Sentencia AC-163-23 — Registro 17571
Resumen
Otorgamiento de acción de amparo en consulta en relación a presentación y legalización de documento expedido en el extranjero por funcionario diplomático con relación a la demanda de divorcio por la Vía del Proceso Abreviado, promovida por recurrente, sostiene impetrante al establecer que de conformidad con el artículo 271 del Código Procesal Civil, el Cónsul Hondureño debidamente acreditado en país exterior, al levantar o cartular un acto o contrato lo hace con leyes hondureñas y como Ministro de fe por ley según lo precitado, razón por la cual es incomprensible a la lógica jurídica que dicho documento una vez autenticado en su firma por el encargado de Relaciones Exteriores, deba de someterse a otra autentica por parte de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, a lo cual la Sala considera que comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, al otorgar la acción de amparo ,por considerar que el Juez de Instancia no debió de mandar a subsanar en audiencia de procedimiento abreviado, el poder especial para pleitos acompañado por la parte demandante al escrito de demanda de Divorcio, en vista que el mismo reunía los requisitos legales para que un documento judicial emitido en el extranjero tenga validez en Honduras, ya que fue autorizado por el Vice- Cónsul de Honduras en Washington y autenticado por el funcionario respectivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, tal y como lo requiere el artículo 290 del Código Procesal Civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(7): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, al otorgar la acción de amparo que en este momento se conoce en consulta, por considerar que el Juez de Primera Instancia no debió de mandar a subsanar en audiencia de procedimiento abreviado, el poder especial para pleitos acompañado por la parte demandante al escrito de demanda de Divorcio, en vista que el mismo reunía los requisitos legales para que un documento judicial emitido en el extranjero tenga validez en Honduras, ya que fue autorizado por el Vice- Cónsul de Honduras en Washington y autenticado por el funcionario respectivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, tal y como lo requiere el artículo 290 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la sentencia emitida el veintitrés (23) de enero del año dos mil veintitrés (2023) por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, que se conoce en consulta por constar la violación al debido proceso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos Jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 290 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 290 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
(7): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, al otorgar la acción de amparo que en este momento se conoce en consulta, por considerar que el Juez de Primera Instancia no debió de mandar a subsanar en audiencia de procedimiento abreviado, el poder especial para pleitos acompañado por la parte demandante al escrito de demanda de Divorcio, en vista que el mismo reunía los requisitos legales para que un documento judicial emitido en el extranjero tenga validez en Honduras, ya que fue autorizado por el Vice- Cónsul de Honduras en Washington y autenticado por el funcionario respectivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, tal y como lo requiere el artículo 290 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la sentencia emitida el veintitrés (23) de enero del año dos mil veintitrés (2023) por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, que se conoce en consulta por constar la violación al debido proceso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos Jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que declaró HA LUGAR la acción de Amparo interpuesta por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, a favor de FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRERAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, de fecha diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022); con relación a la demanda de divorcio promovida por el señor FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRESRAS, contra la señora JUANA AMPARO ESCOTO.- Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 80, 82 Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, actuando en su condición de representante procesal del señor FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRERAS, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, promoviendo demanda de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado, contra la señora JUANA AMPARO ESCOTO, para que mediante sentencia definitiva se declarara disuelto el vínculo matrimonial, invocando como causal el numeral 4 del Artículo 238 del Código de Familia. (Folios 1 y 2 de la pieza de primera instancia). 2).- Que mediante Auto de fecha diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022), el citado juzgado resolvió lo siguiente: “…habiéndose escuchado a las partes y conforme al Artículo 78 numeral 9 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, confiere poder a la Corte Suprema de Justicia, la atribución de declarar la autenticidad de los documentos judiciales y notariales que vengan del exterior y deben surtir efectos jurídicos en Honduras y viceversa y comprende la legalización y por ende la acreditación de la certeza sobre las firmas de quienes autorizan las firmas de los documentos presentados, ya sea que estos procedan del exterior o hayan sido autorizados en Honduras para surtir efectos fuera del territorio, por lo tanto se declara sin lugar el recurso de reposición Y MANDA a que se proceda a la subsanación de la auténtica, se decreta la devolución del Poder original para proceder a su subsanación junto a la auténtica de Relaciones Exteriores, la cual en su parte inferior establece que no se hace responsable por el contenido del documento que legaliza la firma…” (Folios 38 y 39 de la pieza de primera instancia) 3).- Que en fecha veinte (20) de junio del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, interponiendo recurso de Amparo a favor del señor FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRERAS, contra la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, con relación a la demanda de divorcio promovida por el señor FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRERAS, contra la señora JUANA AMPARO ESCOTO. 4).- Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, dictó sentencia en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veintitrés (2023), mediante la cual: FALLA: DECLARANDO HA LUGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES.- EN CONSECUENCIA que se siga con el curso normal del proceso. (Folios 23 al 37 de la pieza del Ad-quem). 5).- Que en fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023), que declara HA LUGAR la acción de amparo interpuesta por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, a favor de FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRERAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, de fecha diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022); con relación a la demanda de divorcio promovida por el señor FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRESRAS, contra la señora JUANA AMPARO ESCOTO. CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le violento el principio de Legalidad y Estado de Derecho, al argumentar que la resolución recurrida de fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juzga do de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, tergiversa la declaración y la garantía de que Honduras es un Estado de Derecho, al contravenir los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia principios de naturaleza universal. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional, siendo que en el caso que nos ocupa el Poder Especial que obra en el TESTIMONIO de escritura pública numero CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho (10-9-2018), autorizado ante los oficios del Viceconsul JAVIER CASTRO WU WAN, de la sección consular de la Embajada de la República de Honduras en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América y Notario por Ministerio de la Ley; y debidamente autenticado ante los oficios de la señora HILDA PATRICIA AVON MEDINA, en carácter de encargada de auténticas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, no constituye una sentencia o fallo extranjero que amerite un auto de pariatis para su homologación y por ende no necesita ser refrendado por la Corte Suprema de Justicia o por el Poder Judicial para su validez y eficacia, puesto que estamos ante una actuación de un Ministro por Ley con Jurisdicción en Honduras, como ser un cónsul Hondureño debidamente acreditado e investido con las facultades para la emisión de este tipo de actos y cuya firma solo necesita ser autenticada por la encargada de la Secretaria de Estado en los Despachos de los Despachos de Relaciones Exteriores, lo anterior lo fundamenta en el artículo 15 del Código Civil; 271.3 del Código Procesal Civil; 61.5 de la Ley del Servicio Diplomático y Consular de Honduras.- De igual manera alega que también se le violento lo referido en el artículo 59 Constitucional (Derecho de inviolabilidad a la dignidad humana), al señalar que su representado el señor FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRERAS, es hondureño por nacimiento y tiene derecho a que se le respete en su dignidad, asistir al territorio hondureño, como son consideradas las embajadas y los consulados para efectos de política exterior, como coadyuvantes de la preservación de la soberanía y seguridad nacional, lo ha realizado con el ánimo de otorgar un poder de representación con Leyes Hondureñas.- También refiere que se le violento el DERECHO DE IGUALDAD, al señalar que se ha tergiversado el derecho a la igualdad ante la Ley o Legislación vigente en Honduras, pues se le está dando un sentido diferente a la documentación que su representado FREDY GEOVANY HERNANDEZ CONTRERAS, otorgo ante el Ministro de fe Pública por Ley debidamente facultado para otorgar y expedir este tipo de actos con leyes hondureñas por ser su sede consular el territorio hondureño, fundamentándolo en el artículo 277 del Código Procesal Civil.- Señala que se le violento el DERECHO DE DEFENSA, en vista que se ha frenado el derecho de su representado con un argumento fuera de contexto legal. Argumenta que se le violento el DEBIDO PROCESO, al establecer que de conformidad con el artículo 271 del Código Procesal Civil, el Cónsul Hondureño debidamente acreditado en país exterior, al levantar o cartular un acto o contrato lo hace con leyes hondureñas y como Ministro de fe por ley según lo precitado, razón por la cual es incomprensible a la lógica jurídica que dicho documento una vez autenticado en su firma por el encargado de Relaciones Exteriores, deba de someterse a otra autentica por parte de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. Menciona que se le violento el DERECHO DE PETICION, en vista que se le ha exigido a su representado una subsanación fuera de tiempo y por no aclararse cuál es el asidero legal que sustenta la petición hecho por parte de la resolución recurrida de fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, en vista que ya se ha explicado que no le es aplicable lo referido en el artículo 78 ordinal 9 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales (LOAT). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en su sentencia de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023), declara ha lugar la presente acción de amparo, por considerar que menoscaba el derecho de defensa, principio de legalidad y debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, al otorgar la acción de amparo que en este momento se conoce en consulta, por considerar que el Juez de Primera Instancia no debió de mandar a subsanar en audiencia de procedimiento abreviado, el poder especial para pleitos acompañado por la parte demandante al escrito de demanda de Divorcio, en vista que el mismo reunía los requisitos legales para que un documento judicial emitido en el extranjero tenga validez en Honduras, ya que fue autorizado por el Vice- Cónsul de Honduras en Washington y autenticado por el funcionario respectivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, tal y como lo requiere el artículo 290 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la sentencia emitida el veintitrés (23) de enero del año dos mil veintitrés (2023) por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, que se conoce en consulta por constar la violación al debido proceso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos Jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT); 1 y 290 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veintitrés (2023) por la Corte de Apelaciones de Comayagua; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0163-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.