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Sentencia AC-585-22 — Registro 17730

Resumen

Estimación de Oposición con relación a Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial promovida por el Estado de Honduras contra ciudadano el cual interpuso recurso apelación argumentando aplicabilidad de Decreto temporal de condonación de deudas a jubilados y pensionados de cualquier instituto de previsión del país, durante la vigencia de dicho decreto, del pago de capital, intereses, multas, recargo y de cualquier otra responsabilidad civil y administrativa derivada del ejercicio de un cargo o empleo en la administración pública mientras gozaba de su jubilación o pensión, la Sala Constitucional estima que lo planteado por recurrente es un problema de interpretación del decreto 26-2019, que no involucra necesariamente el quebrantamiento de algún derecho constitucional.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(1): Conforme lo disponen el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO (2): Esta sala de lo Constitucional al examinar el escrito de reposición, observa que el recurrente reitera fundamentalmente los alegatos originarios plasmados al momento de incoar la acción de amparo, por consiguiente, este tribunal constitucional, considera que no son de recibo los argumentos del recurrente en virtud de que la resolución que ha sido cuestionada en la acción de amparo se ajusta al debido proceso como instrumento de acceso a los tribunales para obtener protección de derechos de las partes involucradas, en apego al derecho interno y a los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades ciudadanas, en ese sentido, el proceso se ha conducido con las formalidades y garantían previstas en la ley, apreciándose que el decreto 26-2019 no puede ir más allá de los propios parámetros establecidos en el mismo, entendiéndose que al no establecerse en el mismo procedimientos para el cumplimiento de sus disposiciones, su alcance o efectos son ipso jure, por cuanto la ley es obligatoria en virtud de su publicación y no puede atribuírsele otro sentido que el que resulta explícito de sus propios términos, conforme se desprende de los artículos 5 y 17 del Código Civil. Esta Sala de lo Constitucional, estima que lo que ha planteado el recurrente es un problema de interpretación del decreto 26-2019, que no involucra necesariamente el quebrantamiento de algún derecho constitucional.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

(1): Conforme lo disponen el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO (2): Esta sala de lo Constitucional al examinar el escrito de reposición, observa que el recurrente reitera fundamentalmente los alegatos originarios plasmados al momento de incoar la acción de amparo, por consiguiente, este tribunal constitucional, considera que no son de recibo los argumentos del recurrente en virtud de que la resolución que ha sido cuestionada en la acción de amparo se ajusta al debido proceso como instrumento de acceso a los tribunales para obtener protección de derechos de las partes involucradas, en apego al derecho interno y a los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades ciudadanas, en ese sentido, el proceso se ha conducido con las formalidades y garantían previstas en la ley, apreciándose que el decreto 26-2019 no puede ir más allá de los propios parámetros establecidos en el mismo, entendiéndose que al no establecerse en el mismo procedimientos para el cumplimiento de sus disposiciones, su alcance o efectos son ipso jure, por cuanto la ley es obligatoria en virtud de su publicación y no puede atribuírsele otro sentido que el que resulta explícito de sus propios términos, conforme se desprende de los artículos 5 y 17 del Código Civil. Esta Sala de lo Constitucional, estima que lo que ha planteado el recurrente es un problema de interpretación del decreto 26-2019, que no involucra necesariamente el quebrantamiento de algún derecho constitucional.

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de agosto de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Maria Elena Amador Salmerón, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial promovida por el Estado de Honduras contra el señor Francisco José Dávila Nolasco. Estimando la recurrente que con el acto los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha catorce de diciembre de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Ethel Suyapa Deras Enamorado, en su condición de Procuradora General del Estado de Honduras, presentando “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL. -SE DICTE DESPACHO DE EJECUCIÓN…” contra el señor Francisco José Dávila Nolasco, para que sea obligado a pagar SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 16/100 (L. 715, 628.16) (Folios 1-3 del tomo I del antecedente)2)En fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Francisco José Dávila Nolasco, presentando escrito de oposición a la demanda de ejecución de título extrajudicial. (Folios 86-90 del tomo I)3)En fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual el cual falló: “…PRIMERO: DESESTIMAR LA OPOSICIÓN planteada por el señor FRANCISCO JOSÉ DAVILA NOLASCO en su condición de parte ejecutada en virtud de lo esgrimido en los fundamentos de derecho segundo y tercero de esta resolución. -SEGUNDO: Ordena seguir con la ejecución. -TERCERO: CON COSTAS. A la parte demandada: CUARTO: Una vez notificada y firme que sea la presente sentencia se proceda de parte del Secretario del Juzgado a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Civil. -Contra el presente fallo cabe recurso de apelación que deberá promoverse conforme a lo ordenado en el Código Procesal Civil artículo 709.-NOTÍFIQUESE.” (Folios 446-449 vuelto del tomo II del antecedente)4)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Nicolás J. García Pineda, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Nicolás José García Pineda en su condición de representante procesal de Francisco José Dávila Nolasco. SEGUNDO: Revocar la sentencia de oposición dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintiuno (2021). TERCERO: ESTIMAR LA OPOSICIÓN de nulidad de mandamiento de ejecución por condonación de la deuda aplicando el decreto 26-2019. CUARTO: SIN LUGAR el procedimiento de ejecución forzosa de título extrajudicial promovido por el ESTADO de Honduras contra Francisco José Dávila Nolasco. QUINTO: Sin costas en primera instancia. SEXTO: Sin costas en segunda instancia. Y MANDA: Que una vez notificadas las partes de esta resolución y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que proceden, para su cumplimiento y demás efectos legales. NOTIFIQUESE.” (Folios 25-32 vuelto de la pieza del Ad-quem)5)En fecha ocho de abril de dos mil veintidós, la Abogada Maria Elena Amador Salmerón, compareció ante esta Sala, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.6)En fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado la Abogada Maria Elena Amador Salmerón, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emitiera su dictamen. (Folio 48 del recurso) 7)En fecha seis de marzo de dos mil veintitrés, evacuó la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, quien en su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, expone lo siguiente: “…Examinada que ha sido la resolución sub-judice, esta Representación fiscal, estima que el cuestionamiento planteado en la presente acción de Amparo, recae en la aplicación o no del supra citado Decreto 26-2019, emitido por el Congreso Nacional de la República y publicado el 25 de abril del 2019 según gaceta número 34,928, con una vigencia de noventa días calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial la gaceta, de cuyo contenido se desprende que, si bien, contiene una condonación del pago de capital, intereses, multas, recargos y de cualquier otra responsabilidad civil y administrativa derivada del ejercicio de un cargo o empleo en la administración pública, no menos cierto es, que dicha disposición fue de carácter temporal, por una vigencia de noventa (90) días calendario, por lo que el ejecutado debió hacer valer su derecho contemplado en el mismo durante el plazo de su vigencia, lo cual no ocurrió en el caso de autos, pues únicamente compareció ante la Procuraduría General de la Republica a solicitar constancia de solvencia con el Estado de Honduras, cuando la demanda ya había sido instaurada en su contra (14 de diciembre del año 2012), por lo que ya no era posible el retiro de la misma; sumando al hecho que el ejecutado fue requerido de pago el día 7 de mayo del año 2021 (F.84), siendo hasta ese momento procesal que el peticionario presentó su oposición sustentándose en la aplicación de un decreto que perdió su vigencia, lo cual evidentemente resulta extemporánea, por lo que su petición no se encuentra dentro del término de vigencia del decreto en mención, operando en ello la prescripción de dicho decreto; de aquí que se comparte el criterio vertido en el voto particular emitido por la Magistrada Presidente. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por vislumbrarse vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios 51-58 del recurso de mérito)CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, argumenta como primer motivo, que la Corte de Apelaciones en la sentencia viola el derecho a la tutela judicial efectiva consignado en el artículo 1 de la Constitución de la República, que establece: “Honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, a cultura y el bienestar económico y social”, es decir, que honduras garantiza a todos los hondureños el goce de la justicia, lo que incluye la tutela judicial efectiva…en el presente caso, alega que se ha violentado en la sentencia esa garantía al aplicar el decreto 26-2019 artículo 8 que reza: “condonar a los jubilados y pensionados de cualquier instituto de previsión del país, durante la vigencia del presente decreto, del pago de capital, intereses, multas, recargos y de cualquier otra responsabilidad civil y administrativa derivada del ejercicio de un cargo o empleo en la administración pública mientras gozaba de su jubilación o pensión”, no acatando el artículo 12 del decreto 26-2019 que dice: “el presente decreto tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de su publicación en el diario oficial la Gaceta” dejando notoria una violación de norma procesal y al artículo 743 del Código Procesal Civil que establece 1. La ejecución forzosa se llevará a efecto en los propios términos que figure en la ejecución. El ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado en los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad del ejecutado, así como por cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecute. 2. Solo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del Ejecutante. En relación a los artículos 1.1, 10, 12, 743.2, 757 del Código Procesal Civil. En su segundo motivo, alega la violación de la garantía constitucional del debido proceso, contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República, argumentando que el peticionario debió solicitar la aplicación del decreto 26-2019 ante el Juzgado de Letras Civil ya que dicha acción se encuentra judicializada desde el año 2012 y el ejecutado no hizo uso del derecho hoy reclamado, pues mientras duró la vigencia del decreto legislativo, no interpuso ante el juzgado competente dicha acción en el tiempo de vigencia del mencionado decreto, que el ejecutado fue requerido de pago el siete de mayo de 2021, fecha en la cual el decreto ya había expirado su vigencia por su temporalidad, momento procesal que no permite oponer tal circunstancia, dada su prescripción. El ejecutado no inició vía administrativa para hacer uso de los derechos que confería el decreto señalado. En su tercer motivo, el recurrente cita íntegramente el contenido del artículo 7 del Código Procesal Civil referente al principio de legalidad procesal y formas, arguyendo que el debido proceso forma parte integrante de la garantía del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, por lo que si el debido proceso se vulnera, automáticamente se vulneran la tutela judicial efectiva, en el caso concreto esas garantías se han violentado con la sentencia al aplicarse de forma incorrecta e ilegal el artículo 8 del decreto 26-2019 CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar el caso de marras, es del criterio que, el accionante en su primer motivo, pretende que se entre al examen de una norma constitucional que se refiere a la organización y conceptualización del estado de Honduras, sin introducir la denuncia del quebranto de una norma constitucional atinente a un derecho individual en la cual se podría comprender la tutela judicial efectiva, centrando más bien su argumento en el decreto 26-2019 y normas del código Procesal civil, no siendo posible colegir por esa apreciación que se ha producido la violación del artículo 1 constitucional y que ello per se implique una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. Este Tribunal Constitucional, advierte que el fallo que conoce vía acción de amparo, se ajusta al debido proceso como instrumento de acceso a los tribunales para obtener protección de derechos de las partes involucradas, en apego al derecho interno y a los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano. Se ha podido constatar que ambas partes han arribado al proceso con igualdad de oportunidades y mecanismos para salvaguardar sus derechos, observándose las garantías constitucionales instrumentalizadas en la ley; apreciando una preocupación del recurrente en la interpretación del decreto legislativo 26-2019 y preceptos del código Procesal Civil antes que en la presunta violación de derechos constitucionales, lo cual no ha sido planteado por el recurrente ni observado por este Tribunal Constitucional. CONSIDERANDO (6) Al examinar el segundo motivo, esta Sala Constitucional, considera que el proceso se ha llevado a cabo con las formalidades y garantían previstas en la ley, en ese orden de ideas, el estudio del decreto 26-2019 no puede ir más allá de los propios parámetros establecidos en el mismo, especulando acerca de cuál debió ser el procedimiento para cumplir lo establecido en el mismo, en tanto que debe entenderse que al guardar silencio acerca de procedimientos para hacer vigencia real de sus mandatos, su alcance o efectos son ipso jure, por cuanto la ley es obligatoria en virtud en virtud de su publicación y no puede atribuírsele otro sentido que el que resulta explícito de sus propios términos, conforme se desprende de los artículos 5 y 17 del Código Civil, por lo tanto, es correcto el razonamiento empleado por el Tribunal de apelaciones al entender, que el espíritu del artículo 8 del decreto 26-2019 era condonar a los jubilados y pensionados de cualquier instituto de previsión del país, durante la vigencia de dicho decreto, del pago de capital, intereses, multas, recargo y de cualquier otra responsabilidad civil y administrativa derivada del ejercicio de un cargo o empleo en la administración pública mientras gozaba de su jubilación o pensión, sin necesidad de realizar algún procedimiento, no apreciándose en esa decisión jurisdiccional ninguna violación a derechos constitucionales.CONSIDERANDO (6) En relación al tercer motivo, esta Sala de lo Constitucional, estima que lo que ha planteado el recurrente es un problema de interpretación del decreto 26-2019, citando por otra parte un artículo del Código Procesal Civil, sin señalar en específico algún derecho constitucional que considere ha sido violado, pues no señaló ninguna norma constitucional que pueda ser sujeta a examen, por lo tanto, se considera que no concurre ninguna violación a algún derecho constitucional.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1 y 8.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada María Elena Amador Salmeron, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de octubre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para resolver el recurso de reposición interpuesto por la Abogada Maria Elena Amador Salmerón contra la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés dictada por esta Sala de lo Constitucional en la acción de amparo interpuesta a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial promovida por el Estado de Honduras contra el señor Francisco José Dávila Nolasco.ANTECEDENTES1)En dos de agosto de dos mil veintitrés, esta Sala de lo Constitucional dictó sentencia en la acción de amparo promovida por la Abogada Maria Elena Amador Salmerón, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, mediante la cual este tribunal falló denegando el recurso de amparo interpuesto por dicha profesional del derecho a favor del Estado de Honduras contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós en la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL promovida contra el señor Francisco José Dávila Nolasco. 2)En fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés la Abogada Maria Elena Amador Salmerón, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, compareció ante este Tribunal, interponiendo recurso de reposición contra la resolución indicada en el numeral anterior, motivando su recurso básicamente en lo siguiente: a) Alega la recurrente que la resolución recurrida infringe los artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República; 1, 3, 7, 28, 29.1 y 44 del Código Procesal Civil; 3 literal b de la Ley de Justicia Constitucional; cita el recurrente principios generales del código procesal civil relativos a la legalidad procesal y formas y manifestando que el principio de legalidad es un principio fundamental. b) Argumenta que la eficacia del decreto legislativo 26-2019 ya venció pues tenía una vigencia de noventa días.CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO (2): Esta sala de lo Constitucional al examinar el escrito de reposición, observa que el recurrente reitera fundamentalmente los alegatos originarios plasmados al momento de incoar la acción de amparo, por consiguiente, este tribunal constitucional, considera que no son de recibo los argumentos del recurrente en virtud de que la resolución que ha sido cuestionada en la acción de amparo se ajusta al debido proceso como instrumento de acceso a los tribunales para obtener protección de derechos de las partes involucradas, en apego al derecho interno y a los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades ciudadanas, en ese sentido, el proceso se ha conducido con las formalidades y garantían previstas en la ley, apreciándose que el decreto 26-2019 no puede ir más allá de los propios parámetros establecidos en el mismo, entendiéndose que al no establecerse en el mismo procedimientos para el cumplimiento de sus disposiciones, su alcance o efectos son ipso jure, por cuanto la ley es obligatoria en virtud de su publicación y no puede atribuírsele otro sentido que el que resulta explícito de sus propios términos, conforme se desprende de los artículos 5 y 17 del Código Civil. Esta Sala de lo Constitucional, estima que lo que ha planteado el recurrente es un problema de interpretación del decreto 26-2019, que no involucra necesariamente el quebrantamiento de algún derecho constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 Y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la abogada MARIA ELENA AMADOR SALMERON, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, en la acción de amparo interpuesta a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós. Y MANDA: Con la certificación de esta resolución se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, y Reposición de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0585-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL