Sentencia AC-52-22 — Registro 16806
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la corte de apelaciones que resolvió el recurso de apelación con relación a la demanda de pretensión posesoria. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado el derecho de debido proceso y derecho de defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO (5): Que analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por el recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional reconoce la vinculación a lo establecido en el párrafo primero del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efecto ivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; precepto por el cual se garantiza a toda persona la tutela de sus derechos constitucionales mediante un recurso ágil y efectivo; lo que ha tenido desarrollo normativo en nuestro país a través de la garantía de Amparo. “CONSIDERANDO (7): Que considera la Sala de lo Constitucional, desde la perspectiva de su ajuste o no a los derechos y garantías constitucionales, que no se ha evidenciado en la presente demanda de amparo, la vulneración del debido proceso, ni al derecho de defensa del demandante, encontrando que la discrepancia del amparista respecto a la interpretación y aplicación de la ley efectuada por la Corte de Alzada, no significa per se la sentencia venida en amparo contraviniere el principio de legalidad y al debido proceso; encontrándose más bien la misma fundada en derecho congruente y de fondo, dada la correlación que existe entre el derecho invocado por los juzgadores y los supuestos de hecho no acreditados debidamente en el proceso, mediante la aportación de prueba fehaciente y con respeto a las formalidades esenciales del proceso; así como en congruencia a sostenida jurisprudencia de esta Sala, acorde a lo cual no procede estimar la garantía de amparo por la sola discrepancia entre el parecer del garantista respecto a la decisión emanada de la jurisdicción ordinaria, si carece del suficiente mérito para otorgarla. - En virtud de lo cual y por todo lo señalado en el íter del fallo, procede dictar denegatoria a la presente acción de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO CALIX LEIVA, a favor de la señora DINA JAMILETH GARCIA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LEPAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, con relación a la demanda de pretensión posesoria promovida por la señora DINA JAMILET GARCIA contra los Señores MARIA MIRTALA PINEDA y WILIAMS PONCE. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado el derecho y garantía Constitucional en perjuicio de si mismo contemplados en los artículos 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Lepaera, Departamento de Lempira, la Abogada EVELIN JOHANY CARTAGENA CRUZ, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Señora DINA JAMILET GARCIA, promoviendo demanda de pretensión posesoria de amparo mediante el proceso declarativo abreviado, para que cese los actos de perturbación sobre un terreno mas el pago de daños y perjuicios y costas. (Folios 01-10 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Se declara CON LUGAR la Demanda de Pretensión Posesoria para que se tutele la Posesión efectiva del bien inmueble y el cese de las perturbaciones al mismo, presentada por la Señora DINA JAMILET GARCIA en contra de los Señores MARIA MIRTALA PINEDA y WILIAMS PONCE, por la vía del Proceso Abreviado. Ambos de generales descritas en el preámbulo de esta sentencia, sin perjuicio de la acción que pudiera presentar por la vía ordinaria. SEGUNDO: TUTELAR LA POSESION DEL INMUEBLE Y se ordena a los Señores MARIA MIRTALA PINEDA y WILIAMS PONCE, que se abstenga PERMANENTEMENTE a realizar acciones que obstruyan o interfieran en el pleno ejercicio y desarrollo de actividades en el predio objeto de debate en el presente proceso el cual se describe: Lote de terreno ubicado en Aldea Consolación del Municipio de Lepaera, Lempira con un área superficial de DOS MANZANAS, cultivadas con finca, el cual tiene las colindancias siguientes: AL NORTE: colinda con propiedad de OCTAVIO ORELLANA Y FREDY ORELLAN, AL SUR: Colinda con propiedad de OSCAR MIRANDA, AL ESTE: colinda con propiedad de FREDY ORELLANA Y AL OESTE: colinda con propiedad de OSCAR MIRANDA Y GERMAN FUENTES. TERCERO: Dejar sin valor y efecto el Documento Privado de Compra y Venta celebrado en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021) otorgada por la señora PAULA ORELLANA a favor de la Señora MARIA MIRTALA PINEDA en su condición de representante legal de los menores JOSE WILLIAN PONCE PONCE, NORLAN JOSUE PONCE PINEDA, HEYDI YOLIBETH PONCE PINEDA y RONMEL JAVIER PONCE PINEDA. CUARTO: Con Condena en Costas a la parte vencida en juicio por no haber tenido razones para litigar.” (Folios 39-44 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de una apelación interpuesto por el Abogado JORGE ABELARDO DIAZ REYES, actuando como Apoderado Legal de los Señores MARIA MIRTALA PINEDA y WILIAMS PONCE, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, dictó Sentencia en fecha diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto; SEGUNDO: REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Lepaera, Lempira; TERCERO: DECLARAR SIN la DEMANDA DE PRETENSION POSESORIA promovida por la Señora DINA JAMILET GARCIA contra la Señores MARIA MIRTALA PINEDA y WILIAMS PONCE; CUARTO: CONDENA A PAGO DE COSTAS en primera instancia a la señora DINA JAMILET GARCIA en su condición de parte demandante.” (Folios 03-08 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que el Abogado JORGE ALBERTO CALIX LEIVA, compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de enero de dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora DINA JAMILETH GARCIA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, en fecha diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha nueve (09) de junio de dos mil veintidós (2022). (Folios 01–08 y 27 de la presente Recurso) 5) Que en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el amparista”; lo cual motivó, inter alia, en la razonabilidad de lo valorado por la instancia respecto a la necesidad de probar, particularmente vía dictamen pericial, la ubicación geográfica del inmueble; extremo que no obra acreditado en autos, a efecto poder garantizar a ambas partes una tutela judicial efectiva. (Folios 30–36 y 38 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en garantía de amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha diez de noviembre dos mil veintiuno, que resolvió ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LEPAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, con relación a la demanda de pretensión posesoria promovida por la señora DINA JAMILET GARCIA contra los señores MARIA MIRTALA PINEDA y WILIAMS PONCE; la cual tuvo como varias apreciaciones de fondo, en su motivación fáctico jurídica, entre las cuales las señaladas en los Considerandos SÉPTIMO y OCTAVO, que se resumen así: Que ha existido un abuso arbitrario por el Juez de Letras conocedor del caso, al dejar sin valor ni efecto el documento privado de compraventa celebrado en fecha 25 de enero del año 2021, otorgado por la señora PAULA ORELLANA a favor de la señora MARIA MIRTALA PINEDA, en su condición de representante legal de los menores JOSÉ WILLIAM PONCE PONCE, NORLAN JOSUÉ PONCE PINEDA, HEYDI YOLIBETH PONCE PINEDA y ROMMEL JAVIER PINEDA; excediendo el ámbito de la tutela, protección tan solo invocada respecto a la no perturbación de la posesión de un bien inmueble de la parte demandante. Se ha quebrantado así el deber de congruencia y el Estatuto del Juez Iberoamericano en sus artículos 8 y 41, que refiere la obligación del Juez de mantener la imparcialidad objetiva y una ética judicial de motivación; lo cual no se refleja del caso sub examine. Asimismo, exonera el fallo conocido vía amparo, de condena en costas, motivando para tal efecto, que no aplicaría el principio de vencimiento sino cuando a la parte recurrente se le desestimen todas sus pretensiones, lo cual no es el caso, en el caso conocido en segunda instancia. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente, Abogado JORGE ALBERTO CÁLIX LEIVA, en su condición preindicada, ha aducido en su escrito de interposición del Recurso de Amparo, que la resolución impugnada no se encuentra emitida conforme a derecho, en virtud de que la Corte de Apelaciones recurrida ha revocado de manera infundada, no apegada totalmente a derecho positivo, la sentencia dictada por la instancia, declarando sin lugar la DEMANDA DE PRETENSION POSESORIA promovida por la señora DINA JAMILET GARCIA contra los señores MARIA MIRTALA PINEDA y WILIAMS PONCE; con lo cual considera el enjuiciamiento deja de ser un proceso justo, para convertirse en uno injusto, lesivo a los derechos fundamentales. Al respecto, hace consideración el amparista que la ubicación geográfica del predio en disputa no es un hecho discutido, ya que es aceptado por ambas partes; por lo cual resulta eficiente, en términos de prueba, el medio interrogatorio de parte que se realizó a la persona demandada, señora MARIA MIRTALA PINEDA, quien ha manifestado que desde el año dos mil cinco ha tenido la propiedad bajo su cuidado, y que si le prohibió el acceso a la propiedad, es porque es de sus hijos, a quien ella representa.CONSIDERANDO (4): Que, asimismo, ha referido en demandante de amparo, que se ha lesionado a su representada, señora DINA JAMILET GARCIA, el derecho reconocido en los artículos 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República, los cuales tutelan principalmente al derecho de petición, de defensa, al debido proceso y derecho de propiedad, debido a no satisfacer el fallo que es venido en amparo las exigencias mínimas de la motivación, según señala, entre otras consideraciones, la demanda de amparo. Al hacer caso omiso de lo establecido en el artículo 715.3 del Código Procesal Civil, que establece al Juzgador el alcance de la Decisión de la Apelación, prescribiéndole que, si se apreciare alguna infracción de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectará a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el Tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Considera el garantista, tal omisión normativa, constituye error in procedendo y afecta el debido proceso porque la Corte sentenciadora devino obligada a dictar una nueva sentencia, lo que no hizo. Por todo lo cual pide a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, le sea otorgado el recurso de amparo, tutelando los derechos que resultaron vulnerados con la Resolución recurrida, determinando que no le es aplicable por contravenir y disminuir derechos fundamentales, por lo que resulta ilegal y nula tal resolución. CONSIDERANDO (5): Que analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por el recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional reconoce la vinculación a lo establecido en el párrafo primero del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efecto ivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; precepto por el cual se garantiza a toda persona la tutela de sus derechos constitucionales mediante un recurso ágil y efectivo; lo que ha tenido desarrollo normativo en nuestro país a través de la garantía de Amparo. CONSIDERANDO (6): Que se alegan en la presente garantía constitucional como vulnerados los artículos 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República, debido a la discrepancia alegada por el demandante de amparo constitucional respecto a la interpretación judicial plasmada en concreto, por la Corte de Apelaciones, sobre la base de omisión de valoración fáctica probatoria, al motivar su resolución revocatoria, y dictado de declaratoria sin lugar de la pretensión posesoria promovida por el demandante; omitiéndose, a juicio del garantista, el deber legal que surge, de apreciarse alguna infracción de los hechos declarados probados o en su valoración; caso de que no afectare a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, de proceder a revocar la sentencia apelada, debiendo el Tribunal de Apelaciones resolver directamente. Considera el garantista, tal omisión normativa, afecta el debido proceso porque la Corte sentenciadora devino obligada a dictar una nueva sentencia, lo que no hizo; con lo cual considera el enjuiciamiento deja de ser un proceso justo, para convertirse en uno injusto, lesivo a los derechos fundamentales. CONSIDERANDO (7): Que considera la Sala de lo Constitucional, desde la perspectiva de su ajuste o no a los derechos y garantías constitucionales, que no se ha evidenciado en la presente demanda de amparo, la vulneración del debido proceso, ni al derecho de defensa del demandante, encontrando que la discrepancia del amparista respecto a la interpretación y aplicación de la ley efectuada por la Corte de Alzada, no significa per se la sentencia venida en amparo contraviniere el principio de legalidad y al debido proceso; encontrándose más bien la misma fundada en derecho congruente y de fondo, dada la correlación que existe entre el derecho invocado por los juzgadores y los supuestos de hecho no acreditados debidamente en el proceso, mediante la aportación de prueba fehaciente y con respeto a las formalidades esenciales del proceso; así como en congruencia a sostenida jurisprudencia de esta Sala, acorde a lo cual no procede estimar la garantía de amparo por la sola discrepancia entre el parecer del garantista respecto a la decisión emanada de la jurisdicción ordinaria, si carece del suficiente mérito para otorgarla. - En virtud de lo cual y por todo lo señalado en el íter del fallo, procede dictar denegatoria a la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 103, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fechas dos de junio de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0052-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL