Sentencia AC-19-22 — Registro 17617
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado el derecho al debido proceso al no responder a su pretensión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el impetrante ha dispuesto de los momentos procesales oportunos para hacer uso de sus derechos ante los órganos jurisdiccionales competentes, es así como hizo uso de la oposición y excepciones en la forma prevista en la ley, ahora bien, determinar si concurren o no los elementos para que tenga lugar la oposición o excepciones alegadas, es algo que corresponde precisamente dilucidar a los juzgados y tribunales de instancia y no a la justicia constitucional que únicamente debe estar presta a garantizar que las formas posibiliten el libre acceso a las partes en procura de una tutela judicial efectiva, ahora bien, no obstante de que el ejecutado ha dispuestos de los medios y recursos que le permiten deliberar en igualdad de condiciones, si apreciamos que no obstante haber gozado de tales medios y recursos, en la respuesta ofrecida en la sentencia objeto de acción de amparo, se observa una falta de motivación con respecto a uno de los puntos de agravio del apelante relacionado con lo que denominó el nexo causal referente a la relación jurídica que dio origen al título, en tanto la respuesta del juzgador de segunda instancia se centró en la literalidad del título valor, guardando silencio sobre la relación causal, al respecto, es conocido que puede existir una acción cambiaria directa, pero también podría darse una acción causal en la forma prevista en el código de comercio; este Tribunal no puede señalar si procedía o no la acción directa por la autonomía o literalidad de la letra de cambio, tampoco puede expresar si cabe o no una acción causal por la relación jurídica invocada, tampoco puede indicar cuál es la que procede, pero si es del criterio que, el amparista debe conocer una respuesta concreta sobre el nexo causal que viene invocando a partir de la relación jurídica que dio origen al título, según lo alegado por el apelante, más allá de que su alegato sea o no de recibo, así lo demanda su derecho a una respuesta debidamente motivada y congruente con su pretensión, por ello, la tutela judicial efectiva supone que los recurrentes sean oídos y tengan derecho a una decisión fundada en derecho independientemente que sea favorable o adversa al impetrante, en ese sentido, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, prescribe que, nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y entre las garantías que tienen las partes se encuentra la de que su litigio sea resuelto en una sentencia debidamente motivada; sobre la motivación es preciso traer a colación el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere esta norma. La Corte ha sostenido: “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. La “motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”. Dicho esto, al examinar la decisión del tribunal de apelaciones se observa que éste no ha motivado su respuesta sobre el alegato del impetrante referente al nexo causal, por lo tanto se ha violentado el derecho del recurrente a una tutela judicial efectiva al no haber recibido una respuesta concreta fundada en derecho sobre esa pretensión particular, independientemente si esta le sea favorable o adversa, violentándose de este modo el derecho al debido proceso previsto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y consecuentemente vulnerando el derecho de defensa
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo del año dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor del Señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha ocho de noviembre dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil AGRICENTER HONDURAS S. DE R. L., contra el señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio contemplados en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) En fecha dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, actuando como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil AGRICENTER HONDURAS S. DE R. L., interponiendo demanda de ejecución de título extrajudicial, acción que promueve contra el señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE, en su condición de obligado principal, para exigirle el pago de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS (L.3, 297, 838.21) en concepto por garantía por venta de mercadería e insumos variados, más los gastos legales honorarios profesionales y las costas del juicio. (Folio 01-10 de la Pieza del A-Quo).-2) Seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR tanto el defecto procesal de la falta de legitimación ordinaria y la oposición a la ejecución de título extrajudicial en ambos motivos presentada por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA en su condición de apoderado legal del señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE como parte ejecutada y opositora. SEGUNDO: SE CONDENA al señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE como parte ejecutada y opositora al pago de las COSTAS causadas en la presente oposición. TERCERO: Asimismo SE ORDENA que se continúe la presente ejecución de título extrajudicial por la Vía de Apremio hasta obtener el pago a favor de la parte ejecutante de la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100 (L.3, 297, 838.21) más los interese y costas de la presente ejecución extrajudicial. Por ser una sentencia definitiva admite recurso de apelación el que deberá promoverse dentro del plazo de diez (10) días después de la notificación. NOTIFIQUESE.” (Folios 408–414 de la Pieza del A-Quo).-3) Conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando como Apoderado Legal del Señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE, la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó Sentencia en fecha ocho (08) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: (SIC) “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, contra el FALLO de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en la Solicitud de Oposición, derivada de la Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial, promovida por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES, accionando en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil denominada AGRICENTER HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE, para el pago de dinero por la cantidad TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVO (L.3, 297, 838.21) más gastos que resulten del presente juicio, costas y honorarios profesionales.- 2) CONFIRMAR el FALLO de fecha veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Venido en apelación.- 3) CON COSTAS.” (Folios 10-15 de la Pieza del Ad-Quem).-4) El Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, compareció ante este Tribunal en fecha cinco (05) de enero de dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor del Señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (08) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022). (Folios 01–08 y 39 de la presente Recurso).-5) En fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no vislumbrarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios 43–48 y 50 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, argumenta que la sentencia recurrida violenta el debido proceso, pues, toda persona natural o jurídica debe de tener libre acceso a los Tribunales de la República, a ejercer las acciones y los recursos legales en la forma que establezcan las Leyes, a ser oído en los plazos que fija la ley, a ser juzgado por Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, con las formalidades, derechos y garantías que fija el debido proceso, a la sustanciación de su causa y a la determinación de sus derechos y obligaciones, en cualquiera de los asuntos de su interés regulados por la ley, ya que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o Tribunal competente. Arguye que se ha violentado el derecho de defensa porque la ejecutante en abuso de derecho, ha incoado la ejecución de un título que no liga a ninguna obligación, si bien es cierto que los títulos ejecutivos tienen autonomía, desde un punto de vista legal que conlleva aparejada la ejecución del mismo, la revisión de los requisitos formales es indispensable, pero también aquellos requisitos esenciales, que dejen claridad al Juzgador de instancia que la naturaleza jurídica del título es verdadera y no un fraude a la Ley o abuso de derecho, como en el caso de autos, circunstancias éstas que al no valorarse en la sentencia que se impugna el material probatorio aportado violenta el derecho de defensa. Alega que se ha procurado allegar al proceso los argumentos y elementos que constituyen el fundamento de la defensa en cuanto al nexo causal del título que se pretende ejecutar, aspectos de valoración que no contiene la sentencia recurrida pues aplica disposiciones procesales respecto a la ejecución de la letra de cambio sin arribar al análisis del nexo causal, el origen de la obligación de pago, yerro e inobservancia que violenta el derecho de defensa al no brindar tutela judicial… el nexo causal, requiere que se revele y pruebe la relación jurídica que dio origen al título, que es la derivada del acto jurídico que dio origen a la emisión del mismo.-CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[1] -CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el impetrante ha dispuesto de los momentos procesales oportunos para hacer uso de sus derechos ante los órganos jurisdiccionales competentes, es así como hizo uso de la oposición y excepciones en la forma prevista en la ley, ahora bien, determinar si concurren o no los elementos para que tenga lugar la oposición o excepciones alegadas, es algo que corresponde precisamente dilucidar a los juzgados y tribunales de instancia y no a la justicia constitucional que únicamente debe estar presta a garantizar que las formas posibiliten el libre acceso a las partes en procura de una tutela judicial efectiva, ahora bien, no obstante de que el ejecutado ha dispuestos de los medios y recursos que le permiten deliberar en igualdad de condiciones, si apreciamos que no obstante haber gozado de tales medios y recursos, en la respuesta ofrecida en la sentencia objeto de acción de amparo, se observa una falta de motivación con respecto a uno de los puntos de agravio del apelante relacionado con lo que denominó el nexo causal referente a la relación jurídica que dio origen al título, en tanto la respuesta del juzgador de segunda instancia se centró en la literalidad del título valor, guardando silencio sobre la relación causal, al respecto, es conocido que puede existir una acción cambiaria directa, pero también podría darse una acción causal en la forma prevista en el código de comercio; este Tribunal no puede señalar si procedía o no la acción directa por la autonomía o literalidad de la letra de cambio, tampoco puede expresar si cabe o no una acción causal por la relación jurídica invocada, tampoco puede indicar cuál es la que procede, pero si es del criterio que, el amparista debe conocer una respuesta concreta sobre el nexo causal que viene invocando a partir de la relación jurídica que dio origen al título, según lo alegado por el apelante, más allá de que su alegato sea o no de recibo, así lo demanda su derecho a una respuesta debidamente motivada y congruente con su pretensión, por ello, la tutela judicial efectiva supone que los recurrentes sean oídos y tengan derecho a una decisión fundada en derecho independientemente que sea favorable o adversa al impetrante, en ese sentido, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, prescribe que, nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y entre las garantías que tienen las partes se encuentra la de que su litigio sea resuelto en una sentencia debidamente motivada; sobre la motivación es preciso traer a colación el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere esta norma. La Corte ha sostenido: “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. La “motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”. Dicho esto, al examinar la decisión del tribunal de apelaciones se observa que éste no ha motivado su respuesta sobre el alegato del impetrante referente al nexo causal, por lo tanto se ha violentado el derecho del recurrente a una tutela judicial efectiva al no haber recibido una respuesta concreta fundada en derecho sobre esa pretensión particular, independientemente si esta le sea favorable o adversa, violentándose de este modo el derecho al debido proceso previsto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y consecuentemente vulnerando el derecho de defensa.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor del señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno. SEGUNDO: La resolución objeto de la acción de amparo, no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva TERCERO: La CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES debe dejar sin valor ni efecto la resolución conocida en amparo y pronunciarla nuevamente incorporando la respuesta motivada a la petición del recurrente relacionada con su alegato del nexo causal. Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFIQUESE.Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0019-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.
[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de Agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78. Citado por Karla I Quintana Osuna y Silvia Serrano Guzmán en su obra La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reflexiones Generales. P. 67 y 68