Sentencia AC-429-22 — Registro 17035
Resumen
Se presentó demanda por reclamo de honorarios profesionales por más de cinco millones de lempiras contra la Asociación Nacional de Enfermeras y Auxiliares de Honduras. El Juzgado de Letras redujo la cantidad a 27,500 lempiras, lo que motivó un recurso de apelación que fue declarado sin lugar. Se interpuso un recurso de amparo alegando violación al debido proceso, falta de motivación en la sentencia y errores en el procedimiento. La Sala de lo Constitucional concluyó que el procedimiento aplicado era el correcto según el Código Procesal Civil, ya que existía un presupuesto escrito aceptado por ambas partes, en la sentencia se reafirma la importancia de seguir el procedimiento especial para cobro de honorarios profesionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que el procedimiento judicial que el accionante cuestiona, es precisamente el establecido por el Código Procesal Civil para Cobro de Honorarios en su artículo 89 y que ante la concurrencia de alguna circunstancia en particular como la impugnación de los honorarios por excesivos, manda proceder previamente a su tasación conforme a lo previsto en ese código para las costas, salvo que el profesional del derecho acredite la existencia de contrato o presupuesto previo por escrito aceptado por el impugnante, en cuyo caso, se dicta auto fijando la cantidad debida (89 numeral 4 Código Procesal Civil). En el caso de autos existe presupuesto por escrito aceptado por ambas partes (recibos de honorarios con saldo de pago consignado) por lo que no procedía catapultar el caso al procedimiento de costas, no obstante se observa que la juez lo abordó parcialmente al oír en el plazo de cinco días al demandante luego de la oposición (artículo 226 Código Procesal Civil), omitiendo el resto del procedimiento de costas que comprendía enviarlo al Colegio de Abogados, que como se ha dicho no correspondía por la existencia de presupuesto por escrito. Sobre el procedimiento seguido, esta Sala Constitucional tiene las observaciones siguientes: a) Es el propio accionante quien insta el Procedimiento del artículo 89 del Código Procesal Civil, admitiendo con ese acto que es el procedimiento correcto para el cobro de honorarios, como en efecto lo es. B) Es contradictorio reclamar como proceso correcto el proceso ordinario y por otra parte reclamar que no se completara el procedimiento especial con la remisión al Colegio de Abogados. C) El artículo 399 del Código Procesal Civil, que regula el ámbito del Proceso Ordinario no comprende el Procedimiento de Cobro de Honorarios. "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. Artículo 89 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, a favor del Señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra el Auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en relación a la demanda para el reclamo de honorarios profesionales promovida por el Abogado ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, a favor del Señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) Y AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha dos de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, en su condición de Apoderado Legal del Señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, promoviendo Demanda Especial Vía Reclamo de Honorarios Profesionales, en base a lo establecido al Arancel del Profesional del Derecho, más los intereses legales, contra la ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) Y AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH).2) En fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: … SEGUNDO: Admítase a trámite el escrito de Impugnación de Honorarios Profesionales presentada por el Abogado JOSE MARIA DÍAZ AVILA, en su condición de Apoderado Legal de la ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) Y AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH); en consecuencia, ESTIMESE la IMPUGNACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EXCESIVOS, en virtud de lo esgrimido en los fundamentos cuarto y quinto.- TERCERO: SE ESTIMA PARCIALMENTE la Reclamación de Honorarios Profesionales presentada por el Abogado ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, en su condición de Apoderado Legal del Señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, quien en su solicitud reclamó la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.5,184,835.50), más intereses del 6% y costas, cantidad que no es procedente, en virtud de lo esgrimido en el fundamento de derecho quinto. CUARTO: SE FIJA COMO CANTIDAD DEBIDA la cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.27,500.00) más intereses del 6%, cantidad que deberá pagar LA ASOCIACION DE ENFERMERAS (OS) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH) a través de su presidente y representante legal el señor JOSUE JEREMIAS ORELLANA MUÑOZ, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este auto bajo apercibimiento de apremio si no pagare…” (Folios 235 al 57 de la segunda pieza de los antecedentes)3)Conociendo del recurso de Apelación presentado por el Abogado ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante la cual falló: “…PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN de que se ha hecho mérito. SEGUNDO: CONFIRMA EL AUTO APELADO” (Folios 40 al 238 de la primera pieza de los antecedentes)4) El Abogado ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós. (Folios 01 al 12 y 41 del recurso de amparo)5) En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “SE DENIEGUE la acción de Amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista.” (Folios 44 al 53 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, argumenta que en primer lugar el Tribunal de alzada debió determinar si el procedimiento seguido en la primera instancia era el correcto; manifiesta que el hecho de que las partes no se hubiesen referido a las normas de procedimiento adecuado en el presente juicio no es óbice para que le Tribunal de Alzada no haya hecho uso de las facultades para motivar y fundamentar su fallo ajustándolo a la norma imperativa de procedimiento adecuado. Considera el recurrente que la sentencia dictada por el Tribunal adquem no se ajusta a los parámetros de validez jurídica que corresponden a una resolución judicial por carecer de los requisitos internos conforme el artículo 200 del Código Procesal Civil. Insiste en que, al ser un asunto de derecho privado, el Juzgado de Letras Civil tiene la competencia objetiva básica para conocer del reclamo, pero en la vía procedimental adecuada, la cual es el proceso declarativo ordinario, por lo tanto, el tribunal de alzada debió ser exhaustivo en el análisis del artículo 403 del Código Procesal Civil. Alega que incluso en el juicio de jura de cuentas (el seguido en este caso) la Juez A quo no lo cumplió en su totalidad, pues la juez al recibir la impugnación de la parte demandada, previo a resolver debió librar comunicación a la Comisión de Arancel del honorable Colegio de Abogados de Honduras para su opinión, acto procesal que jamás se realizó. Finalmente, expresa que la vulneración a los derechos conculcados, trae consigo el incumplimiento al principio de legalidad. CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que el procedimiento judicial que el accionante cuestiona, es precisamente el establecido por el Código Procesal Civil para Cobro de Honorarios en su artículo 89 y que ante la concurrencia de alguna circunstancia en particular como la impugnación de los honorarios por excesivos, manda proceder previamente a su tasación conforme a lo previsto en ese código para las costas, salvo que el profesional del derecho acredite la existencia de contrato o presupuesto previo por escrito aceptado por el impugnante, en cuyo caso, se dicta auto fijando la cantidad debida (89 numeral 4 Código Procesal Civil). En el caso de autos existe presupuesto por escrito aceptado por ambas partes (recibos de honorarios con saldo de pago consignado) por lo que no procedía catapultar el caso al procedimiento de costas, no obstante se observa que la juez lo abordó parcialmente al oír en el plazo de cinco días al demandante luego de la oposición (artículo 226 Código Procesal Civil), omitiendo el resto del procedimiento de costas que comprendía enviarlo al Colegio de Abogados, que como se ha dicho no correspondía por la existencia de presupuesto por escrito. Sobre el procedimiento seguido, esta Sala Constitucional tiene las observaciones siguientes: a) Es el propio accionante quien insta el Procedimiento del artículo 89 del Código Procesal Civil, admitiendo con ese acto que es el procedimiento correcto para el cobro de honorarios, como en efecto lo es. B) Es contradictorio reclamar como proceso correcto el proceso ordinario y por otra parte reclamar que no se completara el procedimiento especial con la remisión al Colegio de Abogados. C) El artículo 399 del Código Procesal Civil, que regula el ámbito del Proceso Ordinario no comprende el Procedimiento de Cobro de Honorarios. CONSIDERANDO (6) Que al examinar de igual manera el fallo de segunda instancia, no se aprecia ninguna falta de motivación, igualmente se aprecia que la sentencia es clara, precisa y exhaustiva en tanto el ella el tribunal se dio a la tarea de explicar las razones por las que considera se ha valorado la prueba correcta y objetivamente, destacando que el procedimiento ha respetado los derechos de las partes, haciendo suyos los criterios de primera instancia sobre la valoración de la prueba y fundamentación del fallo. En consecuencia, se considera que no concurre ninguna violación al derecho de defensa, derecho al debido proceso y principio de legalidad. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, a favor del Señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para resolver el recurso de reposición, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en la acción de Amparo interpuesta por el Abogado ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, a favor del Señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra el Auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en relación a la demanda para el reclamo de honorarios profesionales promovida por el Abogado ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, a favor del Señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) Y AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH).ANTECEDENTES 1) En fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, esta Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en la acción de amparo, registrada con el número SCO 0469-2022, mediante la cual falló: Denegando el recurso de amparo interpuesto por ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, a favor del señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós.2) En fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, el profesional del derecho ERIK DAVID MEJIA ALVAREZ, compareció ante esta sala, interponiendo recurso de reposición contra la resolución dictada en la presente acción de amparo, motivando su recurso básicamente en lo siguiente: a) Recuerda a este tribunal que el recurso de amparo se fundamentó en la falta al deber de fundamentar y motivar la resolución del tribunal ad quem, pues la corte de apelaciones incurrió en el mismo error in procedendo del juez a quo al otorgar efectos jurídicos a una resolución que se apartó de la vía procesal para el tipo de reclamo de honorarios profesionales que presentó el recurrente, siguiendo un procedimiento jurisdiccional y no el que corresponde para honorarios irrogados en procedimiento administrativo, lo que vulnera el debido proceso… Manifiesta que si examina la resolución impetrada y se analiza si el procedimiento seguido está completo o solo se aplicó parcialmente, el debido proceso no admite que el juzgador aplique una parte del procedimiento y es eso lo que a través de la acción de amparo insta ante el juez constitucional para que revise la compatibilidad con la norma constitucional y los estándares convencionales. b) Insiste el recurrente que los honorarios profesionales fueron devengados en instancia administrativa y no en sede judicial por lo que, al ser un asunto de derecho privado, el juzgado de primera instancia tiene competencia objetiva básica para conocer el reclamo, pero en proceso declarativo ordinario en función de la cuantía de la demanda. C) Reitera el recurrente que previo a resolver debió librarse comunicación a la Comisión de Arancel del Colegio de Abogados de Honduras para que diera su pronunciamiento, acto que se omitió y decidió dictar auto motivado resolviendo la estimación parcial de la oposición.CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO (2): Esta sala de lo Constitucional al examinar el escrito de reposición, observa que el recurrente reitera fundamentalmente los alegatos originarios plasmados al momento de incoar la acción de amparo, de ahí que es conveniente reiterar que no obstante ser cuestionado por el impetrante el procedimiento judicial establecido por el Código Procesal Civil para Cobro de Honorarios en su artículo 89, es necesario recordar que cuando concurra alguna circunstancia como la impugnación de los honorarios por excesivos, el código dispone proceder previamente a su tasación conforme a lo previsto en ese código para las costas, salvo que el profesional del derecho acredite la existencia de contrato o presupuesto previo por escrito aceptado por el impugnante, en cuyo caso, se dicta auto fijando la cantidad debida (89 numeral 4 Código Procesal Civil). En el caso de autos existe presupuesto por escrito aceptado por ambas partes (recibos de honorarios con saldo de pago consignado), no obstante, se observa que la juez lo abordó parcialmente al oír en el plazo de cinco días al demandante luego de la oposición (artículo 226 Código Procesal Civil), omitiendo el resto del procedimiento de costas que comprendía enviarlo al Colegio de Abogados, que como se ha dicho no correspondía por la existencia de presupuesto por escrito. Aun y cuando se siguió parcialmente un trámite que no correspondía por las razones que antes hemos explicado, no se comprometieron derechos de las partes involucradas y no corresponde acudir al procedimiento ordinario para dilucidar la cuestión en disputa, se le recuerda al recurrente que fue él mismo quien instó el Procedimiento del artículo 89 del Código Procesal Civil, admitiendo con ese acto que es el procedimiento correcto para el cobro de honorarios, siendo totalmente contradictorio que posteriormente pretenda separarse del procedimiento de cobro de honorarios pretendiendo y que se le aplique un proceso declarativo ordinario que no está comprendido para esta clase de pretensiones pues el artículo 399 del Código Procesal Civil, que regula el ámbito del Proceso Ordinario no comprende el Procedimiento de Cobro de Honorarios. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 Y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por ERICK DAVID MEJIA ALVAREZ, en la acción de amparo a favor del Señor JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Y MANDA: Con la certificación de esta resolución se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” - Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, y Resolución de fecha 14 de octubre 2023 recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0469-2022. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.