Sentencia AC-491-18 — Registro 15905
Resumen
Se interpuso el Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Estima el Recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los derechos consagrados en los artículos 61, 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que esta Sala también aprecia, que la resolución del Ad-quem no contiene la motivación suficiente, incumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose la garantía constitucional del debido proceso y derecho de defensa, en toda su amplia gama de garantías que ampara; insuficiencia respecto de que para emitir su decisión y consecuentemente de los pronunciamientos, debe haberse realizado un análisis de la situación jurídica, valoración probatoria y ello conforme al principio de congruencia, pretensiones deducidas por las partes que han obtenido respuesta que conste en el fallo, así como que la misma sea suficiente y racional, con lógica que demuestre satisfacción procesal en la cuestión debatida; para el sub judice, lo elemental en el proceso de ejecución es establecer si debe estimarse o desestimarse la oposición, además de la revisión del Juzgador del título ejecutivo, para su admisibilidad al eventual proceso, luego deberá observar las causas, que ha de formular el opositor, sean de aquellas que procedan contra el título y que se encuentran establecidas en el Código Procesal Civil o las que directamente pueden ejercitarse como defensa o las perentorias que señalen las Leyes de la materia, completando así la revisión del título.CONSIDERANDO (15): Las excepciones opuestas por el ejecutado, si bien tuvieron una respuesta en el fallo emitido por el A-Quo, la misma no ha sido suficiente, que por sí sola deje claridad en lo que a criterio del Juzgador procede, fundado en normas de derecho que amparen la decisión; en ese sentido se observa, que, en la causa de oposición de LA FALTA DE REPRESENTACIÓN, DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO, los argumentos del opositor no parecen haber sido debidamente examinados por el Ad Quem, quien no hizo mayor alusión a las alegaciones de derechos presentadas por el opositor respecto al cuestionamiento de las facultades del representante legal de la Empresa ejecutada. Es el caso que no solo es de confrontar su capacidad de representación sino también debe establecerse con claridad lo referente a sus facultades legales y la autorización en quien suscribió el título que dio origen a la demanda. Esta Sala no encuentra que se haya dado respuesta al argumento de la oposición en cuanto a que los aspectos concernientes a la representación de la sociedad, ni a las alegaciones que se hicieron por parte del opositor en cuanto a que las transacciones entre partes vinculadas deben ser sometidas a autorización especial conforme lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Comercio, ya que la representación no tendrá más límites que los consignados por el mandante en el instrumento o declaración respectivos (artículo 468 último párrafo del Código de Comercio). Así, resulta evidente que tanto el Ad Quem como el A Quo han omitido referirse al argumento de la oposición en cuanto a que, para la emisión de las obligaciones, además de estar autorizado, la sociedad deberá levantar acta ante notario, que se inscribirá en el registro público de comercio y en su caso, en el de la propiedad (artículos 255 y 258 del Código de Comercio).- En la segunda causa de oposición, se observa que el A-Quo de igual forma, en esta causa, emite un fallo carente de suficiente motivación, LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR, respecto al origen o causa de la obligación que ha opuesto el ejecutado, donde la Corte se ha limitado en expresar que el ejecutado opositor no puede venir a esta instancia alegando falta de valoración de prueba por parte del Juez en vista que de los antecedentes se desprende que el Juez detallo todos y cada uno de los medios de pruebas aportados por las partes, valorados conforme exigen los artículos 13 y 245 del Código Procesal Civil es decir con arreglo a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de las normas que rigen el razonamiento lógico.””
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 245 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (16): Que bajo los argumentos expuestos, esta Sala, procedió en retrospectiva a analizar el caso sub-examine, recorriendo el camino procesal, en el marco del artículo 796.2 del Código de Procesal Civil que prescribe: “Si la oposición se desestimare totalmente, con condena en costas para el demandado, ordenará el juez seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias.” De la premisa Civil Adjetiva se desprende la existencia de una regla general para la continuación del proceso, y seguir adelante con las actuaciones de apremio, pronunciamiento que no se observa en el fallo emitido por el A-Quo y ni en la confirmación de dicho fallo emitido por el Ad-Quem. CONSIDERANDO (17): Que la sentencia recurrida deja sin respuesta la alegación del opositor que conforme lo dispuesto en el artículo 465.3 del Código de Comercio, pueden oponerse como excepciones contra las acciones derivadas de un título valor, LA FALTA DE REPRESENTACIÓN DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO, siendo necesario para la suscripción del título que la representación sea conferida mediante poder notarial con facultad expresa para ello y, por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de operar el representante, ello por mandato del artículo 468 de dicho Código de Comercio. CONSIDERANDO (18): Que a la luz de los alegatos de la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA a favor de LUMINARIAS EL SOL S.A. DE C.V. (LUMELSSA) y del Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, esta Sala de lo Constitucional percibe que la inconformidad del postulante se origina en la resolución de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, que confirma la denegatoria de la oposición a la ejecución emitida por el A-quo, que obedece, según lo expone, a que no se ha seguido el debido proceso, no se ha juzgado con las formalidades derechos y garantías, lo cual ultraja derechos fundamentales, los cuales describe como el Derecho de Defensa (Artículo 82), Debido Proceso (Artículo 90) y el de Igualdad ante la Ley (Artículo 61) de nuestra Carta Magna, dado que según lo refiere, se le ha privado, con dicha resolución de una Tutela Judicial Efectiva, asimismo que se ha puesto en precario el Debido Proceso de su representada, y por ende su defensa, toda vez, que la carencia de pronunciamiento y consecuentemente la insuficiente motivación por la falta de valoración y análisis de la situación jurídica formulada en la oposición y de la valoración probatoria provoca un fallo violatorio de los derechos y garantías invocados.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 796 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 468 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dicen: “CORTE SEUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece (13) de Enero de dos mil veintitrés (2023). VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Saúl Muñoz Orellana a favor de la sociedad mercantil Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) y del Señor Salomón López Ayala contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la sociedad mercantil Empresa Centroamericana de Energía S.A.. de C.V., (ECAE S.A. de C.V.), contra la sociedad mercantil Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) y del Señor Salomón López Ayala. Estima el Recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los derechos consagrados en los artículos 61, 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Emersson Odair Clotter Orellana, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V. (ECAE S.A. DE C.V.) promoviendo demanda de ejecución de título extrajudicial contra la Sociedad Mercantil Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) y del Señor Salomón López Ayala. (Folios 1 al 7 de la primera pieza); Ordenándose mediante auto de fecha 18 de septiembre de 2017, la subsanación de la demanda y otorgándose un plazo de cinco días para ello. (folio 8 de la primera pieza) 2) El Abogado Emersson Odair Clotter Orellana, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V. (ECAE S.A. DE C.V.) subsano la demanda de ejecución de título extrajudicial interpuesto contra la Sociedad Mercantil Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) y del Señor Salomón López Ayala, mediante escrito presentado en fecha 26 de septiembre de 2017, (folio 10, 11 y 12 de la primera pieza); El A-quo mediante auto de fecha 10 de octubre de 2017, inadmite la demanda, (folio 51 y 52 de la primera pieza). 3) El Abogado Emersson Odair Clotter Orellana, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V. (ECAE S.A. DE C.V.) en la demanda de ejecución de título extrajudicial interpuesto contra la Sociedad Mercantil Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) y del Señor Salomón López Ayala, interpuso Recurso de Apelación contra el Auto de fecha 10 de Octubre de 2017, mediante escrito presentado en fecha 26 de octubre de 2017, (folio 53 al 56 de la primera pieza); El A-quo mediante auto de fecha 10 de octubre de 2017, inadmite la demanda, (folio 51 y 52 de la primera pieza). 4) La Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes.- Mediante fallo de fecha 7 de diciembre de 2017, declaro con lugar el Recurso de Apelación interpuesto, (folio 61 y 62 de la primera pieza). 5) En atención al Fallo emitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes admitió la demanda de ejecución de título extrajudicial contra la Sociedad Mercantil Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) y del Señor Salomón López Ayala, (folio 63 y 64 de la primera pieza). 6) El Abogado Saúl Muñoz Orellana, en su condición de Apoderado Procesal del señor Salomón López Ayala y de la sociedad mercantil Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) y del Señor Salomón López Ayala en fecha veintiséis (26) de Enero del dos mil dieciocho (2018), se presentó ante el Juzgado de Letras Civil antes referido, oponiendo las excepciones de falta representación de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado y las personales que tenga el demandado contra el actor, nulidad del pagaré por no existir relación causal. (Folios 67 al 100 de la primera pieza). 7) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, falló: PRIMERO: PRIMERO: Desestimar la oposición a la ejecución de titulo extrajudicial planteada por el abogado SAUL TADEO MUÑOZ ORELLANA como apoderado legal de la parte opositora y ejecutada.- SEGUNDO: SE CONDENA a la empresa mercantil denominada LUMINARIAS EL SOL, S.A. DE C.V. (LUMELSSA) como deudora principal a través de su representante legal el señor SALOMON LOPEZ AYALA y contra el mismo señor SALOMON LOPEZ AYALA en su condición personal como aval solidario, ambos como parte opositora y ejecutada al pago de las costas causadas en la presente oposición. TERCERO: Asi mismo SE ORDENA que se continúe con la presente ejecución de titulo extrajudicial por la vía de apremio hasta obtener el pago a favor de la parte ejecutante de la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 32/100 ($ 595,485.32) mas los intereses pactados, interés legal y las costas de la ejecución extrajudicial.- Por ser una sentencia definitiva admite recurso de apelación el que deberá promoverse dentro del plazo de diez (10) días después de la notificación. (Folio 200 al 204 de la primera pieza). 8) Que en fecha seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Abogado Saúl Muñoz Orellana, en su condición antes referida, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interponiendo un recurso de apelación contra la resolución relacionada en el numeral que antecede. (Folios 255 al 257 de la primera pieza) 9) Remitidos que fueron los antecedentes a la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de mayo del dos mil dieciocho (2018), falló: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de apoderada judicial de la sociedad LUMINARIAS EL SOL, S.A. DE C.V. (LUMELSSA) y del Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, contra la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciocho (F 207), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por el Abogado EMERSON ODAIR CLOTTER ORELLANA en su condición de apoderado judicial de la entidad mercantil denominada Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V. conocida como (ECAE S.A. de C.V.), contra la sociedad mercantil denominada LUMINARIAS EL SOL, S.A. DE C.V. y contra el Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA en su condición personal, para el pago de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (US$ 595,485.32), en concepto de capital e intereses pactados calculados hasta el 31 de agosto del año 2017, más los intereses del nueve por ciento (9)% anual, más los intereses moratorios del (2%), anual.- SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho (F 207), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés.- CON COSTAS…. (Folios 5 al 8 de la segunda pieza). 10) Que el Abogado Saúl Muñoz Orellana, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho de julio de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma al recurrente en el amparo de mérito, como así también declaró sin lugar la solicitud de apertura a pruebas, en virtud de no haber ofrecido el peticionario en su escrito, la vinculación de las mismas con el acto reclamado. Consecuentemente, se ordenó a la Secretaría de este Tribunal poner a disposición del Fiscal las presentes actuaciones, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 51 de la pieza de amparo). 11) Que en fecha de 14 de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien en su dictamen fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE” la presente acción de amparo, por no existir vulneración del Derecho de Defensa y el Debido Proceso invocadas por el Amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA, en fecha veintiocho (28) de Julio del dos mil dieciocho (2018), en su condición de Representante Procesal de LUMINARIAS EL SOL, S.A. DE C.V. (LUMELSSA) y contra el Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, por considerar que la Sentencia definitiva de fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada el dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la oposición a la ejecución que se le sigue a sus representados, a raíz de la demanda ejecutiva de un título extrajudicial que les ha promovido la sociedad mercantil denominada EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (ECAE S.A.. de C.V.), para obtener el pago de la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR (US$ 595,485.32), estimando el Accionante que con el Acto Reclamado se ha Violentado a sus representados los Derechos establecidos en los artículos 61, 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que el Accionante argumenta, que existe vulneración a los Derechos Constitucionales de sus mandantes por parte de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, mediante la Sentencia de fecha catorce (14) de mayo del dos mil dieciocho (2018), que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada el dieciséis (16) de marzo del dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula. Por lo que expone las razones de su acción así: ”1.- En el escrito en que interpuse la Demanda de Amparo hice una relación sucinta sobre los hechos y antecedentes que motivaron tal Recurso, por esa razón no me referiré sobre ellos y me concretaré a demostrar que la Resolución recurrida, viola, flagrantemente derechos constitucionales de los señores: a) LUMINARIAS EL SOL, S.A. DE C.V. (LUMELSSA) y, b) SALOMÓN LÓPEZ AYALA; en cuyo favor se interpuso el Recurso" I.- VIOLACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONSIGNADO EN EL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. El párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la República claramente señala que NADIE PUEDE SER JUZGADO SINO POR UN JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE. El Artículo 3 del Código Procesal Civil establece tambien este derecho-garantía, estableciendo que, “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada¨.- La Sentencia recurrida violenta el debido proceso, pues, toda persona natural o juridica debe tener libre acceso a los Tribunales de la Republica a ejercer las acciones y los recursos legales en la forma que establezcan las Leyes, a ser oido en los plazos en que fija la Ley, a ser Juzgado por Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, con las formalidades, derechos y garantias, que fija el debido proceso, a la sustanciacion de su causa y a la determinacion de sus derechos y obligaciones, en cualquiera de los asuntos de su interese regulados pòr la Ley, ya que a nadie se impondra pena alguna sin haber sido oido y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por Resolucion Ejecutoriada de Juez o Tribunal competente. LA Resolucion recurrida quebranta las formalidades que establece la Ley y se violenta el debido proceso al violentarse el derecho de defensa al limitar, desechar y no valorar los argumentos expuestos en cuanto a la inexistencia de obligacion por inexistencia de nexo causal del titulo, que llevo a una carencia de motivacion al respecto y fundamentalmente al analisis de la improcedencia de la autonomia del pagare; el debido proceso constituye una garantia constitucional que protege a las personas frente a la accion del Estado y sus Autoridades, el debido proceso es la garantia que consagra dos valores, primacia de la persona y la limitacion del poder publico. El proceso legal en que el haya tenido la oportunidad razonable y suficiente de ejercer su derecho a la defensa, con todas las formalidades, y que toda persona tiene derecho de ejercer sus acciones enmarcadas dentro de la Ley y al procedimiento adecuado. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de Resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los Recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los Artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los Artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia. En cuanto a la Motivación Fáctica y Jurídica que hace suyos el Tribunal recurrido al expresar que los Títulos Valores son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna, lo cual es correcto, la literalidad es la característica que delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el Título Valor y la incorporación constituye el nacimiento jurídico de un Título Valor el cual tiene generalmente un antecedente, un origen o una causa al cual se le denominada negocio jurídico, en ese momento se incluye un derecho en el documento, de tal manera que el derecho se convierte en un elemento accesorio del Título el que lleva una vida paralela a este último.- La autonomía significa que la posición jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias generadas en el proceso de circulación de un título valor son independientes entre sí, pero en el caso de autos el título no circuló no fue endosado, por lo tanto es susceptible de las Excepciones Personales que pudiera tener el Ejecutado contra el actor.- La Sala de lo Constitucional ha dejado establecido, que el derecho de defensa forma parte del debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidas por la Ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos y en el caso que nos ocupa, se especifica con claridad y precisión que el derecho de defensa ha sido violentado en el caso de autos, y que la violación del derecho de defensa ha sido materialmente y se ha colocado al recurrente en una posibilidad de cero. Por lo que procede se otorgue el presente amparo.- Honorable Magistrados de la sala Constitucional, con protestas de mi mayor respeto y para comprender mejor, hago referencia a los conceptos de Pagare y Letra de Cambio, su diferencia fundamental como es el nexo causal para poder determinar su autonomia e inclusive accion cambiaria, criterio figurado por el Jurista y Dr. ROBERTO GOLDSCHIDT, en la segunda Edición de su obra: LA LETRA DE CAMBIO Y EL CHEQUE, Doctrina Legislacion y Jurisprudencia, Edcion 1994, Ediciones Fabreton, Caraccas Venezuela, donde dice: PAGINA 137, 139, Al Pagare o Vale a la orden, en el sentido indicado, se le aplica la mayor parte de las disposiciones sobre la letra de cambio (arts 478-488), pero con una excepcion muy importante. Dado que la persona que emite el pagare esta obligada en virtud del mismo no hay aceptacion, de modo que las obligaciones cambiarias relativas a la aceptacion no pueden aplicarse. El emitente responde de la misma manera del aceptante de la letra de cambio, lo que el art. 78, de Ley Uniforme de Ginebra, enuncia expresamente. Por este, la accion contra el no supone el protesto, el cual es requerido, por el contrario, en relacion a las acciones contra endosantes sus avalistas (Arts 487-488). La accion contra el emitente prescribe a los tres años contados a partir de la fecha de vencimiento(Arts 487 479, encabezamiento). El avalista del emitente responde como el emitente (Arts 478, 440 encabezamiento). El articulo 486 enuncia los requsitos del pagare, relativos a la fecha, cantidad, vencimiento y beneficiarios. Señala como requisitos ademas, el que los pagares deben contener la expresion de si son por valor recibido y en que especie o por valor en cuenta. Este ultimo requisito, que no se encuentra en la Ley Uniforme de Ginebra, ha sido ampliamente discutido en el famoso caso Dib-Ramia, que planteo importantes cuestiones de carácter sustancial y procesal, Es estas ultimas no podemos entrar aquí. En lo concerniente a las primera, se trato, en primer lugar, el problema de si el pagare del derecho venezolano constituye un mero escrito que compruebe la obligacion causal, o si en el esta incorporada una obligacion cambiaria distinta de aquella; y, en segundo lugar, el asunto de si, desde el punto de partida de la segunda tesis, un pagare nulo por falta de requsito señalado, puede ser convertido en una promesa de pago que invierte la carga de la prueba de la obligacion fundamental, en virtud de lo dispuesto por el articulo 1,158 del Codigo Civil, según el cual, la causa de un contrato se presume mientras no se pruebe lo contrario. Entre los dictamenes presentados en aquella oportunidad se destaca el de Capitant, en que el autor pone correctamente de relieve que en el pagare del derecho venezolano, como se desprende de los articulos 487 y 488 queda incorporada una nueva obligacion de carácter cambiario. La segunda cuestion ha sido resuelta en aquel jucio en contra de la opinion de Capitant y de otros autores, en sentido afirmativo. Por otra parte, incluso cuando se resolviera en sentido negativo, debera preguntarse si el pagare nulo puede servir, por lo menos, como principio de prueba por escrito de la obligacion fundamental. El pagare es transmisible mediante endoso y se le aplica el articulo 425, concerniente a la exclusion de las excepciones fndadas en las relaciones personales del obligado con el primer beneficiario, frente al tercer adquirente. PAGINA 334 ACCION CAMBIARIA. 77. La corte observa: El sentenciador no ha sacado elementos de conviccion fuera de los autos, sino que ha declarado con lugar la demanda, fundado en plena prueba constituida por las letras de cambio acompañadas al libelo, las cuales quedarosn legalemnte reconocidas, en vista del silencio de los demandados, según lo previsto en el articulo 324 del Codigo de procedimiento civil que ha sido acertadamente aplicado. No bale hablar en el presente caso de la vía ejecutiva, pues la actora no ha hecho uso de ese procedimiento especial, anexo y paralelo al ordinario, mediante el cual comienza la ejecucion sobre bienes del demandado, una vez admitida la demanda. La accion cambiaria interpuesta contra el aceptante y avalista, de conformidad con lo pactado en el presente juicio, por la portadora de las letras de cambio, los articulos 436, 456 y 457 del codigo de comercio, nada tiene de comun con el procedimiento de la via ejecutiva. Al ser ejecutada la accion cambiaria, el actor no tiene que probar la relacion fundamental que dio origen a la emision de las letras, sino que estas por si solas, dado el carácter autonomo y abstarcto de esa clase de titulos de credito, constituyen plena prueba de las obligaciones demandadas. Concluyendo Honorables miembros de la SALA CONSTITUCIONAL, en que en el pagare debe probarse el nexo causal, la relacion fundamental, caso contrario es nulo, y si se hubiese establecido la motivacion respecto a lo expuesto, sin violentarse el debido proceso y por enede derecho de defensa, se hubiese concluido que ademas de no existir nexo causal, no existe obligacion y ha operado abuso de derecho entre empresas relacionadas, ademas que el credito existente con la Institucion Financiera BANPAIS, ha sido satisfecho por parte de la empresa ACEYCO, al haber enterado a la ahora ejecutante sumas que sobrepasan lo demandado, asumieno ACEYCO responsabilidades garantistas con sus bienes a la empresa ECAE S.A. DE C.V. II.- VIOLACION DEL DERECHO DE DEFENSA CONSIGNADO EN EL ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. El Artículo 82 de la Constitución de la República establece que: EL DERECHO DE DEFENSA ES INVIOLABLE. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.- Este razonamiento no se ha presentado en el fallo que ahora se recurre mediante ésta acción constitucional de Amparo, violentándose el derecho de defensa, ya que la ejecutante en abuso de derecho, ha incoado la ejecución de un título que no liga a ninguna obligación, si bien es cierto que los títulos ejecutivos tienen autonomía, desde un punto de vista legal que conlleva aparejada la ejecución del mismo, la revisión de los requisitos formales es indispensable, pero también aquellos requisitos esenciales, que dejen claridad al Juzgador de instancia que la naturaleza jurídica del título es verdadera y no un fraude a la Ley o abuso de derecho, como en el caso de autos. Circunstancias éstas que al no valorarse en la Sentencia que se impugna el material probatorio aportado violenta el derecho de defensa. En el fallo violatorio del Derecho Constitucional no ha existido tutela judicial, ya que si bien se hace una revisión por parte del Juzgador de Instancia de la situación jurídica conforme a la norma adjetiva ¨requisitos formales¨, no lo hace en sentido esencial del derecho individual del ejecutado de NO ser considerado deudor por no existir obligación como elemento básico de la responsabilidad civil, ya que la relación jurídica subyacente o relación fundamental originaria no existe, constituyendo el fraude a la Ley y abuso de derecho del ejecutante, conculcándose el DERECHO DE DEFENSA al no valorar la prueba, la situación jurídica de empresas relacionadas, el verdadero negocio subyacente que derivo en otras obligaciones como la consolidación de deudas con la institución financiera denominada BANPAIS, pero no la constitución de un pagaré y concluyentemente las excepciones opuestas, la relacion nexo causal. Por otra parte, la Ley procesal ordinaria no franquea un Recurso Extraordinario como la casación en este tipo de juicio, que permita demandar la nulidad de un fallo mediante la confrontación del mismo con la Ley, lo cual también provoca indefensión, quedando esta vía de restitución de derechos mediante la acción constitucional de amparo. Durante la secuela del juicio, se ha procurado allegar al proceso los argumentos y elementos que constituyen el fundamento de la defensa en cuanto al nexo causal del título que se pretende ejecutar, aspectos de valoración que no contiene la sentencia que se recurre, ya que aplica disposiciones procesales respecto a la ejecución del pagaré, sin arribar al analisis del nexo causal, el origen de la supuesta obligación de pago, yerro e inobservancia que violenta el derecho de defensa al no brindar tutela judicial, a ser Juzgado con las formalidades derechos y garantías, ya que si no se hace una valoración en conjunto de la situación jurídica debatida estaremos en indefensión, porque entonces, ante quien recurrir si los Juzgadores de instancia no profundizan en las realidades de las contiendas que ante ellos se ventilan, aprovechando cualquier interesado en abuso de derecho esta extricta formalidad pero no implica justicia; EL NEXO CAUSAL, REQUIERE QUE SE REVELE Y PRUEBE LA RELACIÓN JURÍDICA QUE DIO ORIGEN AL TÍTULO, que es la derivada del acto jurídico que dio origen a la emisión del mismo, esto es, establecer la subsistencia de la relación jurídica que dio origen a la emisión o transmisión del título, así como de las acciones que deriven de dicha relación o acto jurídico; cabe destacar que dicho nexo causal o derecho subyacente es en si un contrato, acto o negocio jurídico que da nacimiento al título de crédito y, al ejercitarse es necesario, para que prospere, que se revele y pruebe la relación jurídica que dio origen a la suscripción del título, o sea, la relación jurídica subyacente por virtud de la cual los ejecutados se constituyen en deudores de la suma consignada en el título, y contra la cual son oponibles cualquier tipo de excepciones, ya que todo título de crédito es creado o emitido por una causa, que no es otra cosa que la relación fundamental, originaria subyacente que determina a las partes a que la objetivasen en el documento derivando su libramiento o circulación y, por ende, la causa toma la forma de un contrato o cualquier relación jurídica que puede ser probada con el título de crédito no desvirtuado, ya que no se pueden permitir que para la determinación del nexo causal pueda fundarse en meras conjeturas o posibilidades, sino de una certeza absoluta, circunstancia que no fue observada por la Sentencia recurrida, dejando a mis representados indefensos y sin tutela judicial al no contener el fallo los requisitos intrínsecos de toda decisión judicial como también hemos señalado. La Sentencia recurrida, carece de una motivación basada en la revisión del título y su nexo causal, y se trata pues de que se esta pretendiendo ejecutar, lo cual debe haber certeza de que la pretensión procede, como hemos manifestado, no solamente desde la parte adjetiva o procesal, sino sustancial, ese vinculo o relación jurídica subyacente por virtud de la cual los ejecutados se constituyen en deudores de la suma consignada en el título; El fallo es omiso, si bien se opusieron excepciones que sin razón o argumento lógico, sin racionalidad, sin suficiencia en la sustentación, fueron desestimadas, la sentencia no tiene pronunciamiento a una excepción causal innominada que destrozaba la estructura del juicio ejecutivo, porque no puede utilizarse la Justicia para amparar fraudes a la Ley, como ocurre en el caso que nos ocupa, donde no hay nexo causal y en abuso de derecho del ejecutante pretende en su provecho ejecutar un pagaré que no tiene razón de su existencia, restringiendo las posibilidades de defensa del aparente deudor. El pagare es un contrato causal en el que es necesaria la existencia, aunque no la mención, de la causa. Esta causa puede impedir o frustrar la acción cambiaria en las relaciones entre librador y tomador. No puede asumir el carácter formal si no hay Buena Fe. Con la ruptura del nexo causal se pretendió acreditar que no hay razón del titulo, por ende no hay obligación cierta, consecuentemente tampoco es valido pretender que existe literalidad o suma liquida real que tenga aparejada ejecución, por cuanto la autonomía no es absoluta tal y como lo hemos hecho ver en esta garantía constitucional de amparo, para que se restituya el derecho de mis representados a una legitima defensa, entendiendo ésta la que radica en una concepción de derecho natural y que sirve de norma fundamental de la vida del hombre en sociedad, la de que nadie debe causar un daño injusto a otra persona, y en caso de causarlo, dicho daño debe ser reparado, pero que de ejecutarse el pagaré sin existir nexo causal, sin que se haya valorado en una sentencia que no fue dictada con las formalidades derechos y garantías, se haría un daño irreparable. Siendo que derecho de defensa no es mas que, los hechos y razones jurídicas que hace valer el demandado para destruir o enervar las acción del demandante (Diccionario de derecho procesal Civil, Eduardo Pallares, Editorial Porrúa, México.); mismos que no han sido considerados, no contenidos en el fallo impugnado, hechos y razones de defensa que de haber sido estudiados, meditados, razonados y expuestos en la sentencia censurada el resultado hubiese sido distinto, declarando sin lugar la demanda; por ello, resulta imperativo que mediante sentencia de amparo, como acto jurisdiccional que pone fin al juicio, en la fase de decisión, se conceda la protección demandada por el quejoso. Derecho Procesal Civil-José Castillo Larrañaga-Rafael De Pina, La jurisdicción Constitucional, La Naturaleza de la Sentencia de Amparo, Pag. 559). III.- INFRACCION AL ARTICULO 61 DE LA CONSTIYUCION DE LA REPUBLICA: LA VIOLACION LA EXPLICO ASI: El precepto constitucional garantiza a los hondureños y extranjeros la igualdad ante la Ley y la propiedad.- Lo que indica que el Órgano Jurisdiccional debe velar por el cumplimiento del ejercicio pleno de la Tutela Jurídica efectiva, pues la igualdad ante la Ley significa que las partes tiene el mismo tratamiento y que el proceso civil debe desarrollarse por los tramites y procedimientos que ordena la Ley para cada caso (bajo el principio de legalidad), siendo evidente que la Resolución recurrida, es atentatoria al derecho humano y no se esta tratando con la misma igualdad a los amparistas, de donde se evidencia que no existe igualdad. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala luego de la lectura y análisis, detallado del expediente, resalta los siguientes hechos: 1) Folio 1 al 2 de la primera pieza, DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, de fecha 12 de septiembre de 2017.- 2) Folio 5 de la primera pieza, Constancia de desglose de pagare y a continuación copia del mismo que dice: “. . . DECLARO: Que mi representada acepta que DEBE Y PAGARE incondicionalmente y sin protesto a la Sociedad Mercantil EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA, S.A.. de C.V. (ECAE, S.A. de C.V.), la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON ONCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 567,234.11), mediante “PAGO EN EFECTIVO”. La cual hare efectiva en fecha 15 de agosto del 2017, en las oficinas de ECAE, S.A. de C.V., ubicadas en San Pedro Sula, Cortés. Cantidad adeudada proveniente de obligaciones que LUMELSSA mantenía con BANPAIS, que fueron canceladas por ECAE S.A. de C.V., por cuenta de LUMELSSA, mediante la Consolidación de deuda que Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) mantenía con BANCO DEL PAÍS, S.A.., y que fueron consolidadas a ECAE, S.A. de C.V., operada el día 12 de junio de 2014; . . .”, siendo este PAGARE de fecha 24 de Julio de 2015.- 3) Folio 6 de la primera pieza, CERTIFICACIÓN CONTABLE, de fecha 01 de septiembre de 2017, extendida por el Contador General de Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V., que establece que los intereses adeudados es la cantidad de US$ 45,155.41 los que sumados al capital resultan en la cantidad de US $ 595,485.32.- 4) Folio 8 de la primera pieza, Providencia emitida por el Juzgado donde manda a subsanar al DEMANDANTE para que presente para que acredite su calidad de prestamista no bancario y sus respectivo carnet junto con la Certificación de que esta al día como prestamista no bancario, además la fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución de la empresa. 5) Folio 10 de la primera pieza, Escrito de Subsanación presentado por el demandante, presentando los documentos solicitados y aclarando que se trata de la ejecución de un pagare. 6) Folio 31 al 40 de la primera pieza, Testimonio del Instrumento Publico numero 787, contentivo de un Contrato de Apertura de Crédito suscrito por LUMINARIAS DEL SOL S.A. DE C.V. y Banco del País S.A. 7) Folio 41 al 43 de la primera pieza, Testimonio de Instrumento Publico numero 689, contentivo de un contrato de ampliación de crédito, suscrito por ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V. y BANCO DEL PAIS S.A. 8) Folio 45 de la primera pieza, CONSTANCIA extendida en fecha 17 de agosto de 2016, por BANCO DEL PAÍS, S.A. mediante la cual hace constar que nuestro cliente LUMINARIAS DEL SOL SA DE CV con RTN 05019002058018, es aval solidario de los siguientes prestamos a nombre de EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. con RTN 05019004468620: No. De Crédito 505242418 Moneda Dólares Saldo 9,053,910.38. No. De Crédito 506399793 Moneda Dólares Saldo 491,237.10. No. De Crédito 501343785 Moneda Lempiras Saldo 27,269,456.79. 13) Folio 123 de la primera pieza, Nota de Banco Del Pais, dirigida a SALOMON LOPEZ AYALA Presidente de ACEYCO, donde relaciona las Operaciones Aprobadas a los prestamos otorgados a la EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. y en la descripción Consolidación de prestamos de ACEYCO y LUMELSSA, prestamos para la finalización de obras Matarras, más fondo de reserva sobre toda la exposición total del cliente y comisiones por desembolso. Condiciones especiales Para desembolsar este préstamo se requerirán tres condiciones: a) Que el pago de capital e intereses de los 3 prestamos actuales estén al día b) Terminación de la Central Hidroeléctrica y el inicio de despacho de energía a la ENEE, c) Cumplimiento de todas las condiciones especiales requeridas en la operación I. 9) Folio 51 al 52 de la primera pieza, resolución emitida inadmitiendo a tramite la demanda por la Ejecutante. 10) Folio 53 al 55 de la primera pieza de autos, Interposición de Recurso de Apelación por parte del EJECUTANTE. 11) Folio al 62, Certificación de la Sentencia emitida por la Corte de Civil de San Pedro Sula, Cortes, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por Ejecutante. 12) Folio 66 de la primera pieza, ACTA DE REQUERIMIENTO al señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA en su condición personal como aval solidario y presidente del consejo de administración, y representante legal de LUMELSSA, de fecha 16 de Enero de 2018.- 13) Folio 67 al 70 de la primera pieza, ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN POR FALTA DE REPRESENTACION DE PODER BASTANTE Y FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIO EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO y LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR, NULIDAD DEL PAGARE POR NO EXISTIR RELACION CAUSAL., de fecha 26 de ENERO de 2017.- 14) Folio 87 al 93 de la primera pieza, copia de la escritura de Constitución de FIDEICOMISO celebrado entre SALOMÓN LÓPEZ AYALA, ACEYCO y ELVIA GÓMEZ CEDILLOS, siendo FIDUCIARIO FICOHSA; FIDEICOMISARIO BANCO DEL PAÍS S.A.., siendo este de fecha 30 de septiembre de 2011- 15) Folio 95 CONSTANCIA extendida en fecha 17 de agosto del 2016, mediante la cual la Secretaria del Consejo de Administración y de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LUMELSSA, “HACE CONSTAR: Que ha buscado minuciosamente en el Libro de Actas de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como en el Libro de Actas de sesiones del Consejo de Administración de Luminarias El Sol, S.A. de C.V. (LUMELSSA) de este domicilio llevados durante los años 2014 y 2015, y no aparece que se le haya otorgado autorización al señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, en su carácter de presidente de LUMELSSA, para que emita o libre pagaré por la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON ONCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 567,234.11) a favor de la Sociedad Mercantil EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (ECAE S.A. de C.V.), de este domicilio, con fecha de vencimiento el 15 de agosto del 2017, por carecer de negocio jurídico.”. 16) Folio 96, Nota emitida por Banco del Pais, de fecha 17 agosto del 2016, donde hace constar que LUMINARIAS DEL SOL SA DE C.V. es aval solidario de los prestamos a nombre de EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA SA DE C.V.: No de Crédito 505242418 Moneda Dólares Saldo 9,053,910.38. No de Crédito 506399793 Moneda Dólares 491,237.10. No de Crédito 501343785 Moneda Lempiras Saldo 27,269,456.79. 17) Folio 101 al 102 de la primera pieza de autos, Juzgado admite la Oposición presentada por LUMINARIAS EL SOL S.A. DE C.V. 18) Folio 104 al 110 de la primera pieza de autos, Escrito DE ALEGACIONES ESCRITAS EN CONTRA DE LA OPOSICIÓN QUE HAN ESTABLECIDO LAS PARTES EJECUTADAS. 19) Folio 124 de la primera pieza, CONVENIO DE DESEMBOLSO suscrito por SALOMON LOPEZ AYALA en su condición de Representante de EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. y BANCO DEL PAIS S.A. de fecha 18 de Diciembre del 2013. 20) Folio 125 de la primera pieza, CONVENIO ESPECIAL DE COMPROMISO, suscrito por SALOMON LOPEZ AYALA en su condición de representante legal de las empresas ACCESORIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., LUMINARIAS EL SOL S.A. DE C.V. y EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. y BANCO DEL PAIS S.A., de fecha 18 Diciembre de 2013. 21) Folio 168 al 173 Testimonio de Instrumento numero 513 de protocolización de Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (ECAE S.A. de C.V.), celebrada el 14 de agosto del 2015. 22) Folio 183 de la primera pieza de autos, Providencia del Juzgado, convocando a las partes a apara hacer alegaciones que estimen oportunas. 23) Folios 185 al. 195 de la primera pieza, Audiencia de Oposición de fecha 6 de marzo del 2018. 24) Folios 200 al 2004 de la primera pieza, Sentencia de fecha 16 de marzo de 2018, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, que declara con lugar la ejecución.- 25) Folio 209 de la primera pieza, Solicitud de Embargo sobre bienes propiedad de los ejecutados y que están sometidos a Régimen de Fideicomiso en Garantía. 26) Folio 253 al 254 de la primera pieza, Providencia dictada por el Juzgado ordenando el Embargo. 27) Folio 255 al 257 de la primera pieza, Recurso de Apelación interpuesto por el demandado, contra la Sentencia definitiva de fecha 16 de marzo de 2018, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés. 28) Folio 259 de la primera pieza, auto emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el cual admite la Apelación. 29) Folio 266 al 269 de la primera pieza, escrito de contestación de agravios presentado por el Ejecutante demandante. 30) Folio 319 al 322 de la primera pieza, consta CERTIFICACIÓN de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés en fecha 14 de Mayo de 2018. CONSIDERANDO (6): Toda persona tiene derecho a presentar peticiones ante los tribunales, así como a la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimos; En ningún caso se puede producir indefensión para las partes, teniendo garantizada en los términos previstos en la legislación, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, siendo este de libre elección o designado por el Estado. (Artículo 1 del Código Procesal Civil). Artículos 82 y 83 de la Constitución de la República.- El proceso civil se desarrollará de acuerdo a la Constitución de la República y con las disposiciones del Código Procesal Civil, las formalidades previstas en él, son imperativas. (Art 7 Código Procesal Civil). CONSIDERANDO (7): Que, en el contenido formal de las sentencias, el fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. (Artículo 200. d) del Código Procesal Civil.) CONSIDERANDO (8): Que dentro de los requisitos internos de la sentencia, las mismas deben ser claras, precisas y exhaustivas; asimismo, el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes; y, cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. (Artículo 206 del Código Procesal Civil.) CONSIDERANDO (9): Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho; La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. (Artículo 207 del Código Procesal Civil.) CONSIDERANDO (10): Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Artículo 208 del Código Procesal Civil.) CONSIDERANDO (11): La Corte Interamericana de Derechos Humanos, confirma que, si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los procesos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” (pg. 211 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). De esta manera, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho (pg. 212-213 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). En principio, las garantías judiciales “deben observarse en las instancias procesales con el fin de proteger el derecho de los individuos a que se resuelvan con la máxima justicia posible”, por un lado, la culpabilidad o inocencia y, por el otro, “las controversias que se susciten entre dos partes sean ellas particulares u órganos del Estado y sea que se refieran a materias que estén o no en el ámbito de los derechos humanos”. (pg. 214 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). CONSIDERANDO (12): La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha afirmado que la exigencia de que una persona sea oída “es equiparable al derecho a un ‘juicio’ o a ¨procedimientos judiciales justos¨. Sobre el particular, siguiendo al TEDH en los Casos Kraska vs. Switzerland, Van de Hurk vs. the Netherlands, Van Kück vs. Germany y, Krasulya vs. Russia, la Corte ha establecido que un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión”.53 En consecuencia, el estándar jurisprudencial supone que un juicio justo es aquél en el cual una persona ha sido oída con las debidas garantías. (pg. 217 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos) CONSIDERANDO (13): Que ésta Sala de lo Constitucional, en el caso de mérito estima que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió la resolución de fecha catorce (14) de Mayo de dos mil dieciocho (2018), objeto de esta Acción de Amparo, confirmando la Sentencia definitiva de fecha dieciseis (16) de Marzo de dos mil dieciocho (2018) dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, bajo el criterio de que la prueba documental aportada al proceso por la parte ejecutada opositora, no fue suficiente para poder extinguir este tipo de acción ejecutiva, por lo tanto, haciendo suyos los pronunciamientos del a quo, que no son más que resolver la oposición formulada por la parte ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 796 del Código Procesal Civil, sin embargo, la respuesta judicial en dicho fallo, debe ser, además de congruente a las pretensiones de las partes formuladas en sus escritos de oposición y contestación a la oposición, deben contener todos los pronunciamientos para que dicha respuesta pueda ser eficaz, es decir, que pueda ejecutarse conforme a los límites de la sentencia emitida. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala también aprecia, que la resolución del Ad-quem no contiene la motivación suficiente, incumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose la garantía constitucional del debido proceso y derecho de defensa, en toda su amplia gama de garantías que ampara; insuficiencia respecto de que para emitir su decisión y consecuentemente de los pronunciamientos, debe haberse realizado un análisis de la situación jurídica, valoración probatoria y ello conforme al principio de congruencia, pretensiones deducidas por las partes que han obtenido respuesta que conste en el fallo, así como que la misma sea suficiente y racional, con lógica que demuestre satisfacción procesal en la cuestión debatida; para el sub judice, lo elemental en el proceso de ejecución es establecer si debe estimarse o desestimarse la oposición, además de la revisión del Juzgador del título ejecutivo, para su admisibilidad al eventual proceso, luego deberá observar las causas, que ha de formular el opositor, sean de aquellas que procedan contra el título y que se encuentran establecidas en el Código Procesal Civil o las que directamente pueden ejercitarse como defensa o las perentorias que señalen las Leyes de la materia, completando así la revisión del título. CONSIDERANDO (15): Las excepciones opuestas por el ejecutado, si bien tuvieron una respuesta en el fallo emitido por el A-Quo, la misma no ha sido suficiente, que por sí sola deje claridad en lo que a criterio del Juzgador procede, fundado en normas de derecho que amparen la decisión; en ese sentido se observa, que, en la causa de oposición de LA FALTA DE REPRESENTACIÓN, DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO, los argumentos del opositor no parecen haber sido debidamente examinados por el Ad Quem, quien no hizo mayor alusión a las alegaciones de derechos presentadas por el opositor respecto al cuestionamiento de las facultades del representante legal de la Empresa ejecutada. Es el caso que no solo es de confrontar su capacidad de representación sino también debe establecerse con claridad lo referente a sus facultades legales y la autorización en quien suscribió el título que dio origen a la demanda. Esta Sala no encuentra que se haya dado respuesta al argumento de la oposición en cuanto a que los aspectos concernientes a la representación de la sociedad, ni a las alegaciones que se hicieron por parte del opositor en cuanto a que las transacciones entre partes vinculadas deben ser sometidas a autorización especial conforme lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Comercio, ya que la representación no tendrá más límites que los consignados por el mandante en el instrumento o declaración respectivos (artículo 468 último párrafo del Código de Comercio). Así, resulta evidente que tanto el Ad Quem como el A Quo han omitido referirse al argumento de la oposición en cuanto a que, para la emisión de las obligaciones, además de estar autorizado, la sociedad deberá levantar acta ante notario, que se inscribirá en el registro público de comercio y en su caso, en el de la propiedad (artículos 255 y 258 del Código de Comercio).- En la segunda causa de oposición, se observa que el A-Quo de igual forma, en esta causa, emite un fallo carente de suficiente motivación, LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR, respecto al origen o causa de la obligación que ha opuesto el ejecutado, donde la Corte se ha limitado en expresar que el ejecutado opositor no puede venir a esta instancia alegando falta de valoracion de prueba por parte del Juez en vista que de los antecedentes se desprende que el Juez detallo todos y cada uno de los medios de pruebas aportados por las partes, valorados conforme exigen los articulos 13 y 245 del Codigo Procesal Civil es decir con arreglo a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, asi como de las normas que rigen el razonamiento logico. CONSIDERANDO (16): Que bajo los argumentos expuestos, esta Sala, procedió en retrospectiva a analizar el caso sub-examine, recorriendo el camino procesal, en el marco del artículo 796.2 del Código de Procesal Civil que prescribe: “Si la oposición se desestimare totalmente, con condena en costas para el demandado, ordenará el juez seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias.” De la premisa Civil Adjetiva se desprende la existencia de una regla general para la continuación del proceso, y seguir adelante con las actuaciones de apremio, pronunciamiento que no se observa en el fallo emitido por el A-Quo y ni en la confirmación de dicho fallo emitido por el Ad-Quem. CONSIDERANDO (17): Que la sentencia recurrida deja sin respuesta la alegación del opositor que conforme lo dispuesto en el artículo 465.3 del Código de Comercio, pueden oponerse como excepciones contra las acciones derivadas de un título valor, LA FALTA DE REPRESENTACIÓN DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO, siendo necesario para la suscripción del título que la representación sea conferida mediante poder notarial con facultad expresa para ello y, por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de operar el representante, ello por mandato del artículo 468 de dicho Código de Comercio. CONSIDERANDO (18): Que a la luz de los alegatos de la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA a favor de LUMINARIAS EL SOL S.A. DE C.V. (LUMELSSA) y del Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, esta Sala de lo Constitucional percibe que la inconformidad del postulante se origina en la resolución de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, que confirma la denegatoria de la oposición a la ejecución emitida por el A-quo, que obedece, según lo expone, a que no se ha seguido el debido proceso, no se ha juzgado con las formalidades derechos y garantías, lo cual ultraja derechos fundamentales, los cuales describe como el Derecho de Defensa (Artículo 82), Debido Proceso (Artículo 90) y el de Igualdad ante la Ley (Artículo 61) de nuestra Carta Magna, dado que según lo refiere, se le ha privado, con dicha resolución de una Tutela Judicial Efectiva, asimismo que se ha puesto en precario el Debido Proceso de su representada, y por ende su defensa, toda vez, que la carencia de pronunciamiento y consecuentemente la insuficiente motivación por la falta de valoración y análisis de la situación jurídica formulada en la oposición y de la valoración probatoria provoca un fallo violatorio de los derechos y garantías invocados. CONSIDERANDO (19): Que esta Sala de lo Constitucional en diferentes ocasiones ha dejado sentado su posición de que el derecho de defensa se traduce, entre otros, en el derecho de las partes a la comunicación previa y detallada de la demanda formulada en su contra, que pueda presentar pruebas en su descargo, que manifieste libremente sus pretensiones y en su caso si lo estima pertinente interponer los recursos respectivos. CONSIDERANDO (20): Que el artículo 90 de la Constitución de la Republica, consagra el Derecho al Debido Proceso, respecto del cual esta Sala deviene en señalar que este constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que dé respuesta a sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem) motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (resoluciones judiciales, entre otros) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO (21): Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional estima que, en el subjúdice, efectivamente se han producido la vulneración de los derechos de defensa, debido Proceso y Legalidad, en perjuicio del recurrente, y esto se estima así, puesto que la sentencia dictada por el ad-quem al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar el fallo de primera instancia, obviando pronunciarse de manera amplia, razonada, exhaustiva y suficiente sobre las causas de oposición opuestas por el demandado y que la ley otorga a el ejecutado aún y cuando las mismas presentan argumentos que debieron ser confrontados por el Juzgador de grado e incorporado en la motivación del fallo, ya que fueron fundamentadas y acreditadas en el proceso. CONSIDERANDO (22): Que en virtud de todo lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada no dio respuesta oportuna a las alegaciones del opositor en forma clara y precisa, en tanto que no abordó de manera exhaustiva todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento y decisión. Esta omisión deriva en una resolución que no ha cumplido debidamente las exigencias formales que asegura la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República, y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA deberá dictar una nueva sentencia, siempre bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, exponiendo con propiedad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que fue llamada a resolver, en atención a las normas aplicables al caso, tomando en cuenta las alegaciones de las partes y analizando en forma debida toda la prueba aportada al procedimiento iniciado de conformidad con la ley. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución dela República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 61, 82, 90, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 numeral 2, 41, 44, 45, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 168, 169, 210 del Código de Comercio.- FALLA: I. OTORGANDO La Garantía de Amparo interpuesta por el Abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA, a favor de la Sociedad Mercantil “LUMINARIAS EL SOL S.A. DE C.V. (LUMELSSA)” y del Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, Departamento de Cortés, de fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que declara sin lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado De Letras De Lo Civil De San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciseis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018) con relación a la demanda ejecutiva promovida por Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V., (ECAE S.A. de C.V.) contra la Empresa LUMINARIAS EL SOL S.A. DE C.V. (LUMELSSA) Y contra el Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA”. - II. En consecuencia, a fin de restablecer los derechos y garantías conculcados, debe La Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitir nueva sentencia, conforme a las consideraciones expuestas, en las que señalamos las violaciones cometidas contra los Derechos Constitucionales del Accionante, debiendo por tanto pronunciarse de manera amplia, razonada, exhaustiva y suficiente, sobre los motivos de oposición alegados por el ejecutado.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y se continúe con el trámite procedente. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-491-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL