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Sentencia AC-1524-22 — Registro 15918

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra actuaciones realizadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, a través de la juez ejecutora delegada por dicho juzgado, en relación a la demanda de Restitución de la Posesión de un Inmueble por la Vía del Procedimiento Abreviado con su especialidad, promovida por la Sociedad Mercantil Cooperativa De Vivienda Siglo Xxi, Limitada, contra la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA 5, S.A.. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82 y 90, de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem deja establecido en la resolución que hoy se conoce en consulta, que en el caso de autos se observa que los autos dictados por el A-Quo acarrean infracción a la normativa convencional en materia de derechos humanos, constitucional y del Código Procesal Civil, observando irregularidad en lo dictado, haciendo énfasis en la resolución recurrida, siendo esta una clara violación al debido proceso y derecho a la defensa al no permitirle a la sociedad VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V. el escrito de personamiento como tercero, con interés legítimo y presentación de título de propiedad; aunado a ello, el juez A-Quo, al resolver lo peticionado por el recurrente, franquea el derecho constitucional de defensa al establecer en su resolución la fórmula cúmplase, por lo que se veda de derecho de hacer uso del recurso de reposición contemplado en el artículo 694 del Código Procesal Civil. Por otra parte, a pesar de que se trata de una sentencia firme, a dicha sociedad le asiste el derecho de petición ante los tribunales en el sentido de que es un tercero legítimo interesado y que le otorgan el derecho de presentar ante los tribunales en un plazo de diez días, los títulos que justifiquen su ocupación en el inmueble en litigio, por ende el juzgador, tenía el deber de valorar y analizar la documentación presentada por el recurrente, a fin de asegurar el derecho de propiedad privada y no vetarle las garantías constitucionales contempladas en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Por tanto, en aras de una correcta aplicación de justicia, en tutela de los derechos y garantías de ambas partes, esta Corte de Apelaciones es del parecer que los actos procesales por parte de los funcionarios judiciales en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, son contrarias a derecho por no cumplir los requisitos en el Código Procesal Civil, a lo que causó una grave violación a las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa; por lo que debe ser otorgado el recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán se encuentra apegada a derecho, ya que ha quedado evidenciado que ciertamente se le han vulnerado al hoy recurrente las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa al no permitirle a la sociedad mercantil VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V. hacer uso del recurso de reposición tal como lo establece el artículo 694 del Código Procesal Civil al utilizar la fórmula cúmplase y no permitirle el escrito de personamiento como tercero con interés legítimo y presentación del título de propiedad; en consecuencia, aun siendo una sentencia firme, le asiste el derecho de petición ante los tribunales, tal como lo establece el Código Procesal Civil en su artículo 883 en el sentido de que es un tercero legítimo interesado y que le otorgan el derecho de presentar ante los tribunales los títulos que justifiquen su ocupación en el inmueble en litigio; debiendo el juzgador asegurar el derecho a la propiedad privada y no violentar las garantías constitucionales contempladas en los artículos 89 y 90 Constitucionales. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NORMAN TORRES HERRERA, a favor de la Sociedad Mercantil VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V., contra actuaciones realizadas en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, A TRAVES DE LA JUEZ EJECUTORA DELEGADA POR DICHO JUZGADO, en relación a la demanda de Restitución de la Posesión de un Inmueble por la Vía del Procedimiento Abreviado con su especialidad, promovida por la Sociedad Mercantil COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA, contra la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA 5, S.A.. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82 y 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, actuando en su condición Representante Procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA, promoviendo demanda de Restitución de Posesión de un Inmueble por vía del Proceso Abreviado, contra la Sociedad Mercantil denominada INMOBILIARIA 5, S.A., a través de su Presidente y Representante Legal JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA; para que mediante sentencia, se restituya a su representado, en la posesión que ha tenido de un inmueble de su propiedad, con motivo de un despojo de que ha sido objeto por parte de la sociedad demandada, y además se le condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados, y a las costas del juicio. (Folios 01 al 11 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido con el proceso, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en la cual falló: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA DE PROCESO DECLARATIVO PARA LA RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO, interpuesta por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, quien actúa en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA, contra la Sociedad Mercantil “INMOBILIARIA 5, S.A. representada legalmente por la Abogada CLARIBEL MEDINA. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL DEMANDANTE. TERCERO: SIN LUGAR LA CONDENA DE PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.….” (Folios 241 al 257 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, el Abogado el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, actuando en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA, compareció ante el citado Juzgado, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia relacionada en el numeral anterior. En consecuencia, la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha seis de febrero de dos mil diecisiete en la cual falló: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN y REVOCANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA VENTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS. (Folios 258 al 272 y 288 al 295 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que habiéndose presentado Recurso de Amparo contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Sala de lo Constitucional dictó su fallo, en la cual SOBRESEYO el recurso de amparo interpuesto. (Folios 387 al 394 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, solicitando la Ejecución de la Sentencia; siendo admitida dicha solicitud en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, y ordena librar Exhorto al Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para que procediera a requerir al Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA 5, S.A., a efecto de que procediera a restituir la posesión del bien inmueble de que se hace referencia en dicha resolución, haciéndole la advertencia que debía hacerlo en el plazo de un mes y en caso de no hacerlo se procedería de manera forzosa. (Folios 303 al 306 y 307 al 309 del Tomo II de la primera pieza de antecedentes). 6) Que en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por PRECLUIDO, el plazo de UN MES, que se le concedió al señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA, en su condición de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada INMOBILIARIA 5, S.A., en consecuencia en fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, nombró como Juez Ejecutor Delegado a la Abogada IRELA MARINA PEREZ ORTIZ, a fin de que procediera a lo ordenado en la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós. (Folios 449v al 450 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 7) Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós, el Abogado MAX RICARDO LAGOS SALGADO, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V., personándose como Tercero con Interés Legítimo y a la vez presentando propiedad que acredita el dominio del inmueble sujeto a suspensión de ejecución. En fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, el citado Juzgado de Letras rechazó por improcedente, en virtud de la sentencia definitiva dictada en el juicio de mérito (Folios 523 al 526 y 550 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 8) Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la Abogada IRELA MARINA PEREZ ORTIZ, actuando como Ejecutora Delegada, puso en posesión del bien inmueble a la Sociedad Mercantil COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA, como parte demandante. (Folios 562 al 563 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 9) Que en fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, el Abogado NORMAN TORRES HERRERA, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V., contra las actuaciones de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós realizadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, a través de la Juez Ejecutora Delegada por dicho Juzgado. 10) Que seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: OTORGAR por las razones antes esgrimidas, la Garantía Constitucional de AMPARO, presentada ante esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, por el Abogado NORMAN TORRES HERRERA, accionando a favor de la Sociedad Mercantil denominada VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V., contra la diligencia realizada en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), por la Abogada IRELA MARINA PEREZ ORTIZ, actuando en su condición de Ejecutora delegada como funcionaria Judicial designada al Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán… SEGUNDO: Librar atenta comunicación al Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con las inserciones necesarias del caso para que se restituyan las respectivas garantías conculcadas.…” (Folios 67 al 72 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 11) Que en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán que otorgó el recurso de amparo contra la diligencia realizada en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en relación a la demanda de restitución de la posesión de un inmueble por la vía del proceso abreviado, se acumula pretensión de pago indemnizatorio de daños y perjuicios. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que la resolución contra la cual se reclama es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República pues no se ha juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, desconociendo el derecho que la ley adjetiva le concede a quien acredita ser un legitimo propietario con justo titulo y debidamente inscrito ante la autoridad encargada de esta clase de registros y resulta mas grave el hecho de que sin estar consignado, se haga un lanzamiento al margen de la ley porque el mismo no está ordenado en ninguna forma, ya que una diligencia posesoria jamás se ha de ejecutar como si se tratara de un juicio ordinario de dominio. CONSIDERANDO (5): Que en fecha veinte de junio de dos mil veintidós, el Ministerio Público emite dictamen en el cual expone que al revisar el expediente, se evidencia que se ha violentado el derecho al debido proceso cuando el juzgador mediante auto de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, no le permite a la sociedad mercantil VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V. por no hacer uso de los recursos que franquea la norma adjetiva, pues al establecer la fórmula Cúmplase en dicha resolución, le veda ese derecho, porque la finalidad de haberse personado como un tercero, es porque se ve afectado por una sentencia que aunque es firme, le asiste el derecho de presentar peticiones, como así lo hizo al enterarse que se estaba ejecutando la sentencia. Por tanto, el incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial, genera una violación o desconocimiento de este derecho, vedando el derecho de defensa del amparista al denegar la petición sin una debida motivación y procesa la juez ejecutora a dar cumplimiento a las providencias de fecha cuatro y nueve de marzo de dos mil veintidós, otorgando la posesión del inmueble al demandante sin escuchar el petitorio del impetrante, quien presenta documentos de propiedad del inmueble objeto del litigio y solicita el cese de los actos de ejecución de la sentencia y la nulidad absoluta de actuaciones, petición que fue declarada sin lugar, culminando la resolución con la fórmula cúmplase, impidiendo que haga efectivo el derecho de petición, el derecho de defensa y el debido proceso mediante la vía recursiva, por lo que, al negarle esa oportunidad, se le está trasgrediendo las garantías constitucionales invocadas; llegando a la conclusión que al habérsele vulnerado los mismos, lo procedente es que se otorgue el recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem deja establecido en la resolución que hoy se conoce en consulta, que en el caso de autos se observa que los autos dictados por el A-Quo acarrean infracción a la normativa convencional en materia de derechos humanos, constitucional y del Código Procesal Civil, observando irregularidad en lo dictado, haciendo énfasis en la resolución recurrida, siendo esta una clara violación al debido proceso y derecho a la defensa al no permitirle a la sociedad VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V. el escrito de personamiento como tercero, con interés legítimo y presentación de titulo de propiedad; aunado a ello, el juez A-Quo, al resolver lo peticionado por el recurrente, franquea el derecho constitucional de defensa al establecer en su resolución la fórmula cúmplase, por lo que se veda de derecho de hacer uso del recurso de reposición contemplado en el articulo 694 del Código Procesal Civil. Por otra parte, a pesar de que se trata de una sentencia firme, a dicha sociedad le asiste el derecho de petición ante los tribunales en el sentido de que es un tercero legítimo interesado y que le otorgan el derecho de presentar ante los tribunales en un plazo de diez días, los títulos que justifiquen su ocupación en el inmueble en litigio, por ende el juzgador, tenia el deber de valorar y analizar la documentación presentada por el recurrente, a fin de asegurar el derecho de propiedad privada y no vetarle las garantías constitucionales contempladas en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Por tanto, en aras de una correcta aplicación de justicia, en tutela de los derechos y garantías de ambas partes, esta Corte de Apelaciones es del parecer que los actos procesales por parte de los funcionarios judiciales en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, son contrarias a derecho por no cumplir los requisitos en el Código Procesal Civil, a lo que causó una grave violación a las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa; por lo que debe ser otorgado el recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán se encuentra apegada a derecho, ya que ha quedado evidenciado que ciertamente se le han vulnerado al hoy recurrente las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa al no permitirle a la sociedad mercantil VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V. hacer uso del recurso de reposición tal como lo establece el articulo 694 del Código Procesal Civil al utilizar la fórmula cúmplase y no permitirle el escrito de personamiento como tercero con interés legítimo y presentación del titulo de propiedad; en consecuencia, aun siendo una sentencia firme, le asiste el derecho de petición ante los tribunales, tal como lo establece el Código Procesal Civil en su articulo 883 en el sentido de que es un tercero legítimo interesado y que le otorgan el derecho de presentar ante los tribunales los títulos que justifiquen su ocupación en el inmueble en litigio; debiendo el juzgador asegurar el derecho a la propiedad privada y no violentar las garantías constitucionales contempladas en los artículos 89 y 90 Constitucionales. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 5, 246, 247.1, 405, 406 demás aplicables del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se otorga el recurso de amparo interpuesto por el abogado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1524-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL