Sentencia AC-1606-22 — Registro 17624
Resumen
En consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó la acción de Amparo en relación a un Incidente de Nulidad de Actuaciones alegado en la demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “10. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito resulta que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que la misma no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico, y se ha limitado en forma indebida el derecho de defensa que asiste al agraviado al haberse efectuado en su perjuicio una notificación al margen de las estipulaciones de ley, circunstancias que han sido correctamente advertidas por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. 11.Asimismo, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veintitrés. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo del año dos mil veintidós, en relación a un Incidente de Nulidad de Actuaciones alegado en la demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS (BANRURAL), contra LA SOCIEDAD MERCANTIL VEHÍCULOS DE TRABAJO S.A. DE C.V. (VETASA).-Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82, 90, 314 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: Que en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil veintidós (2022) compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA VEHÍCULOS DE TRABAJO S. A. DE C.V. (VETASA), contra la resolución de fecha quince de marzo del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a un Incidente de Nulidad de Actuaciones alegado en la demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS (BANRURAL), contra LA SOCIEDAD MERCANTIL VEHÍCULOS DE TRABAJO S.A. DE C.V. (VETASA).-Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha treinta (30) de agostos del año dos mil veintidós (2022), dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: “…PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A DE C.V., representada legalmente por el señor JOSÉ ANTONIO PÉREZ VÁSQUEZ, contra el auto resolutivo de fecha 25 de marzo del año 2022, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán…”.-Que en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-1. El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-2. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- 3.En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-4.Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-1.Del estudio de los antecedentes se observa que en fecha 30 de octubre de 2019, el BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A. (BANRURAL) presentó demanda de ejecución de título extrajudicial contra el señor José Antonio Pérez Vásquez, en su condición de representante legal y aval solidario de la sociedad mercantil VEHÍCULOS DE TRABAJO, S.A. de C.V., ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el cual ordenó, mediante resolución de esa misma fecha, requerir de pago al señor José Antonio Pérez Vásquez en su condición señalada.- 2.-La acción de amparo del impetrante se sustenta en el hecho que la autoridad recurrida, en este caso, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, desestimó una solicitud de nulidad derivada de una notificación hecha a una persona que según el quejoso no estaba autorizada para ello, por lo que consideró dicha notificación como violatoria al debido proceso legal. La resolución del Juzgado de Letras fue emitida en fecha 15 de marzo de 2022 y que corre agregada a folio CIENTO NUEVE (109) de la primera pieza de los autos.3.-En esta resolución, el Jugado de Letras Civil señaló inter alia lo siguiente: “…Que en el caso de mérito es menester manifestar que los pronunciamientos esgrimidos por el recurrente no ostentan una evidente violación a las normas del procedimiento para poder decretar la nulidad, ya que el requerimiento de fecha 7 de enero del año 2020 reúne todos y cada uno de los requisitos de ley, siendo solicitada la comunicación subsidiaria por la representante procesal de la parte demandante y ordenada la habilitación respectiva por esta juzgadora en providencia de fecha 12 de diciembre del año 2019, en la [que] se procedió a ampliar el auto de fecha 19 de noviembre del año 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 144 del Código Procesal Civil…”.4. Al momento de presentar sus argumentos ante la Corte de Alzada para fundar su acción de amparo, el impetrante estableció que la decisión del A Quo contravino el procedimiento legalmente establecido, así como disposiciones del Código de Comercio cuando se notificó a una persona que no es representante legal ni deudor principal en la demanda de mérito, estimando entonces violatoria la actuación del A Quo al tenor de la ley procesal que dispone la nulidad de los actos de comunicación cuando no se practiquen con arreglo a la ley y pudieran causar indefensión.5. Resolviendo lo pertinente con relación a la acción constitucional de amparo interpuesta, la Corte de Alzada dictó sentencia en fecha 30 de agosto de 2022, señalando que en base a los artículos 144 y 786 del Código Procesal Civil, el juez de letras (sic) “..ha violentado reiteradamente la norma procesal y el debido proceso ya que los artículos citados son claros y precisos al mencionar que se debía de entregar en este caso específico la cedula de notificación al DEUDOR y no a un tercero como lo efectuó la receptora del juzgado…”. 6.-Esta Sala ha determinado en reiteradas decisiones, que el supuesto esencial de toda notificación es, en general, la existencia previa de la resolución que debe ser notificada y el dar a conocer esta resolución a las partes o a terceros (en su caso) siendo este último el objeto o función esencial de la notificación[1]. -La notificación es formalmente considerada como un acto procesal, y para algunos tratadistas inclusive un acto material de jurisdicción[2]. De cualquier manera, si es entendida como un acto procesal de comunicación, en su realización debe necesariamente intervenir, por un lado, un ministro de fe como sujeto activo encargado de efectuarla y por el otro, de manera evidente un sujeto pasivo, que es la persona que desempeña el papel de parte o de tercero, en su caso, a quien deba hacerse la notificación. -Estos requisitos, al igual que los de forma (lugar, el tiempo y el método), se hacen imperiosos para asegurar que la notificación produzca un efectivo y real conocimiento, es decir que por medio de estas y otras exigencias se asegura que la notificación cumpla con su objeto. Consecuentemente, la falta de cumplimiento de los requisitos generales de las notificaciones, salvo los casos exceptuados por la ley, conllevan evidentemente a su invalidez e inefectividad.7.-La Sala ya ha instituido en varios precedentes que la indefensión constitucional conlleva una privación real, efectiva y actual que acarrea una limitación sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, provocando que el agraviado se vea imposibilitado para ejercer acciones o recursos, efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio.-8-También ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal.9 En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso legal comporta inter alia el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo.10. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito resulta que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que la misma no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico, y se ha limitado en forma indebida el derecho de defensa que asiste al agraviado al haberse efectuado en su perjuicio una notificación al margen de las estipulaciones de ley, circunstancias que han sido correctamente advertidas por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. 11.Asimismo, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.-PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO, LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo del año dos mil veintidós, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha de fecha dos (2) de mayo del años dos mil veintitrés (2022) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1606-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Camiruaga Ch., José Ramón. De las Notificaciones. Editorial Jurídica de Chile. Pag. 57
[2] Goldschmidit, Derecho, pág.315