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Sentencia AC-288-23 — Registro 16943

Resumen

En consulta la sentencia que denegó el recurso de amparo contra la del aquo, en relación a la Audiencia de Incidentes y Nulidades, que resuelve no ser de recibo, la justificación de ausencia del Abogado Defensor a la referida audiencia, consecuencia de ello declara por prelucido el término para presentar incidentes y ordena la continuación del proceso; en relación a la causa instruida contra el impetrante por la supuesta responsabilidad en el delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... " Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero siendo el amparo una garantía constitucional, la misma está condicionada a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional..." ..." Que esta Sala, estima que la decisión que debió adoptar la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, era la de SOBRESEER las diligencias en la Acción de Amparo interpuesta, en la sentencia emitida en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, pues en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial, se advierte que los argumentos del garantista, van orientados a la vulneración de derechos fundamentales del imputado, ante la celebración de la Audiencia de Incidentes y Nulidades sin la comparecencia de la Defensa, consecuencia de ello se decreta la preclusión del término, vedando con ello la posibilidad de la interposición de incidentes a que pudiera recurrir la defensa; no procede en ese orden de ideas, denegar el recurso de Amparo, en atención que de la foliada de las diligencias se advierte la causal de inadmisibilidad de la acción, ello en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... " Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero siendo el amparo una garantía constitucional, la misma está condicionada a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional..." ..." Que esta Sala, estima que la decisión que debió adoptar la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, era la de SOBRESEER las diligencias en la Acción de Amparo interpuesta, en la sentencia emitida en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, pues en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial, se advierte que los argumentos del garantista, van orientados a la vulneración de derechos fundamentales del imputado, ante la celebración de la Audiencia de Incidentes y Nulidades sin la comparecencia de la Defensa, consecuencia de ello se decreta la preclusión del término, vedando con ello la posibilidad de la interposición de incidentes a que pudiera recurrir la defensa; no procede en ese orden de ideas, denegar el recurso de Amparo, en atención que de la foliada de las diligencias se advierte la causal de inadmisibilidad de la acción, ello en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... " Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero siendo el amparo una garantía constitucional, la misma está condicionada a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional..." ..." Que esta Sala, estima que la decisión que debió adoptar la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, era la de SOBRESEER las diligencias en la Acción de Amparo interpuesta, en la sentencia emitida en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, pues en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial, se advierte que los argumentos del garantista, van orientados a la vulneración de derechos fundamentales del imputado, ante la celebración de la Audiencia de Incidentes y Nulidades sin la comparecencia de la Defensa, consecuencia de ello se decreta la preclusión del término, vedando con ello la posibilidad de la interposición de incidentes a que pudiera recurrir la defensa; no procede en ese orden de ideas, denegar el recurso de Amparo, en atención que de la foliada de las diligencias se advierte la causal de inadmisibilidad de la acción, ello en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... " Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero siendo el amparo una garantía constitucional, la misma está condicionada a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional..." ..." Que esta Sala, estima que la decisión que debió adoptar la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, era la de SOBRESEER las diligencias en la Acción de Amparo interpuesta, en la sentencia emitida en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, pues en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial, se advierte que los argumentos del garantista, van orientados a la vulneración de derechos fundamentales del imputado, ante la celebración de la Audiencia de Incidentes y Nulidades sin la comparecencia de la Defensa, consecuencia de ello se decreta la preclusión del término, vedando con ello la posibilidad de la interposición de incidentes a que pudiera recurrir la defensa; no procede en ese orden de ideas, denegar el recurso de Amparo, en atención que de la foliada de las diligencias se advierte la causal de inadmisibilidad de la acción, ello en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de octubre del año dos mil veintitrés. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado José Carlos Velásquez M., en su condición de Representante Legal del señor José Clemente Ramos Del Cid, contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha once de agosto del año dos mil veintidós, en la Audiencia de Incidentes y Nulidades, que resuelve no ser de recibo, la justificación de ausencia del Abogado Defensor a la referida audiencia, consecuencia de ello declara por precluido el término para presentar incidentes y ordena la continuación del proceso; en relación a la causa instruida contra el señor José Clemente Ramos Del Cid, a quien se le supone responsable del delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio del Orden Público. Estima el recurrente que el acto reclamado vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, a su representado, contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con la inobservancia de los artículos 4, 14 y 316 del Código Procesal Penal, asimismo el contenido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos de septiembre del año dos mil veintidós, compareció ante este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, el Abogado José Carlos Velásquez M., interponiendo recurso de amparo a favor del señor José Clemente Ramos Del Cid, contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha once de agosto del año dos mil veintidós, en relación a la causa instruida contra el señor José Clemente Ramos Del Cid, a quien se le supone responsable del delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio del Orden Público. (Folios del 3-11 de la pieza de antecedentes de Amparo) 2) Mediante auto de fecha once de octubre del año dos mil veintidós, esta Sala de lo Constitucional, resolvió declararse incompetente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el Abogado José Carlos Velásquez M., a favor del señor José Clemente Ramos Del Cid, asimismo, ordenó remitir los antecedentes a la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, por ser éste el Tribunal competente. (Folio 36fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 3) La Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veintidós, tuvo por admitida la Acción Constitucional de Amparo interpuesta, diligencias que fueron remitidas por la Sala de lo Constitucional. (Folio 39 de la pieza de antecedentes de Amparo) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (sic) “…PRIMERO: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ, contra la resolución de fecha de fecha once 11 de agosto del 2022 dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de esa Ciudad de La Ceiba.- En la causa registrada bajo el número TSLCP No.0101-2020-00055, promovida contra del señor JOSE CLEMENTE RAMOS DELCID, por suponerle responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio del ORDEN PUBLICO; resolución mediante la cual se inadmitió la excusa presentada por el recurrente.- Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo se remitan los autos en consulta obligatoria a la Honorable Corte Suprema de Justicia.-NOTIFIQUESE.” (Folios del 120-122fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 5) Que en fecha ocho de marzo del año dos mil veintitrés, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Penal venida en consulta, conocida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlantida, interpuesta por el Abogado JOSÉ CARLOS VELÁSQUEZ M., contra la resolución de fecha once de agosto, del año dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la celebración de la Audiencia de Incidentes y Nulidades, que resuelve no ser de recibo, la justificación de ausencia del Abogado Defensor a la referida audiencia, consecuencia de ello declara por precluido el término para presentar incidentes y ordena la continuación del proceso, en la causa instruida contra el señor JOSÉ CLEMENTE RAMOS DEL CID por suponerlo responsable del delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de EL ORDEN PÚBLICO. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que la resolución contra la cual se reclama, de fecha once de agosto del año dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por la inobservancia del contenido de los artículos 4, 14 y 316 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Sentencia, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República y Tratados Internacionales. Es así que la acción de Amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. CONSIDERANDO (5): Que revisados que han sido los antecedentes que conforman la pieza de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que la acción de Amparo promovida se encuentra en la causal de inadmisibilidad de la acción, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala que: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”; entendiendo tal situación, porque la garantía de amparo fue promovida contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlantida, en fecha once de agosto del año dos mil veintidós, que resuelve no ser de recibo, la justificación de ausencia del Abogado Defensor a la referida audiencia de Incidentes y Nulidades, consecuencia de ello declara por precluido el término para presentar incidentes y ordena la continuación del proceso, resolución que fue objeto del recurso de apelación por parte de la defensa, mismo que fue inadmitido por haberse interpuesto en forma extemporánea, o sea pasados los tres días hábiles que determina la ley procesal penal. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala no comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la parte dispositiva de la sentencia emitida en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ello porque en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial que debe observarse al momento de substanciar la garantía de Amparo, este Tribunal de Justicia Constitucional, advierte que el recurrente si bien hace mención a que se le están vulnerando sus derechos ante el hecho de no admitir el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, los documentos acompañados a efecto de justificar su incomparecencia a la Audiencia de Incidentes y Nulidades, lo cierto es que el asunto fundamental por el que se interpone la acción de Amparo, es precisamente por la vulneración de derechos que asisten al imputado, al decretarse precluido el término para la interposición de incidentes sin la presencia de la Defensa, por ello el recurrente arguye: (Sic) “A la vez vulnera la garantía del Debido Proceso en relación al Derecho de Defensa que asiste a mi representado pues mi Sanción NO TIENE porque afectar a mi defendido JOSE CLEMENTE RAMOS DELCID”, argumento que reitera en la petición, indicando la vulneración de derechos a su representado; tesis con la cual se muestra acorde este Tribunal, a no ser como ya se refirió que la exposición de la Demanda de Amparo, se encuentra contenida en una causal de inadmisión de la Acción, por ello lo procedente es el sobreseimiento de las diligencias. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero siendo el amparo una garantía constitucional, la misma está condicionada a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala, estima que la decisión que debió adoptar la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, era la de SOBRESEER las diligencias en la Acción de Amparo interpuesta, en la sentencia emitida en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, pues en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial, se advierte que los argumentos del garantista, van orientados a la vulneración de derechos fundamentales del imputado, ante la celebración de la Audiencia de Incidentes y Nulidades sin la comparecencia de la Defensa, consecuencia de ello se decreta la preclusión del término, vedando con ello la posibilidad de la interposición de incidentes a que pudiera recurrir la defensa; no procede en ese orden de ideas, denegar el recurso de Amparo, en atención que de la foliada de las diligencias se advierte la causal de inadmisibilidad de la acción, ello en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”. –Énfasis y subrayado suplido- CONSIDERANDO (9): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, que falla Denegando la Accion de Amparo, siendo procedente el Sobreseimiento de las diligencias, al advertir dentro del trámite, la causal de inadmisibilidad de la acción, contenida en el numeral 3) del Artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, Acción Constitucional interpuesta por el Abogado José Carlos Velásquez M. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 103, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.3) y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés. 2) SOBRESEYENDO EL AMPARO promovido por el Abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ M., a favor del señor JOSE CLEMENTE RAMOS DEL CID, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintidós (2022); por la causal de inadmisibilidad de la acción, contenida en el numeral 3) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha once de octubre de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-288-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL