Sentencia AC-592-19 — Registro 16837
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de nulidad contra Laudo Arbitral en juicio arbitral de Daños y perjuicios por incumplimiento de contrato de Asociación en participación y su Adenda, promovida por demandante contra recurrente; El Tribunal Arbitral no pudo determinar con exactitud la cuantía o cantidad a pagar por parte de recurrente a favor del Demandante por existir inconsistencias y errores en el dictamen de los peritos; La Autoridad recurrida no puede otorgar más de lo solicitado por las partes, puesto que la cifra de los daños y perjuicios a otorgarse necesariamente estaría limitada a la cantidad solicitada y es una cifra cierta y definida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del examen de la acción constitucional impetrada, esta Sala observa que se están alegando cuestiones que si se encuentran relacionadas con la vulneración al debido proceso, asimismo se alegan por el impetrante otras cuestiones de mera legalidad y que conforme a ello deben ser excluidas del análisis de la Sala, pues conforme a lo estipulado en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el recurso de amparo debe ser inadmisible y en consecuencia sobreseer las diligencias, conforme al último párrafo de la citada norma, toda vez que son cuestiones que deben ser resueltas y como al efecto lo han realizado los órganos jurisdiccionales de instancia, como las alegaciones relativas al porque determinada prueba fue valorada en tal sentido y fue considerada al momento de emitir un fallo, tanto por el Tribunal Arbitral como por la Corte de Apelaciones que conoció del Recurso de Nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral que ya hemos referido en este libelo y que al efecto hemos resaltado en los considerandos cinco y seis supra y que es objeto de amparo ante esta Sala de lo Constitucional; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento civil que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, definido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas procedería el sobreseimiento de las diligencias de no ser que el amparista alega también cuestiones que si son congruentes con la violación al debido proceso, como el hecho de considerar el amparista, no ser correcto la condena en costas, por parte de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia que resuelve el recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa..."..."analizados que han sido la alegaciones entorno a violaciones de los derechos constitucionales de Defensa y Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Repúblico, violación que expresa el recurrente por considerar que el Tribunal Arbitral violentó los derechos de su representado al haberse señalado la cantidad de quince millones de lempiras como daños y perjuicios basándose para cuantificarlo en un dictamen que estima esta erróneo, al respecto esta sala estima que tal declaración fue corregida por el Tribunal Arbitral mediante la resolución de fecha 10 de agosto del 2018, al dar respuesta a la solicitud de aclaraciones, correcciones y complementaciones que solicitó el demandante después de haberse dictado el Laudo Arbitral de fecha 27 de julio del 2018, por lo que del análisis realizado se concluye que dicha sentencia impugnada en esta vía constitucional reúne todos los requisitos establecidos por la ley, asimismo que en ella se ha dado respuesta a lo solicitado en la demanda interpuesta y por tanto no se ha vulnerado en perjuicio del impetrante, el principio genérico del debido proceso, pues en dicho Laudo Arbitral se aprecia que el Tribunal Arbitral al conocer el recurso de Nulidad sometido a su conocimiento dio respuesta a las tres causales de nulidad invocadas y que dicho Laudo Arbitral se ha dictado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 110 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 34 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 66 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."del examen de la acción constitucional impetrada, esta Sala observa que se están alegando cuestiones que si se encuentran relacionadas con la vulneración al debido proceso, asimismo se alegan por el impetrante otras cuestiones de mera legalidad y que conforme a ello deben ser excluidas del análisis de la Sala, pues conforme a lo estipulado en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el recurso de amparo debe ser inadmisible y en consecuencia sobreseer las diligencias, conforme al último párrafo de la citada norma, toda vez que son cuestiones que deben ser resueltas y como al efecto lo han realizado los órganos jurisdiccionales de instancia, como las alegaciones relativas al porque determinada prueba fue valorada en tal sentido y fue considerada al momento de emitir un fallo, tanto por el Tribunal Arbitral como por la Corte de Apelaciones que conoció del Recurso de Nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral que ya hemos referido en este libelo y que al efecto hemos resaltado en los considerandos cinco y seis supra y que es objeto de amparo ante esta Sala de lo Constitucional; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento civil que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, definido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas procedería el sobreseimiento de las diligencias de no ser que el amparista alega también cuestiones que si son congruentes con la violación al debido proceso, como el hecho de considerar el amparista, no ser correcto la condena en costas, por parte de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia que resuelve el recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa..."..."analizados que han sido la alegaciones entorno a violaciones de los derechos constitucionales de Defensa y Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Repúblico, violación que expresa el recurrente por considerar que el Tribunal Arbitral violentó los derechos de su representado al haberse señalado la cantidad de quince millones de lempiras como daños y perjuicios basándose para cuantificarlo en un dictamen que estima esta erróneo, al respecto esta sala estima que tal declaración fue corregida por el Tribunal Arbitral mediante la resolución de fecha 10 de agosto del 2018, al dar respuesta a la solicitud de aclaraciones, correcciones y complementaciones que solicitó el demandante después de haberse dictado el Laudo Arbitral de fecha 27 de julio del 2018, por lo que del análisis realizado se concluye que dicha sentencia impugnada en esta vía constitucional reúne todos los requisitos establecidos por la ley, asimismo que en ella se ha dado respuesta a lo solicitado en la demanda interpuesta y por tanto no se ha vulnerado en perjuicio del impetrante, el principio genérico del debido proceso, pues en dicho Laudo Arbitral se aprecia que el Tribunal Arbitral al conocer el recurso de Nulidad sometido a su conocimiento dio respuesta a las tres causales de nulidad invocadas y que dicho Laudo Arbitral se ha dictado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 110 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE LO CONSTTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: para dictar sentencia el Recurso de amparo interpuesto ante esta Corte Suprema de Justicia en fecha, veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, por la Abogada PETRONA JANETH RODRIGUEZ IRIAS, mayor de edad, casada, Abogada, Hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil DEPOSITO SANTA ANA, S.A., según lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública Número Setenta y uno (71) de Poder Especial de Representación Judicial otorgada ante los oficios del Notario MARIO ENRIQUE BOQUEN HERNANDEZ, el veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), mediante el cual se Declara Sin Lugar el Recurso de Nulidad Interpuesto contra el laudo arbitral dictado el día 27 de julio del año 2018, en el Juicio Arbitral de Daños y Perjuicios, que le promovió el señor MARCO VINISIO ARIAS BRITO, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Estima la recurrente que se han violado las garantías consignadas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. RESULTA: Que esta Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, dio vista de los antecedentes a la parte recurrente por el termino de cuarenta y ocho horas a fin de que formalice su petición por escrito, presentando EL Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de Apoderado de la Sociedad Mercantil DEPOSITO SANTA ANA, S.A. en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte(2020), su respectivo escrito de formalización de la siguiente manera: “SE FORMALIZA RECURSO DE AMPARO.- hechos: Por lo anterior, el Tribunal Arbitral considera que de la prueba aportada por las partes para poder determinar la cuantía correspondiente de los daños y perjuicios de los cuales tiene derecho el señor Marco Vinicio Arias Brito por el incumplimiento del contrato por parte de la sociedad DEPOSITO SANTA ANA, S.A., no puede ser determinada de manera exacta, en virtud de que el Dictamen de los testigos expertos y peritos, Renán Vásquez Gabrie y José Antonio Castro Galeano presenta inconsistencia sustanciales que imposibilitan a este Tribunal, la determinación de la cuantía, asimismo el actuario Renán Vásquez Gabrie reconoció en audiencia que el dictamen que él elaboro, presentaba errores en su contenido y no existe otra prueba concluyente para cuantificar exactamente su importe correspondiente. Y en su parte resolutiva declara expresamente “III CONDENAR a la parte demandada sociedad DEPOSITO SANTA ANA, S.A. al pago por concepto de daños y perjuicios ocasionados al señor MARCO VINICIO ARIAS BRITO por el incumplimiento en las obligaciones derivadas del Contrato de Asociación en participación y su Adenda, una vez que sea posible cuantificar exactamente su importe correspondiente b) Que una vez emitido el Laudo antes relacionado la parte demandante presentó una solicitud de complementación, Aclaración en su caso Corrección de Laudo Arbitral”, argumentando que “CUARTO: ….el laudo emitido el veintisiete (27) de Julio del dos mil dieciocho (2018) por este Tribunal Arbitral no resuelve los puntos litigiosos sometidos al procesal Arbitral, específicamente el punto en controversia de determinar la cantidad o cuantía a pagar en caso de acreditarse el incumplimiento de las obligaciones de la parte demandada, sociedad Mercantil DEPOSITO SANTA ANA, S.A. lo que hace que el Laudo no se ajuste a lo que establece el Artículo 67 de la Ley de Conciliación y Arbitraje y el Artículo 75 del Centro de Conciliación y Arbitraje correspondiente a este Centro de Arbitraje” QUINTO. El Arbitro único no puede evadir o excusarse del cumplimiento de la obligación de determinar en su Laudo la cuantía de los daños y perjuicios a pagar por el demandado; pues es una obligación legal derivada de lo establecido en los artículos precitados y porque la misma Ley de Conciliación y Arbitraje le brinda suficientes facultades legales para cumplir con su obligación de determinar la cuantía durante la evacuación de los medios probatorios inclusive en cualquier momento del proceso arbitral, según lo prevé el artículo 62 que literalmente expresa: “….en cualquier etapa del proceso los Árbitros podrán solicitar a las partes aclaraciones o informaciones, pueden también ordenar de oficio la evacuación de los medios probatorios que estimen necesario. Tratándose de prueba pericial pueden ordenar que se explique o amplié el dictamen” c) En respuesta a la Solicitud de “complementación, Aclaración en su caso Corrección del Laudo Arbitral” relacionada en el literal b) que antecede, el día 10 de agosto de 2018, el Tribunal Arbitral A-quo dicto una “ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL” antes relacionado, en cuyo número II, CLAUSULA PRIMERA de la referida ACLARACIÓN, expresa: ACLARACION DE LA CUANTIA: Este Tribunal Arbitral no pudo determinar con exactitud la cuantía o cantidad a pagar por parte de la Sociedad DEPOSITO SANTA ANA, S.A., a favor del señor MARCO VINISIO ARIAS BRITO, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Asociación en Participación y su Adenda por existir algunas inconsistencias y errores en el dictamen de los peritos Renán Vásquez Gabrie y José Antonio Castro Galeano. En tal sentido el Tribunal estudió y calculó nuevamente toda la información acreditada tomando en cuenta las diferentes variables de días por mes a trabajar, periodo de años en que se realizó la proyección, así como el tiempo de las estaciones del año, verano e invierno y en todos los escenarios los cálculos presentan resultados que sobrepasan el valor de la cantidad solicitada en el Escrito de la demanda de mérito. Consecuentemente este Tribunal no puede otorgar más de lo solicitado por las partes, pero considera que en este sentido si cabe la aclaración, puesto que la cifra de los daños y perjuicios a otorgarse necesariamente estaría limitada a la cantidad solicitada y es una cifra cierta y definida. RESULTA: Que mediante providencia de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) , esta Corte Suprema de Justicia, tuvo por formalizada en tiempo la demanda de Amparo por parte del Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, y dio vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que en el término de cuarenta y ocho horas emita su dictamen, presentando oportunamente el mismo la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal Especial para Defensa de la Constitución del Ministerio Público, en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) quien lo emite de la siguiente manera: “SE EMITE DICTAMEN, ….IV. CONCLUSION Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público. Es del parecer que se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta por NO existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista” CONSIDERANDO (01): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Arbitral de Alzada del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa , mediante la cual declara SIN LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral de fecha 27 de julio del año 2018, en el juicio Arbitral de Daños y Perjuicios , que le promovió el señor MARCO VINISIO ARIAS BRITO, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa a la Sociedad Mercantil DEPOSITO SANTA ANA, S.A.CONSIDERANDO (02): Que el recurrente invoca la violación de los derechos constitucionales de Defensa y Debido Proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Nuestra norma Fundamental, violación que expresa al considerar que el Ad-quem violentó los derechos de su representado pues el Tribunal Arbitral no pudo determinar con exactitud la cuantía o cantidad a pagar por parte de la Sociedad Deposito Santa Ana, S.A. a favor del señor Marco Vinisio Arias Brito por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Asociación en Participación y su Adenda por existir algunas inconsistencias y errores en el dictamen de los peritos Renán Vásquez Gabrie y José Antonio Castro Galeano, y que en consecuencia el Tribunal no puede otorgar más de lo solicitado por las partes, pero considera que en este sentido si cabe la aclaración, puesto que la cifra de los daños y perjuicios a otorgarse necesariamente estaría limitada a la cantidad solicitada y es una cifra cierta y definida. CONSIDERANDO (03): Que esta sala al examinar el recurso de Amparo interpuesto, observa que el recurrente en el amparo aduce que la sentencia emitida por el Tribunal Arbitral al conocer el recurso de Nulidad sometido a su conocimiento sobre las causales invocadas establecidas en el Recurso de Nulidad presentado por el apoderado Legal de la Sociedad Mercantil DEPOSITO SANTA ANA, S.A., interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con relación al Tramite Arbitral, promovida por el señor MARCO VINISIO ARIAS BRITO contra DEPOSITO SANTA ANA, S.A., (DEPOSANSA). vulnera el derecho al debido proceso, derecho de defensa; la violación a los derechos transcritos los desarrolla expresando que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el artículo 74 numerales …. 7) Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el Tribunal Arbitral. 8) Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido. 9) No haberse decidido cuestiones sujetas al arbitramento pues el recurrente estima que el Tribunal Arbitral al resolver en el Laudo Arbitral de fecha 27 de julio del año 2018 reconoce expresamente que: “ ….Por lo anterior, el Tribunal Arbitral considera que de la prueba aportada por las partes para poder determinar la cuantía correspondiente de los daños y perjuicios de los cuales tiene derecho el señor Marco Vinicio Arias Brito por el incumplimiento del contrato por parte de la sociedad DEPOSITO SANTA ANA, S.A., no puede ser determinada de manera exacta, en virtud de que el Dictamen de los testigos expertos y peritos, Renán Vásquez Gabrie y José Antonio Castro Galeano presenta inconsistencia sustanciales que imposibilitan a este Tribunal, la determinación de la cuantía, asimismo el actuario Renán Vásquez Gabrie reconoció en audiencia que el dictamen que él elaboro, presentaba errores en su contenido y no existe otra prueba concluyente para cuantificar exactamente su importe correspondiente. Y en su parte resolutiva declara expresamente “III CONDENAR a la parte demandada sociedad DEPOSITO SANTA ANA, S.A. al pago por concepto de daños y perjuicios ocasionados al señor MARCO VINICIO ARIAS BRITO por el incumplimiento en las obligaciones derivadas del Contrato de Asociación en participación y su Adenda, una vez que sea posible cuantificar exactamente su importe correspondiente b) Que una vez emitido el Laudo antes relacionado la parte demandante presentó una solicitud de complementación, Aclaración en su caso Corrección de Laudo Arbitral”, argumentando que “CUARTO: ….el laudo emitido el veintisiete (27) de Julio del dos mil dieciocho (2018) por este Tribunal Arbitral no resuelve los puntos litigiosos sometidos al procesal Arbitral, específicamente el punto en controversia de determinar la cantidad o cuantía a pagar en caso de acreditarse el incumplimiento de las obligaciones de la parte demandada, sociedad Mercantil DEPOSITO SANTA ANA, S.A. lo que hace que el Laudo no se ajuste a lo que establece el Artículo 67 de la Ley de Conciliación y Arbitraje y el Artículo 75 del Centro de Conciliación y Arbitraje correspondiente a este Centro de Arbitraje” QUINTO. El Arbitro único no puede evadir o excusarse del cumplimiento de la obligación de determinar en su Laudo la cuantía de los daños y perjuicios a pagar por el demandado; pues es una obligación legal derivada de lo establecido en los artículos precitados y porque la misma Ley de Conciliación y Arbitraje le brinda suficientes facultades legales para cumplir con su obligación de determinar la cuantía durante la evacuación de los medios probatorios inclusive en cualquier momento del proceso arbitral, según lo prevé el artículo 62 que literalmente expresa: “….en cualquier etapa del proceso los Árbitros podrán solicitar a las partes aclaraciones o informaciones, pueden también ordenar de oficio la evacuación de los medios probatorios que estimen necesario. Tratándose de prueba pericial pueden ordenar que se explique o amplié el dictamen” c) En respuesta a la Solicitud de “complementación, Aclaración en su caso Corrección del Laudo Arbitral” relacionada en el literal b) que antecede, el día 10 de agosto de 2018, el Tribunal Arbitral A-quo dicto una “ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL” antes relacionado, en cuyo numero II, CLAUSULA PRIMERA de la referida ACLARACIÓN, expresa: ACLARACION DE LA CUANTIA: Este Tribunal Arbitral no pudo determinar con exactitud la cuantía o cantidad a pagar por parte de la Sociedad DEPOSITO SANTA ANA, S.A., a favor del señor MARCO VINISIO ARIAS BRITO, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Asociación en Participación y su Adenda por existir algunas inconsistencias y errores en el dictamen de los peritos Renán Vásquez Gabrie y José Antonio Castro Galeano. En tal sentido el Tribunal estudió y calculó nuevamente toda la información acreditada tomando en cuenta las diferentes variables de días por mes a trabajar, periodo de años en que se realizó la proyección, así como el tiempo de las estaciones del año, verano e invierno y en todos los escenarios los cálculos presentan resultados que sobrepasan el valor de la cantidad solicitada en el Escrito de la demanda de mérito. Consecuentemente este Tribunal no puede otorgar más de lo solicitado por las partes, pero considera que en este sentido si cabe la aclaración, puesto que la cifra de los daños y perjuicios a otorgarse necesariamente estaría limitada a la cantidad solicitada y es una cifra cierta y definida. y que por ello procede el Recurso de Nulidad por las causales que de manera taxativa se establecen en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, sostiene el recurrente en defensa de su tesis de violación al debido proceso, en esta situación en particular, que el recurso es únicamente es contra pues con la prueba aportada no se puede determinar la cuantía correspondiente de los daños y perjuicios de los cuales tiene derecho el señor Marco Vinicio Arias Brito por el incumplimiento del contrato por parte de la Sociedad DEPOSITO SANTA ANA, S.A. pues la cuantía no ha sido determinada de manera exacta del Laudo Arbitral CONSIDERANDO (04): Que el amparista refiere que interpuso el correspondiente recurso de reposición contra la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada, en virtud de haber solicitado en tiempo y forma en el primer escrito de sustentación del Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral, establecidos en la Ley de Conciliación y Arbitraje, como ser los hechos que debieron ser probados para acreditar los daños y perjuicios ocasionados y el tribunal arbitral resolvió esa pretensión sin haberse acreditado dicha cantidad por parte del demandante, porque el dictamen realizado por los peritos Renán Vásquez Gabrie y José Antonio Castro Galeano tiene inconsistencias y errores en el dictamen, violentando el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, asimismo el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la Republica. Que no debió este Tribunal darle valor probatorio alguno a ese dictamen, al aceptarla en los términos en que quedó plasmada en el Laudo Arbitral constituye una violación al principio de defensa consagrado en nuestra Carta Magna, sin embargo, de manera arbitraria fue valorada como prueba.CONSIDERANDO (05): Que señala también el impetrante que se ha violentado el debido proceso, pues el Laudo Arbitral condena a su representada al pago de la cantidad de quince millones de lempiras, concediendo ese Tribunal más de lo solicitado por las partes y además se fundamentó para cuantificarla en un dictamen que presenta errores. Por eso se violenta los derechos señalados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (06): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, según lo preceptuado en el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a efecto que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, ello en consonancia con lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional en los artículos 3 y 41. CONSIDERANDO (07): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, correspondiendo a la Sala de lo Constitucional la jurisdicción constitucional, debiendo observar en la substanciación de la acción de amparo los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso, según lo dispone la normativa sobre justicia constitucional en el artículo 45. Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO (08): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. Siendo así es obligatorio el cumplimiento de las exigencias procesales establecidas para el correcto desarrolla de la misma y conforme a ello determinar si procede o no el reconocimiento de esos derechos que los impetrantes aducen violentados o amenazados.CONSIDERANDO (09): Que del examen de la acción constitucional impetrada, esta Sala observa que se están alegando cuestiones que si se encuentran relacionadas con la vulneración al debido proceso, asimismo se alegan por el impetrante otras cuestiones de mera legalidad y que conforme a ello deben ser excluidas del análisis de la Sala, pues conforme a lo estipulado en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el recurso de amparo debe ser inadmisible y en consecuencia sobreseer las diligencias, conforme al último párrafo de la citada norma, toda vez que son cuestiones que deben ser resueltas y como al efecto lo han realizado los órganos jurisdiccionales de instancia, como las alegaciones relativas al porque determinada prueba fue valorada en tal sentido y fue considerada al momento de emitir un fallo, tanto por el Tribunal Arbitral como por la Corte de Apelaciones que conoció del Recurso de Nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral que ya hemos referido en este libelo y que al efecto hemos resaltado en los considerandos cinco y seis supra y que es objeto de amparo ante esta Sala de lo Constitucional; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento civil que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, definido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas procedería el sobreseimiento de las diligencias de no ser que el amparista alega también cuestiones que si son congruentes con la violación al debido proceso, como el hecho de considerar el amparista, no ser correcto la condena en costas, por parte de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia que resuelve el recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. CONSIDERANDO (10): Que corresponde entonces analizar si existe vulneración al debido proceso, en el sentido si procedía o no condenar al recurrente al pago de quince millones de Lempiras por los daños y perjuicios ocasionados por parte del tribunal de alzada, en relación al recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral previamente referido, por ello es necesario transcribir lo establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, citado por el amparista como violentado por la sentencia emitida, que reza: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; el debido proceso como ya lo ha dejado plasmado esta Sala en diferentes sentencias, comporta una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en igualdad de condiciones a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros. CONSIDERANDO (11): Que el Arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral[3], de allí que las personas que tengan la libre administración de sus bienes, no pueden ser privadas del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento[4], decisión que generalmente se incluye en una cláusula en el negocio jurídico establecido entre las partes, renunciando con ello a los tribunales jurisdiccionales comunes y sometiendo las controversias que surjan o puedan surgir a un Árbitro o Tribunal Arbitral, ello en estricta relación a lo que determina el artículo 28 de la Ley de Conciliación y Arbitraje “CONTROVERSIAS OBJETO DE ARBITRAJE. Podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan la libre disposición”, señalando seguidamente el artículo 29 de la misma normativa que situaciones no son objeto de arbitraje.CONSIDERANDO (12): Que el asunto sometido a la decisión de un tribunal arbitral se decidirá por medio de un Laudo, el que tiene la misma fuerza y validez de una sentencia judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; contra el Laudo arbitral solo podrá interponerse el recurso de nulidad, señala el artículo 73 de la normativa previamente citada y por las causas que seguidamente enumera el artículo 74, la que se limita a nueve, establecidas en números clausus; es importante ilustrar en que consiste el recurso de nulidad en el Arbitraje, en palabras de Fortín Lardizábal “el arbitraje es un proceso de única instancia, de manera que el fondo del asunto y el derecho aplicable solamente es discutible ante el tribunal mismo y no será revisado por ningún otro tribunal.-En otras palabras, el recurso de nulidad no es un recurso de apelación…”, para el mencionado autor el recurso de nulidad es el remedio extraordinario que la Ley prevé para sanear la violación grave de la normativa de orden público que informa al proceso arbitral.CONSIDERANDO (13): Que en la exposición y fundamentación de la violación al debido proceso, argüida por el impetrante, éste sostiene que se ha quebrantado lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Conciliación y Arbitraje y artículo 75 del Centro de Conciliación y Arbitraje , al no tener fundamento de derechos el Tribunal de Alzada para condenarle a esa cantidad de Quince Millones de Lempiras por daños y perjuicios. CONSIDERANDO (14) : Que analizados que han sido la alegaciones entorno a violaciones de los derechos constitucionales de Defensa y Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Repúblico, violación que expresa el recurrente por considerar que el Tribunal Arbitral violentó los derechos de su representado al haberse señalado la cantidad de quince millones de lempiras como daños y perjuicios basándose para cuantificarlo en un dictamen que estima esta erróneo, al respecto esta sala estima que tal declaración fue corregida por el Tribunal Arbitral mediante la resolución de fecha 10 de agosto del 2018, al dar respuesta a la solicitud de aclaraciones, correcciones y complementaciones que solicitó el demandante después de haberse dictado el Laudo Arbitral de fecha 27 de julio del 2018, por lo que del análisis realizado se concluye que dicha sentencia impugnada en esta vía constitucional reúne todos los requisitos establecidos por la ley, asimismo que en ella se ha dado respuesta a lo solicitado en la demanda interpuesta y por tanto no se ha vulnerado en perjuicio del impetrante, el principio genérico del debido proceso, pues en dicho Laudo Arbitral se aprecia que el Tribunal Arbitral al conocer el recurso de Nulidad sometido a su conocimiento dio respuesta a las tres causales de nulidad invocadas y que dicho Laudo Arbitral se ha dictado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 110, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 26, 28, 34, 37, 66, 69,70, 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 63, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada PETRONA JANETH RODRIGUEZ IRIAS, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada DEPOSITO SANTA ANA, S.A., contra EL Laudo Arbitral proferido en fecha veintinueve (29) de mayo del dos mil diecinueve (2019), por EL Tribunal Arbitral de Alzada del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio E Industria de Tegucigalpa, dictado en el Juicio Arbitral de Daños y Perjuicios, que le promovió el señor MARCO VINISIO ARIAS BRITO, ante el CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRTAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA en el que se declara Sin Lugar el Recurso de Nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintisiete (27) de Julio del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0592-2019.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.