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Sentencia AC-1523-22 — Registro 18455

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de que otorgó la acción de Amparo; con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida contra el Estado de Honduras. Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Que el planteamiento del Abogado recurrente contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el presente recurso de reposición, es de recibo, en lo concerniente a la parte dogmática de su exposición, la cual conlleva a reconsiderar sustancialmente las razones imbricadas en la sentencia de amparo que es venida en consulta. Particularmente, a justificar, en argumentación jurídica amplia, congrua, y, suficiente, el por qué la jurisdicción constitucional procede prima facie a la tutela judicial efectiva, mediante el otorgamiento del recurso de amparo impetrado. Lo anterior, en escrupuloso cumplimento, por esta alta Sala de justicia constitucional, a lo preceptuado en los artículos 68 y 69; con relación al artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que en tal orden de ideas se estima procedente analizar la enmienda de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023); en atinencia, tanto a la argumentación jurídica desarrollada recursivamente en la presente garantía; como al propio mérito que deriva de la resolución garante, según es conocida por la Sala de lo Constitucional, en el grado de consulta. Ésta, se muestra acorde a la garantía del debido proceso, invocando la Opinión Consultiva OC-9/87, para fundamentar – si bien en ausencia de citación técnica o textual –, que: “… los principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), es de aplicación constante por esta Sala. Por ende, no resulta desconocida la tesitura de dicha Opinión Consultiva, la cual establece que el ámbito y alcance del debido proceso legal no se suspende, ni aún en estados de excepción. De hecho, en su parágrafo 28, se lee también, textualmente: “Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial (…)”. Asimismo, es reconocido en doctrina, que la lectura comprensiva del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece, a su vez, la amplitud del derecho de acción judicial; mientras que, el artículo 25, - siempre del CADH –, precave tal posibilidad de garantía mediante un recurso o mecanismo judicial idóneo, es decir, rápido y expeditivo; como manifestación específica del derecho de acceso a la justicia, dirigida a la protección de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO (7): Que, es de hacer notar que, en el Considerando (12) de la resolución consultada, se establece la procedencia del otorgamiento de amparo, en vista a que, del decreto de incompetencia del órgano jurisdiccional civil para conocer y resolver del caso, resulta inobservancia de las normas procesales que regulan la jurisdicción, la competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación del procedimiento (artículos 23, 27, 28 y 29 del Código Procesal Civil). En ese orden de ideas, la Jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo es competente para conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación a los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO (8): Que, asimismo la sentencia bajo estudio, reconoce que, según el articulado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo, la Administración Pública podrá también pedir la ilegalidad o la anulación de un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa; en cuyo caso ya establece el procedimiento respectivo para su comparecencia, como demandante, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; situación que no acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (9): Que, en lo concerniente a la validez de las obligaciones patrimoniales contraídas por el Estado de Honduras, no pasa desapercibida para la Sala, la atribución legal de la Administración Pública de pedir la ilegalidad o la anulación, de un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo: “…, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa”; lo que ha reconocido, de forma expresa, la motivación de la sentencia conocida en amparo, acotando la inexistencia de tal proceder oficioso, en el caso de autos. Sin embargo, resulta claro que la Administración sí ha promovido tal pretensión anulatoria con carácter incidental, según aprecia la Sala; obviando el ejercicio de la acción principal que la Ley le ha conferido, de advertir la concurrencia de los supuestos de ilegalidad, o de anulación, en los actos propios; de estar estos firmes, y con aptitud para la creación de derechos subjetivos. CONSIDERANDO (10): Que, en definitiva, del examen de la resolución conocida en consulta, se establecen razones bastantes y suficientes en Derecho, del porque se configura afectación al derecho constitucional concernido, con la nulidad de actuaciones dictadas por el Juzgado A Quo; en vista la fundada posibilidad que la confirmatoria de inadmisión a trámite de la demanda civil instaurada, implicare un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales, en los términos expuestos por el recurrente. En tal sentido, se concede razonabilidad a lo actuado por la Corte garantista, al proceder al otorgamiento de la garantía de amparo bajo estudio; con determinación precisa de la conducta a cumplir, en orden a restituir al recurrente en el goce de los derechos que establece el bloque de convencionalidad; ante la indebida limitación de acceso a la justicia, sobre las bases de un rigorismo legalista, no técnico, e intrascendente para los fines de la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (11): Que, la sentencia consultada ofrece criterios que propenden efectivamente al otorgamiento de la garantía de amparo, con base al derecho fundamental del artículo 183, con relación al artículo 90, párrafo primero, ambos de la Constitución de la República; a las leyes aplicables a las condiciones de acceso a la justicia, en ponderación con la figura jurídica de nulidad; así como a la doctrina constitucional y convencional consultada, en concordancia al postulado hermenéutico que dimana del artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. - Por ende, corresponde el otorgamiento del recurso de reposición impetrado por la representación garantista, ante la Sala de lo Constitucional, con vistas al dictado de confirmatoria a la sentencia de amparo que es conocida en consulta. CONSIDERANDO (12): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. En consecuencia, asistiendo razones de fondo para enmendar la sentencia recurrida, procede declarar procedente el presente recurso de reposición, del cual se ha hecho el debido mérito."

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ, a favor de la sociedad mercantil INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S. DE R.L. (IDISA S. DE R.L.), contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S. de R.L. (IDISA S. DE R.L), contra el ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90, 106, 321 y 323 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ, actuando en su condición de apoderado Legal de la sociedad mercantil INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS, S. DE R.L. (IDISA S. DE R.L.), promoviendo demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, contra el ESTADO DE HONDURAS, para el cumplimiento de una obligación de dar, consistente en el pago de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 4,672,412.46. (Folios 1 al 6 de la pieza del Juzgado).2)Que en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) compareció ante la Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, presentando oposición a la demanda de ejecución de título extrajudicial para el cumplimiento de una obligación de dar consistente en el pago de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 4,672,412.46). – SE INTERPONE INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES. - SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. - SE PRESENTAN MEDIOS DE PRUEBA. – SE DELEGA PODER. (Folio 01 al 07 de la pieza del juzgado)3)Que en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, RESOLVIO: ESTIMAR, procedente el incidente de nulidad de actuaciones procesales promovido por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, quien a su vez delegó poder en el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, en la DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION DE DAR CONSISTENTE EN EL PAGO DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L 4,672,412.46). En virtud de que revisadas, analizadas y estudiadas las presentes diligencias y tomando en cuenta procedentes judiciales, se concluye que los actos procesales impugnados presentan defectos que causan nulidad procesal, consecuentemente deben anularse para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en la Constitución de la Republica y leyes ordinarias.- SEGUNDO:DECRETESE NULIDAD ABSOLUTA a partir e inclusive del auto de fecha tres de agosto del dos mil veintiuno, que obra a folio 24, mediante el cual se manda a subsanar a trámite la demanda de título extrajudicial, presentada por el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ, en su condición de representante procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA INSTRUMENTOS PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S. DE R.L., en virtud de no haberse resuelto la cuestión litigiosa con arreglo a derecho; En consecuencia quedan nulos y sin ningún valor y efecto las actuaciones procesales posteriores a dicho auto impugnado; así como también las demás actuaciones procesales no mencionadas por el incidentista.- TERCERO: REPONGASE las actuaciones al estado inmediatamente anterior a los defectos señalados en el incidente de nulidad de mérito.- En consecuencia el escrito de demanda de ejecución de título extrajudicial para el cumplimiento de una obligación de dar consistente en el pago de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 4,672,412.46) presentado en fecha veintitrés de junio del dos mil veintiuno por el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada LA SOCIEDAD MERCANTIL INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S DE R.L (IDISA S. DE R.L), debe de resolverse de la manera siguiente: Inadmítase a trámite la presente demanda de ejecución de título extrajudicial que antecede, en virtud de no ser competente este órgano jurisdiccional civil para conocer y resolverla ya que corresponde a la jurisdicción y competencia de lo contencioso administrativo, por lo consiguiente que la Secretaria del Despacho proceda a archivar la presente demanda sin más trámite. (Folio 22 al 25 de la pieza del Juzgado)4)Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil veintidós (2022) compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S DE R.L (IDISA S. DE R.L.), contra la resolución de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando que, con la resolución recurrida, se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90, 106, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 06 la pieza del Juzgado).5)Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ, quien actúa en representación procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA INSTRUMENTACIÓN PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S. DE R.L., contra las resoluciones de fecha catorce (14) y treinta (30) de marzo del año dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. 6)Que en fecha veinte de octubre del año dos mil veintidós, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, se consulta la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, que, oído el parecer de la agente de Tribunales del Ministerio Público, otorga el recurso de amparo presentado por el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SÁNCHEZ, a favor de la sociedad mercantil INSTRUMENTACIÓN PARA DIAGNÓSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S. DE R.L. (IDISA S. DE R.L), contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial para el cumplimiento de una obligación de dar consistente en el pago de CINCO MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 5,080,218.57) en aplicación de la ordenado en la resolución número 46-2019-SS, promovida por la empresa SOCIEDAD MERCANTIL INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S. de R.L (IDISA S. DE R.L), contra el ESTADO DE HONDURAS.- La estimatoria de tal acción constitucional se motiva con relación a lo alegado por el amparista, contra la resolución suprarrelacionada, respecto a que se le habría violentado a su representada, por parte de la jurisdicción ordinaria, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90, inter alia, de la Constitución de la República; contentivos de los principios de legalidad, derecho de defensa y al debido proceso. Todo ello con relación a la indebida concesión del incidente de nulidad interpuesto por la parte demandada, mediante dictado de auto interlocutorio de fecha 14 de marzo del año 2022, contra el auto de admisión dictado por ese mismo órgano jurisdiccional, en fecha 26 de agosto del año 2021; por lo cual, se procedió a otorgar la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (3): Que vista para fallo la sentencia venida en consulta, encuentra la Sala de lo Constitucional que se debe revocar al no haber procedido a valorar con suficiencia, exhaustiva y congruente motivación lo pertinente a la responsabilidad patrimonial derivada de contratos suscritos por el Estado de Honduras, al motivar las razones en que se funda la estimatoria del recurso; revocando una resolución que fuera dictada en apego a derecho procesal civil y constitucional, sin dejar de tutelar con efectividad el derecho a la defensa y al debido proceso, del que goza el recurrente; según preceptuados en los artículos 82 y 90, párrafo primero, de la Constitución de la República; y, en los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; la cual no se encuentra desvinculada de la tutela judicial que amerita la persona jurídica que se presenta como agraviada, para interponer las acciones que correspondan, en defensa de sus derechos, ante la jurisdicción taxativamente competente, de conformidad a Ley. Por ende, la resolución de Amparo venida en consulta debe revocarse.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 60, 80, 82, 90, 106, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 54, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REVOCANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, que otorgó la acción de Amparo promovida por el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ, a favor de la sociedad mercantil INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICOS INMUNOHEMATOLOGICOS S. DE R.L. (IDISA S. DE R.L), de lo cual se ha hecho mérito y deniega el mismo. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. -NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. . FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SÁNCHEZ, a favor de la Sociedad Mercantil INSTRUMENTACIÓN PARA DIAGNÓSTICOS INMUNOHEMATÓLOGICOS S. DE R.L. (IDISA S. DE R.L.), contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, REVOCANDO la sentencia de amparo venida en consulta, según dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veintidós (2022); la cual OTORGA la acción constitucional de amparo, promovida por el recurrente, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil INSTRUMENTACIÓN PARA DIAGNÓSTICOS INMUNOHEMATÓLOGICOS S. DE R.L. (IDISA S. DE R.L.) contra el ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el que podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente al de su notificación, por la tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido en tanto requisito de procedibilidad en el trámite del presente caso, según resulta de la notificación efectuada por la tabla de avisos en fecha quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023) y la consiguiente interposición del recurso de reposición en la subsiguiente fecha hábil, según consta de la pieza principal.CONSIDERANDO (2): Que, la parte recurrente ha manifestado, en sustento su recurso de reposición, la infracción por la Jurisdicción Constitucional de las garantías y derechos relativos a la protección y tutela del derecho de acción y efecto de dispensar justicia por parte de los órganos de la jurisdicción, al confundir, interpretar y aplicar erróneamente disposiciones que no serían vinculantes al caso concreto. Solicitando, en definitiva, se modifique la decisión tomada por no encontrarse dictada conforme a derecho, con especial atención a las siguientes consideraciones jurídicas: 1. Que la parte consustancial del recurso de amparo conocido en consulta por esa honorable Sala se deriva de la deuda que el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Salud, mantiene con su representada, la Sociedad Mercantil INSTRUMENTACIÓN PARA DIAGNÓSTICOS INMUNOHEMATÓLOGICOS S. DE R.L. (IDISA S. DE R.L.), por suministros que oportunamente ésta le hiciera, los cuales no fueron honrados. Fue por este motivo que se presentó reclamo administrativo, sustanciándose de conformidad a lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, dictando la aludida Secretaria de Estado con lugar el reclamo de mérito, en la resolución correspondiente; la cual considera el garantista, habiendo adquirido firmeza, se convirtió en Título de Ejecución Extrajudicial; en aplicación de lo que establece el preámbulo y numeral 4 del artículo 782 del Código Procesal Civil. 2. Que, aun considerando que los recursos debidos a su representada puedan vincularse a lo prescrito en los artículos 1, 2 literal a) (y) 3 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, referente a las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado; tal interpretación sería errónea y de aplicación indebida, por cuanto no es esta la Jurisdicción competente para dirimir el caso, en vista a lo prescrito en los artículos 33 y 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los cuales transcribe; haciéndole inquirir al Letrado garantista, qué finalidad podría perseguir su representada, mediante la acción contencioso administrativa, cuando la resolución pretendida fue declarada con lugar por la Secretaria de Salud conforme a derecho, adquiriendo firmeza, en su criterio. CONSIDERANDO (3): Que, siguiendo el mismo orden argumentativo, expresa el recurrente: 3. Que lo sintetizado y dispuesto en el preámbulo y literal b), del artículo 51 de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con relación al literal c) del artículo 80 de la misma norma jurídica secundaria, los cuales transcribe; se reconducen a que esta jurisdicción deberá declarar inadmisible la demanda contencioso – administrativa, cuando esta se deduce contra actos no susceptibles de impugnación, conforme a lo estipulado en el artículo 31 de la misma Ley. Aquí se fundaría un razonamiento a fortiori: Si la jurisdicción contencioso administrativa no puede conocer de los actos descritos en la ley, cuando estos hubiesen sido denegados, o declarados sin lugar por la Administración, concurriendo los requisitos establecidos en ellos; con mayor razón no podrían admitirse, vía impugnación, actos que son favorables al reclamante administrativamente (Sic.); de donde se colige que, los únicos actos objeto de ejecución, por parte del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, serían sus propias sentencias administrativas, y no otras, como las que aparecen del caso concreto. 4. Que, por todo lo anterior, considera lesivo a los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso, en el marco del Estado de Derecho, que se revoque la resolución garantista dictada por el Ad Quem; remarcando que, al haberse obtenido resolución favorable de parte de la Secretaría de Salud, ésta no era susceptible de impugnación vía contencioso administrativa; constituyéndose en título de ejecución extrajudicial al haberse agotado la vía administrativa, como reconoce, con sapiencia, la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, con su sentencia estimatoria de amparo. Asimismo, califica de incongruente la sentencia impugnada vía reposición, con relación al objeto del proceso; al considerar que el fundamento jurídico administrativo, relativo a la deducción de responsabilidad patrimonial derivada de contratos suscritos por el Estado de Honduras, se cita con relación a procesos declarativos; no así, con relación a procesos de ejecución de título extrajudicial, como es pretensión del recurrente, acontecería en el presente caso; al impetrar la existencia de una deuda liquida y exigible reconocida por resolución administrativa firme, dictada por autoridad competente, la cual produce todos sus efectos. En definitiva, suscita la discrepancia del profesional del Derecho recurrente, el hecho de haber obtenido resolución favorable de la Secretaría de Salud, misma que, al haber adquirido firmeza, no resultaba susceptible de impugnación por la vía contencioso administrativo. Asimismo, afirmando que la consideración que le amerita dicha resolución administrativa, es la de un Título de Ejecución Extrajudicial. CONSIDERANDO (4): Que, concluye expresando el recurrente, que: 5. Alega y prueba jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, cuyas copias fotostáticas se acompañan al presente recurso. Manifiesta el Letrado recurrente, que la razón jurídica que derivaría de tal jurisprudencia sería obligatoria para la Sala, al exceder el número de tres y ser reiterativa sobre casos iguales al que nos ocupa; no pudiendo contradecir la Sala sus propios criterios, porque la jurisprudencia tiene por objeto la unificación de criterios sobre determinados casos y materias y una vez producida ésta, los órganos no podrían actuar de manera distinta, sin violentar disposiciones constitucionales y legales. Por lo cual solicita de la Sala de lo Constitucional la reconsideración del presente fallo, en salvaguarda los derechos constitucionales de su representada, reponiendo la sentencia aquí recurrida en reposición y que sea dictada conforme a derecho. CONSIDERANDO (5): Que el planteamiento del Abogado recurrente contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el presente recurso de reposición, es de recibo, en lo concerniente a la parte dogmática de su exposición, la cual conlleva a reconsiderar sustancialmente las razones imbricadas en la sentencia de amparo que es venida en consulta. Particularmente, a justificar, en argumentación jurídica amplia, congrua, y, suficiente, el por qué la jurisdicción constitucional procede prima facie a la tutela judicial efectiva, mediante el otorgamiento del recurso de amparo impetrado. Lo anterior, en escrupuloso cumplimento, por esta alta Sala de justicia constitucional, a lo preceptuado en los artículos 68 y 69; con relación al artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (6): Que en tal orden de ideas se estima procedente analizar la enmienda de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023); en atinencia, tanto a la argumentación jurídica desarrollada recursivamente en la presente garantía; como al propio mérito que deriva de la resolución garante, según es conocida por la Sala de lo Constitucional, en el grado de consulta. Ésta, se muestra acorde a la garantía del debido proceso, invocando la Opinión Consultiva OC-9/87, para fundamentar – si bien en ausencia de citación técnica o textual –, que: “… los principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), es de aplicación constante por esta Sala. Por ende, no resulta desconocida la tesitura de dicha Opinión Consultiva, la cual establece que el ámbito y alcance del debido proceso legal no se suspende, ni aún en estados de excepción. De hecho, en su parágrafo 28, se lee también, textualmente: “Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial (…)”. Asimismo, es reconocido en doctrina, que la lectura comprensiva del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece, a su vez, la amplitud del derecho de acción judicial; mientras que, el artículo 25, - siempre del CADH –, precave tal posibilidad de garantía mediante un recurso o mecanismo judicial idóneo, es decir, rápido y expeditivo; como manifestación específica del derecho de acceso a la justicia, dirigida a la protección de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO (7): Que, es de hacer notar que, en el Considerando (12) de la resolución consultada, se establece la procedencia del otorgamiento de amparo, en vista a que, del decreto de incompetencia del órgano jurisdiccional civil para conocer y resolver del caso, resulta inobservancia de las normas procesales que regulan la jurisdicción, la competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación del procedimiento (artículos 23, 27, 28 y 29 del Código Procesal Civil). En ese orden de ideas, la Jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo es competente para conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación a los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO (8): Que, asimismo la sentencia bajo estudio, reconoce que, según el articulado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo, la Administración Pública podrá también pedir la ilegalidad o la anulación de un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa; en cuyo caso ya establece el procedimiento respectivo para su comparecencia, como demandante, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; situación que no acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (9): Que, en lo concerniente a la validez de las obligaciones patrimoniales contraídas por el Estado de Honduras, no pasa desapercibida para la Sala, la atribución legal de la Administración Pública de pedir la ilegalidad o la anulación, de un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo: “…, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa”; lo que ha reconocido, de forma expresa, la motivación de la sentencia conocida en amparo, acotando la inexistencia de tal proceder oficioso, en el caso de autos. Sin embargo, resulta claro que la Administración sí ha promovido tal pretensión anulatoria con carácter incidental, según aprecia la Sala; obviando el ejercicio de la acción principal que la Ley le ha conferido, de advertir la concurrencia de los supuestos de ilegalidad, o de anulación, en los actos propios; de estar estos firmes, y con aptitud para la creación de derechos subjetivos.CONSIDERANDO (10): Que, en definitiva, del examen de la resolución conocida en consulta, se establecen razones bastantes y suficientes en Derecho, del porque se configura afectación al derecho constitucional concernido, con la nulidad de actuaciones dictadas por el Juzgado A Quo; en vista la fundada posibilidad que la confirmatoria de inadmisión a trámite de la demanda civil instaurada, implicare un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales, en los términos expuestos por el recurrente. En tal sentido, se concede razonabilidad a lo actuado por la Corte garantista, al proceder al otorgamiento de la garantía de amparo bajo estudio; con determinación precisa de la conducta a cumplir, en orden a restituir al recurrente en el goce de los derechos que establece el bloque de convencionalidad; ante la indebida limitación de acceso a la justicia, sobre las bases de un rigorismo legalista, no técnico, e intrascendente para los fines de la tutela judicial efectiva.CONSIDERANDO (11): Que, la sentencia consultada ofrece criterios que propenden efectivamente al otorgamiento de la garantía de amparo, con base al derecho fundamental del artículo 183, con relación al artículo 90, párrafo primero, ambos de la Constitución de la República; a las leyes aplicables a las condiciones de acceso a la justicia, en ponderación con la figura jurídica de nulidad; así como a la doctrina constitucional y convencional consultada, en concordancia al postulado hermenéutico que dimana del artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. - Por ende, corresponde el otorgamiento del recurso de reposición impetrado por la representación garantista, ante la Sala de lo Constitucional, con vistas al dictado de confirmatoria a la sentencia de amparo que es conocida en consulta. CONSIDERANDO (12): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. En consecuencia, asistiendo razones de fondo para enmendar la sentencia recurrida, procede declarar procedente el presente recurso de reposición, del cual se ha hecho el debido mérito.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119 y 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado CRISTIAN MIGUEL RIVERA SÁNCHEZ, a favor de la Sociedad Mercantil INSTRUMENTACIÓN PARA DIAGNÓSTICOS INMUNOHEMATÓLOGICOS S. DE R.L. (IDISA S. DE R.L.), contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. 2) CONFIRMAR la sentencia de amparo dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintidós, para los efectos conducentes a hacer prevalecer la garantía del debido proceso. Y MANDA: Que se certifique presente resolución y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. . SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, y resolución de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1523-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL