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Sentencia AC-175-22 — Registro 18097

Resumen

Resolución declaró sin lugar nulidad interpuesta contra Laudo Arbitral dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en relación a la demanda arbitral para el cumplimiento de un Contrato de Suministro por la Representación Exclusiva, más el pago de daños y perjuicios ocasionados por impetrante, solicitando recurrente que se declare con lugar Excepción de Falta de Legitimación Ad Causem por Inexistencia de Objeto Litigioso considerando la Sala Constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(5): Esta sala de lo Constitucional al examinar el caso de marras, es del criterio que, los motivos de amparo no son procedentes en virtud de que consta a folio 715 del tomo II, que el Tribunal Arbitral inadmitió el medio de prueba número cinco, constitutivo del PCM 021-2018, por considerar su contenido dispensado de prueba siendo hechos admitidos por el Tribunal, tanto así, que de conformidad con el fallo del Tribunal arbitral, el contenido del PCM 021-2018, encabeza el análisis de la cuestión sometida a arbitraje, como el único hecho admitido por ambas partes, tratándose de un instrumento jurídico que regula la potestad estatal de adquirir determinados bienes de salud bajo la figura de fideicomiso, pero que no rige directamente las relaciones comerciales entre demandante y demandado, en ese sentido, se advierte que la decisión del Tribunal arbitral de considerar admitido el medio de prueba en cuestión, por ser hechos de conocimiento de las partes y del Tribunal, está fundamentada legalmente conforme los artículos 62 párrafo quinto y 74 numeral 4 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; estas apreciaciones, en opinión de este Tribunal Constitucional, han sido debidamente consideradas por la Corte de Apelaciones en la sentencia que hoy se impetra, no encontrando, por lo tanto, que se haya violentado el derecho de defensa, el debido proceso o el principio de legalidad

Legislación citada

  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 62 párrafo 5 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 62 párrafo 5 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 62 párrafo 5 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, a favor de la Sociedad Mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar un recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, en relación a la demanda arbitral para el cumplimiento de un Contrato de Suministro por la Representación Exclusiva. promovida por la Sociedad mercantil QUIMICOS PARA LA SALUD, S. de R.L. de C.V. (QUIMISA), contra la Sociedad Mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Abogado JOSE JOAQUIN LIZANO CASCO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada QUIMICOS PARA LA SALUD, S. de R.L. de C.V. (QUIMISA), solicitando la integración de un Tribunal Arbitral, para la iniciación de un Proceso Arbitral en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, contra de la sociedad mercantil denominada Sociedad Mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC, para exigir el cumplimiento de un Contrato de Suministro por la Representación EXCLUSIVA por parte de dicha empresa, más el pago de daños y perjuicios ocasionados a su representada. (Folios 01 y 02 del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes) 2) En fecha once de febrero de dos mil veinte, el Abogado JOSE JOAQUIN LIZANO CASCO, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, interponiendo demanda arbitral para que se declare, que el concedente terminó de forma unilateral y de hecho un contrato de representación y distribución exclusiva y como consecuencia de lo anterior se condene al concedente a pagar la indemnización, daños y perjuicios, lucro cesante por margen de venta perdida y pérdida de oportunidad, daño emergente, daño moral, demanda que se interpuso contra la sociedad mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC, Subsidiaria de Sumitomo Chemical, a través de sus representantes legales, STEVEN C. KRAUSE, quien actúa en su condición de Director de Negocios Globales y JASON CLARK quien actúa en su condición de Gerente de Desarrollo Comercial Global. (Folios 117 al 141 del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes) 3) En fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, lo Abogados RICARDO ALFREDO DUARTE JIMENEZ, GODOFREDO SIERKE NUÑEZ y DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, actuando en su condición de representantes procesales de la Sociedad Mercantil denominada VALENT BIOSCIENCES LLC, comparecieron ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, contestando la demanda de la que se hace referencia en el numeral anterior, solicitando se declare con lugar una Excepción de Falta de Legitimación Ad Causem por Inexistencia de Objeto Litigioso, que se declare con lugar la contestación de la demanda y se ratifique que la terminación del Contrato de Representación y Distribución fue efectuada con justa causa y conforme a disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centro América-Estados Unidos de América (DR-CAFTA) (Folios 217 al 243 del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes) 4) En fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, emitió Laudo Arbitral mediante el cual FALLO: “1) DECLARANDO que existió una relación de distribución y representación exclusiva a nivel nacional entre QUIMICOS PARA LA SALUD, S. DE R.L. DE C.V. (QUIMISA) como concesionaria y VALENT BIOSCIENSES LLC como concedente, antes del veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018). 2) DECLARANDO que existió una relación de distribución y representación exclusiva a nivel nacional entre QUIMICOS PARA LA SALUD, S. DE R.L. DE C.V. (QUIMISA) como concesionaria y VALENT BIOSCIENSES LLC como concedente, después del veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018). 3) DECLARANDO que VALENT BIOSCIENSES LLC no se encontraba facultada legalmente al amparo del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA), u otra normativa aplicable para vender directamente sus productos en la República de Honduras sin la necesidad de representante, agente o distribuidor nacional. 4) DECLARANDO que VALENT BIOSCIENSES LLC modificó unilateralmente la condición de exclusividad a que tenía derecho QUIMICOS PARA LA SALUD, S. DE R.L. DE C.V. (QUIMISA) por haber vendido directamente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, los productos Vectolex y Vectobac durante el año de dos mil dieciocho (2018), así como haber vendido indirectamente durante el año dos mil diecinueve (2019) a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, los productos Vectolex y Vectobac. 5) DECLARANDO la terminación de la relación de distribución y representación exclusiva VALENT BIOSCIENSES LLC y QUIMICOS PARA LA SALUD, S. DE R.L. DE C.V. (QUIMISA) a la fecha del veinte (20) de junio de dos mil veintiuno (2021). 6) CONDENANDO a la sociedad mercantil VALENT BIOSCIENSES LLC al pago de una indemnización a favor de QUIMICOS PARA LA SALUD, S. DE R.L. DE C.V. (QUIMISA), por la cantidad de CIENTO DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L.110,043,697.39) que se desglosan de la siguiente forma: 6.1. Por Lucro Cesante: CIEN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L.100,952,665.46); 6.2. Por pérdidas de oportunidad: NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (9,091,031.93); más los intereses legales hasta que quede firme el laudo. 7) DECLARANDO SIN LUGAR la excepción de falta de legitimación ad causem por la inexistencia de objeto litigioso planteada por VALENT BIOSCIENSES LLC. 8) DECLARANDO SIN LUGAR la petición de condena en costas y gastos del proceso solicitada por QUIMICOS PARA LA SALUD, S. DE R.L. DE C.V. 9) DECLARANDO SIN LUGAR la petición de condena en costas y gastos del proceso solicitada por VALENT BIOSCIENSES LLC. (Folios 928 al 979 del Tomo II de la primera pieza de antecedentes) 5) Que conociendo de un recurso de nulidad presentado por los Abogados RICARDO ALFREDO DUARTE JIMENEZ, GODOFREDO SIERCKE NUÑEZ Y DAVID ISRAEL HERNANDEZ, actuando en su condición anteriormente indicada, contra el Laudo Arbitral de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, del que se hace referencia en numeral que precede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual falló: “…PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD. SEGUNDO: Confirmar el Laudo Arbitral dictado en fecha treinta (30) de junio del año dos mil veintiuno (2021) dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. TERCERO: Con Costas al recurrente. …” (Folios 160 al 176 de la segunda pieza de los antecedentes) 6) El Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor la sociedad mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC, contra la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha diez de octubre de dos mil veintidós. (Folios 01 al 13 y 52 del recurso de amparo) 7) En fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “…SE DECLARE SIN LUGAR la acción de amparo planteada.” (Folios 55 al 58 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, argumenta como primer motivo, que la Corte de Apelaciones en la sentencia viola el derecho de defensa establecido en el artículo 82 constitucional, al negar la protección de sus derechos debidamente acreditados, probados y aceptados por la autoridad competente previa, ha falseado los hechos tal y como ocurrieron, alegando que si bien observan la motivación de la causal de nulidad, lo deniegan bajo el supuesto que les imposibilita otorgarlo por no haber impugnado en tiempo y forma, la inadmisión de la prueba, no obstante inobservan la misma excepción contenida en la ley, la cual ocurrió en autos, es decir, el mismo Tribunal Arbitral dispensó el medio de prueba por ser un hecho admitido, no habiéndolo valorado al momento de emitir su fallo. Al exponer el segundo motivo, alega el recurrente que se vulnera el principio de Legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 7 del Código Procesal Civil, en el sentido de que las partes tienen derecho a que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten y a que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial.. por lo que se evidencia que la emisión de la sentencia recurrida fundamentada en el supuesto que no se impugnó un medio de prueba propuesto, conculca la garantía constitucional de legalidad, puesto que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán no valoró todos los hechos, falseando inclusive los mismos; de igual forma inobserva, soslaya la excepción contenida en ley, lo cual derivó en la falsa y errónea argumentación efectuada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, consecuentemente su fallo emitido, es un acto que ha sido dictado de manera arbitraria, no solamente prescindiendo de la ley, sin contrariando la ley que les manda observar sus preceptos de manera obligatoria y sin excepción. En el tercer motivo, alega vulneración del principio del debido proceso, al haber la corte de apelaciones inobservado el cumplimento obligatorio del principio de legalidad procesal, ut supra relacionado y que se articula en relación con el derecho al debido proceso, tanto en su dimensión de sometimiento a las normas fundamentales del estado y con irrestricta sujeción a la ley, por lo que se establece que el proceso debe desarrollarse de acuerdo y conforme a la Constitución de la República y con las disposiciones de las demás normas adjetivas, especialmente las contenidas en el Código Procesal Civil, manifestando al mismo tiempo que las normas procesales contenidas en el Código son obligatorias para el Juzgador, las partes y terceros que en el proceso intervengan y, con la falsedad de la argumentación y fundamentación jurídica del fallo ahora recurrido se ha caído en una sentencia fundada en tergiversaciones de facto y arbitraria, lo que la hace estar y existir completamente alejada del derecho y la justicia. ONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar el caso de marras, es del criterio que, los motivos de amparo no son procedentes en virtud de que consta a folio 715 del tomo II, que el Tribunal Arbitral inadmitió el medio de prueba número cinco, constitutivo del PCM 021-2018, por considerar su contenido dispensado de prueba siendo hechos admitidos por el Tribunal, tanto así, que de conformidad con el fallo del Tribunal arbitral, el contenido del PCM 021-2018, encabeza el análisis de la cuestión sometida a arbitraje, como el único hecho admitido por ambas partes, tratándose de un instrumento jurídico que regula la potestad estatal de adquirir determinados bienes de salud bajo la figura de fideicomiso, pero que no rige directamente las relaciones comerciales entre demandante y demandado, en ese sentido, se advierte que la decisión del Tribunal arbitral de considerar admitido el medio de prueba en cuestión, por ser hechos de conocimiento de las partes y del Tribunal, está fundamentada legalmente conforme los artículos 62 párrafo quinto y 74 numeral 4 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; estas apreciaciones, en opinión de este Tribunal Constitucional, han sido debidamente consideradas por la Corte de Apelaciones en la sentencia que hoy se impetra, no encontrando, por lo tanto, que se haya violentado el derecho de defensa, el debido proceso o el principio de legalidad. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 8.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41 Y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, a favor de la Sociedad Mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto y que continúe con el trámite procedente. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto por el abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, en la acción de amparo interpuesta a favor de la Sociedad Mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno por el Tribunal Arbitral integrado por los señores JORGE JESÚS KAWAS MEJÍA, JOSÉ ROGELIO PENAGOS FAJARDO Y ROBERTO ALEJANDRO WILIAMS CRUZ del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en la demanda arbitral para el cumplimiento de un Contrato de Suministro por la Representación Exclusiva. promovida por la Sociedad mercantil QUIMICOS PARA LA SALUD, S. de R.L. de C.V. (QUIMISA), contra la Sociedad Mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC. ANTECEDENTES 1) En fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, esta Sala de lo Constitucional dictó sentencia en la acción de amparo registrada con el número SCO 0175-2023, mediante la cual falló denegando el recurso de amparo interpuesto por el abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ a favor de la Sociedad Mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC, contra la resolución dictada en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN 2) En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, interpuso recurso de reposición contra la resolución dictada en la presente acción de amparo, motivando su recurso fundamentalmente en lo siguiente: a) El argumento planteado al momento de formular el recurso de amparo, específicamente al argumento expuesto referente al hecho que la Corte Primera de Apelaciones en su sentencia , advirtió la existencia de una causal de nulidad, sin embargo no la otorgó puesto que consideró que la falta de impugnación no efectuada ante la inadmisión de prueba, la imposibilitaba, citando el numeral séptimo del fallo de la corte de apelaciones. B) Con su fundamentación, la corte primera de apelaciones de lo civil del Departamento de Francisco Morazán soslayó la misma excepción contenida en la ley especial. C) El recurrente cita el numeral quinto del fallo pronunciado por esta Sala de lo Constitucional en donde se dan las razones por las que no procede el recurso de amparo, señalando que el razonamiento de este Tribunal Constitucional es erróneo porque de la motivación del tribunal arbitral se observa que dicho tribunal no otorgó valoración alguna al decreto ejecutivo PCM 2018-2018 a los fines de la emisión del fallo, difiriendo del criterio de esta sala que considera que dicho PCM es un instrumento jurídico que regula la potestad estatal de adquirir determinados bienes de salud bajo la figura del fideicomiso, pero no rige directamente las relaciones comerciales entre demandante y demandado, manifestando que este tribunal soslaya el interés púbico imperante en materia de salud y en los estamentos legales aplicables al efecto. CONSIDERANDO (1): Conforme lo dispone el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO (2): Esta sala de lo Constitucional al examinar el escrito de reposición, observa que el recurrente reitera en primer lugar los alegatos originarios plasmados al momento de incoar la acción de amparo y en segundo lugar cuestiona el numeral quinto de la respuesta ofrecida por este tribunal al momento de resolver la acción de amparo, considerando que hay una interpretación errónea por parte de este tribunal; al respecto se considera y se reitera que el contenido del PCM 2018-2018 no es trascendente para incidir en el sentido del fallo que pronunció el tribunal arbitral y por consiguiente, se confirma el argumento que se pronunció en la sentencia que hoy es recurrida en reposición. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 Y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, en la acción de amparo interpuesta a favor de la Sociedad Mercantil VALENT BIOSCIENCES LLC, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno por el Tribunal Arbitral integrado por los señores JORGE JESÚS KAWAS MEJÍA, JOSÉ ROGELIO PENAGOS FAJARDO Y ROBERTO ALEJANDRO WILIAMS CRUZ del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Y MANDA: Con la certificación de esta resolución se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de agosto y revisión de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-175-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL