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Sentencia AC-186-23 — Registro 16942

Resumen

en relación a la demanda vía proceso ordinario de nulidad absoluta de una declaración de herencia ab-intestato promovida contra impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

La Sala ha considerado que el acto o en este caso la resolución que decide un remedio de reposición se consuma de manera irreparable cuando es emitida, porque se producen todos sus efectos legales, en este caso, la desestimación de la solicitud de reconsideración que se planteó en su momento pues solamente el órgano jurisdiccional emisor puede reconsiderar su propia decisión, siendo su denegatoria en este caso, prerrogativa del órgano emisor. Por supuesto que esto es sin perjuicio de ulteriores recursos ordinarios que pudieran ser instados por el interesado contra el auto impugnado—no contra el que decide la reposición. VII. Así, al estar dirigido el acto reclamado con el presente amparo, contra una resolución que no es recurrible, como lo hemos afirmado ya, la acción de amparo se enmarca en la causal 5ª de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual establece que es inadmisible el recurso de amparo contra actos consumados de modo irreparable. VIII. De acuerdo con las normas que regulan la justicia constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. IX. Así, en acatamiento a la ley, si bien la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara no ha advertido la causal de inadmisión contemplada en el precitado numeral 5º, la decisión denegatoria que ha dictado es consecuente con las normas de la justicia constitucional por cuanto se ha determinado la improcedencia de la acción de amparo, como correspondía, por lo que resulta oportuno CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE BÁRBARA, de fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ, a favor de los señores GLENDA LÓPEZ MONTOYA, HENRY JONATHAN MOREL LÓPEZ Y ARNOL JHOVANI MOREL LÓPEZ, contra la resolución dictada en fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE BÁRBARA, en relación a la demanda vía proceso ordinario de nulidad absoluta de una declaración de herencia ab-intestato promovida por la señora BLANCA ESTELA URBINA PAZ, contra los señores GLENDA LÓPEZ MONTOYA, HENRY JONATHAN MOREL LÓPEZ Y ARNOL JHOVANI MOREL LÓPEZ. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1.En fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la señora BLANCA ESTELA URBINA PAZ, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, presentando demanda para la nulidad absoluta de la declaración de herencia ab-intestato, contra el señor BELARMINO MOREL SABILLÓN, en virtud de que en la misma, el demandado sin tener mejor derecho fue declarado heredero ab-intestato de causante, al haber proporcionado información falsa ante ese Juzgado. (Folios 01-11 de la primera pieza de los antecedentes). 2. En fecha once de marzo de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia en la cual falló: “…PRIMERO: Se declara NO HABER LUGAR a la Demanda de Nulidad Absoluta de una solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, Indemnización de Daños y Perjuicios vía el Proceso Ordinario que promovió la señora Blanca Estela Urbina Paz en contra del señor Belarmino Morel Sabillón, ambos de generales expresadas en autos. SEGUNDO: Se declara NO HABER LUGAR la pretensión accesoria de resarcimiento de daños y perjuicios promovida por la parte demandante en contra de la parte demandada. ….”. (Folios 286-303 de la primera pieza de antecedentes). 3. En fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ, actuando en su condición de representante procesal del señor Belarmino Morel Sabillón, compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, solicitando la liquidación de las costas personales de acuerdo con el Arancel para Profesionales del Derecho. (Folios 308 y 309 de la primera pieza de antecedentes). 4. En fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, emitió resolución en la cual decidió: “1.- Se manda a subsanar la solicitud de tasación de costas, presentada por el Abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del señor BELARMINO MOREL SABILLÓN, y se concede un plazo de cinco días a efecto de que proceda a subsanar los aspectos que se le han señalado.” (Folio 385 de la primera pieza). 5. En fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno el Abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ, actuando en su condición antes indicada interpuso recurso de reposición contra la resolución relacionada en el numeral anterior. (Folios 387 y 388 de la primera pieza). 6. En fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, dictó resolución en la cual resolvió: “…Se declara NO HABER LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez en su condición de Apoderado Legal del señor Belarmino Morel Sabillón…”. (Folios 443 al 445 de la primera pieza). 7. En fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el Abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores GLENDA LÓPEZ MONTOYA, HENRY JONATHAN MOREL LÓPEZ Y ARNOL JHOVANI MOREL LÓPEZ, sucesores procesales mortis causa del señor BELARMINO MOREL SABILLÓN contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, dictada en fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, por estimar que la referida resolución viola los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 8 de la segunda pieza de los antecedentes). 8. Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, decidiendo: “….PRIMERO: DENIEGA EL AMPARO promovido por el Abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ, en su condición de mandatario procesal de los señores GLENDA LÓPEZ MONTOYA, HENRY JONATAN MOREL LÓPEZ Y ARNOL JHOVANI MOREL LÓPEZ, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras Unificado de esta Sección Judicial, con fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintidós (2022),….” (Folios 58 al 62 de la segunda pieza de los antecedentes). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA 1. La acción de amparo que nos ocupa se interpuso en contra de la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Bárbara y mediante la cual se denegó un recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra un auto de fecha 2 de marzo de 2021. 2. En la sentencia objeto de examen, que fue emitida por la Alzada en fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, se decidió la denegatoria de la acción de amparo pretendida, por considerar que la resolución impugnada no produjo infracción a los derechos constitucionales invocados como violados por el amparista, estimando la Alzada que el Juez A Quo llevó a cabo el procedimiento establecido en la ley para la resolución del recurso de reposición que fue presentado, para lo cual se siguieron los lineamientos establecidos en la normativa procesal civil atinente al caso, según sostuvo el Tribunal de Apelaciones. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. De la vista de los antecedentes consta que el acto reclamado en amparo lo constituye una resolución mediante la cual se decide un recurso de reposición, el cual fue a su vez interpuesto contra un auto emitido dentro de un procedimiento de una demanda de naturaleza civil. III. Es oportuno destacar que esta Sala de lo Constitucional ha declarado en reiterada jurisprudencia que la resolución mediante la que se decide sobre la procedencia—o improcedencia—de un recurso de reposición no admite recurso en contra, y es en tal virtud que se lo ha considerado como un acto consumado de modo irreparable, contra el cual no cabe instar la acción de amparo. IV. La Sala ha establecido en repetidas decisiones, que la doctrina en materia de amparo ha clasificado los actos consumados en dos categorías: 1) Los actos consumados de modo reparable; y, 2) Los actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparada por la sentencia recaída en amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, ya no pueden ser restituidos ni física ni materialmente al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en contra de este tipo de actos. V. En el caso del recurso de reposición, se debe tener en cuenta su carácter no devolutivo, y es en virtud de tal condición, que se lo ha catalogado más como un remedio procesal que como un recurso propiamente dicho por algunos tratadistas. El carácter no devolutivo del recurso de reposición conlleva a que la decisión del mismo no le corresponde a un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior, sino que es el propio juez o tribunal que emitió la resolución impugnada quien determina de manera exclusiva si reconsidera o rectifica su decisión, de ahí que nuestra legislación procesal haya instituido ampliamente que los autos que resuelvan el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción intentada contra el acto que las motivó, no son susceptibles de recurso. VI. La Sala ha considerado que el acto o en este caso la resolución que decide un remedio de reposición se consuma de manera irreparable cuando es emitida, porque se producen todos sus efectos legales, en este caso, la desestimación de la solicitud de reconsideración que se planteó en su momento pues solamente el órgano jurisdiccional emisor puede reconsiderar su propia decisión, siendo su denegatoria en este caso, prerrogativa del órgano emisor. Por supuesto que esto es sin perjuicio de ulteriores recursos ordinarios que pudieran ser instados por el interesado contra el auto impugnado—no contra el que decide la reposición. VII. Así, al estar dirigido el acto reclamado con el presente amparo, contra una resolución que no es recurrible, como lo hemos afirmado ya, la acción de amparo se enmarca en la causal 5ª de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual establece que es inadmisible el recurso de amparo contra actos consumados de modo irreparable. VIII. De acuerdo con las normas que regulan la justicia constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. IX. Así, en acatamiento a la ley, si bien la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara no ha advertido la causal de inadmisión contemplada en el precitado numeral 5º, la decisión denegatoria que ha dictado es consecuente con las normas de la justicia constitucional por cuanto se ha determinado la improcedencia de la acción de amparo, como correspondía, por lo que resulta oportuno CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numeral 1, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE BÁRBARA, de fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, de la que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-186-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL