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Sentencia AC-184-23 — Registro 17943

Resumen

Acto revisado que otorgó el recurso de amparo contra la del a-quo, con relación a la demanda ordinaria de daños y perjuicios promovida. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C, del departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha tres de febrero del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en el ordinal tercero de los fundamentos de derecho: (Sic) “El Artículo 59 del Código Procesal Civil establece: “PRESUPUESTOS PARA SER PARTE. Para poder actuar válidamente en el proceso civil las partes deberán gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, estar legitimadas y ser asistidas por profesional del derecho que les defienda y represente.”; en relación al artículo 64 DEL Código Procesal Civil: “LEGITIMACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 1. Para efectos procesales son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titularles de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa…”, y del estudio del caso de autos se observa que el señor JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES no es el titular de la obligación reclamada en la Demanda de daños y Perjuicios que nos ocupa, ya que su actuación en la firma del Contrato objeto de la referida demanda, fue mediante un Poder en representación de la señora BETULIA VALLADARES, quien es una persona distinta y a su vez titular de la relación jurídica objeto de litigio; por lo que el Señor JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES no puede ser demandado en su condición personal y en este caso, tampoco como representante de la señora BETULIA VALLADARES ya que dicha señora está siendo directamente demandada…”. CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C, del departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a Otorgar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo de la norma aplicable al caso en estudio, específicamente el artículo 64.1 del Código Procesal Civil que textualmente dispone: “LEGITIMACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 1. Para efectos procesales son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa…”; como bien lo explica la Corte de Apelaciones que ha conocido de la demanda de Amparo, el señor Rivera Valladares no es parte legítima en el proceso, pues su participación en el asunto en conflicto, se realizó en su condición de mandatario de una persona distinta, por consiguiente la obligación tiene fuerza de ley entre las partes que son la señora Betulia Valladares y José Eduardo Diaz, en ese orden de ideas el señor José Enrique Rivera Valladares tampoco está siendo demandado en representación de su mandante, la señora Betulia Valladares, ya que ella también está siendo demandada. Como consecuencia de lo anterior, desestimar el defecto procesal de Falta de Legitimación para ser parte demandada, promovida por el señor José Enrique Rivera Valladares, es violatorio del derecho al debido proceso invocado por el recurrente en Amparo. -El subrayado es añadido-..." ..." Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del año dos mil veintitrés. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha tres de febrero del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado Mauricio Enrique Argeñal Arriola, a favor del señor Jorge Enrique Rivera Valladares, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, que resuelve desestimar el defecto procesal de Falta de Legitimación para ser parte demandada; con relación a la demanda ordinaria de daños y perjuicios, promovida por el abogado Próspero Guillermo Rodríguez Moncada, en su condición de representante procesal del señor José Eduardo Diaz Rodríguez, contra los señores Jorge Enrique Rivera Valladares y Betulia Valladares Almendares. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos al debido proceso, derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República; 8.1, 8.2 y 25.2 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en relación con los artículos 3, 7 numerales 1 y 2, 12 numeral 5, 59 y 64 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES 1) En fecha diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, el Abogado Próspero Guillermo Rodriguez Moncada, en su condición de representante procesal del señor José Eduardo Díaz Rodríguez, en su condición de propietario de la sociedad mercantil Industria de Madera (MACON), promoviendo “DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO…”, contra los señores Jorge Enrique Rivera Valladares y Betulia Valladares Almendares. (Folios del 5-7fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha diecisiete de enero del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, el señor Jorge Enrique Rivera Valladares, contestando la demanda relacionada, planteando asimismo excepción de falta de legitimación para ser parte demandada, así como a la parte demandante. (Folios del 29-36 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, resolvió: (Sic) “PRIMERO: I.- Desestimar el defecto procesal de Falta de Legitimación para ser parte demandada denunciado por la parte Demandada, en vista de que existe un poder general otorgado por la señora Betulia Valladares a favor de su hijo Jorge Enrique Rivera, de esta manera se celebró el contrato de fecha 17 de marzo del año 2017 entre ambas partes, por lo que el señor Jorge Enrique Rivera si está legitimado para ser parte.- II.- Mandando que se siga adelante con el presente juicio a instancia de las partes.- SEGUNDO: Contra el presente auto resolutivo no procede interponer recurso de apelación por no poner fin al proceso…" (Folios 58-59 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) En fecha dieciocho de octubre del año dos mil veintidós, compareció ante la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Mauricio Enrique Argeñal Arriola, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Jorge Enrique Rivera Valladares, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que la decisión adoptada por el A-quo, es violatoria de los derechos al debido proceso, garantías judiciales, protección judicial y principio de legalidad, contenidos en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 1-8 de la pieza de Amparo) 5) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha tres de febrero del año dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, Apoderado Legal del señor JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES, contra el auto de fecha tres de agosto del dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, Departamento de El Paraíso en consecuencia ORDENA que dicha resolución no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir, disminuir y tergiversar los derechos fundamentales de defensa y debido proceso que corresponden al recurrente. Y MANDA: Que una vez firme se remita en Consulta a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 34-39 de la pieza de antecedentes de Amparo) 6) Que en fecha catorce de febrero del año dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C., del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, contra la resolución de fecha tres de agosto, del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, que resuelve desestimar el defecto procesal de Falta de Legitimación para ser parte demandada; con relación a la demanda ordinaria de daños y perjuicios, promovida por el abogado Próspero Guillermo Rodríguez Moncada, en su condición de representante procesal del señor José Eduardo Diaz Rodríguez, contra los señores Jorge Enrique Rivera Valladares y Betulia Valladares Almendares. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, es violatoria de los derechos al debido proceso, garantías judiciales, protección judicial y principio de legalidad contenidas en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República; 8.1, 8.2 y 25.2 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en relación con los artículos 3, 7 numerales 1 y 2, 12 numeral 5, 59 y 64 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que, del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, Departamento de El Paraíso, que resuelve desestimar el defecto procesal de Falta de Legitimación para ser parte demandada, denunciado por la parte demandada, bajo el argumento expuesto por el A-quo, que existe un poder general otorgado por la señora Betulia Valladares a favor de su hijo Jorge Enrique Rivera y de esta manera se celebró el contrato de fecha 17 de marzo del año 2017 entre ambas partes, por lo que a criterio del A-quo el señor Jorge Enrique Rivera si está legitimado para ser parte. CONSIDERANDO 6: Que, del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que se vulnera el debido proceso establecido en e artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, así como el principio de legalidad; dice el recurrente que el auto recurrido que resuelve el defecto procesal de falta de legitimación para ser parte demandada y ordena se siga adelante con el proceso, viola el debido proceso respecto a la legitimación en materia civil, establecida tanto en el artículo 59 que es la capacidad para ser parte, como el artículo 64 del Código Procesal Civil; ya que se puede deducir en la pretensión planteada por la parte demandante, el objeto de la misma es un contrato de compraventa de madera en rollo firmado en fecha 16 de marzo del año 2017, en el cual el señor Jorge Enrique Rivera Valladares, como se podrá apreciar en el mismo y la parte demandante así lo relaciona, que ha accionado en representación de la señora Betulia Valladares. En atención a lo establecido en los artículos 59 y 64.1 del Código Procesal Civil, es mas que evidente que el señor Jorge Enrique Rivera Valladares no es parte demandada legitima, ya que en la pretensión planteada se hace referencia de un contrato de compra venta de madera en rollo, en el cual no figura en su condición propia o personal. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C, del departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha tres de febrero del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en el ordinal tercero de los fundamentos de derecho: (Sic) “El Artículo 59 del Código Procesal Civil establece: “PRESUPUESTOS PARA SER PARTE. Para poder actuar válidamente en el proceso civil las partes deberán gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, estar legitimadas y ser asistidas por profesional del derecho que les defienda y represente.”; en relación al artículo 64 DEL Código Procesal Civil: “LEGITIMACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 1. Para efectos procesales son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titularles de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa…”, y del estudio del caso de autos se observa que el señor JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES no es el titular de la obligación reclamada en la Demanda de daños y Perjuicios que nos ocupa, ya que su actuación en la firma del Contrato objeto de la referida demanda, fue mediante un Poder en representación de la señora BETULIA VALLADARES, quien es una persona distinta y a su vez titular de la relación jurídica objeto de litigio; por lo que el Señor JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES no puede ser demandado en su condición personal y en este caso, tampoco como representante de la señora BETULIA VALLADARES ya que dicha señora está siendo directamente demandada…”. CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C, del departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a Otorgar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo de la norma aplicable al caso en estudio, específicamente el artículo 64.1 del Código Procesal Civil que textualmente dispone: “LEGITIMACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 1. Para efectos procesales son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa…”; como bien lo explica la Corte de Apelaciones que ha conocido de la demanda de Amparo, el señor Rivera Valladares no es parte legítima en el proceso, pues su participación en el asunto en conflicto, se realizó en su condición de mandatario de una persona distinta, por consiguiente la obligación tiene fuerza de ley entre las partes que son la señora Betulia Valladares y José Eduardo Diaz, en ese orden de ideas el señor José Enrique Rivera Valladares tampoco está siendo demandado en representación de su mandante, la señora Betulia Valladares, ya que ella también está siendo demandada. Como consecuencia de lo anterior, desestimar el defecto procesal de Falta de Legitimación para ser parte demandada, promovida por el señor José Enrique Rivera Valladares, es violatorio del derecho al debido proceso invocado por el recurrente en Amparo. -El subrayado es añadido- CONSIDERANDO 9: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 10: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C, del departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de febrero del año dos mil veintitrés, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C, del departamento de Francisco Morazán, en fecha tres (3) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, a favor del señor JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES; contra la resolucion de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechados de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0184-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.