y como acontece en el caso de autos.VI La misma ley manda que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. VII En el caso objeto de examen esta Sala concuerda con la Alzada en cuanto a que a la parte ejecutada le asistía el derecho de interponer dentro del término de ley los recursos que tenía expeditos por ley contra las resoluciones denunciadas como violatorias de derechos constitucionales, sin que haya accedido a ellos y sin que resulte acreditada (o invocada) imposibilidad de ejercitar estos recursos, de ahí que, resulte debidamente acreditado lo estipulado por la norma antes citada, debiéndose entender que estamos ante actos consentidos por el agraviado, situación que se enmarca claramente dentro de la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, contemplada en el Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. VIII Conforme lo manda la ley, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. IX Del examen in extenso de las diligencias esta Sala observa que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente la inadmisibilidad del recurso de amparo interpuesto, al estimar la concurrencia de la causal contenida en el numeral 3º del precitado artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sin embargo el mismo artículo 46 dispone que el órgano jurisdiccional rechazará la demanda de amparo que fuese inadmisible y sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causa de admisibilidad, por lo cual la Sala, si bien encuentra que como decisión de fondo la desestimación de la acción de amparo que ha acordado la Alzada es oportuna, somos del parecer porque debe acatarse lo dispuesto expresamente por la norma, resultando procedente REFORMAR la sentencia venida en consulta, únicamente en lo concerniente al acápite PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia consultada y en su lugar ordenar el sobreseimiento del presente recurso de amparo, CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de abril de 2023 dictada por la Corte de Apelaciones del Choluteca y Valle en todos sus demás razonamientos y fundamentación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpae, Municipio del Distrito Central, dos de agosto del año dos mil veintitrés. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, de fecha veinte de (20) de abril de dos mil veintitrés (2023), que DENEGÓ el recurso de amparo interpuesto por el abogado NARDIN FABRICIO GALO RUEDA, contra las resoluciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, de fechas veinticinco de mayo (25) de mayo, dieciséis de (16) de septiembre y veinticuatro (24) de octubre, todas del año dos mil veintidós (2022), en el trámite de una demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial promovida por el señor HERNÁN ALCIDES CARRASCO LÓPEZ contra MARIA AUXILIADORA CARRASCO. ANTECEDENTES 1) En fecha veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, el Abogado GERARDO JACOB ALEMÁN GUTIÉRREZ, actuando en su condición de representante procesal del señor HERNÁN ALCIDES CARRASCO LÓPEZ, promoviendo demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial, contra la señora MARÍA AUXILIADORA CARRASCO LÓPEZ, para que, evacuados los trámites legales correspondientes sea obligada a pagar al demandante la suma de UN MILLÓN DE LEMPIRAS EXACTOS. (Folios 2-6 de la 1era pieza de antecedentes).2)En fecha veintitrés de julio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Valle, admitió la demanda de la que se hace relación en el numeral que antecede, asimismo, por medio del funcionario respectivo ordenó, que se requiriese a la señora MARIA AUXILIADORA CARRASCO LÓPEZ, para el pago de la cantidad demandada, bajo la advertencia de que, si no pagara o consignara la referida cantidad, se procedería al embargo de sus bienes. (Folios 9-11 de la 1era pieza de antecedentes).3)En fecha once de marzo de dos mil veinte, se celebró audiencia de oposición al título extrajudicial cuya ejecución se demanda, ordenándose por juez A Quo la evacuación de las pruebas propuestas por las partes, las que fueron evacuadas en audiencias de fechas 3 y 18 de mayo de 2021, dictándose resolución en fecha 21 de mayo de 2021, en la que el A Quo decidió desestimar la oposición presentada por la parte ejecutada, ordenando la continuación del trámite por la vía de apremio, siendo notificadas las partes sin que se interpusiese recurso alguno contra esta resolución. (Folios 94-99 de la ¡era pieza de autos).4)En fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, el Abogado NARDIN FABRICIO GALO RUEDA, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, departamento de Valle, presentando personamiento y promoviendo nulidad absoluta de actuaciones, a partir del auto de admisión de la demanda de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve. (Folio 114 al 117 de la pieza de primera instancia).5)En fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós el citado Juzgado emitió resolución en la cual, se tuvo por admitido el incidente de nulidad absoluta, concediéndosele al apoderado legal de la parte demandante, el plazo de tres días para que presentara sus alegatos. (Folios 120 de la pieza de primera instancia).6)En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, el Abogado GERARDO JACOB ALEMÁN GUTIÉRREZ, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor HERNÁN ALCIDES CARRASCO, como parte ejecutante, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, departamento de Valle, presentando liquidación de costas personales, solicitando que la Secretaría de ese órgano judicial procediera a tasar las costas procesales. En fecha trece de junio de dos mil veintidós el Juzgado ordenó a la Secretaria del Despacho procediera a liquidar las costas procesales y personales y se procediera a poner las mismas a la vista de las partes por el término de cinco días, para que manifestaran si aceptaban o las impugnaran. (Folios 137 y 138 y 142 de la pieza de primera instancia)7)En fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, el Abogado NARDIN FABRICIO GALO RUEDA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora MARIA AUXILIADORA CARRASCO LÓPEZ, presentó formal oposición a la Tasación de Costas, por existir actos constitutivos de nulidad y violación del debido proceso. (Folios 154 y 155 de la pieza de primera instancia).8) En fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, departamento de Valle, resolvió: “…SEGUNDO: Se ordena a la Secretaría del Despacho revisar la tasación presentada por la parte demandante, en caso de haber cambios se mantendrá la tasación realizada y en caso de haber cambios introducirán las modificaciones que deban hacerse remitiéndosela al tribunal para que éste resuelva, mediante auto, lo que proceda sin ulterior recurso.- TERCERO: En cuanto a lo enunciado de actos constitutivos de nulidad y violación del debido proceso, este Juzgado lo DECLARA SIN LUGAR, en virtud de las siguientes razones: 1) La nulidad, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la Ley contra la resolución de que se trate.- 2) Sin perjuicio de ello, el Tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.- 3) En ningún caso podrá el Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que se apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese Tribunal….” (Folios 156 y 157 de la pieza de primera instancia).9) En fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el Abogado Gerardo Jacob Alemán Gutiérrez, actuando en su condición ya indicada previamente, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, departamento de Valle, solicitando se señalara audiencia para el remate de un bien inmueble embargado, propiedad de la señora MARIA AUXILIADORA CARRASCO LÓPEZ. (Folio 163 de la pieza de primera instancia).10) En fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, departamento de Valle, resolvió señalando audiencia de remate para el día VIERNES NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (Folio 164 de la pieza de primera instancia) 11) El Abogado NARDIN FABRICIO GALO RUEDA compareció ante CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha once mayos de dos mil veintitrés (2023), interponiendo acción de amparo a favor de la señora MARIA AUXILIADORA CARRASCO LÓPEZ contra las resoluciones de fechas veinticinco de mayo, dieciséis de septiembre y veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictadas por el A-quo.12) En fecha veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó resolución en la cual: “RESUELVE: PRIMERO: DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado NARDIN FABRICIO GALO RUEDA, en su condición de Apoderado Legal de la señora MARIA AUXILIADORA CARRASCO, en la demanda de ejecución forzosa a Titulo Extrajudicial promovida por el señor HERNÁN ALCIDES CARRASCO LÓPEZ en contra de la señora MARIA AUXILIADORA CARRASCO LÓPEZ.-SEGUNDO: Se ordena revocar la medida cautelar impuesta consistente en la suspensión provisional del acto reclamado....”(Folios 68 al 70 de la pieza de la Corte de Apelaciones).13) En fecha once (11) de mayo de dos mil veintitrés, la Sala recibió para su consulta las diligencias que contiene el recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL1.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.2.La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.3.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.5.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA 1.La acción de amparo que nos ocupa se presentó en contra de tres resoluciones:1.Auto de fecha 25 de mayo de 2022: Tiene por admitido el poder otorgado a favor del hoy recurrente; y, Se tiene por interpuesto el incidente de nulidad absoluta opuesto, concediéndole 3 días para que presente sus alegaciones por escrito, contados a partir a la recepción de la comunicación respectiva; ii Auto de fecha 16 de septiembre de 2022: Tiene por presentada una oposición del ejecutado a la tasación de costas y desestima la nulidad planteada en dicho escrito; iii Auto de fecha 24 de octubre de 2022: Señala audiencia de remate a petición del ejecutante.2. En la sentencia emitida por la Alzada en fecha 20 de abril de 2023 y que es objeto de examen, se decidió la denegatoria de la acción de amparo pretendida, al considerar la Corte de Apelaciones que las resoluciones reclamadas fueron consentidas por el agraviado, quien no promovió contra estas ningún recurso ordinario que, de conformidad con la ley le asistía, no habiendo tampoco demostrado ni alegado imposibilidad alguna para la no interposición de los mismos, estimándose entonces la concurrencia de la causal de inadmisión establecido en el Artículo 46. 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.RAZONAMIENTO DE LA SALA I Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II Se observa que las alegaciones del impetrante, además de ser propias de instancia, están dirigidas contra tres resoluciones, las cuales, como bien sostuvo el Tribunal de Alzada, no han sido objeto de los recursos ordinarios que la ley franquea, es decir que tales resoluciones han sido, efectivamente, consentidas y convalidadas por el recurrente como parte ejecutada. Adicionalmente, dos de estas resoluciones, la de 25 de mayo y del 24 de octubre de 2022 deciden cuestiones relacionadas con seguimiento del trámite del proceso y no sobre temas de fondo, consecuentemente son providencias de trámite que no causa por sí mismas afectación de derechos. III Por otra parte, según se constata de la pieza de antecedentes, el quejoso denuncia situaciones que tienen que ver con la tramitación legal de un proceso civil ordinario, en este caso, una demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial, en la que ha existido ya una desestimación de la oposición a la que tiene derecho el ejecutado, siendo tal decisión firme a la fecha, ya tampoco consta que fuese recurrida por la parte afectada.IV Esta Sala asiente en que, ciertamente, las argumentaciones del quejoso no son de recibo, como lo ha señalado el Tribunal de Apelaciones, por cuanto al proceso se la ha dado el curso legal que manda la ley, resolviéndose las peticiones hechas por las partes sin ninguna incidencia que amerite la protección constitucional, al haberse respetado el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de acción y de defensa, siguiéndose con los principios que a su vez rigen el procedimiento conforme con nuestra legislación. V De acuerdo con lo establecido en el numeral 3º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, estipulando la norma que se entenderá que un acto ha sido consentido por el agraviado cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes, tal y como acontece en el caso de autos.VI La misma ley manda que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. VII En el caso objeto de examen esta Sala concuerda con la Alzada en cuanto a que a la parte ejecutada le asistía el derecho de interponer dentro del término de ley los recursos que tenía expeditos por ley contra las resoluciones denunciadas como violatorias de derechos constitucionales, sin que haya accedido a ellos y sin que resulte acreditada (o invocada) imposibilidad de ejercitar estos recursos, de ahí que, resulte debidamente acreditado lo estipulado por la norma antes citada, debiéndose entender que estamos ante actos consentidos por el agraviado, situación que se enmarca claramente dentro de la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, contemplada en el Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. VIII Conforme lo manda la ley, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. IX Del examen in extenso de las diligencias esta Sala observa que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente la inadmisibilidad del recurso de amparo interpuesto, al estimar la concurrencia de la causal contenida en el numeral 3º del precitado artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sin embargo el mismo artículo 46 dispone que el órgano jurisdiccional rechazará la demanda de amparo que fuese inadmisible y sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causa de admisibilidad, por lo cual la Sala, si bien encuentra que como decisión de fondo la desestimación de la acción de amparo que ha acordado la Alzada es oportuna, somos del parecer porque debe acatarse lo dispuesto expresamente por la norma, resultando procedente REFORMAR la sentencia venida en consulta, únicamente en lo concerniente al acápite PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia consultada y en su lugar ordenar el sobreseimiento del presente recurso de amparo, CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de abril de 2023 dictada por la Corte de Apelaciones del Choluteca y Valle en todos sus demás razonamientos y fundamentación. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numeral 3, 48, 49, 51, 63, 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: PRIMERO: REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, de fecha veinte de (20) de abril de dos mil veintitrés (2023), que DENEGÓ el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, EN SU LUGAR, SE SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por el abogado NARDIN FABRICIO GALO RUEDA, a favor de la señora MARIA AUXILIADORA CARRASCO contra las resoluciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, de fechas veinticinco de mayo (25) de mayo, dieciséis de (16) de septiembre y veinticuatro (24) de octubre, todas del año dos mil veintidós (2022), en el trámite de una demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial promovida por el señor HERNÁN ALCIDES CARRASCO LÓPEZ contra la referida señora MARIA AUXILIADORA CARRASCO, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional;SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia consultada en todos sus demás razonamientos y fundamentaciones; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0611-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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