Sentencia AC-155-22 — Registro 17504
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la resolución que otorga contra el auto resolutivo dictado con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a él y su representada, los derechos consagrados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, se consulta la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que, oído el parecer del agente fiscal, otorga el recurso de amparo presentado por el Abogado Donaldo José Amaya Fuentes, a favor de Sí Mismo y a favor de la señora Ingre Carina López Diaz, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha uno de febrero de dos mil veintidós; con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial y ejecución hipotecaria interpuesta por el Abogado René Díaz Valenzuela en su condición de apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada (COACOL), contra Alex Edgardo Tabora Ramírez. La estimatoria de la acción de amparo se motiva por cuanto la resolución suprarrelacionada, que emitiera la jurisdicción ordinaria, le habría violentado a él, y su representada, lo preceptuado en la norma primaria, particularmente, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90, inter alía, de la Constitución de la República; con relación a la tutela judicial efectiva y libre acceso a los Juzgados y Tribunales prescrita en los artículos 1, 3 y 5 del Código Procesal Civil; artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en vista a que la jurisdicción ordinaria contrarió su deber de tutela judicial efectiva, mediante una inadecuada aplicación de la ley procesal para la tasación de costas procesales; tomando como fundamento artículos referentes a un incidente que no pone fin al proceso; menoscabando así los derechos reconocidos constitucionalmente a la parte recurrente y protegidos en el bloque de convencionalidad; por lo cual, se procedió al otorgamiento de la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (3): Que vista para fallo la sentencia venida en consulta, encuentra la Sala de lo Constitucional que, la Corte de Apelaciones concernida, ha actuado el marco que es propio de la justicia constitucional, orientando la adecuada aplicación de la preceptiva procesal civil pertinente y generalmente vinculante; proveyendo así tutela judicial efectiva al recurrente, según lo preceptuado en los artículos 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como los artículos 1, 80, 82 y 90, párrafo primero, de la Constitución de la República; por lo cual, resulta apegado a derecho confirmar la resolución venida en consulta.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que otorga el recurso de amparo presentado por el Abogado Donaldo José Amaya Fuentes, a favor de Sí Mismo y a favor de la señora Ingre Carina López Diaz, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha uno de febrero de dos mil veintidós, con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial y ejecución hipotecaria interpuesta por el Abogado René Díaz Valenzuela en su condición de apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada (COACOL), contra Alex Edgardo Tabora Ramirez. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a él y su representada, los derechos consagrados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Tercero de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el Abogado René Díaz Valenzuela, en su condición de apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada (COACOL), presentando demanda de ejecución de título forzosa de un título extrajudicial y ejecución hipotecaria, contra Alex Edgardo Tabora Ramirez. (Folios 1-6 de la pieza del A-quo) 2) En fecha uno de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó auto de tasación de costas mediante el cual dispuso: “La Infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, por medio de la presente a la señora Juez tengo el honor de Informar: Que en la presente Demanda de Acumulación Objetiva de una Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial y una Ejecución Hipotecaria promovida por: el Abogado RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada (COACOL) contra ALEX EDGARDO TABORA RAMIREZ, y que en cumplimiento a la resolución emitida por este Juzgado y de conformidad al Artículo 223.1 del Código Procesal Civil procedo a tasar las costas personales y procesales que comprenden los honorarios en la presente demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 inciso b y 42 del Arancel del Profesional del Derecho de la manera siguiente: Total de lo demandado DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 2,225,567.54) a) Hasta Lps. 30,000.00 el 30% le equivale...Lps. 9,000.00 b) sobre Lps. 70,000.00 el 25% le equivale... Lps. 17,500.00 c) sobre Lps. 100,000.00 el 20% le equivale... Lps. 20,000.00 b) sobre el exceso de Lps. 2,025,567.54 el 15% equiv...Lps. 303,835.13 Total Costas personales... Lps. 350,335.13 -50% por haber Oposición... Lps. 175,167.56 Lps. 175,167.56 x 10% por incidente… Lps. 17,516.76- Total de honorarios Profesionales... Lps. 17,516.76 En cuanto a las Costas Procesales esta secretaria no se pronuncia en vista que las mismas no han sido acreditadas por parte del peticionario.” (Folio 137 del expediente del A-quo) 3) En fecha veinte de julio de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el Abogado Donaldo José Amaya Fuentes, presentando recurso de amparo a favor de Sí Mismo y a favor de la señora Ingre Carina López Díaz, contra el auto relacionado en el numeral que antecede, estimando el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a él y su representada, los derechos consagrados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. (Folios 1-4 de la pieza del Ad-Quem) 4) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: OTORGANDO EL AMPARO promovido por el Abogado DONALDO JOSE AMAYA FUENTES, quien actúa a su favor y en favor de la señora INGRE CARINA LOPEZ DIAZ, en la DEMANDA DE ACUMULACIÓN OBJETIVA DE PRETENSIONES DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL Y UNA EJECUCIÓN HIPOTECARIA, promovida por la COOPERARIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL) contra la señora INGRE CARINA LOPEZ DIAZ; contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Santa Bárbara, con fecha uno (01) de febrero del año dos mil veintidós (2022) visible a folio ciento treinta (137) de la primera pieza de autos; mediante la cual se practicó la tasación de costas. SEGUNDO: Se tiene por violentadas las Garantías Constitucionales del Derecho a Defensa y Debido Proceso establecida en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, y violentado el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tal virtud, se declara LA INVALIDEZ ABSOLUTA de la resolución impugnada, a efecto de retrotraer el proceso al estado anterior a la violación, a efecto de emitir una resolución conforme la normativa del Arancel del Profesional del Derecho en cuanto a los incidentes que ponen fin al proceso. TERCERO: Enviar en consulta obligatoria la presente sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo que establece el artículo 68 párrafo segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional.” (Folios 37-43 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, se consulta la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que, oído el parecer del agente fiscal, otorga el recurso de amparo presentado por el Abogado Donaldo José Amaya Fuentes, a favor de Sí Mismo y a favor de la señora Ingre Carina López Diaz, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha uno de febrero de dos mil veintidós; con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial y ejecución hipotecaria interpuesta por el Abogado René Díaz Valenzuela en su condición de apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada (COACOL), contra Alex Edgardo Tabora Ramirez. La estimatoria de la acción de amparo se motiva por cuanto la resolución suprarrelacionada, que emitiera la jurisdicción ordinaria, le habría violentado a él, y su representada, lo preceptuado en la norma primaria, particularmente, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90, inter alia, de la Constitución de la República; con relación a la tutela judicial efectiva y libre acceso a los Juzgados y Tribunales prescrita en los artículos 1, 3 y 5 del Código Procesal Civil; artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en vista a que la jurisdicción ordinaria contrarió su deber de tutela judicial efectiva, mediante una inadecuada aplicación de la ley procesal para la tasación de costas procesales; tomando como fundamento artículos referentes a un incidente que no pone fin al proceso; menoscabando así los derechos reconocidos constitucionalmente a la parte recurrente y protegidos en el bloque de convencionalidad; por lo cual, se procedió al otorgamiento de la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (3): Que vista para fallo la sentencia venida en consulta, encuentra la Sala de lo Constitucional que, la Corte de Apelaciones concernida, ha actuado el marco que es propio de la justicia constitucional, orientando la adecuada aplicación de la preceptiva procesal civil pertinente y generalmente vinculante; proveyendo así tutela judicial efectiva al recurrente, según lo preceptuado en los artículos 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como los artículos 1, 80, 82 y 90, párrafo primero, de la Constitución de la República; por lo cual, resulta apegado a derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 54, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Donaldo José Amaya Fuentes, a favor de Sí Mismo y a favor de la señora Ingre Carina López Diaz, de lo cual se ha hecho señalado mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. -NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número 1555-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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