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Sentencia AC-592-23 — Registro 16945

Resumen

Sentencia en consulta otorgó acción de amparo contra auto dictado por Juzgado de Instancia en solicitud de pago de honorarios profesionales promovida contra el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI); La Autoridad recurrida considera que a la solicitud se le dio un trámite distinto al indicado en la ley; y por haber aplicado una inexistente notificación tácita al caso; por lo que se han violentado derechos fundamentales; Se le indicó al Juez dar el trámite especialísimo conforme a la ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), al haber OTORGADO la acción de amparo venida en consulta, en vista que se ha violentado el debido proceso, ya que el juez de primera instancia le ha dado un trámite distinto a la solicitud de pago de honorarios profesionales, presentada en su momento por el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza a favor de Cinthia Marisela Girón López, al haberle dado traslado de dicha solicitud a la parte deudora para que la conteste en el plazo de treinta (30) días, y no el tramite especialísimo que al efecto se establece en el artículo 89.2 del Código Procesal Civil, que ordena que se requiera al deudor para que pague dicha suma, con las costas o impugne la cuantía, en el plazo de cinco (5) días, bajo el apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.- De igual manera también se comparte el criterio emitido por el Ad-Quen en la sentencia venida en consulta, en cuanto a la existencia de la violación el derecho de defensa, en vista que la legislación civil nuestra no contempla la figura de la notificación tacita y por tanto el argumento utilizado por el A-Quo para tener por notificado de esa manera al demandante del auto de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, es inexistente..."..."esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe violación al debido proceso y derecho de defensa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil veintitrés. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el de recurso de amparo presentado por el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, a favor de la señora Cinthia Marisela Girón López, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Choloma, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de pago de honorarios profesionales promovida por el señor Cesar augusto Girón Lanza, contra el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI). Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- En fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Choloma, departamento de Cortés, resolvió. “…PRIMERO: Admítase a trámite la SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION, junto con los documentos que se acompañan a la misma. SEGUNDO: (sic) Iesee traslado de la misma al señor EDWIN ARAQUE BONILLA, e: su condición de Presidente del BANCO HONDUREÑO DE LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), haciendo entrega de la copia de 1a demanda y de los documentos y anexos acompañados, emplazándo o con entrega oportuna de cedula para que conteste en el PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, computados desde el día siguiente al emplazamiento, haciendo la advertencia a la demandada, que si no comparece dentro del plazo señalado, se le declara en rebeldía procesal, advirtiéndole así mismo que su actuación en el proceso deberá de ser a través de un profesional del derecho que le represente. En ausencia de este, la entrega se efectuará subsidiariamente a persona que manifieste conocerlo o, si existiera dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviera a cargo de ella, Habilítese Días y Horas Inhábiles para el cumplimiento de las diligencias de emplazamiento de la parte demandada. TERCERO: Téngase como representante procesal al Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, miembro inscrito en el Colegio de Abogado de Honduras bajo número (9621), con todas las facultades a el conferida y con la dirección profesional señalada en el texto de la demanda, para efectos de comunicación Judicial. CUARTO: Que se notifique la presente resolución al representante procesal e la parte demandante. MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de Reposición ante este Juzgado, que deberá interponerse en el plazo de tres días (3) hábiles contados desde el siguiente día hábil de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente.- Art. 694 y 695 del código Procesal Civil.” (Folios 23-24 del antecedente). 2).- En fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, compareció el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora Cinthia Marisela Girón López, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que la decisión adoptada por el A-quo, le vulnera a su representada el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-11 del antecedente). 3).- Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito a favor del Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA en su condición de apoderado judicial de la señora CINTHIA MARISELA GIRON LOPEZ, contra las actuaciones del Juzgado de letras Seccional de Choloma, Cortés, específicamente contra el auto de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, debiendo el Juzgado de Primera Instancia darle trámite de Ley conforme a lo peticionado por el solicitante o en su caso motivar si procede o no la transformación del proceso.-Y MANDA: Que, una vez notificada el presente Fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.” (Folios 50-52 vuelto del antecedente). 4).- Que en fecha diez de mayo de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el de recurso de amparo presentado por el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, a favor de la señora Cinthia Marisela Girón López, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Choloma, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de pago de honorarios profesionales promovida por el señor Cesar augusto Girón Lanza, contra el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI). CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le violentó el debido proceso y principio de legalidad, en vista que al emitir el auto de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, si bien es cierto admite a trámite la solicitud de pago de honorarios profesionales y reembolso de gastos, en el resuelve segundo de la parte dispositiva determina un trámite contrario y totalmente distinto al previsto en el artículo 89 del Código Procesal Civil, el cual establece un trámite especial para este tipo de solicitudes (Reclamo de Honorarios Profesionales), se dice lo anterior ya que ordena darle traslado de la misma a la parte deudora de los honorarios para que los conteste en el plazo de treinta (30) días, situación que difiere, tergiversa y vulnera la garantía del debido proceso contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el artículo 3 del Código Procesal Civil, los cuales se refieren al debido proceso y al principio de legalidad respectivamente, en vista que el artículo 89.2 del Código Procesal Civil establece el procedimiento a seguir en caso de honorarios profesionales, estableciendo que una vez presentada la reclamación, se requerirá al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuantía, en el plazo de cinco (5) días, bajo el apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. De igual manera manifiesta que se le ha violentado el derecho de defensa, en virtud que aun estableciendo en la solicitud para el pago de honorarios profesionales, el número telefónico y el correo electrónico para que se le realizarán notificaciones, el auto de fecha 25 de abril de 2022 no se realizó de esa manera, argumentando a su vez, que tampoco se debió de aplicar la figura de la notificación tacita, por no estar contemplada en la legislación vigente. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), otorga la presente acción de amparo por considerar que se ha violentado la garantía del debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), al haber OTORGADO la acción de amparo venida en consulta, en vista que se ha violentado el debido proceso, ya que el juez de primera instancia le ha dado un trámite distinto a la solicitud de pago de honorarios profesionales, presentada en su momento por el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza a favor de Cinthia Marisela Girón López, al haberle dado traslado de dicha solicitud a la parte deudora para que la conteste en el plazo de treinta (30) días, y no el tramite especialísimo que al efecto se establece en el artículo 89.2 del Código Procesal Civil, que ordena que se requiera al deudor para que pague dicha suma, con las costas o impugne la cuantía, en el plazo de cinco (5) días, bajo el apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.- De igual manera también se comparte el criterio emitido por el Ad-Quen en la sentencia venida en consulta, en cuanto a la existencia de la violación el derecho de defensa, en vista que la legislación civil nuestra no contempla la figura de la notificación tacita y por tanto el argumento utilizado por el A-Quo para tener por notificado de esa manera al demandante del auto de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, es inexistente. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe violación al debido proceso y derecho de defensa. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 89 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha dos (2) de mayo del dos mil veintitrés (2023), por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-592-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL