Sentencia AC-1641-22 — Registro 18841
Resumen
Otorgamiento de acción de amparo relación a demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por sociedad bancaria contra impetrante el cual argumenta que admitirse a trámite una demanda en ejecución sin contar con un verdadero estado de cuenta vulnera garantía del debido proceso, confirmando la Sala Constitucional que al admitirse a trámite una demanda en ejecución sin contar con un verdadero estado de cuenta, se violenta el debido proceso, en tanto que se ha admitido una demanda sin el cumplimiento de los requisitos que establece el legislador. Pues el documento incorporado al proceso no puede considerarse un verdadero estado de cuenta del préstamo otorgado, pues presenta diferencias en los conceptos cobrados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que la recurrente estima que la sentencia recurrida se debe reponer en el único sentido de pronunciarse y/o completar esta sala u ordenar a la Corte Primera de Apelaciones, verter pronunciamiento sobre la condena en costas que solicitó para Banco Lafise, S.A., en el escrito presentado el 11 de febrero del 2022, puntualmente por haber motivado de manera inescrupulosa la demanda de ejecución hipotecaria, respectiva, sin existir puntualmente un estado de cuenta, acorde a lo señalado por la ley, por tanto haciendo incurrir a la recurrente a la interposición del incidente que no responde a la negativa del pago de lo que se debe, sino al esclarecimiento de los montos adeudados, incidente que ha sido declarado con lugar y por lo tanto, por aplicación del Principio de Vencimiento, corresponde sin lugar a dudas la condena en costas para el incidentado/actor, por su actuar, en aplicación del artículo 911.4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que analizado de nueva cuenta el fundamento del recurso, así como la sentencia objeto del mismo, encontramos que la sentencia objeto del recurso, se encuentra dictada conforme a derecho, pues no consta en autos que la recurrente al momento de interponer el recurso de Amparo haya solicitado la condena en costas, pues en el escrito solamente hace alusión y establece que no está de acuerdo con la tasación que hace la Juez al momento de solicitársele a la ejecutada señora Maradiaga, que consigne la cantidad que adeuda por capital e intereses, más las costas procesales al Banco Lafise, S.A. y no solicita en el escrito del incidente presentado, que se le condene en costas al Banco Lafise, S.A., al resultar declarado con lugar el incidente; en consecuencia, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, bien hace en no pronunciarse sobre la condena de costas por el incidente, en la sentencia donde se otorga el Amparo interpuesto contra el auto dictado en fecha once de mayo del año dos mil veintidós, por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; en consecuencia, esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estima que no procede el recurso de reposición y por tanto, sin más trámite, se deniega la enmienda de la sentencia
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 313 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 124 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 313 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 124 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 313 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 124 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
Que la recurrente estima que la sentencia recurrida se debe reponer en el único sentido de pronunciarse y/o completar esta sala u ordenar a la Corte Primera de Apelaciones, verter pronunciamiento sobre la condena en costas que solicitó para Banco Lafise, S.A., en el escrito presentado el 11 de febrero del 2022, puntualmente por haber motivado de manera inescrupulosa la demanda de ejecución hipotecaria, respectiva, sin existir puntualmente un estado de cuenta, acorde a lo señalado por la ley, por tanto haciendo incurrir a la recurrente a la interposición del incidente que no responde a la negativa del pago de lo que se debe, sino al esclarecimiento de los montos adeudados, incidente que ha sido declarado con lugar y por lo tanto, por aplicación del Principio de Vencimiento, corresponde sin lugar a dudas la condena en costas para el incidentado/actor, por su actuar, en aplicación del artículo 911.4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que analizado de nueva cuenta el fundamento del recurso, así como la sentencia objeto del mismo, encontramos que la sentencia objeto del recurso, se encuentra dictada conforme a derecho, pues no consta en autos que la recurrente al momento de interponer el recurso de Amparo haya solicitado la condena en costas, pues en el escrito solamente hace alusión y establece que no está de acuerdo con la tasación que hace la Juez al momento de solicitársele a la ejecutada señora Maradiaga, que consigne la cantidad que adeuda por capital e intereses, más las costas procesales al Banco Lafise, S.A. y no solicita en el escrito del incidente presentado, que se le condene en costas al Banco Lafise, S.A., al resultar declarado con lugar el incidente; en consecuencia, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, bien hace en no pronunciarse sobre la condena de costas por el incidente, en la sentencia donde se otorga el Amparo interpuesto contra el auto dictado en fecha once de mayo del año dos mil veintidós, por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; en consecuencia, esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estima que no procede el recurso de reposición y por tanto, sin más trámite, se deniega la enmienda de la sentencia
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, a favor del SI MISMA, contra la resolución dictada en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por BANCO LAFISE, S.A., contra la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 59, 82, 90 y 178 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, actuando en su condición de Apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO LAFISE HONDURAS, S.A., promovió demanda de Ejecución Directa y Exclusiva contra Bien Inmueble Hipotecado, contra la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, para que previo a los trámites legales correspondientes, se le obligara a pagar judicialmente al demandante, consistente en un préstamo la cantidad de DOS MILLONES, QUINIENTOS DIEZ MIL, SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L.2,510,067.77) en concepto de capital adeudado, la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.185,235.82) en concepto de intereses corrientes, QUINCE MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.15,852.30) en concepto de intereses moratorios, que suman en total DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.2,711,155.89), más los intereses que se causen en la sustanciación del juicio y las costas. (Folios 01 al 06 de la primera pieza de antecedentes).2) Que en fecha once de febrero de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DIAZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, solicitando se hiciera valer a su representada, el Derecho que otorga el Código Procesal Civil al deudor para poner fin a la ejecución al consignar la cantidad exacta que por principal e intereses, estaba vencida a la fecha de presentación de la demanda, incrementada con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora, solicitando además se suspendiera la audiencia de subasta. (Folios 85 al 96 de la primera pieza de antecedentes).3) Que habiéndose celebrado Audiencia de Incidente, en virtud del escrito de que se hace relación en el numeral anterior y evacuado el procedimiento para tal efecto, en fecha once de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán dictó resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: Desde que el Abogado OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DIAZ, en su condición de Representante Procesal de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA como parte ejecutada, presentó el escrito SE SOLICITA SE HAGA VALER EL DERECHO QUE OTORGA EL CODIGO PROCESAL CIVIL AL DEUDOR PARA PONERLE FIN A LA EJECUCIÓN AL CONSIGNAR LA CANTIDAD EXACTA QUE POR LA PRINCIPAL E INTERESES ESTABA VENCIDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA, INCREMENTADA CON LOS VENCIMIENTOS DL PRESTAMO Y LOS INTERESES DE DEMORA.-SEA OTORGADO EL DERECHO SIN EL CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR POR SER EL BIEN HIPOTECADO LA VIVIENDA FAMILIAR SE SUSPENDA LA AUDIENCIA DE SUBASTA SEÑALADA PARA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022. Se dio trámite al incidente, pues se dejó en suspenso la celebración de la audiencia de SUBASTA señalada para esa fecha y al habérsele concedido traslado por el plazo de tres (3) días a la parte ejecutante La Sociedad Mercantil BANCO LAFISSE (HONDURAS) S.A. (BANCO LAFISE S.A.), a efecto de que la parte ejecutada la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA realice pago parcial y normalice el préstamo siendo la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (581,255.59).- SEGUNDO: Ordénese a la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, en su condición de parte ejecutada para que inmediatamente pague la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (581,255.59) a la parte ejecutante la Sociedad Mercantil BANCO LAFISSE (HONDURAS) S.A. (BANCO LAFISE S.A.), desglosándose de la siguiente manera CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.47,573.65) como tasación de costas personales NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.9,366.50) como costas procesales y según Constancia con valores pendientes de pagar por parte de la ejecutada hasta la fecha 10/2/2022, por QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, (L.524,315.44).- TERCERO: Habiendo acreditado cheque de caja la parte incidentista por el valor de VEINTE MIL LEMPIRAS (L.20,000.00) como abono a la cuenta, en consecuencia del total de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (581,255.59) que corresponde, que proceda a pagar la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L561,255.59).- haciéndole saber que el incumplimiento de lo ordenado hará que se proceda a señalar para la fecha más pronta nuevamente la subasta que quedó en suspenso en fecha 11 de febrero del 2021.” (Folios 192 al 196 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, la Abogada YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, actuando en representación propia, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Recurso de Reposición contra la resolución de fecha once de mayo de dos mil veintidós, de la que se hace relación el numeral que precede. (Folios 200 al 208 de la primera pieza de antecedentes).5) Que en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en la cual: “RESUELVE: DESESTIMAR totalmente el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, quien actúa en causa propia como parte ejecutada, contra el auto dictado en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en virtud de lo expresado en los fundamentos de derecho sétimo y octavo.- SEGUNDO: Contra esta resolución NO CABE RECURSO ALGUNO.-…”. (Folios 244 al 251 de la primera pieza de los antecedentes).6) Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Abogada YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, compareció ante la Corte de Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el cual resolvió desestimar un Recurso de Reposición interpuesto contra un auto que resolvió un incidente; por considerar la recurrente que la misma viola los Artículos 59, 82, 90 y 178 consignados en la Constitución de la República.7) Que seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Otorgando el amparo interpuesto contra el auto dictado en fecha once de mayo de dos mil veintidós, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, señalando que dicha resolución no es aplicable a la peticionaria, por contravenir y disminuir los derechos fundamentales de defensa, vivienda y debido proceso. SEGUNDO: Que la autoridad recurrida, al recibir el expediente, exija que: 1) El acreedor entregue o aporte al expediente un estado de cuenta certificado por el contador de la institución ejecutante, con elementos suficientes que permitan conocer los movimientos financieros que ha tenido el préstamo, como ser: capital, intereses, las cuotas vencidas y en mora, los pagos a las cuotas realizadas con la determinación de las fechas en que fueron realizados, la forma en que se imputan los pagos parciales realizados, los intereses moratorios en cuanto elemento se requiera para determinar con exactitud la cuantía en mora, sin incluir conceptos no reclamados desde el escrito de la demanda de ejecución, pues a estas alturas del proceso no se puede alterar la petición original, dado el requerimiento a la ejecutada, a fin de que la deudora amparista, tenga acceso a hacer valer el derecho de posibilitar el pago de las cantidades de la cuotas e intereses vencidos hasta la fecha de presentación de su solicitud realizada en fecha 11 de febrero de 2022, con el fin de terminar el proceso de ejecución hipotecario iniciado (si esta pagara) dado que se trata de la vivienda habitual de la ejecutada. 2) Una vez contando con el estado de cuenta incorporado al expediente, deberá la señora Juez, conceder a la ejecutada un plazo para realizar el complemento del pago ofrecido en el escrito del 11 de febrero de 2022, en caso de no hacerlo la señora Juez deberá de resolver lo pertinente precluyendo el plazo y ordenar la continuación del proceso en la forma prescrita en la Ley. 3) Además, la señora Juez, deberá determinar el futuro de los veinte mil lempiras que fueron consignados a través del cheque número 00987805 y dar respuesta a lo solicitado por la ejecutada en relación al mismo en el escrito presentado el 11 de febrero de 2022.…” (Folios 276 al 290 de la segunda pieza [Corte de Apelaciones).8)Que en fecha once de noviembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que el Estado reconoce la Garantía de Amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de Amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos Internacionales establecen, y 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que procede la acción de Amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondo públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado, en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO: Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de Amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que, según lo indicado por el propio recurrente, se denuncia como acto reclamado la resolución adoptada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil veintidós, en la que se desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra la resolución dictada en fecha once de junio del año dos mil veintidós, en la que se ordena a la señora Yadira Alejandra Maradiaga Rivera, en su condición de parte ejecutada, para que inmediatamente pague la cantidad Quinientos ochenta y un mil, doscientos cincuenta y cinco lempiras con cincuenta y nueve centavos (L. 581,255.59) a la parte ejecutante, la sociedad mercantil Banco Lafise (Honduras), S.A. (Banco Lafise, S.A.), desglosados de la siguiente manera: Cuarenta y Siete mil, quinientos setenta y tres lempiras con sesenta y cinco centavos (L.47,573.65) como tasación de costas personales; Nueve mil, trescientos sesenta y seis lempiras con cincuenta centavos (L.9,366.50) como costas procesales y según constancia, con valores pendientes de pagar por parte de la ejecutada hasta la fecha 10/2/2022, por Quinientos veinticuatro mil, trescientos quince lempiras con cuarenta y cuatro centavos (L.524,315.44) y habiendo acreditado cheque de caja de parte incidentista por el valor ve veinte mil lempiras (L.20,000.00) como abono a la cuenta en consecuencia del total de Quinientos ochenta y un mil, doscientos cincuenta y cinco lempiras con cincuenta y nueve centavos que corresponde, que proceda a pagar la cantidad de Quinientos Sesenta y un mil, doscientos cincuenta y cinco lempiras con cincuenta y nueve centavos (L.561,255,59), por lo que el recurrente estima que el Juzgado no debió establecer esas cantidades en virtud de que el Banco Lafise con los medios de prueba presentados acreditó los pagos realizados por la recurrente, no así la cantidad determinada y exacta adeudada por principal e intereses, por lo que le violenta sus intereses económicos y no puede hacer uso del derecho de defensa; asimismo, ha violentado el Juzgado el Debido Proceso, al señalar, sin darle oportunidad de pronunciarse para oponerse sobre las costas, pues estas quedaron tasadas de manera unilateral en el auto impugnado y al no ordenar la devolución del cheque presentado por la cantidad de veinte mil lempiras (L.20,000.00) con la finalidad de ejecutar el pago de lo adeudado para poner el crédito al día, liquidar las costas y por capital e intereses y ponerle fin a la ejecución, tal como se estableció al momento de presentarlo. Por lo que estima que se le vulnera el Derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Artículo 911 del Código Procesal Civil).CONSIDERANDO: Que en la sentencia que resolvió el Recurso de Amparo referido, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, fue del parecer porque se declare con lugar el recurso, otorgando el recurso de Amparo interpuesto, en tanto que advirtió la violación de los derechos señalados por la recurrente, pues del expediente presentado el 16 de febrero del 2022, por el Abogado Reyes Saa, aparece la cuantía de Dos Millones, Setecientos mil, ciento cincuenta y cinco lempiras con ochenta y nueve centavos (L.2,700,155.89), presentando el Banco, a través de su apoderado, un desglose de los pagos realizados por la ejecutada Maradiaga Rivera, señalando que la ejecutada únicamente realizó 7 pagos, de los cuales únicamente 4 fueron cuotas completas y los otros 3 fueron pagos parciales de sus cuotas mensuales niveladas, y al devolver el traslado señala la cantidad liquida a pagar de Quinientos Veinticuatro Mil, Trescientos Quince Lempiras con Cuarenta y Cuatro Centavos (L.524,315,44), más Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta Lempiras con Quince Centavos (L.56,940.15) en concepto de costas (desglosados así: Cuarenta y siete mil quinientos setenta y tres con sesenta y cinco centavos (L.47,573.15) en honorarios y nueve mil trecientos sesenta y seis, con cincuenta centavos (L.9,366.50) por costas procesales. Sin poderse determinar con facilidad la cuantía y el importe exacto de las cuotas vencidas y los intereses de demora generados. Violentando con ello, los artículos 783.2, 884, 895 del Código Procesal Civil y 166 de la Ley del Sistema Financiero. Pues por lo que al admitirse a trámite una demanda en ejecución sin contar con un verdadero estado de cuenta, se violenta el debido proceso, en tanto que se ha admitido una demanda sin el cumplimiento de los requisitos que establece el legislador. Pues el documento incorporado al proceso no puede considerarse un verdadero estado de cuenta del préstamo otorgado, pues presenta diferencias en los conceptos cobrados, pues establece que originalmente no se cobró por conceptos como seguros y otros y esta última partida, tampoco está definida como suficiente claridad. CONSIDERANDO: Que esta Sala, asiente que las resoluciones hoy recurridas violentan los derechos de Defensa y del Debido Proceso, pues se observa del proceso que el Banco Lafise, S.A. presentó el saldo proyectado hasta la fecha de la subasta y tasando las costas a la cuantía del saldo insoluto, saldo que fue por parte de la señora Maradiaga Rivera, impugnado, pues establece que presenta inconsistencia como ser que se le condena a cancelar la totalidad de la deuda cuando no se ha acreditado el monto real de la misma, que no se ordenó la devolución de los veinte mil lempiras que ella consignó al Juzgado, como un pago parcial a fin de lograr la suspensión de la subasta, que el Juzgador señala una cantidad por la tasación de costas personales y procesales, sin haberle dado la oportunidad de pronunciarse sobre la misma, es por ello, que se le violenta los derechos del debido proceso, ya que este es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho, la garantía del debido proceso que exige la Constitución de la República y el derecho de defensa implica, el derecho de ser oído, el conocimiento de la pretensión de la parte contraria, la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo, la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes. Lo que no ocurrió en el caso que se conoce en Amparo. CONSIDERANDO: Que esta Sala, concuerda con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, como ser el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, consagrados en la Constitución de la República, por lo que en consecuencia, resulta procedente a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta. POR TANTO. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos: 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ª. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha siete de noviembre del año dos mil veintidós de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la Abogada YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, actuando en representación propia, en el Recurso de Amparo que se conoce en consulta que dictara la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil veintidós, en la demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por BANCO LAFISE, S.A., contra la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en fecha treinta de noviembre del año dos mil veintitrés, en el recurso de Amparo, mediante el cual se DECLARO confirmando la sentencia venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en la que se declaró con lugar el recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán. CONSIDERANDO: Que la recurrente estima que la sentencia recurrida se debe reponer en el único sentido de pronunciarse y/o completar esta sala u ordenar a la Corte Primera de Apelaciones, verter pronunciamiento sobre la condena en costas que solicitó para Banco Lafise, S.A., en el escrito presentado el 11 de febrero del 2022, puntualmente por haber motivado de manera inescrupulosa la demanda de ejecución hipotecaria, respectiva, sin existir puntualmente un estado de cuenta, acorde a lo señalado por la ley, por tanto haciendo incurrir a la recurrente a la interposición del incidente que no responde a la negativa del pago de lo que se debe, sino al esclarecimiento de los montos adeudados, incidente que ha sido declarado con lugar y por lo tanto, por aplicación del Principio de Vencimiento, corresponde sin lugar a dudas la condena en costas para el incidentado/actor, por su actuar, en aplicación del artículo 911.4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que analizado de nueva cuenta el fundamento del recurso, así como la sentencia objeto del mismo, encontramos que la sentencia objeto del recurso, se encuentra dictada conforme a derecho, pues no consta en autos que la recurrente al momento de interponer el recurso de Amparo haya solicitado la condena en costas, pues en el escrito solamente hace alusión y establece que no está de acuerdo con la tasación que hace la Juez al momento de solicitársele a la ejecutada señora Maradiaga, que consigne la cantidad que adeuda por capital e intereses, más las costas procesales al Banco Lafise, S.A. y no solicita en el escrito del incidente presentado, que se le condene en costas al Banco Lafise, S.A., al resultar declarado con lugar el incidente; en consecuencia, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, bien hace en no pronunciarse sobre la condena de costas por el incidente, en la sentencia donde se otorga el Amparo interpuesto contra el auto dictado en fecha once de mayo del año dos mil veintidós, por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; en consecuencia, esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estima que no procede el recurso de reposición y por tanto, sin más trámite, se deniega la enmienda de la sentencia. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos: 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3N.º 4, 102,120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto la Abogada YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, accionando en representación propia en la demanda de Ejecución Directa y Exclusiva contra bien Inmueble Hipoteca, interpuesto por el BANCO LAFISE, S.A., en el Recurso de Amparo que fuere interpuesto contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de mayo del año dos mil veintidós, en la Demanda de Ejecución Directa y Exclusiva contra bien Inmueble Hipotecado, interpuesta por BANCO LAFISE, S.A. contra la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, en el recurso de Amparo conocido en Consulta mediante el cual se CONFIRMA la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en la que se declaró con lugar el recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por la el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés y Resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1641-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL