Sentencia AC-525-23 — Registro 17625
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la resolución que otorgó el de recurso de amparo con relación a la tasación de costas solicitadas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que la Corte Primera de Apelaciones estima que al ser la opinión de la junta dictaminadora del Colegio de Abogados de Honduras meramente informativa y no vinculante para que el A-Quo otorgara las costas de la misma forma que dice dicho informe, resulta evidente que se violentó el debido proceso, por cuanto la información brindada por el Colegio de Abogados es contraria a lo establecido en la normativa aplicable a la tasación de costas, por lo que el A-Quo debió valorar y determinar el derecho que le asiste a las partes en atención a la normativa aplicable como lo es el Arancel del Profesional del Derecho. Que, ante la violación al debido proceso alegada por el recurrente, al haber declarado sin lugar la impugnación de las costas aplicando incorrectamente la normativa procesal civil, se considera que procede el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (12): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán se encuentra apegada a derecho, ya que el A-Quo basa su resolución en lo que establece el artículo 226 del Código Procesal Civil, en relación a que si se impugna la tasación por honorarios profesionales excesivos, se pasará testimonio de los expedientes al Colegio de Abogados de Honduras para que emita informe como al efecto se hizo, el cual basó su informe en lo que establece el artículo 757.2 del Código Procesal Civil en relación al artículo 12 del Arancel del Profesional del Derecho exponiendo que corresponde aplicar el 25% sobre la suma que fue ejecutada la demanda. CONSIDERANDO (13): Que el articulo 757 numeral 2 del Código Procesal Civil, referente al procedimiento para la ejecución forzosa establece que: 1) … 2) en el caso de ejecución de dinero, se deberá indicar además la cantidad por la que se pretende la ejecución, incluyendo en ella los intereses legales y pertinentes devengados hasta el momento de la solicitud. Esta cantidad se podrá incrementar hasta un veinticinco por ciento (25%) para cubrir el pago de los intereses devengados y las costas ocasionadas durante la ejecución. En ese orden de ideas, se aprecia que el referido articulo no ordena el pago de costas a favor del ejecutado; únicamente para efectos de prevenir el posible aumento de la cuantía de la demanda y asegurar el posible pago de costas e intereses. Igualmente, el artículo 802.2 del mismo cuerpo legal, hace referencia a ese 25% para cubrir los intereses que puedan devengarse durante la ejecución de las costas. CONSIDERANDO (14): De igual manera, el articulo 222 numeral 4 del Código Procesal Civil establece literalmente… “4) que la fijación de honorarios y gastos estará sujeta, en su caso, a las normas reguladoras al respecto que afectan a los profesionales del derecho y a los peritos que hayan intervenido en el proceso”. Asimismo, el artículo 224 del mismo cuerpo legal, en su numeral tercero establece que el Juez o Tribunal podrá reducir el importe de los honorarios de los profesionales del derecho y peritos que hayan intervenido, cuando los reclamados excedan del límite fijado en el Arancel del Profesional del Derecho. Resulta entonces para esta Sala que el A-Quo, al tomar en consideración el informe rendido por el Colegio de Abogados de Honduras, el cual es meramente ilustrativo y no vinculante, no tomó en cuenta lo estipulado en los artículos en comento, puesto que, al decir que estará sujeto a las normas reguladoras que afectan a los profesionales del derecho, se refiere al arancel del profesional del derecho; aunado a que el juez o tribunal podrán reducir dicho importe cuando exceda el límite fijado en dicho arancel; por tanto, se estaría violentando de esta manera el debido proceso al declarar sin lugar la impugnación de las costas al aplicar indebidamente la normativa procesal civil; ya que lo normativa aplicable era el Arancel del Profesional del Derecho. En consecuencia, esta Sala es del parecer que debe confirmarse la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán por las razones ya expuestas. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 226 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 757.2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Arancel del Profesional del Derecho, art. 12 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que la Corte Primera de Apelaciones estima que al ser la opinión de la junta dictaminadora del Colegio de Abogados de Honduras meramente informativa y no vinculante para que el A-Quo otorgara las costas de la misma forma que dice dicho informe, resulta evidente que se violentó el debido proceso, por cuanto la información brindada por el Colegio de Abogados es contraria a lo establecido en la normativa aplicable a la tasación de costas, por lo que el A-Quo debió valorar y determinar el derecho que le asiste a las partes en atención a la normativa aplicable como lo es el Arancel del Profesional del Derecho. Que, ante la violación al debido proceso alegada por el recurrente, al haber declarado sin lugar la impugnación de las costas aplicando incorrectamente la normativa procesal civil, se considera que procede el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (12): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán se encuentra apegada a derecho, ya que el A-Quo basa su resolución en lo que establece el artículo 226 del Código Procesal Civil, en relación a que si se impugna la tasación por honorarios profesionales excesivos, se pasará testimonio de los expedientes al Colegio de Abogados de Honduras para que emita informe como al efecto se hizo, el cual basó su informe en lo que establece el artículo 757.2 del Código Procesal Civil en relación al artículo 12 del Arancel del Profesional del Derecho exponiendo que corresponde aplicar el 25% sobre la suma que fue ejecutada la demanda. CONSIDERANDO (13): Que el articulo 757 numeral 2 del Código Procesal Civil, referente al procedimiento para la ejecución forzosa establece que: 1) … 2) en el caso de ejecución de dinero, se deberá indicar además la cantidad por la que se pretende la ejecución, incluyendo en ella los intereses legales y pertinentes devengados hasta el momento de la solicitud. Esta cantidad se podrá incrementar hasta un veinticinco por ciento (25%) para cubrir el pago de los intereses devengados y las costas ocasionadas durante la ejecución. En ese orden de ideas, se aprecia que el referido articulo no ordena el pago de costas a favor del ejecutado; únicamente para efectos de prevenir el posible aumento de la cuantía de la demanda y asegurar el posible pago de costas e intereses. Igualmente, el artículo 802.2 del mismo cuerpo legal, hace referencia a ese 25% para cubrir los intereses que puedan devengarse durante la ejecución de las costas. CONSIDERANDO (14): De igual manera, el articulo 222 numeral 4 del Código Procesal Civil establece literalmente… “4) que la fijación de honorarios y gastos estará sujeta, en su caso, a las normas reguladoras al respecto que afectan a los profesionales del derecho y a los peritos que hayan intervenido en el proceso”. Asimismo, el artículo 224 del mismo cuerpo legal, en su numeral tercero establece que el Juez o Tribunal podrá reducir el importe de los honorarios de los profesionales del derecho y peritos que hayan intervenido, cuando los reclamados excedan del límite fijado en el Arancel del Profesional del Derecho. Resulta entonces para esta Sala que el A-Quo, al tomar en consideración el informe rendido por el Colegio de Abogados de Honduras, el cual es meramente ilustrativo y no vinculante, no tomó en cuenta lo estipulado en los artículos en comento, puesto que, al decir que estará sujeto a las normas reguladoras que afectan a los profesionales del derecho, se refiere al arancel del profesional del derecho; aunado a que el juez o tribunal podrán reducir dicho importe cuando exceda el límite fijado en dicho arancel; por tanto, se estaría violentando de esta manera el debido proceso al declarar sin lugar la impugnación de las costas al aplicar indebidamente la normativa procesal civil; ya que lo normativa aplicable era el Arancel del Profesional del Derecho. En consecuencia, esta Sala es del parecer que debe confirmarse la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán por las razones ya expuestas. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 226 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 757.2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Arancel del Profesional del Derecho, art. 12 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil veintitrés. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el de recurso de amparo presentado por el abogado Saul Armando Reyes Saa, a favor de la sociedad mercantil Seguros Lafise Honduras, S.A., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, con relación a la tasación de costas solicitadas por el Abogado Jesús Antonio Ferrera Matute, en su condición de representante procesal del señor Edgardo Francisco Aguilar Zelaya, como parte solicitante, contra la sociedad mercantil Seguros Lafise Honduras, S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha diez de febrero de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Jesús Antonio Ferrera Matute, en su condición de representante procesal del señor Edgardo Francisco Aguilar Zelaya, presentando “MINUTA DE COSTAS…”, contra la sociedad mercantil Seguros Lafise, Honduras, S.A. (Folio 1 vuelto la pieza del A-quo). 2) El Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE la tasación de costas solicitadas por el abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE en su condición de representante procesal del SEÑOR EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA como parte solicitante, en consecuencia, se condena a la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA (SEGUROS LAFISE S.A.) a pagar la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS SETENTA Y TRES CENTAVOS (L. 655, 592.73) que comprenden COSTAS PROCESALES: cuatrocientos lempiras L. 400.00, COSTAS PERSONALES seiscientos cincuenta y cinco mil noventa y dos lempiras con setenta y tres centavos (L. 655, 192.73). CUARTO: Sin costas en el presente incidente. -QUINTO: Contra esta resolución no cabe recurso alguno. -NOTIFÍQUISE." (Folios 58-59 vuelto la pieza del A-quo). 3) En fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés,compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Saul Armando Reyes Saa, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil Seguros Lafise Honduras, S.A., argumentando el amparista que la sentencia relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-11 la pieza del Ad-quem). 4) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fechaveinte de abril de dos mil veintitrés, dictó sentenciamediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A., contra la resolución contenida en el auto dictado el veinticuatro de enero del año dos mil veintitrés, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.-SEGUNDO: Se instruye al A-quo para que dicte nueva resolución con relación a las impugnaciones de costas planteadas por las partes, aplicando lo que en derecho corresponda de conformidad a lo que dispone el Arancel de Profesional del Derecho.-Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en CONSULTA OBLIGATORIA a la Honorable Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional.-NOTIFÍQUESE.” (Folios 88-95 vuelto de la pieza del Ad-quem). 5) Que en fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán que otorgó el recurso de amparo contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la tasación de costas solicitadas por el abogado Jesús Antonio Ferrera Matute como representante procesal del señor Edordo Francisco Aguilar Zelaya como parte solicitante contra la Sociedad Mercantil Seguros Lafise Honduras S.A. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que la resolución contra la cual se reclama la constituye la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán que declaró con lugar parcialmente la tasación de costas, condenando a la sociedad mercantil Seguros Lafise Honduras S.A. al pago de la cantidad de seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa y dos lempiras con setenta y tres centavos (L.655,592.73) que comprenden: cuatrocientos lempiras (L.400.00) de costas procesales, y seiscientos cincuenta y cinco mil viento noventa lempiras con setenta y tres centavos (L.655,192.73) de costas personales; resultando evidente que la sentenciadora en dicha resolución violenta el debido proceso al crear proceso fuera del Código, aplicar normas fuera del arancel del profesional del derecho para fijar los honorarios del abogado y conceder costas sin existir condena en costas. CONSIDERANDO (5): Continua manifestando el recurrente que el proceso de oposición se encuentra regulado en los artículos 763 al 766 del Código Procesal Civil en donde se establece que dicho proceso concluye con una resolución que estime o desestime la oposición y en esta abra condena en costas; no comprendiendo a la sentenciadora al concluir que hubo oposición, ya que en el caso de autos, a la parte ejecutante nunca se le concedió el término de tres días a efecto que se pronunciara o contestara la supuesta oposición, nunca se celebró audiencia de oposición bajo las reglas del juicio abreviado tal como lo ordena el articulo 421 numeral 2 del Código Procesal Civil, si hubiera existido oposición, debió haberse definido mediante resolución así como lo ordena el articulo 423 numeral 1 del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO (6): Que para el hoy recurrente, lo que regula el articulo 757 del Código Procesal Civil es la necesidad de solicitar por escrito la iniciación del procedimiento, es decir, de interponer demanda ejecutiva con independencia del título que se pretenda ejecutar; de igual manera, cuando la ejecución sea una cantidad dineraria, se deberá indicar la suma por la que se pretende la ejecución mas los intereses legales y pertinentes devengados hasta el momento de la solicitud incrementada eventualmente hasta un 25% para cubrir el pago de los intereses devengados y las costas ocasionadas durante la ejecución. CONSIDERANDO (7): Concluye el recurrente en que la impugnación presentada por el ejecutante no tiene asidero jurídico puesto que la tasación de costas personales se sujetan a las normas reguladoras que afectan a los profesionales del derecho, tal como lo ordena el articulo 222 numeral 4 del Código Procesal Civil, por lo que el legislador deja establecido que los honorarios de los abogados se fijaran conforme a su arancel; criterio que se ratifica en el articulo 224 numeral 3 del mismo cuerpo legal. Por tanto, si el juez está facultado para reducir los honorarios de los profesionales del derecho si exceden al arancel, no se puede afirmar que no se deben aplicar, además si el trámite señala que se pueden impugnar por excesivos se debe oír la opinión del Colegio de Abogados, tal como lo ordena el articulo 226 numeral 1 del Código Procesal Civil; por lo que, resulta evidente que la tasación de costas personales de los abogados se regula y tasa conforme al arancel del profesional del derecho. CONSIDERANDO (8): Que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán expone en su resolución de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés que habiendo analizado el informe rendido por el A-Quo y los hechos denunciados como violatorios del derecho a la defensa y al debido proceso por el recurrente, se aprecia que la resolución impugnada no resulta violatoria del derecho de defensa puesto que el apoderado legal de la parte ejecutada estuvo presente en todas las actuaciones del proceso; no obstante en cuanto al debido proceso y legalidad de los actos, si bien es cierto, se siguió formalmente el procedimiento establecido en la tramitación de la tasación de costas, en donde ambas partes impugnaron la tasación efectuada por el secretario, sin embargo, no se observó por parte del A-Quo el principio de legalidad que como derecho fundamental le asiste al impetrante. CONSIDERANDO (9): Continúa manifestando la referida Corte que se aprecia en los antecedentes que el A-Quo, al considerar que la impugnación fue por costas indebidas, ordenó turnar el testimonio del expediente al Colegio de Abogados para que emitiera informe, como al efecto lo hizo, en donde aprobó que las costas debían ser tasadas en atención al articulo 757.2 del Código Procesal Civil en relación con el articulo 12 del Arancel del Profesional del Derecho, es decir, que según la junta dictaminadora del Colegio de Abogados corresponde aplicar el veinticinco (25%) sobre la suma que fue ejecutada la demanda, manteniendo este criterio el A-Quo al haber condenado a la parte ejecutada al pago de seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa y dos lempiras con setenta y tres centavos (L.655,592.73). Criterio que esta Corte de Apelaciones no comparte, puesto que el referido artículo 757.2 del Código Procesal Civil, no ordena ningún pago de costas a favor de ejecutado, solamente para efectos de prevenir el posible aumento de la cuantía de la demanda y asegurar el posible pago de costas e intereses, ordena aumentar hasta un veinticinco (25%) del monto de la cuantía inicialmente pretendida por el ejecutante. CONSIDERANDO (10): Que de igual manera la Corte Primera de Apelaciones hace referencia a lo dispuesto en el artículo 802.2 del Código Procesal Civil, el cual autoriza previa justificación, se admita la cuantía superior previsible, que, atendidas las situaciones del caso, puede incrementarse ese 25% para cubrir los intereses que puedan devengarse durante la ejecución mas las costas. En consecuencia, se aprecia que el A-Quo no dictó la resolución conforme a derecho, por cuanto en los casos de tasación de costas, corresponde aplicar el Arancel del Profesional del Derecho, por lo que no es procedente conceder tal concepto de costas, el veinticinco (25%) de la cuantía de la demanda, ya que no es lo que regula el articulo 757.2 del Código Procesal Civil como erróneamente expresó la junta dictaminadora del Colegio de Abogados de Honduras. CONSIDERANDO (11): Que la Corte Primera de Apelaciones estima que al ser la opinión de la junta dictaminadora del Colegio de Abogados de Honduras meramente informativa y no vinculante para que el A-Quo otorgara las costas de la misma forma que dice dicho informe, resulta evidente que se violentó el debido proceso, por cuanto la información brindada por el Colegio de Abogados es contraria a lo establecido en la normativa aplicable a la tasación de costas, por lo que el A-Quo debió valorar y determinar el derecho que le asiste a las partes en atención a la normativa aplicable como lo es el Arancel del Profesional del Derecho. Que, ante la violación al debido proceso alegada por el recurrente, al haber declarado sin lugar la impugnación de las costas aplicando incorrectamente la normativa procesal civil, se considera que procede el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (12): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán se encuentra apegada a derecho, ya que el A-Quo basa su resolución en lo que establece el articulo 226 del Código Procesal Civil, en relación a que si se impugna la tasación por honorarios profesionales excesivos, se pasará testimonio de los expedientes al Colegio de Abogados de Honduras para que emita informe como al efecto se hizo, el cual basó su informe en lo que establece el artículo 757.2 del Código Procesal Civil en relación al articulo 12 del Arancel del Profesional del Derecho exponiendo que corresponde aplicar el 25% sobre la suma que fue ejecutada la demanda. CONSIDERANDO (13): Que el articulo 757 numeral 2 del Código Procesal Civil, referente al procedimiento para la ejecución forzosa establece que: 1) … 2) en el caso de ejecución de dinero, se deberá indicar además la cantidad por la que se pretende la ejecución, incluyendo en ella los intereses legales y pertinentes devengados hasta el momento de la solicitud. Esta cantidad se podrá incrementar hasta un veinticinco por ciento (25%) para cubrir el pago de los intereses devengados y las costas ocasionadas durante la ejecución. En ese orden de ideas, se aprecia que el referido articulo no ordena el pago de costas a favor del ejecutado; únicamente para efectos de prevenir el posible aumento de la cuantía de la demanda y asegurar el posible pago de costas e intereses. Igualmente, el articulo 802.2 del mismo cuerpo legal, hace referencia a ese 25% para cubrir los intereses que puedan devengarse durante la ejecución de las costas. CONSIDERANDO (14): De igual manera, el articulo 222 numeral 4 del Código Procesal Civil establece literalmente… “4) que la fijación de honorarios y gastos estará sujeta, en su caso, a las normas reguladoras al respecto que afectan a los profesionales del derecho y a los peritos que hayan intervenido en el proceso”. Asimismo, el articulo 224 del mismo cuerpo legal, en su numeral tercero establece que el Juez o Tribunal podrá reducir el importe de los honorarios de los profesionales del derecho y peritos que hayan intervenido, cuando los reclamados excedan del limite fijado en el Arancel del Profesional del Derecho. Resulta entonces para esta Sala que el A-Quo, al tomar en consideración el informe rendido por el Colegio de Abogados de Honduras, el cual es meramente ilustrativo y no vinculante, no tomó en cuenta lo estipulado en los artículos en comento, puesto que, al decir que estará sujeto a las normas reguladoras que afectan a los profesionales del derecho, se refiere al arancel del profesional del derecho; aunado a que el juez o tribunal podrán reducir dicho importe cuando exceda el límite fijado en dicho arancel; por tanto, se estaría violentando de esta manera el debido proceso al declarar sin lugar la impugnación de las costas al aplicar indebidamente la normativa procesal civil; ya que lo normativa aplicable era el Arancel del Profesional del Derecho. En consecuencia, esta Sala es del parecer que debe confirmarse la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán por las razones ya expuestas. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 5, 222.4, 757.2 802.2 y demás aplicables del Código Procesal Civil; 12 del Arancel del Profesional del Derecho. FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se otorga el recurso de amparo interpuesto por el abogado Saul Armando Reyes Saa a favor de la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-525-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL