Sentencia AC-537-22 — Registro 17621
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la denuncia por violencia doméstica. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado al admitir la denuncia de violencia doméstica.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… "CONSIDERANDO (12): Que, siguiendo consistente jurisprudencia constitucional, así como no es dable esperar el acierto en todos los actos y resoluciones emanadas en el quehacer cotidiano de la Administración Pública y la jurisdicción, tampoco puede exigírseles vinculación estricta para con las peticiones establecidas por las partes en el decurso del proceso; lo cual viene matizado con las excepciones del caso, en aras de mantener la razonabilidad y validez sustantiva del acto, o resolución jurídica, sin menoscabo al debido proceso y a la seguridad jurídica; lo cual tiene ajustado cumplimiento, en los hechos y antecedentes que configuran el proceso tutelado constitucionalmente, vista la razonabilidad de dar por acreditados los hechos denunciados, conforme al derecho general y pertinentemente aplicable; y, la aplicación consiguiente de lo preceptuado en los artículos 12 y 7.1 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, en relación. “CONSIDERANDO (13): Que, en definitiva, la Corte de Apelaciones ha ejercido adecuadamente su competencia formal y material, en concordancia al objeto del recurso ordinario de apelación normado en el artículo 705 del Código Procesal Civil (Decreto No. 211-2006), el cual dice a la letra: “FINALIDAD DEL RECURSO: 1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del debido proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba”; normativa jurídica aplicable a la confirmatoria de sentencia definitiva dictada en el caso de autos, el cual ha tenido correcta y pertinente aplicación en el fallo contra el cual se demanda amparo ante esta sede de justicia constitucional”, procediendo por tales conceptos, desestimar la presente acción de amparo; en virtud de no acreditarse lesión, disminución o tergiversación alguna a la vigencia de los derechos constitucionales invocados, por el Letrado garantista, a favor del ciudadano LUIS ALONZO AGUILAR.”
Legislación citada
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 12 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veintitrés. -VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Oscar Alexander Sauceda Montoya, a favor del señor Luis Alonzo Aguilar Aguilar, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Dayana Michelle Espinoza Martínez contra el señor Luis Alonzo Aguilar Aguilar. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 62, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, la señora Dayana Michelle Espinoza Martínez promoviendo denuncia por violencia doméstica contra el señor Luis Alonzo Aguilar Aguilar. (Folio 1 vuelto de la pieza del A-quo) 2) En fecha siete de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual el cual dispuso: “…1) Admitir la Denuncia de Violencia Doméstica que antecede en base al análisis realizado.-2) Se ordena que por medio del Señor Receptor del Despacho notifíquese en legal y debida forma a los señores DAYANA MICHELLE ESPINOZA MARTINEZ Y LUIS ALONZO AGUILAR AGUILAR, para que comparezcan a la audiencia que se ha señalado para el día Miércoles Veintidós (22) de Septiembre del año Dos Mil Veintiuno (2021), a las Nueve en Punto de la Mañana (9:00 a.m.) debiéndoles hacer entrega dicho Funcionario Judicial de las respectivas cédulas de notificación.-Haciéndoles saber que pueden comparecer a la audiencia señalada con sus Representantes Procesales si así lo desean y hacerles la advertencia que de ser los hechos controvertidos se propondrán y evacuarán en la misma audiencia sus medios probatorios y si no se pudieren evacuar se evacuarán dentro de los siguientes dos días hábiles.-Advirtiéndole que en caso de no comparecer el denunciado a dicha audiencia se presumirá que acepta los hechos denunciados en su contra y se dictará sentencia definitiva imponiéndole los mecanismos de protección y sanción que corresponda.-3) Asimismo, ORDENA IMPONER las siguientes MEDIDAS DE SEGURIDAD al denunciado: a) Separar temporalmente al denunciado del hogar que comparte con la denunciante, el denunciado podrá llevar consigo únicamente sus objetos personales y utensilios de trabajo y/o de estudio. La seguridad, la salud y la vida de la víctima prevalecerán frente al derecho de ocupación de la vivienda por el denunciado; b) Prohibir al denunciado (a) transitar por la casa de habitación, centro de trabajo y lugares habitualmente frecuentados por la (el) denunciante, siempre y cuando esta medida no interfiera en las relaciones laborales o de estudio del denunciado (a); d) Prohibir al denunciado realizar actos de intimidación o perturbación contra la mujer, contra cualquier miembro del grupo familiar o las personas relacionadas con la denunciante.-Estas medidas se imponen por el término de dos meses a partir de la notificación respectiva.-NOTIFÍQUESE.” (Folios 2-3 de la pieza del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Alexander Sauceda Montoya, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia, mediante la cual falló: “…PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación. SEGUNDO: Confirmar la sentencia de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Sin costas…”; por considerar atinente a derecho la desestimación del único agravio formulado por la parte apelante, ya que sólo procede la apertura de la audiencia a pruebas cuando los hechos son controvertidos, lo cual considera el Ad Quem, no es el caso; al aceptarse parcialmente, por el señor LUIS ALONZO AGUILAR, los hechos lesivos a la dignidad de la mujer y constitutivos de violencia psicológica que realizó contra su cónyuge, lo cual equivaldría a un allanamiento parcial. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia confirmatoria a lo actuado por la primera instancia. (Folios 24-29 pieza del Ad-Quem) 4) En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Abogado Oscar Alexander Sauceda Montoya, compareció ante esta Sala, interponiendo acción de amparo a favor del señor Luis Alonzo Aguilar Aguilar, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-Quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 62, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emitiera su dictamen. (Folio 56 del recurso) 6) Que en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que de los argumentos del amparista y del estudio de la sentencia recurrida, se aprecia que el Tribunal de Alzada se pronunció con relación a los agravios expresados por el representante procesal de la parte demandada, respecto a la negativa del A-quo de no decretar la apertura del juicio a pruebas, y para ello explica que consta en el acta de audiencia un allanamiento parcial por parte del señor LUIS ALONZO AGUILAR AGUILAR de los hechos denunciados (ver folio 9 de la primera pieza), de cuyo relato quedó claro que el denunciado le impidió a DAYANA MICHELLE ESPINOZA MARTINEZ el acceso a su casa de habitación, quien logró ingresar hasta que llegó la policía; circunstancia que ha criterio del Juzgado de Primera Instancia y el Tribunal de Alzada, constituye un acto de violencia psicológica de conformidad a su definición establecida en el artículo 5 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, y, por ende, lo llevó a declarar sin lugar el recurso interpuesto. Conforme a lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que la sentencia de mérito no vulnera los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, ya que, se aprecia que la misma ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, en cuanto señala que las partes en la audiencia expondrán por su orden lo que pretendan; cuando los hechos fueran controvertidos se admitirán y evacuarán las pruebas pertinentes, con relación al artículo 485 del Código Procesal Civil. En este sentido, al constar en autos una aceptación parcial de los hechos denunciados, se consideran estos como no controvertidos para las partes y en consecuencia al no haber hechos que probar se procedió a dictar una sentencia definitiva por Violencia Doméstica Psicológica, respecto al hecho que fue aceptado por parte del señor LUIS ALONZO AGUILAR AGUILAR, tal como lo expresó en audiencia celebrada ante el A-quo, al manifestar que impidió el acceso a la casa de habitación de DAYANA MICHELLE ESPINOZA MARTINEZ, que como domicilio tenían en común, conducta que a todas luces es constitutiva de violencia doméstica psicológica, regulada en el artículo 5.1 relacionado con el artículo 1 de la Ley Contra la Violencia Doméstica; de aquí que se aprecie que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo, como elemento esencial del debido proceso. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el Amparista como trasgredidas.” (Folios 59-62 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista para sentencia la garantía de amparo promovida por el Abogado Oscar Alexander Sauceda Montoya, a favor del señor Luis Alonzo Aguilar Aguilar, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Dayana Michelle Espinoza Martínez contra el señor Luis Alonzo Aguilar Aguilar;[1] cuyas principales motivaciones jurídicas y fácticas obran reseñadas en el Antecedente 3) de la presente sentencia; en vista a considerar, el abogado amparista, que el Ad Quem no se pronunció oportunamente sobre las violaciones planteadas. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de la demanda de amparo, compareció el Abogado Oscar Alexander Sauceda Montoya, manifestando que referida resolución de Alzada es violatoria a lo establecido en los artículos 82, 90, 95 y 321 de la Constitución de la República; refiriendo una relación de los hechos que motivan el presente amparo, entre los cuales, los listados b) y d), donde se destaca que, en fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró ante el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, la audiencia de mérito, en la cual no se aceptaron los terribles hechos denunciados, los cuales se consideran falsos; por lo que, en aplicación del artículo 19 de la Ley de Violencia Domestica, instó a la Judicatura se abriera el juicio a pruebas, solicitando fecha de audiencia para su presentación. Sorpresivamente, la Juzgadora emitió sentencia denegándole este derecho, como si toda denuncia por violencia doméstica debe ser declarada procedente, salvo que estas acciones sí se les permiten a las mujeres, quienes pueden ejercer cualquier tipo de violencia contra los hombres. Constituye violación a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, que, ante los temerosos hechos planteados en las denuncias, los hombres tengan reducida la acción de defensa ante las acusaciones, por parte de las mujeres, abusando de la ley. Ante lo anterior, solicita tutela judicial efectiva, pues la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió sentencia incongruente, en la cual falla declarar sin lugar el recurso de apelación presentado, confirmando la antedicha sentencia. CONSIDERANDO (5): Que, otras consideraciones jurídicas, estima el recurrente vulnerados los derechos y garantías constitucionales del señor LUIS ALONZO AGUILAR AGUILAR, tales como el derecho de defensa, el principio de legalidad, así como el derecho al debido proceso, con relación directa a lo preceptuado en el artículo 3 del Código Procesal Civil, el cual transcribe. Se plantea como agravio la ratio iuris motivada por la Corte Ad Quem, en cuanto a que no es de recibo el único agravio planteado; en vista a haberse aceptado parcialmente por parte del agraviado, señor LUIS ALONZO AGUILAR, los hechos lesivos a la dignidad de la mujer, quien realizó la denuncia, los cuales refiere en forma extractada; lo cual equivaldría, a juicio del Tribunal sentenciador, a un allanamiento parcial, en vista constituir suficiente elemento de juicio para acreditar la violencia psicológica que el denunciado realizó contra su cónyuge; lo cual considera falso e infundado, aspecto central de su oposición y pretensión probatoria. Por ende, debió la judicatura buscar la verdad con los medios de prueba, a efecto preservar los derechos de las partes y emitir una sentencia con las formalidades y derechos que conceden las leyes, aplicando, inter alia, lo prescrito en el artículo 238 numeral 1) del Código Procesal Civil, el cual transcribe. Y siendo que la denunciante no aportó pruebas conducentes a probar lo denunciado, sino únicamente lo referente a su queja y manifestación; deberá ser en el momento procesal correspondiente, en el cual se ejerza el principio de contradicción, donde deberá efectuarse tal prueba, acreditando los extremos de la denuncia; correspondiendo el turno para desvirtuarla, al denunciado. Todo ello en aras de no restricción al derecho de defensa, de igualdad y de mantener la certeza jurídica requerida para el juzgamiento debido, al tenor de lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República. - Por todo lo cual, solicita la recurrente de esta Sala de lo Constitucional se restituya al señor LUIS ALONZO AGUILAR AGUILAR en el goce y ejercicio de las garantías constitucionales que se le estiman violentadas por parte de la autoridad recurrida; declarando que la sentencia recurrida no obliga, ni le es aplicable por contravenir derechos reconocidos en la Constitución y las leyes; procediendo a decretar la nulidad de la sentencia recurrida, ordenándole a la jurisdicción ordinaria abrir a pruebas la denuncia interpuesta, como procede en derecho. CONSIDERANDO (6): Que el aspecto central del caso bajo estudio, se enfoca en el argumento presentado por el amparista respecto a haber sufrido la persona agraviada de restricción al derecho de defensa, de igualdad y no discriminación, e, irrespeto a la certeza y seguridad jurídica que requiere el debido proceso, según lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República. A este respecto cabe mencionar que la impartición de justicia de género, particularmente en los casos de violencia doméstica, no constituye una diferenciación injusta o arbitraria a los derechos de hombres y mujeres, contrario a lo pretendido por el amparista en su argumentación jurídica; pues mantiene la salvaguarda constitucional de los derechos, en cumplimiento a los principios de unidad jurisdiccional y de cumplimiento (aplicación) y ejecución de las leyes; donde no se reconoce expresamente prohibición de diferenciación, siempre que tal diferenciación sea razonable, en términos de su lectura constitucional e interpretación conforme. Para el caso, en la configuración normativa de quienes pueden ser sujetos activos y pasivos en la comisión de dicha problemática social, la cual afecta, como es sabido, tanto la integridad personal de la mujer, en tanto sector vulnerable y/o tradicionalmente postergado en la cultura patriarcal y/o en la formulación de políticas públicas, como la salud pública en general. CONSIDERANDO (7): Que en tal sentido, y a título de ilustración comparatista, la jurisprudencia constitucional española ha establecido que el principio de igualdad no implica una prohibición de diferenciación, (…): “… sino que es compatible con el trato diferenciado cuando: a) la diferencia jurídica persigue un fin legítimo y b) las consecuencias de la diferencia no son desproporcionadas”;[2] lo cual se estima compatible a lo preceptuado, inter alia, en los artículos 82, 90, 95 y 321 de la Constitución de la República; invocados en garantía de amparo, por la parte que comparece como recurrente. CONSIDERANDO (8): Que, por otra parte, según se desprende de la sentencia bajo estudio, el Ad Quem razona su propia valoración de los argumentos vertidos por la parte apelante, como segunda instancia a los hechos sometidos a prueba durante el juicio de violencia doméstica, los cuales son esencialmente coincidentes a los establecidos por el Juzgado A Quo, obedeciendo a un criterio básico de razonabilidad e interpretación conforme desde el punto de vista constitucional; satisfaciendo a la vez el derecho fundamental a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada), emitida por el Juez Natural, en un plazo razonable, sobre la base de leyes escritas, previas y predeterminadas; todo ello con el respeto debido a la igualdad ante la ley, correlativo a la proscripción de todo género de discriminación hacia las personas justiciables. CONSIDERANDO (9): Que, en tal sentido, lo que se refleja del estudio de la presente causa es el cumplimiento de lo estipulado en la legislación ordinaria, particularmente en lo que respecta al procedimiento en materia de violencia doméstica, que establece, en el artículo 19 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, que las partes en la audiencia expondrán por su orden lo que pretendan; cuando los hechos fueran controvertidos se admitirán y evacuarán las pruebas pertinentes; lo cual no fue el caso, dada la aceptación parcial de los hechos por parte material del denunciado, la cual no es accidental a los hechos lesivos denunciados, sino que constituye premisa fáctica de subsunción rigurosa en la conductas de violencia psicológica que prescribe el artículo 5 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, en su numeral 2), que a la letra dice: “VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer, por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en el desarrollo integral o la autodeterminación de la mujer, o que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer, ejerciendo actos en descrédito de la mujer o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, aislamiento, insultos el chantaje, degradación, ridiculizar, manipular, explotar o amenazar con el alejamiento de los (as) hijos(as),entre otras”; cumpliéndose así el debido proceso, en todas y cada una de sus fases, el cual se cursó regularmente y sin anomalías que le vicien, ni generen infracción al principio de igualdad o que imposibiliten el derecho fundamental a la defensa; derechos adecuadamente resguardados, en su ejercicio libre y garante, a las partes legítimamente constituidas en el proceso. CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el cual comprende: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre ante órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; lo cual es correlativo a la garantía de legalidad penal, cuando de determinar deberes y derechos se trata.[3] CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (12): Que, siguiendo consistente jurisprudencia constitucional, así como no es dable esperar el acierto en todos los actos y resoluciones emanadas en el quehacer cotidiano de la Administración Pública y la jurisdicción, tampoco puede exigírseles vinculación estricta para con las peticiones establecidas por las partes en el decurso del proceso; lo cual viene matizado con las excepciones del caso, en aras de mantener la razonabilidad y validez sustantiva del acto, o resolución jurídica, sin menoscabo al debido proceso y a la seguridad jurídica;[4] lo cual tiene ajustado cumplimiento, en los hechos y antecedentes que configuran el proceso tutelado constitucionalmente, vista la razonabilidad de dar por acreditados los hechos denunciados, conforme al derecho general y pertinentemente aplicable; y, la aplicación consiguiente de lo preceptuado en los artículos 12 y 7.1 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, en relación. CONSIDERANDO (13): Que, en definitiva, la Corte de Apelaciones ha ejercido adecuadamente su competencia formal y material, en concordancia al objeto del recurso ordinario de apelación normado en el artículo 705 del Código Procesal Civil (Decreto No. 211-2006), el cual dice a la letra: “FINALIDAD DEL RECURSO: 1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del debido proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba”; normativa jurídica aplicable a la confirmatoria de sentencia definitiva dictada en el caso de autos, el cual ha tenido correcta y pertinente aplicación en el fallo contra el cual se demanda amparo ante esta sede de justicia constitucional”, procediendo por tales conceptos, desestimar la presente acción de amparo; en virtud de no acreditarse lesión, disminución o tergiversación alguna a la vigencia de los derechos constitucionales invocados, por el Letrado garantista, a favor del ciudadano LUIS ALONZO AGUILAR. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 90, 119, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que, con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-537-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folios 24-29 de la pieza del Ad-Quem.
[2] Larrauri Pijoan, L. “Igualdad y violencia de género: Comentario a la STC 59/2008”, en: InDRET, Revista para el análisis del Derecho (1-2009). Barcelona: Feb.- 2009.
[3] “El principio de reserva de ley. Los delitos y las penas solo pueden ser establecidos por el legislador. Así lo ha confirmado la Corte IDH, la cual ha determinado que la restricción de derechos fundamentales solo puede provenir por ley.” Rodríguez Barillas, A., et al (Coordinadores). Manual de Derecho Penal hondureño. Tegucigalpa: Asociación de Jueces por la Democracia / Editorial Guaymuras, 2022. Pág. 43.
[4] Ilustrativo el parecer de la doctrina constitucionalista española, conforme a la cual el derecho a una resolución judicial fundada en derecho no garantiza ningún supuesto derecho al acierto judicial, ni en la selección ni en la aplicación de las disposiciones legales; bastándole la proscripción de la arbitrariedad, la carencia de irrazonabilidad desde un punto de vista lógico o no verse incursa en un error patente; “… pues todos estos defectos comportarían la lesión del mismo”. Vid. Garberí Llobregat, J. Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal (2009). Madrid: Cuadernos Civitas - Thomson Reuters. Págs. 169-170.