Sentencia AC-332-23 — Registro 17946
Resumen
Sentencia en consulta inadmitió acción de amparo contra Resolución que Desestimó Incidente de Nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión en Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por Ejecutante contra (ejecutado) recurrente; La Autoridad recurrida concluyó que existe una sentencia firme que produjo el saneamiento de cualquier acción anulatoria, siendo imposible que una acción de amparo pueda dar vida a un juicio fenecido con categoría de cosa juzgada; por lo que procede inadmitir la acción de mérito y declarar el sobreseimiento de la causa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"revisada la sentencia en consulta obligatoria de fecha 3 de marzo del dos mil veintitrés y fallada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle tal y como lo dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, encuentra esta Sala, que la recurrente interpone la acción de amparo contra la Resolución de fecha 27 de octubre del 2022, mediante la cual el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca desestima el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones; en este sentido, como se deduce de la motivación, la Alzada retrotrae un acto no recurrido en amparo, es decir, la sentencia de fecha 5 de noviembre del 2022 (F.94 P.1) resuelta en apelación por la misma Corte y señala, que por unanimidad declararon sin lugar el recurso y que no habiendo hecho uso del recurso extraordinario de casación la sentencia alcanzó firmeza y por tanto no cabe reabrir juicios fenecidos de conformidad a lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República; cabe señalar, que el artículo 717[2] del Código Procesal Civil define que sentencias son recurribles en casación, no siendo el caso; y por otro lado expresa, que la nulidad de los actos procesales están regulados según lo dispuesto en el artículo 213 numerales 1 y 2, y refiere que estando una sentencia firme y en aplicación del citado artículo ya se produjo como resultado el saneamiento de cualquier acción anulatoria, siendo imposible que por la vía de un amparo se pueda dar vida a una sentencia con carácter firme..."..."del examen de la sentencia venida en consulta obligatoria, esta Sala no comparte la motivación del fallo en cuanto a la causal invocada por el Tribunal de Alzada, pues del examen de las diligencias se observa que el ejercicio de la acción se promovió de forma extemporánea, por cuanto un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo. No obstante, para que esta condición se cumpla, es necesario que dicho plazo haya empezado a correr. En el caso en consulta, el plazo de dos meses para promover la acción de amparo que se intenta contra la indicada resolución, comenzó a correr al día siguiente en que se notificó a la parte procesal la resolución, la que fue notificada a la recurrente el dia diecisiete (17) de noviembre del dos mil veintidós (2022) (folio 180 1 p.) por lo que el término de dos meses antes referido comenzó a correr al día siguiente hábil, o sea el día dieciocho (18) de noviembre del dos mi veintidós (2022) venciendo dicho plazo de dos meses a la media noche del día miércoles dieciocho (18) de enero del dos mil veintitrés (2023) dia hábil, y el Amparista presenta dicha acción hasta el dia viernes, veinte (20) de enero del dos mil veintitrés (2023) (ver f.4 pieza de amparo), evidentemente como consta en el expediente de mérito es extemporánea su presentación. En este sentido, se aprecia que el acto reclamado en amparo se interpuso fuera del plazo de dos meses que dispone el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que proceda su admisión..."..."conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo según el artículo 46 numeral 4) Cuando no se hubiere ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48 del mismo cuerpo legal, en consecuencia, procede rechazar de plano la demanda de amparo por la causal de inadmisibilidad señalada y se proceda a sobreseer la misma como ha quedado expresado..."..."esta Sala de lo Constitucional, es del parecer que conforme a lo expuesto en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se revoque la sentencia venida en consulta obligatoria en los términos establecidos en el presente fallo, procediendo a sobreseer el Recurso de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 213 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 716 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que inadmitir el de recurso de amparo presentado por la Abogada Skarleth Dinora Herrera Oliva, a favor de los señores Rafael Antonio Blanco Carrasco, Claudia Elena Blanco Aguilar y Ada Esther Aguilar Espinal, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la señora Maria Sagrario Aguilar contra los señores Rafael Antonio Blanco Carrasco, Claudia Elena Blanco Aguilar y Ada Esther Aguilar Espinal. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado Carlos Edgardo Loucel García, en su condición de representante legal de la señora María Sagrario Aguilar, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL…” contra los señores Rafael Antonio Blanco Carrasco, Claudia Elena Blanco Aguilar y Ada Esther Aguilar Espinal. (Folios 2-3 la pieza principal del A-quo) 2)En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada Skarleth Dinora Herrera Oliva, en su condición de Representante Procesal de los señores Rafael Antonio Blanco Carrasco, Claudia Elena Blanco Aguilar y Ada Esther Aguilar Espinal, presentando excepción de nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de fecha 19 de septiembre del año 2016. (Folios 162-163 de la pieza del A-quo). 3) El Juzgado de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, resolvió: “…PRIMERO: DESESTIMESE el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, planteado por la Abogada SKARLETH DINORA HERRERA OLIVA, en su condición de representante procesal de los señores RAFAEL ANTONIO BLANCO CARRASCO, CLAUDIA ELENA BLANCO AGUILAR Y ADA ESTHER AGUILAR ESPINAL, en la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, en su condición de representante procesal del señor MARIA SAGRARIO AGUILAR, en contra de los señores RAFAEL ANTONIO BLANCO CARRASCO, CLAUDIA ELENA BLANCO AGUILAR Y ADA ESTHER AGUILAR ESPINAL. SEGUNDO: Contra el presente Auto no cabe recurso alguno. -TERCERO: SIN COSTAS.-NOTIFIQUESE" (Folio 188 vuelto la pieza principal del A-quo) 4) En fecha veinte de enero de dos mil veintitrés, compareció la Abogada Skarleth Dinora Herrera Oliva, ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Rafael Antonio Blanco Carrasco, Claudia Elena Blanco Aguilar y Ada Esther Aguilar Espinal, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar la peticionaria que la decisión adoptada por el A-quo, le violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-4 la pieza del Ad-Quem). 5) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: INADMITIR, el RECURSO O ACCIÓN DE AMPARO, presentada por la Abogada SKARLETH DINORA HERRERA OLIVA, quien comparece en su condición de representante procesal de los señores: RAFAEL ANTONIO BLANCO CARRASCO, CLAUDIA ELENA BLANCO AGUILAR ADA ESTHER AGUILAR ESPINAL, contra la RESOLUCIÓN, proferida en fecha 27 de Octubre del año 2022, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el abogado CARLOS EDGARDO LOUCEL GARCÍA, en su condición de representante procesal de la señora MARIA SAGRARIO AGUILAR, contra los señores: RAFAEL ANTONIO BLANCO CARRASCO, CLAUDIA ELENA BLANCO AGUILAR y ADA ESTHER AGUILAR ESPINAL.- SEGUNDO: SOBRESEER, las diligencias que contienen la presente acción de amparo.- TERCERO: Que se le dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la ley Sobre justicia Constitucional…” (Folios 13-15 de la pieza del Ad-Quem). 6) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, resuelta por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, promovida por la abogada Skarleth Dinora Herrera Oliva a favor de Rafael Antonio Blanco Carrasco, Claudia Elena Blanco Aguilar y Ada Esther Aguilar Espinal de fecha Tres (03) de Marzo del Dos mil veintitrés (2023) contra la resolución de fecha veintisiete (27)de octubre del año dos mil veintidós (2022) dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en relación a la Demanda de Titulo Extrajudicial promovida por la señora María sagrario Aguilar. CONSIDERANDO(2): Que desestimado el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca el que motiva en el artículo 784.1 que dispone que reconocida la legitimidad del actor y la fuerza ejecutiva del título, sin citación contraria, el juez dará tramite a la demanda, expidiendo mandamiento ejecutivo, que determinará la persona o personas frente a las que se despacha y si lo es en forma solidaria o mancomunada, en el presente caso se aprecia que el titulo ejecutivo que se acompaña (pagaré) aún no ha vencido, en consecuencia el mismo es exigible, en relación al artículo 590 numeral IV y 591 del Código de comercio. Asimismo, que el artículo 213.1 del mismo cuerpo legal establece que los actos procesales que contengan irregularidades serán anulables a instancia de parte y, siempre que no sea posible subsanarlos, en el presente caso si bien es cierto se cometieron irregularidades por la razón de que no se encuentra copia del pagaré en el expediente de mérito, pero no menos cierto es que dichas irregularidades son susceptibles de subsanación, por lo que no procede la nulidad de actuaciones. Por otro lado el artículo 214.2[1] ya dispone en qué momento se puede declarar la nulidad y en el caso particular que se resuelve No Procede la Nulidad de Actuaciones ya que las irregularidades que se cometieron son susceptibles de subsanación. Que dispone el articulo 215.1 y 2 del Código Procesal Civil, 1) Quienes sean parte legitima podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que han causado indefensión en el momento en que se advierta y 2) Si la causa de nulidad se diera y adujera durante la primera o segunda instancia, el tribunal podrá decidir de plano especifica e inmediatamente sobre la cuestión planteada, 3) La nulidad se tramitará por el procedimiento previsto para los incidentes en general y no tendrá efecto suspensivo, y se decidirá por medio de auto contra el que no cabrá recuso alguno. CONSIDERANDO (3): Que los motivos alegados por el quejoso en la acción de amparo presentada ante la Corte de Apelaciones revisada, según se aprecia son al debido proceso y de defensa, al peticionar ante la Alzada que se revoque o modifique el fallo proferido por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca en la Resolución de fecha 27 de octubre del año dos mil veintidós, desde el auto de admisión de fecha 19 de septiembre del año 2016, por ser violatorias de derechos y garantías constitucionales contenidas en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que no debió dársele trámite a la demanda de ejecución de título extrajudicial por no cumplir con los requisitos que exige la ley en cuanto a lo que dispone el articulo 783 No.2 del CPC, que a la demanda deberá acompañarse en todo caso el título en que se funde y los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad que reclama, y en dicho expediente solo consta un acta y no hay ni una copia aunque sea de dicho título a ejecutar, por lo que se interpuso la excepción de nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión al ver plenamente el objeto, motivo y causa para plantearla, al no acreditar la ejecutante señora María Sagrario Aguilar su calidad de prestamista no bancario al no presentar la autorización tal como lo dispone el Banco Central de Honduras y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) pues no existe la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva del titulo por no constar el pagaré, causando indefensión. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal de Alzada en respuesta al Amparista, en el considerando cinco del fallo expresa entre otros conceptos “que de una revisión exhaustiva a las diligencias encuentra que las mismas se desarrollaron con apego a estricto derecho concluyendo con sentencia definitiva de fecha 5 de noviembre del 2018, en la que en el acápite segundo establece :Condenar a los señores RAFAEL ANOTNIO BLANCO CARRASCO, CLAUDIA ELENA BLANCO AGUILR Y ADA ESTHER AGUILR ESPINAL al pago de setecientos setenta y seis mil doscientos cincuenta lempiras (L.776,250.00) que incluye capital, intereses y el 15% por costas de la presente ejecución, ordenado seguir adelante con la ejecución; sentencia que fue debidamente notificada a las partes procesales, y en uso de su derecho la representación procesal demandada, interpuso recurso de apelación en fecha 22 de noviembre del 2018, conociendo esta Corte del referido recurso, dicto sentencia en fecha 3 de diciembre del año 2021, en la que por UNANIMIDAD este Tribunal de Alzada declaro SIN LUGAR el referido recurso, no habiéndose hecho uso del recurso extraordinario de casación, por lo que nuestra sentencia adquirió el carácter de firme; ante tales circunstancias, la Amparista pretende dar vida a algunas acciones que según su entender fueron inobservadas al momento en que se encontraba en proceso las diligencias, en primera instancia, al respecto es importante expresar que el Código Procesal Civil, en su Capitulo VII, regula lo relativo a la nulidad de los actos procesales, estableciendo en el artículo 213 en sus numerales 1 y 2: “1. Los actos procesales que contengan irregularidades serán anulables a instancia de parte y, siempre que no sea posible, subsanarlos. 2) Si la parte a quien interese no impugna un acto anulable, quedará sanado al tiempo de la firmeza de la resolución”, en el caso de autos no encontramos ante una sentencia firme, la cual en aplicación del artículo pre descrito, produjo como resultado el saneamiento de cualquier acción anulatoria, siendo imposible que por la vía de un recuro de amparo se pueda dar vida a una sentencia con carácter de firme, pue se trata de un juicio ya fenecido y, que por mandado constitucional es un juicio fenecido adoptando la categoría de cosa juzgada, pues de ser procedente lo peticionado se atentaría contra la seguridad jurídica que en un estado de derecho debe prevalecer, pues el artículo 186 de la Carta Magna, contiene un mandato expreso, en el sentido que ningún poder, ni autoridad puede avocarse causas pendientes, ni abrir juicios fenecidos; ante tales argumentos legales y en observancia a lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional, específicamente en lo establecido en el artículo 46 numerales 1 y 5 respecto a la inadmisibilidad de la acción de amparo, consideramos que la acción emprendida ante esta Corte contiene alegación de violaciones de mera legalidad, y en razón de tratarse de una sentencia firme constituye un hecho consumado de modo irreparable, mediante la acción emprendida; pues además es importante establecer que tal como lo establece la doctrina la cosa juzgada es lo ya resuelto por una sentencia firme y que lleva en si la fuerza de su irrevocabilidad y en la cual la ley tiene por cierto e irrefutable lo que se ha declarado en esa sentencia, y que por lo mismo no puede ser discutido en otro juicio, razones por las cuales esta Corte considera procedente declarar la inadmisibilidad del Recurso de Amparo a que sea ha hecho referencia y declararse el sobreseimiento de la causa. Debiéndose ordenar a la Secretaría de esta Corte notifique a la peticionaria lo resuelto y se proceda el envío de las diligencias en consulta a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (5): Que revisada la sentencia en consulta obligatoria de fecha 3 de marzo del dos mil veintitrés y fallada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle tal y como lo dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, encuentra esta Sala, que la recurrente interpone la acción de amparo contra la Resolución de fecha 27 de octubre del 2022, mediante la cual el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca desestima el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones; en este sentido, como se deduce de la motivación, la Alzada retrotrae un acto no recurrido en amparo, es decir, la sentencia de fecha 5 de noviembre del 2022 (F.94 P.1) resuelta en apelación por la misma Corte y señala, que por unanimidad declararon sin lugar el recurso y que no habiendo hecho uso del recurso extraordinario de casación la sentencia alcanzó firmeza y por tanto no cabe reabrir juicios fenecidos de conformidad a lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República; cabe señalar, que el artículo 717[2] del Código Procesal Civil define que sentencias son recurribles en casación, no siendo el caso; y por otro lado expresa, que la nulidad de los actos procesales están regulados según lo dispuesto en el artículo 213 numerales 1 y 2, y refiere que estando una sentencia firme y en aplicación del citado artículo ya se produjo como resultado el saneamiento de cualquier acción anulatoria, siendo imposible que por la vía de un amparo se pueda dar vida a una sentencia con carácter firme. CONSIDERANDO (6): Que del examen de la sentencia venida en consulta obligatoria, esta Sala no comparte la motivación del fallo en cuanto a la causal invocada por el Tribunal de Alzada, pues del examen de las diligencias se observa que el ejercicio de la acción se promovió de forma extemporánea, por cuanto un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo. No obstante, para que esta condición se cumpla, es necesario que dicho plazo haya empezado a correr. En el caso en consulta, el plazo de dos meses para promover la acción de amparo que se intenta contra la indicada resolución, comenzó a correr al día siguiente en que se notificó a la parte procesal la resolución, la que fue notificada a la recurrente el dia diecisiete (17) de noviembre del dos mil veintidós (2022) (folio 180 1 p.) por lo que el término de dos meses antes referido comenzó a correr al día siguiente hábil, o sea el día dieciocho (18) de noviembre del dos mi veintidós (2022) venciendo dicho plazo de dos meses a la media noche del día miércoles dieciocho (18) de enero del dos mil veintitrés (2023) dia hábil, y el Amparista presenta dicha acción hasta el dia viernes, veinte (20) de enero del dos mil veintitrés (2023) (ver f.4 pieza de amparo), evidentemente como consta en el expediente de mérito es extemporánea su presentación. En este sentido, se aprecia que el acto reclamado en amparo se interpuso fuera del plazo de dos meses que dispone el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que proceda su admisión. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo según el artículo 46 numeral 4) Cuando no se hubiere ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48 del mismo cuerpo legal, en consecuencia, procede rechazar de plano la demanda de amparo por la causal de inadmisibilidad señalada y se proceda a sobreseer la misma como ha quedado expresado. CONSIDERANDO (8): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, es del parecer que conforme a lo expuesto en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se revoque la sentencia venida en consulta obligatoria en los términos establecidos en el presente fallo, procediendo a sobreseer el Recurso de Amparo presentado por la abogada Skarleth Dinora Herrera Oliva a favor de Rafael Antonio Blanco Carrasco, Claudia Elena Blanco Aguilar y Ada Esther Aguilar Espinal en la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por el abogado Carlos Edgardo Loucel García, en su condición de representante procesal de la señora María Sagrario Aguilar.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 4, 5,7,8, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Revocando la sentencia venida en consulta obligatoria de fecha Tres de marzo del dos mil veintitrés pronunciada por la Corte de Apelaciones Civil de Choluteca y Valle, por no haberse ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por constar de autos la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 4; por tanto, procede dentro del trámite rechazar la demanda de amparo y sobreseer las presentes diligencias, Y MANDA: Que con la certificación del mismo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA.PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de septiembre del año de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-332-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] 214.2 CPC Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular..
[2] 717 CPC. Solo serán recurrible en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por la Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca este Código.