Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-37-23 — Registro 17414

Resumen

Sentencia de oficio y por mayoría de votos declaró Falta de competencia objetiva de parte del juzgado de letras civil para conocer la Demanda de Cobro de honorarios profesionales promovida por recurrente contra Bolivar Bienes Raíces S A; El Juzgado Desestimó la impugnación por parte de dicha Sociedad como parte reclamada; Fijó la cantidad debida por honorarios profesionales a favor de Recurrente; Desestimó la Excepción material de pago por no haberse probado un pago total de los honorarios, ni acuerdo con cuantía diferente a la reclamada; La Autoridad recurrida Declaró Nulidad Absoluta de Actuaciones desde el auto de admisión y demás actuaciones; Ordenó al Juzgado de Letras Civil archivo de las actuaciones; Señaló como Juzgado competente el Juzgado de Letras de Inquilinato, lugar donde se tramitó el expediente principal del cual se derivan los honorarios profesionales por las actuaciones ahí contenidas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"este alto tribunal de justicia toma en cuenta que el objeto de la presente garantía constitucional de amparo, se contrae a pedir inter alia, que se le ordene a la corte de apelaciones denunciada, que anule la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para luego pronunciarse sobre los agravios que fueron el objeto de la apelación interpuesta. Al estudiar el asunto, la Sala de igual manera, toma nota de que el planteamiento expuesto al momento de formalizar la presente garantía constitucional de amparo, fue de que la violación de los derechos constitucionales invocados, se produjo en virtud de que es el juez de lo civil y no el juez de inquilinato quien tiene la competencia objetiva para conocer la pretensión de pago de honorarios que se ha demandado.El censor señaló que se fundamenta en lo que dispone el artículo 89 del Código procesal civil, el cual literalmente dispone:“Artículo 89. COBRO DE HONORARIOS...alude el censor en su demanda de amparo, el cobro de honorarios profesionales se entabló ante el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, porque en el código actualmente vigente no se encuentra una norma igual a la contenida en el artículo 10 del Código de procedimientos de 1906, la cual literalmente dispone: “Artículo 10. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido para el pleito, presentará ante el juzgado o tribunal en que radicare el negocio cuenta detallada y justificada y se substanciará esta reclamación en la forma establecida para la tasación de costas. Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. ”A continuación, la Sala de lo Constitucional entiende que, lo que el garantista expresa, es que, al no existir en la actualidad, disposición que recoja aquello de: “presentará ante el juzgado o tribunal que radicare el negocio cuenta detallada y justificada”, es que ha procedido a demandar ante la jurisdicción civil, aun cuando el ejercicio profesional se haya desarrollado ante el juzgado de inquilinato. Al hacerse el examen para verificar si efectivamente, fueron conculcados los derechos constitucionales que se han invocado por el tribunal de apelación, este alto tribunal de justicia observa los siguientes extremos. De la lectura del escrito de formalización, se desprende que el censor no explica de qué forma se le ha conculcado el derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional; de hecho, su alegato se encausa más por el debido proceso, pero desde una perspectiva bien formal, o sea, procura el cumplimiento literal de lo dispuesto en el artículo 89 antes citado. En este sentido, pretende dar respuesta a la disyuntiva: Debe entenderse que el pago por honorarios sea exigido dentro del proceso donde se ejercitó el servicio profesional, o si dicha disposición posibilita en este caso el cobro judicial por la vía civil. No obstante, la Sala tiene el criterio de que los asuntos que tienen que ver con la jurisdicción y la competencia se enmarcan constitucionalmente en el derecho que toda persona tiene a un juez natural, como parte relevante del derecho al debido proceso por la vertiente de la tutela judicial efectiva. En este sentido, cabe destacar previo a entrar en materia, que las condiciones, requisitos, obligaciones, cargas o exigencias procesales y procedimentales están dispuestas en función de acceder, tanto a la justicia formal como material, de una manera que el proceso judicial garantice a las partes sus derechos fundamentales, especialmente igualdad, previsibilidad, defensa, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, etc. Otro punto que debe tomarse en consideración, es que la jurisdicción, la competencia, la legitimación y la vía procesal son presupuestos procesales controlables de oficio por parte de todo juzgador que intervenga en el proceso, esto a partir de lo que dispone el artículo 12.2 del Código Procesal Civil.[7] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala al examinar la decisión de la honorable corte de apelaciones tomada por mayoría de votos, observa que su posición se basa en que el juzgado de lo civil ante quien se entabló la demanda, carece de competencia objetiva, porque no fue éste donde se tramitó el expediente principal del cual se derivan los honorarios profesionales. De manera que, para dicho tribunal de alzada, la demanda por honorarios profesionales tiene como atributos, ser un procedimiento especial, sumario, semiejecutivo, expeditivo y dependiente del juicio principal. El magistrado Izaguirre Bustillo disiente del parecer anterior, y al igual que el amparista, opina que la obligación de reclamar honorarios ante el mismo juez y en el mismo expediente donde se originó el derecho a ellos, era cuando estaba en vigencia el anterior Código de procedimientos, pero dicha disposición ya no existe en el actual Código procesal civil, debiéndose hacer el cobro de honorarios siguiendo lo que dispone el artículo 89 de dicho cuerpo legal...La magistrada Vásquez Ordóñez opina distinto, al señalar que, interpreta el artículo 89 del Código procesal civil, entendiendo que el pago de honorarios profesionales derivados de asuntos judiciales puede ser reclamado por vía de los incidentes ante el juzgado o tribunal que conozca el asunto, independientemente de la jurisdicción o instancia donde se tramita. Sin embargo, la magistrada en mención reconoce también la posibilidad de que el juez civil tenga competencia objetiva para este tipo de asuntos, debido a que son de Derecho Privado. En resumen, la magistrada señala que el pago de honorarios puede cobrarse judicialmente como incidente ante el juzgado donde se prestó el servicio de procuración y representación; o bien, como demanda ante el juez civil. Advirtiendo, eso sí, que el demandante debía observar la vía procesal adecuada en razón de la cuantía...el Ministerio Público fue del parecer porque se otorgue al amparo de mérito, basándose en dos razones, así: a) porque en este caso no cabía declarar la nulidad de oficio; y b) porque el cobro de honorarios profesionales constituye un acto que forma parte del derecho privado. Este alto tribunal de justicia rechaza de plano la primera razón aludida por la fiscal, quien argumentó que la corte de apelaciones no debió anular el proceso debido a que la competencia objetiva no fue parte del thema decidendi de la apelación, en virtud de que no corresponde a ninguno de los agravios expresados en la formalización de dicho recurso. La razón del rechazo se explicó antes, cuando se señaló que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado ex officio por todo juzgador, tal como ocurrió en el presente caso, por lo que es irrelevante si la competencia objetiva era parte o no de los agravios. La segunda razón aludida por la fiscal se funda en que el cobro de honorarios profesionales es un asunto de Derecho Privado y por eso corresponde al ámbito civil; en cambio, por esa misma razón no es competente el juez de inquilinato porque su ámbito de competencia se desarrolla dentro del Derecho Público. Particularmente acota, que el artículo 58 de la Ley de inquilinato, describe competencia de dicha materia y no incluye el cobro de honorarios profesionales. En su examen, la Sala de lo Constitucional encuentra que, el Código procesal civil contiene más disposiciones que la del artículo 89 antes transcrito.[8] Lo que señala el Código procesal civil en relación con el tema de los honorarios del profesional del derecho, devengados en virtud del ejercicio de la procuración judicial o representación procesal, es que su cobro puede incluirse dentro de las partidas económicas que se consideran costas, así: “Artículo 218. PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS...Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que el procedimiento para hacer cobro judicial por honorarios profesionales, devengados por actos de procuración y representación ante los órganos jurisdiccionales se encuentra dispuesto en las normas anteriormente citadas; sin embargo, la Sala de lo Constitucional, no termina aquí su examen, dándole la razón a la resolución dictada por mayoría de votos y que ha sido cuestionada por el amparista. Para finalizar lo atinente al procedimiento dispuesto en el artículo 89 y demás del Código procesal civil, cabe agregar que tiene como premisa el hecho de que los honorarios profesionales pueden considerarse una partida más de las costas procesales (anteriormente costas personales)...La posibilidad de reclamar el pago de honorarios antes de la sentencia definitiva, deriva de la lógica, o sea de cuando finaliza la relación abogado-poderdante, en el caso español la Ley de enjuiciamiento civil se dispone de manera expresa en el artículo 241.2, que literalmente manda:...En este caso, la relación entablada entre los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, por un lado, y por otra la sociedad mercantil Bolívar Bienes Raíces, S. A., resulta ser un contrato civil de servicios profesionales que genera obligaciones igualmente de tipo civil, es decir de un lado obligaciones de hacer a cambio de una obligación de pago o remuneración...la Sala de lo Constitucional es del parecer porque además del procedimiento descrito detalladamente en el Código procesal civil, también tiene dispuesta en forma general, la vía de los procesos declarativos. Esto responde al hecho de que el ejercicio profesional del abogado origina un crédito a su favor frente a quien le hizo la prestación de servicios, el cual puede ser deducido judicialmente a manera de demanda para lo cual el titular del derecho de crédito puede ejercitar la acción ante el órgano jurisdiccional que sea competente. En conclusión, el reclamo de honorarios profesionales que se originan con la postulación procesal (procuración y representación procesal), puede hacerse bajo el procedimiento dispuesto para tasar y cobrar costas procesales; o bien, puede hacerse mediante demanda declarativa aparte. Puede que sea más ventajoso cobrar dichos créditos mediante el procedimiento de tasación de costas, que hacerlo mediante demanda declarativa aparte, a juzgar por la facilidad probatoria que reviste tener a mano el mismo expediente donde se encuentran todas las actuaciones; pero al final esa es una decisión de quien ejercita su derecho de acción. De todas formas, lo que realmente interesa es que se facilite el acceso a la tutela judicial efectiva. En este caso particular, la magistrada Vásquez Ordoñez en su voto particular disidente, lo ha mencionado con acierto, nada impide que los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, reclamen judicialmente el pago de sus honorarios profesionales entablando demanda ante el juez civil competente. En este sentido, debe tomarse en cuenta que las normas que rigen la competencia son de carácter imperativo por lo que deben ser acatadas de manera obligatoria y puntual. Lo anterior implica que debe ampararse a las personas a favor de quien se presentó la acción de amparo de mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"este alto tribunal de justicia toma en cuenta que el objeto de la presente garantía constitucional de amparo, se contrae a pedir inter alia, que se le ordene a la corte de apelaciones denunciada, que anule la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para luego pronunciarse sobre los agravios que fueron el objeto de la apelación interpuesta. Al estudiar el asunto, la Sala de igual manera, toma nota de que el planteamiento expuesto al momento de formalizar la presente garantía constitucional de amparo, fue de que la violación de los derechos constitucionales invocados, se produjo en virtud de que es el juez de lo civil y no el juez de inquilinato quien tiene la competencia objetiva para conocer la pretensión de pago de honorarios que se ha demandado.El censor señaló que se fundamenta en lo que dispone el artículo 89 del Código procesal civil, el cual literalmente dispone:“Artículo 89. COBRO DE HONORARIOS...alude el censor en su demanda de amparo, el cobro de honorarios profesionales se entabló ante el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, porque en el código actualmente vigente no se encuentra una norma igual a la contenida en el artículo 10 del Código de procedimientos de 1906, la cual literalmente dispone: “Artículo 10. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido para el pleito, presentará ante el juzgado o tribunal en que radicare el negocio cuenta detallada y justificada y se substanciará esta reclamación en la forma establecida para la tasación de costas. Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. ”A continuación, la Sala de lo Constitucional entiende que, lo que el garantista expresa, es que, al no existir en la actualidad, disposición que recoja aquello de: “presentará ante el juzgado o tribunal que radicare el negocio cuenta detallada y justificada”, es que ha procedido a demandar ante la jurisdicción civil, aun cuando el ejercicio profesional se haya desarrollado ante el juzgado de inquilinato. Al hacerse el examen para verificar si efectivamente, fueron conculcados los derechos constitucionales que se han invocado por el tribunal de apelación, este alto tribunal de justicia observa los siguientes extremos. De la lectura del escrito de formalización, se desprende que el censor no explica de qué forma se le ha conculcado el derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional; de hecho, su alegato se encausa más por el debido proceso, pero desde una perspectiva bien formal, o sea, procura el cumplimiento literal de lo dispuesto en el artículo 89 antes citado. En este sentido, pretende dar respuesta a la disyuntiva: Debe entenderse que el pago por honorarios sea exigido dentro del proceso donde se ejercitó el servicio profesional, o si dicha disposición posibilita en este caso el cobro judicial por la vía civil. No obstante, la Sala tiene el criterio de que los asuntos que tienen que ver con la jurisdicción y la competencia se enmarcan constitucionalmente en el derecho que toda persona tiene a un juez natural, como parte relevante del derecho al debido proceso por la vertiente de la tutela judicial efectiva. En este sentido, cabe destacar previo a entrar en materia, que las condiciones, requisitos, obligaciones, cargas o exigencias procesales y procedimentales están dispuestas en función de acceder, tanto a la justicia formal como material, de una manera que el proceso judicial garantice a las partes sus derechos fundamentales, especialmente igualdad, previsibilidad, defensa, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, etc. Otro punto que debe tomarse en consideración, es que la jurisdicción, la competencia, la legitimación y la vía procesal son presupuestos procesales controlables de oficio por parte de todo juzgador que intervenga en el proceso, esto a partir de lo que dispone el artículo 12.2 del Código Procesal Civil.[7] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala al examinar la decisión de la honorable corte de apelaciones tomada por mayoría de votos, observa que su posición se basa en que el juzgado de lo civil ante quien se entabló la demanda, carece de competencia objetiva, porque no fue éste donde se tramitó el expediente principal del cual se derivan los honorarios profesionales. De manera que, para dicho tribunal de alzada, la demanda por honorarios profesionales tiene como atributos, ser un procedimiento especial, sumario, semiejecutivo, expeditivo y dependiente del juicio principal. El magistrado Izaguirre Bustillo disiente del parecer anterior, y al igual que el amparista, opina que la obligación de reclamar honorarios ante el mismo juez y en el mismo expediente donde se originó el derecho a ellos, era cuando estaba en vigencia el anterior Código de procedimientos, pero dicha disposición ya no existe en el actual Código procesal civil, debiéndose hacer el cobro de honorarios siguiendo lo que dispone el artículo 89 de dicho cuerpo legal...La magistrada Vásquez Ordóñez opina distinto, al señalar que, interpreta el artículo 89 del Código procesal civil, entendiendo que el pago de honorarios profesionales derivados de asuntos judiciales puede ser reclamado por vía de los incidentes ante el juzgado o tribunal que conozca el asunto, independientemente de la jurisdicción o instancia donde se tramita. Sin embargo, la magistrada en mención reconoce también la posibilidad de que el juez civil tenga competencia objetiva para este tipo de asuntos, debido a que son de Derecho Privado. En resumen, la magistrada señala que el pago de honorarios puede cobrarse judicialmente como incidente ante el juzgado donde se prestó el servicio de procuración y representación; o bien, como demanda ante el juez civil. Advirtiendo, eso sí, que el demandante debía observar la vía procesal adecuada en razón de la cuantía...el Ministerio Público fue del parecer porque se otorgue al amparo de mérito, basándose en dos razones, así: a) porque en este caso no cabía declarar la nulidad de oficio; y b) porque el cobro de honorarios profesionales constituye un acto que forma parte del derecho privado. Este alto tribunal de justicia rechaza de plano la primera razón aludida por la fiscal, quien argumentó que la corte de apelaciones no debió anular el proceso debido a que la competencia objetiva no fue parte del thema decidendi de la apelación, en virtud de que no corresponde a ninguno de los agravios expresados en la formalización de dicho recurso. La razón del rechazo se explicó antes, cuando se señaló que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado ex officio por todo juzgador, tal como ocurrió en el presente caso, por lo que es irrelevante si la competencia objetiva era parte o no de los agravios. La segunda razón aludida por la fiscal se funda en que el cobro de honorarios profesionales es un asunto de Derecho Privado y por eso corresponde al ámbito civil; en cambio, por esa misma razón no es competente el juez de inquilinato porque su ámbito de competencia se desarrolla dentro del Derecho Público. Particularmente acota, que el artículo 58 de la Ley de inquilinato, describe competencia de dicha materia y no incluye el cobro de honorarios profesionales. En su examen, la Sala de lo Constitucional encuentra que, el Código procesal civil contiene más disposiciones que la del artículo 89 antes transcrito.[8] Lo que señala el Código procesal civil en relación con el tema de los honorarios del profesional del derecho, devengados en virtud del ejercicio de la procuración judicial o representación procesal, es que su cobro puede incluirse dentro de las partidas económicas que se consideran costas, así: “Artículo 218. PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS...Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que el procedimiento para hacer cobro judicial por honorarios profesionales, devengados por actos de procuración y representación ante los órganos jurisdiccionales se encuentra dispuesto en las normas anteriormente citadas; sin embargo, la Sala de lo Constitucional, no termina aquí su examen, dándole la razón a la resolución dictada por mayoría de votos y que ha sido cuestionada por el amparista. Para finalizar lo atinente al procedimiento dispuesto en el artículo 89 y demás del Código procesal civil, cabe agregar que tiene como premisa el hecho de que los honorarios profesionales pueden considerarse una partida más de las costas procesales (anteriormente costas personales)...La posibilidad de reclamar el pago de honorarios antes de la sentencia definitiva, deriva de la lógica, o sea de cuando finaliza la relación abogado-poderdante, en el caso español la Ley de enjuiciamiento civil se dispone de manera expresa en el artículo 241.2, que literalmente manda:...En este caso, la relación entablada entre los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, por un lado, y por otra la sociedad mercantil Bolívar Bienes Raíces, S. A., resulta ser un contrato civil de servicios profesionales que genera obligaciones igualmente de tipo civil, es decir de un lado obligaciones de hacer a cambio de una obligación de pago o remuneración...la Sala de lo Constitucional es del parecer porque además del procedimiento descrito detalladamente en el Código procesal civil, también tiene dispuesta en forma general, la vía de los procesos declarativos. Esto responde al hecho de que el ejercicio profesional del abogado origina un crédito a su favor frente a quien le hizo la prestación de servicios, el cual puede ser deducido judicialmente a manera de demanda para lo cual el titular del derecho de crédito puede ejercitar la acción ante el órgano jurisdiccional que sea competente. En conclusión, el reclamo de honorarios profesionales que se originan con la postulación procesal (procuración y representación procesal), puede hacerse bajo el procedimiento dispuesto para tasar y cobrar costas procesales; o bien, puede hacerse mediante demanda declarativa aparte. Puede que sea más ventajoso cobrar dichos créditos mediante el procedimiento de tasación de costas, que hacerlo mediante demanda declarativa aparte, a juzgar por la facilidad probatoria que reviste tener a mano el mismo expediente donde se encuentran todas las actuaciones; pero al final esa es una decisión de quien ejercita su derecho de acción. De todas formas, lo que realmente interesa es que se facilite el acceso a la tutela judicial efectiva. En este caso particular, la magistrada Vásquez Ordoñez en su voto particular disidente, lo ha mencionado con acierto, nada impide que los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, reclamen judicialmente el pago de sus honorarios profesionales entablando demanda ante el juez civil competente. En este sentido, debe tomarse en cuenta que las normas que rigen la competencia son de carácter imperativo por lo que deben ser acatadas de manera obligatoria y puntual. Lo anterior implica que debe ampararse a las personas a favor de quien se presentó la acción de amparo de mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"este alto tribunal de justicia toma en cuenta que el objeto de la presente garantía constitucional de amparo, se contrae a pedir inter alia, que se le ordene a la corte de apelaciones denunciada, que anule la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para luego pronunciarse sobre los agravios que fueron el objeto de la apelación interpuesta.Al estudiar el asunto, la Sala de igual manera, toma nota de que el planteamiento expuesto al momento de formalizar la presente garantía constitucional de amparo, fue de que la violación de los derechos constitucionales invocados, se produjo en virtud de que es el juez de lo civil y no el juez de inquilinato quien tiene la competencia objetiva para conocer la pretensión de pago de honorarios que se ha demandado.El censor señaló que se fundamenta en lo que dispone el artículo 89 del Código procesal civil, el cual literalmente dispone:“Artículo 89. COBRO DE HONORARIOS...alude el censor en su demanda de amparo, el cobro de honorarios profesionales se entabló ante el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, porque en el código actualmente vigente no se encuentra una norma igual a la contenida en el artículo 10 del Código de procedimientos de 1906, la cual literalmente dispone: “Artículo 10. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido para el pleito, presentará ante el juzgado o tribunal en que radicare el negocio cuenta detallada y justificada y se substanciará esta reclamación en la forma establecida para la tasación de costas. Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. ”A continuación, la Sala de lo Constitucional entiende que, lo que el garantista expresa, es que, al no existir en la actualidad, disposición que recoja aquello de: “presentará ante el juzgado o tribunal que radicare el negocio cuenta detallada y justificada”, es que ha procedido a demandar ante la jurisdicción civil, aun cuando el ejercicio profesional se haya desarrollado ante el juzgado de inquilinato. Al hacerse el examen para verificar si efectivamente, fueron conculcados los derechos constitucionales que se han invocado por el tribunal de apelación, este alto tribunal de justicia observa los siguientes extremos. De la lectura del escrito de formalización, se desprende que el censor no explica de qué forma se le ha conculcado el derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional; de hecho, su alegato se encausa más por el debido proceso, pero desde una perspectiva bien formal, o sea, procura el cumplimiento literal de lo dispuesto en el artículo 89 antes citado. En este sentido, pretende dar respuesta a la disyuntiva: Debe entenderse que el pago por honorarios sea exigido dentro del proceso donde se ejercitó el servicio profesional, o si dicha disposición posibilita en este caso el cobro judicial por la vía civil. No obstante, la Sala tiene el criterio de que los asuntos que tienen que ver con la jurisdicción y la competencia se enmarcan constitucionalmente en el derecho que toda persona tiene a un juez natural, como parte relevante del derecho al debido proceso por la vertiente de la tutela judicial efectiva. En este sentido, cabe destacar previo a entrar en materia, que las condiciones, requisitos, obligaciones, cargas o exigencias procesales y procedimentales están dispuestas en función de acceder, tanto a la justicia formal como material, de una manera que el proceso judicial garantice a las partes sus derechos fundamentales, especialmente igualdad, previsibilidad, defensa, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, etc. Otro punto que debe tomarse en consideración, es que la jurisdicción, la competencia, la legitimación y la vía procesal son presupuestos procesales controlables de oficio por parte de todo juzgador que intervenga en el proceso, esto a partir de lo que dispone el artículo 12.2 del Código Procesal Civil.[7] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala al examinar la decisión de la honorable corte de apelaciones tomada por mayoría de votos, observa que su posición se basa en que el juzgado de lo civil ante quien se entabló la demanda, carece de competencia objetiva, porque no fue éste donde se tramitó el expediente principal del cual se derivan los honorarios profesionales. De manera que, para dicho tribunal de alzada, la demanda por honorarios profesionales tiene como atributos, ser un procedimiento especial, sumario, semiejecutivo, expeditivo y dependiente del juicio principal...El magistrado Izaguirre Bustillo disiente del parecer anterior, y al igual que el amparista, opina que la obligación de reclamar honorarios ante el mismo juez y en el mismo expediente donde se originó el derecho a ellos, era cuando estaba en vigencia el anterior Código de procedimientos, pero dicha disposición ya no existe en el actual Código procesal civil, debiéndose hacer el cobro de honorarios siguiendo lo que dispone el artículo 89 de dicho cuerpo legal...La magistrada Vásquez Ordóñez opina distinto, al señalar que, interpreta el artículo 89 del Código procesal civil, entendiendo que el pago de honorarios profesionales derivados de asuntos judiciales puede ser reclamado por vía de los incidentes ante el juzgado o tribunal que conozca el asunto, independientemente de la jurisdicción o instancia donde se tramita. Sin embargo, la magistrada en mención reconoce también la posibilidad de que el juez civil tenga competencia objetiva para este tipo de asuntos, debido a que son de Derecho Privado. En resumen, la magistrada señala que el pago de honorarios puede cobrarse judicialmente como incidente ante el juzgado donde se prestó el servicio de procuración y representación; o bien, como demanda ante el juez civil. Advirtiendo, eso sí, que el demandante debía observar la vía procesal adecuada en razón de la cuantía...el Ministerio Público fue del parecer porque se otorgue al amparo de mérito, basándose en dos razones, así: a) porque en este caso no cabía declarar la nulidad de oficio; y b) porque el cobro de honorarios profesionales constituye un acto que forma parte del derecho privado. Este alto tribunal de justicia rechaza de plano la primera razón aludida por la fiscal, quien argumentó que la corte de apelaciones no debió anular el proceso debido a que la competencia objetiva no fue parte del thema decidendi de la apelación, en virtud de que no corresponde a ninguno de los agravios expresados en la formalización de dicho recurso...La razón del rechazo se explicó antes, cuando se señaló que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado ex officio por todo juzgador, tal como ocurrió en el presente caso, por lo que es irrelevante si la competencia objetiva era parte o no de los agravios...la Sala de lo Constitucional encuentra que, el Código procesal civil contiene más disposiciones que la del artículo 89 antes transcrito.[8] Lo que señala el Código procesal civil en relación con el tema de los honorarios del profesional del derecho, devengados en virtud del ejercicio de la procuración judicial o representación procesal, es que su cobro puede incluirse dentro de las partidas económicas que se consideran costas, así: “Artículo 218. PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS...Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que el procedimiento para hacer cobro judicial por honorarios profesionales, devengados por actos de procuración y representación ante los órganos jurisdiccionales se encuentra dispuesto en las normas anteriormente citadas; sin embargo, la Sala de lo Constitucional, no termina aquí su examen, dándole la razón a la resolución dictada por mayoría de votos y que ha sido cuestionada por el amparista...Para finalizar lo atinente al procedimiento dispuesto en el artículo 89 y demás del Código procesal civil, cabe agregar que tiene como premisa el hecho de que los honorarios profesionales pueden considerarse una partida más de las costas procesales (anteriormente costas personales)...La posibilidad de reclamar el pago de honorarios antes de la sentencia definitiva, deriva de la lógica, o sea de cuando finaliza la relación abogado-poderdante, en el caso español la Ley de enjuiciamiento civil se dispone de manera expresa en el artículo 241.2, que literalmente manda:...En este caso, la relación entablada entre los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, por un lado, y por otra la sociedad mercantil Bolívar Bienes Raíces, S. A., resulta ser un contrato civil de servicios profesionales que genera obligaciones igualmente de tipo civil, es decir de un lado obligaciones de hacer a cambio de una obligación de pago o remuneración...la Sala de lo Constitucional es del parecer porque además del procedimiento descrito detalladamente en el Código procesal civil, también tiene dispuesta en forma general, la vía de los procesos declarativos. Esto responde al hecho de que el ejercicio profesional del abogado origina un crédito a su favor frente a quien le hizo la prestación de servicios, el cual puede ser deducido judicialmente a manera de demanda para lo cual el titular del derecho de crédito puede ejercitar la acción ante el órgano jurisdiccional que sea competente. En conclusión, el reclamo de honorarios profesionales que se originan con la postulación procesal (procuración y representación procesal), puede hacerse bajo el procedimiento dispuesto para tasar y cobrar costas procesales; o bien, puede hacerse mediante demanda declarativa aparte. Puede que sea más ventajoso cobrar dichos créditos mediante el procedimiento de tasación de costas, que hacerlo mediante demanda declarativa aparte, a juzgar por la facilidad probatoria que reviste tener a mano el mismo expediente donde se encuentran todas las actuaciones; pero al final esa es una decisión de quien ejercita su derecho de acción. De todas formas, lo que realmente interesa es que se facilite el acceso a la tutela judicial efectiva. En este caso particular, la magistrada Vásquez Ordoñez en su voto particular disidente, lo ha mencionado con acierto, nada impide que los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, reclamen judicialmente el pago de sus honorarios profesionales entablando demanda ante el juez civil competente. En este sentido, debe tomarse en cuenta que las normas que rigen la competencia son de carácter imperativo por lo que deben ser acatadas de manera obligatoria y puntual. Lo anterior implica que debe ampararse a las personas a favor de quien se presentó la acción de amparo de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, en CAUSA PROPIA y a favor del abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra la resolución de fecha dieciséis de noviembre dos mil veintiuno dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró de oficio la falta de competencia objetiva de parte del Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán, señalando a su vez como competente al Juzgado de letras de inquilinato del departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda de solicitud de honorarios profesionales promovida por los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra la sociedad mercantil BOLÍVAR BIENES RAÍCES, S. A. Estima el amparista que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales contemplados en los artículos 80, 82, 90, 94 segundo párrafo, 183, 303 tercer párrafo, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, comparecieron ante el Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán, los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando ambos en CAUSA PROPIA, interponiendo demanda ejercitando derecho especialísimo y preferente de cobro de honorarios profesionales por la defensa y representación en proceso declarativo abreviado iniciado con demanda por pretensión de expiración de arrendamiento, inclusive pago de rentas debidas y las causadas durante la secuela del proceso hasta la entrega efectiva del inmueble, requerimiento al deudor para que pague la suma reclamada, más intereses legales y costas bajo apercibimiento de apremio. (Folios 1-80 del tomo I de la pieza del juez a quo). 2. Seguido el trámite legal correspondiente, el citado juzgado dictó resolución en fecha diez de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual falló: “PRIMERO: DESESTIMAR la impugnación realizada por el abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BOLÍVAR BIENES RAÍCES, SOCIEDAD ANÓNIMA, como parte reclamada. SEGUNDO: Se fija la cantidad debida por honorarios profesionales a los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, en la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,126,060.00), más el pago de los intereses legales en materia mercantil calculados desde la fecha en que la sociedad reclamada ceso de la representación a los reclamantes hasta la ejecución de la presente resolución; bajo apercibimiento de apremio para la sociedad mercantil denominada BOLÍVAR BIENES RAÍCES, SOCIEDAD ANÓNIMA, si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución. TERCERO: DESESTIMAR la excepción material de pago, en virtud de que la parte declamada no logro probar que existiera un pago total de los honorarios profesionales, así como un acuerdo con cuantía diferente a la que reclaman los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, la cual se basa en valores establecidos en el Arancel del profesional del Derecho. CUARTO: Contra el presente auto cabe el recurso de apelación sin suspensión del procedimiento, por ser este especialísimo y expedito según el artículo 89 del Código procesal civil. QUINTO: CON COSTAS. NOTIFÍQUESE.” (Folios 468–499 del tomo II de la pieza del juez a quo). 3. Los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, solicitaron aclaración y rectificación, así como subsanación de la resolución, en consecuencia, el Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán en fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dicto resolución en la cual falló: “PRIMERO: DESESTIMAR la impugnación realizada por el abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada BOLÍVAR BIENES RAÍCES, SOCIEDAD ANÓNIMA, como parte reclamada. SEGUNDO: Se fija la cantidad debida por honorarios profesionales a los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, en UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.1,465,449.82), más el pago de los intereses legales en materia mercantil calculados desde la fecha en que la sociedad reclamada cesó de la representación a los reclamantes hasta la ejecución de la presente resolución; bajo apercibimiento de apremio para la sociedad mercantil denominada BOLÍVAR BIENES RAÍCES, SOCIEDAD ANÓNIMA, si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación. TERCERO: DESESTIMAR la excepción material de pago, en virtud de que la parte reclamada no logró probar que existiera un acuerdo con cuantía diferente a la que reclaman los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, la cual se basa en valores establecidos en el Arancel del profesional del Derecho. CUARTO: Contra el presente auto cabe el recurso de apelación sin suspensión del procedimiento, por ser este especialísimo y expedito según el artículo 89 del Código procesal civil. QUINTO: CON COSTAS. NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: En cuanto al señalamiento realizado por los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, del error material de escribir una cantidad en letras y otra diferente en número o cifras, este tribunal no se pronuncia en virtud que al realizar la subsanación de las omisiones en el auto definitivo emitido el diez (10) de diciembre del año 2020, se hace innecesaria la corrección de dicho error. TERCERO: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio del recurso de apelación sin suspensión del procedimiento que procede contra la resolución a que se ha referido la solicitud que se resuelve, tomándose en consideración que el plazo se computa desde la notificación a las partes del auto de fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, efectuada en fecha veinte (20) de enero del 2021 al abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE; al abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES en fecha veintiuno (21) de enero del 2021; al abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS, como representante procesal de la parte reclamada, en fecha veintiuno (21) de enero del 2021, y, que se ha interrumpido desde la presentación del escrito de “aclaración y rectificación, así como subsanación y en su caso se complete la resolución decisoria” por parte de los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, en fecha veinticinco de enero del corriente año, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación del presente auto. NOTIFÍQUESE.” (Folios 538–545 del tomo II de la pieza del juez a quo).4. Conociendo la Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán del recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la sociedad mercantil denominada BOLÍVAR BIENES RAÍCES, SOCIEDAD ANÓNIMA, abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS, dictó la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual falló: “PRIMERO: De oficio se declara la falta de competencia objetiva de parte del Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, para conocer del presente asunto. SEGUNDO: Se DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, desde el auto de admisión de fecha 07 de marzo de 2019 y demás actuaciones, procediendo el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, al archivo de las actuaciones una vez reciba los antecedentes que las contienen. TERCERO: Se señala como juzgado competente para conocer del asunto el Juzgado de letras de inquilinato de este departamento, lugar donde se tramitó el expediente principal del cual se derivan los honorarios profesionales por las actuaciones ahí contenidas. CUARTO: SIN COSTAS. NOTIFÍQUESE.” (Folios 73-104 de la pieza del tribunal ad quem). 5. En fecha siete de febrero de dos mil veintidós, el abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, interpone la presente acción de amparo ante la honorable Sala de lo Constitucional contra la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, que se deja relacionada en el numeral anterior; por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94 segundo párrafo, 183, 303 tercer párrafo, 321 y 323 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos de mayo de dos mil veintidós. (Folios 1–9 y 41 de la presente garantía de amparo). 6. En fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público por medio de su fiscal, la abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de amparo al concurrir vulneración a las garantías constitucionales alegadas por el impetrante.” (Folios 44–46 y 48 de la presente garantía constitucional de amparo).FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1. Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución[1], la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. 2. Sobre la obligación del Estado de proveer protección judicial mediante un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3], entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras[4]. 3. Resumen sobre los alegatos de los garantistas. El impetrante al interponer la presente garantía constitucional de amparo denuncia que la corte de apelaciones ha conculcado en su perjuicio y en el del abogado Tulio David Barahona Fuentes, los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. En el petitorio de la presente garantía constitucional de amparo, el impetrante solicitó entre otros extremos, lo siguiente: a) decretar la medida cautelar de suspensión del acto reclamado con el objeto de que el juez a quo se abstenga de materializar el requerimiento de devolución de la cantidad de dinero igual a un millón ciento cuarenta y seis mil sesenta lempiras que la sociedad Bolívar consignó como pago parcial de honorarios profesionales bajo reclamo; b) otorgar el amparo determinado como conducta a cumplir los siguientes puntos: b1) ordenar al tribunal ad quem que anule la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, objeto de la presente garantía; y b2) ordenar al tribunal ad quem que se pronuncie sobre los agravios objeto de la apelación interpuesta. El censor justifica que la competencia para conocer su pretensión de pago de honorarios corresponde al juez de lo civil y no al juez de inquilinato con base en los argumentos que se transcriben a continuación: “… Ejercitamos derecho especialísimo y preferente de cobro de honorarios profesionales con la demanda que presentamos en el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, teniendo como competente este juzgado en virtud de que en el Art. 89 del CPC no se encuentra una norma igual a la contenida en el Art. 10 del Código de procedimientos de 1906, para el supuesto de que un “… procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por sus derechos, y por los gastos que le hubiere suplido para el pleito…”, entonces mandaba o prescribía: “… presentará ante el juzgado o tribunal en que radicare el negocio cuenta detallada y justificada, y se sustanciará esta reclamación en la forma establecida para la tasación de costas…” (el subrayado es del amparista); normativa ésta en que se fundamentaban algunos juristas para colegir que: “… La reclamación que se haga en juicio ordinario como ha ocurrido en algunos juzgados, es nula porque las normas generales no pueden derogar las especiales”; sin embargo, destaca el suscrito que ese concepto “presentará ante el juzgado o tribunal que radicare el negocio cuenta detallada y justificada”, no se recogió, no se incluyó, en el texto del Art. 89 del CPC, y es precisamente la norma que determina el tribunal competente y en esto radica una especial reforma del CPC al código anterior.” El amparista denuncia en su escrito que, la corte recurrida optó resolver en la forma que lo hizo para evitar pronunciarse sobre el fondo del asunto. 4. Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, objeto de la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada por mayoría de votos[5] dispuso de oficio declarar la falta de competencia objetiva para que conozca del presente asunto el Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán, en consecuencia declara la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve y demás actuaciones, así mismo se señala al Juzgado de letras de inquilinato de este departamento, como el competente, por ser éste donde se tramitó el expediente principal del cual se derivan los honorarios profesionales. La sentencia de segunda instancia se funda en lo establecido en el artículo 212.1 del Código procesal civil, por cuanto señala que serán nulos los actos procesales cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción, competencia objetiva o funcional. La mayoría de los magistrados fueron del parecer que la presente litis está enmarcada dentro de los límites del proceso especial de JURA DE CUENTAS, el cual describen de la siguiente manera: “… un procedimiento de especial naturaleza semiejecutivo derivado de un proceso principal para hacer efectivo de forma sumaria y expeditiva los créditos derivados de las actuaciones profesionales de los abogados, quienes están sometidos por el Código procesal civil a una serie de deberes, obligaciones, responsabilidades, tendientes al correcto desarrollo del proceso y, sin cuya colaboración no sólo se resentiría gravemente el normal funcionamiento del sistema de justicia sino que resultarían de imposible cumplimiento las garantías de efectividad y defensa que impone la Constitución de la República, los tratados internacionales y el Código procesal civil… el reclamo efectuado por los abogados en el ejercicio de sus funciones, constituye un proceso especial sumarísimo tendiente en parte a ejercitar un derecho que se ha agenciado el profesional del derecho por sus actuaciones en un determinado proceso; actuaciones que se encuentran consignadas en el mismo expediente del cual deriva la pieza que conforma el reclamo de ese mismo derecho.” En virtud de lo anteriormente expuesto, la corte de apelaciones dispuso que el Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán carece de competencia objetiva, señalándole a los demandantes que entablen su acción ante el Juzgado de letras de inquilinato del departamento de Francisco Morazán porque es donde obran las actuaciones donde se originó el concepto del pago que reclaman. Para dicho efecto, dicha corte dispuso declarar la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve. 5. Resumen de la opinión del Ministerio Público. La agente de tribunales, abogada Sandra Lorena Zúniga García al emitir su dictamen fue de la opinión porque se otorgue la garantía de amparo de mérito. La fiscal alcanza ese convencimiento señalando que el tribunal de alzada con su resolución transgrede el debido proceso en vista de que declaró de oficio nulidad absoluta de actuaciones bajo el argumento de que el juzgado de letras de lo civil no ostenta la competencia objetiva para conocer del presente asunto, pero sin observar que la parte apelante no invocó dicha causa de nulidad. Para la fiscal entonces, el tribunal ad quem debió limitarse a los agravios invocados objeto del recurso. Por otra parte, la fiscal concuerda con el argumento del amparista quien alega que el cobro de honorarios profesionales constituye un acto que forma parte del derecho privado, por lo que este asunto compete a la jurisdicción civil y no al juzgado de inquilinato. Asimismo, la fiscal señala que una vez revisado el antecedente de mérito, la sentencia ahora impugnada no se encuentra conforme a derecho porque la competencia del juez de inquilinato se encuentra determinada taxativamente por el artículo 58 de la Ley de inquilinato, el cual establece lo siguiente: “Artículo 58. Competerá a los juzgados de letras de inquilinato en su respectiva jurisdicción territorial: 1. El conocimiento en primera instancia de los juicios de terminación de los contratos de arrendamiento o de subarrendamiento a que esta ley se refiere cuando el monto computado de la renta mensual sea de doscientos lempiras o más. 2. El conocimiento en primera instancia de la impugnación judicial de cualquier depósito de doscientos lempiras o más. 3. El conocimiento en segunda instancia de las cuestiones que conforme a esta ley competen en primera instancia a los juzgados de paz. 4. Donde no hubiese juzgado de letras de inquilinato la competencia asignada a éstos por el artículo anterior corresponderá a los juzgados de letras departamentales o seccionales de lo civil.” La fiscal finaliza señalando que, de conformidad con la norma arriba transcrita, se observa que no asiste la razón a la corte de apelaciones debido a que no compete al juez de inquilinato conocer del asunto entablado por los demandantes de honorarios profesionales, agregando que dicho asunto es de derecho privado regido por el artículo 28 del Código procesal civil. En virtud de lo anterior, la fiscal opina que se han conculcado los derechos invocados por el censor, y procede por tanto, otorgar el amparo de mérito. 6. Resumen del voto particular emitido por el magistrado Carlos Alberto Izaguirre Bustillo. En el voto particular, el magistrado Izaguirre Bustillo expresa que disiente del parecer de la mayoría por las razones que a continuación se resumen. Expresa que antes de la vigencia del actual Código procesal civil, el código anterior establecía que el cobro de honorarios debía hacerse mediante la figura de la jura de cuentas; no obstante, actualmente el artículo 89 del código en vigor regula la reclamación de pago de honorarios profesionales. Por otra parte, el magistrado expresa que disiente porque la tramitación del presente asunto no debe ajustarse a a disposiciones doctrinales, pues a la ley no se le pueden atribuir más sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos. Agrega además que, el cobro de honorarios es un asunto privado entre el litigante y el profesional del derecho, indicando en ese sentido, que la ley no le atribuye este acto de manera especial a ningún órgano jurisdiccional. Luego, el magistrado literalmente expresa:“Entendemos y aplicamos lo dispuesto en el artículo 17 del Código civil, que se ha hecho relación en el inciso tercero de este voto particular, en relación al artículo 89 del Código procesal civil, del cual y su literalidad se desprende que la reclamación de pago de honorarios profesionales es de aplicación a todas las ramas del derecho sin limitación alguna, púes de haberse pretendido alguna limitación, el legislador la hubiere plasmado.” Así mismo, afirma que atribuir la competencia de este cobro de honorarios en el juzgado de inquilinato ocasiona una incongruencia con las competencias legalmente establecidas para este órgano jurisdiccional en el artículo 58 de la Ley de inquilinato; tal como ocurriría si se pretendiera el cobro de honorarios profesionales de un asunto penal en un tribunal de sentencia resuelto bajo el argumento de que fue allí donde se produjo el proceso. Esto último sería contrario, a lo dispuesto en los artículos 118 al 133 y 626 del Código penal y del 49 al 53 del Código procesal penal, que mandan que la jurisdicción penal tiene exclusiva competencia genérica sobre la comisión de delitos y faltas, limitando inclusive los incidentes en materia penal, quedando de esta manera excluido el cobro de honorarios. 7. Resumen del voto particular emitido por la magistrada Zoe Celeste María Vásquez Ordóñez. El argumento de la magistrada se fundamenta en principio en el artículo 89 del Código procesal civil, como norma que regula el procedimiento denominado en la doctrina como JURA DE CUENTAS, el cual describe de la siguiente forma:“… es un proceso especial, creado por el legislador, para que los profesionales del derecho, reclamen el pago a sus clientes morosos, de las cantidades adeudadas en concepto de honorarios devengados en el asunto judicial, o pleito, por la defensa efectuada y la representación procesal asumida. Es decir, que el reclamo de honorarios profesionales, puede hacerse en el juzgado o tribunal que conozca el asunto o pleito, donde son devengados los honorarios profesionales, independientemente de la jurisdicción o instancia donde se tramita.” Seguidamente señala que, afirma lo anterior, porque lo deduce de lo que el legislador establece en el artículo 89.1 del Código procesal civil, cuando dice: “profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios devengados en el asunto…” Y también de lo dispuesto en el artículo 89.3 cuando dice: “resolverá el juzgado o tribunal con base en la documentación aportada…” Explica la magistrada que este proceso (jura de cuentas) es expedito, por lo que se requiere tener a la vista las actuaciones donde constan los elementos de juicio necesarios para decidir el reclamo de honorarios profesionales, es decir, detalla, tener a la vista las actuaciones que el reclamante realizó en defensa o representación de su poderdante, por lo deduce que la jura de cuentas, puede tramitarse como una pieza separada incidental, que no afecta al proceso principal. Este razonamiento le hace concluir que, cualquier órgano jurisdiccional, independientemente de su jurisdicción, está habilitado para conocer el reclamo de honorarios profesionales devengados en un pleito. Esto además, le lleva a señalar que en consideración al carácter especialísimo y preferente del que gozan los honorarios, después de los alimentos, de conformidad con el artículo 89.6 del Código Procesal Civil, pues el articulo 32 referente a la competencia funcional, faculta a los jueces de jurisdicción distinta a la civil, a conocer las incidencias que se den en un pleito, como lo es el reclamo de honorarios profesionales devengados en pleito. Posteriormente, la magistrada señala que en el artículo 22 del Código procesal civil, se reconoce el carácter supletorio del Código procesal civil, para otras jurisdicciones, lo que le permite afirmar que, otras jurisdicciones pueden conocer el reclamo de honorarios profesionales bajo los términos de dicha supletoriedad, siempre que los mismos sean consecuencia de la defensa efectuada y la representación asumida en un juicio. No obstante lo expuesto anteriormente, la magistrada al emitir su voto disidente, es del parecer que el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, también tiene competencia objetiva para conocer del asunto, debido a que el reclamo de honorarios profesionales, que tiene por origen la defensa y representación procesal en un juicio o procedimiento administrativo, es un asunto de Derecho Privado. De tal manera que, si la intención del reclamante es que su reclamo sea conocido por el juez civil, esto no se puede desconocer ya que el derecho nacional privado, rige las relaciones que se suscitan entre los particulares, lo que incluye el presente caso en el que los honorarios fueron devengados en la jurisdicción de inquilinato. Ahora bien, la magistrada Vásquez Ordóñez aclara que los demandantes de honorarios profesionales equivocaron el procedimiento declarativo adecuado, debido a que, en este caso, en razón a la cuantía del reclamo debió entablarse la demanda por la vía del proceso declarativo ordinario, y no por el proceso especial de cobro de honorarios, determinado en el artículo 89 del Código procesal civil, como incidente de la pieza principal. Agrega que, así como fue presentada la demanda por los demandantes, el juez civil no puede conocer las actuaciones realizadas por los abogados reclamantes, a menos que estos procedan a acreditarlas a través de los medios de prueba pertinentes.[6] Luego, la magistrada cita el articulo 403 Código procesal civil, el cual interpreta de la manera siguiente: “… permite aplicar con carácter imperativo”, las normas sobre el procedimiento adecuado, obligando al actor a sustanciar la pretensión a través de los procedimientos legalmente previstos, si se deduce error en el señalado por el demandante en cuanto a cuantía o materia, en este caso, por el principio de analogía, me atrevo a establecer que la juzgadora, al ver que no puede aplicar el procedimiento especial de jura de cuentas, por no constar en su tribunal las actuaciones del abogado; pero al gozar de competencia objetiva, debe adecuar el reclamo presentado por el apelante al procedimiento declarativo que corresponda.”Por las razones antes expuestas, la magistrada llega a considerar, lo siguiente: “Que el Tribunal en base a su función subsanadora del proceso, como garante del debido proceso, del principio de legalidad y del derecho de defensa de ambas partes, debe acceder a la nulidad, como mecanismo para la salvaguarda de los principios señalados, pues es indispensable para la vigencia del debido proceso y en base a lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la República, que señala, todo acto que se ejecute fuera de la ley es nulo, y por estar evidenciados los vicios de nulidad descritos, se debe ordenar la nulidad a partir de la violación procesal cometida, sin que ello se considere una violación al principio de prohibición de reforma peyorativa, ni de acceso a la justicia, pues al contrario -con la nulidad- se pretende evitar una posible vulneración a garantías constitucionales especialmente el derecho a ser juzgado, por los procesos establecidos en la ley.” Para finalizar, la magistrada Vásquez Ordóñez opina en relación con la condena a costas en virtud de la desestimación del recurso de apelación en el presente caso, que no debe condenarse en costas al recurrente, por los errores cometidos por el juzgador, fundándose para ello en los artículos 218.2 y 219 del Código Procesal Civil. 8. Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por los amparistas. La Sala de lo Constitucional toma nota de que la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en la violación de los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. De igual manera, este alto tribunal de justicia toma en cuenta que el objeto de la presente garantía constitucional de amparo, se contrae a pedir inter alia, que se le ordene a la corte de apelaciones denunciada, que anule la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para luego pronunciarse sobre los agravios que fueron el objeto de la apelación interpuesta.Al estudiar el asunto, la Sala de igual manera, toma nota de que el planteamiento expuesto al momento de formalizar la presente garantía constitucional de amparo, fue de que la violación de los derechos constitucionales invocados, se produjo en virtud de que es el juez de lo civil y no el juez de inquilinato quien tiene la competencia objetiva para conocer la pretensión de pago de honorarios que se ha demandado.El censor señaló que se fundamenta en lo que dispone el artículo 89 del Código procesal civil, el cual literalmente dispone:“Artículo 89. COBRO DE HONORARIOS. 1. Los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al arancel o al convenio de honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama, en su caso. 2. Presentada esta reclamación, se requerirá al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. 3. Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, resolverá el juzgado o tribunal con base en la documentación aportada fijando la cantidad debida, mediante auto. 4. Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se procederá previamente a su tasación conforme a lo previsto en este código para las costas, salvo que el profesional del derecho acredite la existencia de contrato o presupuesto previo por escrito aceptado por el impugnante en cuyo caso, se dictará auto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación. 5. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta, más las costas. 6. El pago de los honorarios gozarán de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos.” De igual manera, alude el censor en su demanda de amparo, el cobro de honorarios profesionales se entabló ante el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, porque en el código actualmente vigente no se encuentra una norma igual a la contenida en el artículo 10 del Código de procedimientos de 1906, la cual literalmente dispone: “Artículo 10. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido para el pleito, presentará ante el juzgado o tribunal en que radicare el negocio cuenta detallada y justificada y se substanciará esta reclamación en la forma establecida para la tasación de costas. Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. ”A continuación, la Sala de lo Constitucional entiende que, lo que el garantista expresa, es que, al no existir en la actualidad, disposición que recoja aquello de: “presentará ante el juzgado o tribunal que radicare el negocio cuenta detallada y justificada”, es que ha procedido a demandar ante la jurisdicción civil, aun cuando el ejercicio profesional se haya desarrollado ante el juzgado de inquilinato. Al hacerse el examen para verificar si efectivamente, fueron conculcados los derechos constitucionales que se han invocado por el tribunal de apelación, este alto tribunal de justicia observa los siguientes extremos. De la lectura del escrito de formalización, se desprende que el censor no explica de qué forma se le ha conculcado el derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional; de hecho, su alegato se encausa más por el debido proceso, pero desde una perspectiva bien formal, o sea, procura el cumplimiento literal de lo dispuesto en el artículo 89 antes citado. En este sentido, pretende dar respuesta a la disyuntiva: Debe entenderse que el pago por honorarios sea exigido dentro del proceso donde se ejercitó el servicio profesional, o si dicha disposición posibilita en este caso el cobro judicial por la vía civil. No obstante, la Sala tiene el criterio de que los asuntos que tienen que ver con la jurisdicción y la competencia se enmarcan constitucionalmente en el derecho que toda persona tiene a un juez natural, como parte relevante del derecho al debido proceso por la vertiente de la tutela judicial efectiva. En este sentido, cabe destacar previo a entrar en materia, que las condiciones, requisitos, obligaciones, cargas o exigencias procesales y procedimentales están dispuestas en función de acceder, tanto a la justicia formal como material, de una manera que el proceso judicial garantice a las partes sus derechos fundamentales, especialmente igualdad, previsibilidad, defensa, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, etc. Otro punto que debe tomarse en consideración, es que la jurisdicción, la competencia, la legitimación y la vía procesal son presupuestos procesales controlables de oficio por parte de todo juzgador que intervenga en el proceso, esto a partir de lo que dispone el artículo 12.2 del Código Procesal Civil.[7] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala al examinar la decisión de la honorable corte de apelaciones tomada por mayoría de votos, observa que su posición se basa en que el juzgado de lo civil ante quien se entabló la demanda, carece de competencia objetiva, porque no fue éste donde se tramitó el expediente principal del cual se derivan los honorarios profesionales. De manera que, para dicho tribunal de alzada, la demanda por honorarios profesionales tiene como atributos, ser un procedimiento especial, sumario, semiejecutivo, expeditivo y dependiente del juicio principal. El magistrado Izaguirre Bustillo disiente del parecer anterior, y al igual que el amparista, opina que la obligación de reclamar honorarios ante el mismo juez y en el mismo expediente donde se originó el derecho a ellos, era cuando estaba en vigencia el anterior Código de procedimientos, pero dicha disposición ya no existe en el actual Código procesal civil, debiéndose hacer el cobro de honorarios siguiendo lo que dispone el artículo 89 de dicho cuerpo legal. Además, explica que no se puede atribuir la competencia del cobro de honorarios a cada juzgado que conoce un asunto, porque eso provocaría el someter el conocimiento de una pretensión cuya naturaleza es distinta a las diferentes materias del derecho, por ejemplo, el cobro de honorarios está fuera del ámbito de conocimiento de un juez de lo penal, de inquilinato, laboral, contencioso administrativo, etc. En cambio, La magistrada Vásquez Ordóñez opina distinto, al señalar que, interpreta el artículo 89 del Código procesal civil, entendiendo que el pago de honorarios profesionales derivados de asuntos judiciales puede ser reclamado por vía de los incidentes ante el juzgado o tribunal que conozca el asunto, independientemente de la jurisdicción o instancia donde se tramita. Sin embargo, la magistrada en mención reconoce también la posibilidad de que el juez civil tenga competencia objetiva para este tipo de asuntos, debido a que son de Derecho Privado. En resumen, la magistrada señala que el pago de honorarios puede cobrarse judicialmente como incidente ante el juzgado donde se prestó el servicio de procuración y representación; o bien, como demanda ante el juez civil. Advirtiendo, eso sí, que el demandante debía observar la vía procesal adecuada en razón de la cuantía. Finalmente, para tener en cuenta todo el panorama de opiniones en relación con este tema, el Ministerio Público fue del parecer porque se otorgue al amparo de mérito, basándose en dos razones, así: a) porque en este caso no cabía declarar la nulidad de oficio; y b) porque el cobro de honorarios profesionales constituye un acto que forma parte del derecho privado. Este alto tribunal de justicia rechaza de plano la primera razón aludida por la fiscal, quien argumentó que la corte de apelaciones no debió anular el proceso debido a que la competencia objetiva no fue parte del thema decidendi de la apelación, en virtud de que no corresponde a ninguno de los agravios expresados en la formalización de dicho recurso. La razón del rechazo se explicó antes, cuando se señaló que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado ex officio por todo juzgador, tal como ocurrió en el presente caso, por lo que es irrelevante si la competencia objetiva era parte o no de los agravios. La segunda razón aludida por la fiscal se funda en que el cobro de honorarios profesionales es un asunto de Derecho Privado y por eso corresponde al ámbito civil; en cambio, por esa misma razón no es competente el juez de inquilinato porque su ámbito de competencia se desarrolla dentro del Derecho Público. Particularmente acota, que el artículo 58 de la Ley de inquilinato, describe competencia de dicha materia y no incluye el cobro de honorarios profesionales. En su examen, la Sala de lo Constitucional encuentra que, el Código procesal civil contiene más disposiciones que la del artículo 89 antes transcrito.[8] Lo que señala el Código procesal civil en relación con el tema de los honorarios del profesional del derecho, devengados en virtud del ejercicio de la procuración judicial o representación procesal, es que su cobro puede incluirse dentro de las partidas económicas que se consideran costas, así: “Artículo 218. PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS. … 2. Se considerarán costas las siguientes partidas económicas: a) Honorarios de los profesionales del derecho por la defensa y representación técnica realizadas cuando su participación sea legalmente obligatoria. …” En este caso, deberá procederse de la manera que disponen los artículos 222 al 226 del Código procesal civil, los cuales ponen de manifiesto un procedimiento a seguir cuando ya el asunto se encuentra con sentencia firme y que causa ejecutoria.[9] Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que el procedimiento para hacer cobro judicial por honorarios profesionales, devengados por actos de procuración y representación ante los órganos jurisdiccionales se encuentra dispuesto en las normas anteriormente citadas; sin embargo, la Sala de lo Constitucional, no termina aquí su examen, dándole la razón a la resolución dictada por mayoría de votos y que ha sido cuestionada por el amparista. Para finalizar lo atinente al procedimiento dispuesto en el artículo 89 y demás del Código procesal civil, cabe agregar que tiene como premisa el hecho de que los honorarios profesionales pueden considerarse una partida más de las costas procesales (anteriormente costas personales). Dichos emolumentos, además de ser exigidos con las costas, una vez firme y ejecutoria la sentencia definitiva, también pueden ser reclamados en cualquier momento del proceso una vez finalizada la actuación procesal del profesional del derecho, aunque nuestro código guarde silencio al respecto. La posibilidad de reclamar el pago de honorarios antes de la sentencia definitiva, deriva de la lógica, o sea de cuando finaliza la relación abogado-poderdante, en el caso español la Ley de enjuiciamiento civil se dispone de manera expresa en el artículo 241.2, que literalmente manda: “2. Los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos, sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga.” No obstante todo lo anteriormente expresado, este alto tribunal de justicia estima que esta visión restringida, que tiende a ver como única forma de cobro de honorarios a la descrita, no sería acorde con la teoría procesal, especialmente si se enfoca desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Esto se explica muy bien cuando se advierte que el ejercicio profesional del derecho es una prestación de servicios que se realiza por lo general con ánimo de lucro, la cual genera obligaciones recíprocas entre el abogado y su cliente, asimismo, es también un contrato de mandato a título oneroso entre un mandante o mandatario denominados también poderdante y apoderado. Esta relación contractual puede tener naturaleza laboral[10] o civil y en cada caso debe resolverse ante el órgano jurisdiccional competente que responda a dicha naturaleza[11] y que en el caso de los asuntos de índole civil de conformidad a las disposiciones que a continuación se explican detalladamente. En este caso, la relación entablada entre los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, por un lado, y por otra la sociedad mercantil Bolívar Bienes Raíces, S. A., resulta ser un contrato civil de servicios profesionales que genera obligaciones igualmente de tipo civil, es decir de un lado obligaciones de hacer a cambio de una obligación de pago o remuneración. Sin entrar en las particularidades de este tipo de contrato, que las tiene, - la Sala de lo Constitucional es del parecer porque además del procedimiento descrito detalladamente en el Código procesal civil, también tiene dispuesta en forma general, la vía de los procesos declarativos. Esto responde al hecho de que el ejercicio profesional del abogado origina un crédito a su favor frente a quien le hizo la prestación de servicios, el cual puede ser deducido judicialmente a manera de demanda para lo cual el titular del derecho de crédito puede ejercitar la acción ante el órgano jurisdiccional que sea competente. En conclusión, el reclamo de honorarios profesionales que se originan con la postulación procesal (procuración y representación procesal), puede hacerse bajo el procedimiento dispuesto para tasar y cobrar costas procesales; o bien, puede hacerse mediante demanda declarativa aparte. Puede que sea más ventajoso cobrar dichos créditos mediante el procedimiento de tasación de costas, que hacerlo mediante demanda declarativa aparte, a juzgar por la facilidad probatoria que reviste tener a mano el mismo expediente donde se encuentran todas las actuaciones; pero al final esa es una decisión de quien ejercita su derecho de acción. De todas formas, lo que realmente interesa es que se facilite el acceso a la tutela judicial efectiva. En este caso particular, la magistrada Vásquez Ordoñez en su voto particular disidente, lo ha mencionado con acierto, nada impide que los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, reclamen judicialmente el pago de sus honorarios profesionales entablando demanda ante el juez civil competente. En este sentido, debe tomarse en cuenta que las normas que rigen la competencia son de carácter imperativo por lo que deben ser acatadas de manera obligatoria y puntual. Lo anterior implica que debe ampararse a las personas a favor de quien se presentó la acción de amparo de mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 89, 222, 223, 224, 225, 226 del Código procesal civil; 1, 2, 3 No. 2, 41 y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, en CAUSA PROPIA y a favor del abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra la resolución de fecha dieciséis de noviembre dos mil veintiuno dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró de oficio la falta de competencia objetiva de parte del Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, de conformidad a los derechos de debido proceso por vía de juez natural y tutela judicial efectiva, se ordena: Que la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán rectifique sus actuaciones retrotrayendo las actuaciones tomando en cuenta la decisión de este alto tribunal de justicia y el petitorio del garantista en su escrito de formalización de la garantía de amparo, así: a) ordenar al tribunal ad quem que anule la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, objeto de la presente garantía; y b) ordenar al tribunal ad quem que se pronuncie sobre los agravios objeto de la apelación interpuesta. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0237-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Vid. Artículo reformado por el decreto legislativo número 237-2012 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras, número 33,033 del veinticuatro de enero de dos mil trece, ratificado por el decreto legislativo número 10-2013 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras número 33,086 del veintisiete de marzo de dos mil trece.

[2] Vid. Artículo 1 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3] Vid. Artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4] Vid. Artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”. Artículo 2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos: “… 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

[5] La corte integrada en discordia habiendo disentido los honorables magistrados Zoe Celeste María Vásquez Ordóñez y Carlos Alberto Izaguirre Bustillo quienes emiten su respectivo voto particular, asumiendo la ponencia de la sentencia el honorable magistrado Danery Antonio Medal Raudales por haber declinado de ella el honorable magistrado Izaguirre Bustillo. Concuerdan con su voto alcanzando la mayoría, los magistrados Danery Antonio Medal Raudales, Gilberto Navas Izaguirre y Milton Rubén Sandoval Peralta.

[6] Vid. Artículos 29.1.2, 398, 401 del Código Procesal Civil.

[7] En relación con los artículos 23, 59, 60, 586.2.3, 587.1, todos del Código procesal civil.

[8] Vid. Otros artículos del Código procesal civil que se refieren al tema son: 218.2.c, 222, 223, 224, 225, 226, 227.

[9] Vid. “Artículo 222. SOLICITUD DE TASACIÓN DE COSTAS. 1. Cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas por el procedimiento de apremio, previa su tasación, si la parte condenada no las hubiere satisfecho. 2. La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame. 3. Una vez firme la sentencia que ponga fin al juicio en que se hubiese impuesto la condena, los profesionales del derecho, peritos, testigos y demás personas que hayan podido intervenir en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas, podrán presentar en la secretaría del tribunal una minuta detallada de sus derechos u honorarios en su caso y una cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido. 4. La fijación de honorarios y gastos estará sujeta, en su caso, a las normas reguladoras al respecto que afectan a los profesionales del derecho y a los peritos que hayan intervenido en el proceso.” “Artículo 223. COMPETENCIA. 1. En todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el secretario del juzgado o tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, sujetándose a las disposiciones de este código…” “Artículo 224. PROCEDIMIENTO. 1. Practicada por el secretario la tasación de costas se dará vista de ella a las partes por plazo común de cinco días…” “Artículo 225. IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS. 1. La tasación de costas podrá ser impugnada dentro del plazo a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, y podrá basarse en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos indebidos. En cuanto a los honorarios de los profesionales del derecho y peritos, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo. 2. La parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados. También podrá fundar su reclamación en no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios del profesional del derecho o del perito que hubiese actuado en el proceso a su instancia…” “Artículo 226. TRAMITACIÓN. 1. Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los profesionales del derecho, se oirá en el plazo de cinco (5) días a éste y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará testimonio de los expedientes o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe dentro del término de diez días…” “Artículo 227. DECISIÓN DE LA IMPUGNACIÓN. 1. El secretario, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, mantendrá la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que deban hacerse, remitiéndosela al tribunal para que este resuelva, mediante auto, lo que proceda sin ulterior recurso.”

[10] La relación laboral puede ser desempeñada bajo un salario o sueldo y puede desempeñarse bajo contrato laboral propiamente dicho o bajo contrato administrativo. Pero estos casos no son parte de este asunto bajo estudio.

[11] Los honorarios profesionales, según sea el contrato que les da vida pueden ser reclamados ante lo contencioso administrativo, civil, laboral; y cuando se reclaman como parte de las costas procesales en el juzgado donde se prestaron las actuaciones profesionales.