Sentencia AC-150-22 — Registro 16808
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a demanda mediante proceso abreviado. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado garantías constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “..Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. Que la garantía genérica al debido proceso se resume en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano en igualdad de condiciones ante el órgano jurisdiccional para concluir en la solución de la controversia. Este Alto Tribunal de Justicia, analizados los conceptos de la supuesta vulneración invocada por el recurrente al derecho de defensa y debido proceso, estima prudente que deben incluirse como derechos fundamentales entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, derechos que se observa le han sido garantizados al recurrente, quien debe tener en cuenta, que una respuesta desfavorable a sus pretensiones se vuelva en una vulneración a sus derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO (12): Que los pleitos o asuntos de naturaleza civil son materia de exclusiva competencia de los Jueces y tribunales de instancia en la materia, de ahí que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir cuando constate la vulneración evidente o manifiesta de garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República; no habiéndose constatado infracción alguna de las garantías invocadas, por cuanto la cuestionada acta de notificación y que argumenta el Amparista que el Secretario del Despacho al notificar la resolución omitió las formas de comunicación ocasionando indefensión, carece de sustento al comprobarse todo lo contrario, la notificación se realizó por el funcionario competente, acto procesal que cumple todos los requisitos previstos en la ley como se aprecia de autos, por tanto es procedente denegar la presente garantía de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “...Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. Que la garantía genérica al debido proceso se resume en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano en igualdad de condiciones ante el órgano jurisdiccional para concluir en la solución de la controversia. Este Alto Tribunal de Justicia, analizados los conceptos de la supuesta vulneración invocada por el recurrente al derecho de defensa y debido proceso, estima prudente que deben incluirse como derechos fundamentales entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, derechos que se observa le han sido garantizados al recurrente, quien debe tener en cuenta, que una respuesta desfavorable a sus pretensiones se vuelva en una vulneración a sus derechos y garantías constitucionales.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Rolando Israel Portillo Guillen, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a demanda mediante proceso abreviado promovida por el Abogado José Alfredo Molina Varela, en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras, en contra del señor Ángel Armando Lanza Sabillón, en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil Internacional Technology Group, S.A. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, el Abogado José Alfredo Molina Varela, en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras, interponiendo demanda mediante proceso abreviado consignación de equipo de servicios electrónico por negativa de contratista, en contra del señor Ángel Armando Lanza Sabillón, en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil Internacional Technology Group, S.A. (Folio 2-3 de la pieza del A-quo) 2) En fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, emitió sentencia definitiva mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda de CONSIGNACIÓN MEDIANTE PROCESO ABREVIADO DE EQUIPO SERVICIOS ELECTRÓNICOS POR NEGATIVA DEL CONTRATISTA DE SER RECEPCIONADO PREVIO A EJERCER ACCIONES LEGALES Y CUYA PERMANENCIA EN PODER DEL ESTADO GENERA PERJUICIO promovida por el abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA en su condición de PROCURADOR JUDICIAL EN REPRESENTACION DEL ESTADO DE HONDURAS contra la empresa INTERNACIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. representada por el señor ANGEL ARMANDO LANZA SABILLON, por extemporánea. SEGUNDO: CONDENA EN COSTAS al Estado como parte vencida.” (Folios 419-420 de la pieza del A-quo) 3) En fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, el Abogado Rolando Israel Portillo Guillen, en su condición de Apoderado Legal de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, presentando escrito de nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de espuria acta de notificaciones de sentencia definitiva que vulnera garantías constitucionales y procesales. (Folios 423-424 de la pieza del A-quo) 4) En fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, dictó auto mediante el cual dispuso: “…1.-Tengase por promovido el incidente de Nulidad presentado por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, actuando en su condición de Apoderado Legal de la DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS; siendo que el mismo fue presentado con posterioridad a la Sentencia Definitiva abreviada de la demanda de consignación de equipo INADMITASE SIN MÁS TRÁMITE el Incidente de nulidad por ser interpuesto de forma extemporánea. NOTIFÍQUESE.” (Folio 425 vuelto de la pieza del A-quo) 5) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Rolando Israel Portillo Guillen, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de apoderado judicial de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, contra el auto de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno (F-425), dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés. POR SER IRRECURRIBLE.” (Folios 6-8 de la pieza del Ad-Quem) 6) En fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal, el Abogado Rolando Israel Portillo Guillen, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-Quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 7) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha ocho de junio de dos mil veintidós, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 28 del recurso) 8) Que en fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…De lo expuesto por el recurrente, esta Representación Fiscal estima que respecto a la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en fecha 24 de mayo del año 2021 se colige de los autos que consta a folio 422 la constancia emitida por el infrascrito Secretario Adjunto de ese Juzgado mediante la cual se constata que si se pudo notificar al Abogado ROLANDO PORTILLO en su condición de Representante Legal demandante misma que fue realizada en fecha 24 de mayo a las 3:10. P.m., mediante mensaje de WhatsApp, al número 9885-5054 Y obteniendo el resultado de "entregado", respecto a lo cual es importante señalar que según lo dispuesto en el artículo 197 párrafo 2 del Código Procesal Civil establece lo siguiente: "Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir" tal como consta en autos que dicha notificación fue practicada, en atención a la facultad conferida al Secretario conforme lo dispuesto en el artículo 137 del mismo cuerpo legal, por lo que se estima que el fallo si fue notificado según la constancia antes referida, por consiguiente el recurso de nulidad interpuesto en fecha 30 de junio de 2021, fue inadmitido a trámite por ser extemporáneo, circunstancia que motivó el recurso de apelación respectivo. De lo anterior se extrae que el auto recurrido en apelación, es el que resuelve la nulidad planteada, la cual no se encuentra dentro de los autos apelables de conformidad a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en su Artículo 707 que señala: "Serán recurribles en apelación las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras"; de la literalidad de la norma se extrae que la nulidad planteada por el recurrente no se encuentra dentro de los autos apelables. Por otra parte, cabe señalar que según lo dispuesto en el artículo 215 numeral 3 del mismo cuerpo legal señala: "La nulidad se tramitará por el procedimiento previsto para los incidentes en general y no tendrá efecto suspensivo, y se decidirá por medio de auto contra el que no cabrá recurso alguno". Entendiéndose de ello que las nulidades son conocidas mediante un trámite incidental y por ende no constituyen un auto definitivo que ponga fin al proceso, ni tampoco es apelable conforme a la Ley, por lo que dicha resolución se encuentra en observancia del principio de Legalidad y Debido Proceso. En relación a lo alegado por el recurrente respecto a que se le ha vulnerado su derecho de defensa, encuentra la suscrita que dicho derecho se le ha garantizado durante el proceso por lo que no existe una vulneración real y efectiva de su derecho a la defensa, pues el recurrente ha tenido expedita el uso de los recursos respectivos en todo momento hasta dársele trámite a la acción de amparo interpuesta, por lo que se aprecia que tal derecho fue observado por los Tribunales, de ahí que se advierte que el fallo hoy recurrido ha sido dictado de conformidad a la Ley pues en su razonamiento se expresa de forma clara y motivada, los motivos por los cuales se ha denegado el planteamiento recursivo pues el presente fallo fue dictado en atención al Debido proceso y principio de Legalidad; por lo que el Ministerio Público estima que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales alegadas por el recurrente. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por NO existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 31-38 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo que ahora se conoce, es la promovida por el Abogado Rolando Israel Portillo Guillen a favor del Estado de Honduras contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, que en su parte dispositiva resuelve declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha veintisiete de julio del dos mil veintiuno dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes en relación a la demanda de consignación promovida por el Estado de Honduras contra la Sociedad Mercantil Internacional Tecnology Group S.A. representada por el señor Ángel Armando Lanza Sabillón de generales conocidas y expresadas en el preámbulo de la demanda. CONSIDERANDO (4): Que los motivos del Amparista básicamente descansan en que se ha vulnerado a su representado las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, cuando el Ad-Quem confirma el auto que deniega la nulidad absoluta de actuaciones, al considerar que se interpone después de pronunciada una sentencia definitiva, luego de haberse vulnerando al debido proceso y derecho de defensa al creer que el recurso de apelación es extemporáneo, el juzgador olvida que se produjo violación en el procedimiento al omitir aplicar lo que regula el Código Procesal Civil para la comunicación judicial entre las decisiones del Órgano Jurisdiccional y las partes lo que no le permite al Amparista cuestionar la decisión definitiva del conflicto judicial lo que ha sido desconocido por los tribunales de justicia. Que el Secretario del Juzgado de Puerto Cortes al notificar la resolución omitió las formas de comunicación ocasionando indefensión, por no constar en la causa de mérito la notificación a su persona, tal y como lo disponen el artículo 137 y 143 del Código Procesal Civil, impidiendo atacar la sentencia definitiva causando a su representada violación al debido proceso y derecho de defensa CONSIDERANDO (5): Que el Juzgado de letras Seccional de Puerto Cortés en fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno dicta sentencia definitiva y en la misma fecha el Secretario Adjunto siendo las 3:07 y 3:30 p.m. por el orden notifica a las partes procesales la resolución adoptada, tal como se verifica en los folios 421 y 422 de la primera pieza del proceso, donde obra la constancia que si notifico a las partes, tanto demandante al wasap numero 9885-5054 como demandada a los números celulares de los representantes procesales donde da fe que obtuvo respuesta de “entregado”. CONSIDERANDO (6): Que es importante reconocer que contra la sentencia definitiva tenía expedito recurso la parte demandante (el Estado) no haciendo uso del mismo, sin embargo, hasta el 30 de junio del 2021, un mes después de notificado, interpone incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir inclusive del acta de notificación de fecha 24 de mayo del 2021 de la sentencia definitiva por considerar que vulneran garantías constitucionales procesales enunciadas en el considerando que antecede, porque no consta que el suscrito postulante procesal haya recibido dicha notificación de parte del Órgano Jurisdiccional, lo que lo llevó a interponer el incidente de nulidad contra el auto que la deniega CONSIDERANDO (7) :Que el A-Quo mediante auto de fecha 27 de julio del 2021 resuelve el incidente planteado y motiva que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420.1 del Código Procesal Civil, no se admitirá el planteamiento de cuestiones incidentales una vez abierta la audiencia probatoria en el proceso ordinario, o una vez admitida la prueba en la audiencia del proceso abreviado, conforme lo establecen los artículos 416, 417, 419 y 420.3 del Código Procesal Civil, por cuanto el incidente se produjo después de dictada la sentencia definitiva, se inadmite sin más trámite el incidente por ser interpuesto de forma extemporánea. Inconforme el demandante recurre el auto que deniega el incidente de nulidad. CONSIDERNADO (8): Que seguido los procedimientos, la Alzada una vez oída la expresión de agravios por parte del apelante y que dicho sea de paso contiene la misma motivación planteada en el incidente de nulidad absoluta, es del parecer que habiéndose dictado sentencia definitiva que pone fin al proceso, esta se encuentra firme, por tanto no cabe recurso contra la misma. Que un mes después de su firmeza el apelante interpone el incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir inclusive del acta de notificación de la sentencia, incidente que evidentemente fue inadmitido a trámite por extemporáneo. Que los recursos son parte de una tutela judicial efectiva y tiene por objeto que las resoluciones judiciales sean revisadas bien por el mismo órgano que las emitió o por un tribunal superior, a efeto que sean dictadas conforme a derecho, nuestra normativa contempla una serie de recursos y señala además quienes tienen derecho a interponerlos, y los presupuestos procesales del derecho y el recurso, cuáles son las resoluciones recurribles e irrecurribles. Los recursos específicos, los plazos en que deben interponerse y las formalidades de cada uno de ellos (artículo 690 al 693 del Código Procesal Civil). El artículo 707 del mismo cuerpo legal estipula la procedencia del recurso de apelación disponiendo que serán recurribles en apelación las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la ley expresamente señala dictados en primera instancia por los Jugados de Paz y los Jueces de Letras. Que apelada la resolución que inadmite a trámite un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, y que se promueve después de finalizado el proceso, se colige, que la resolución no está percibida intrínsecamente en las resoluciones definitivas que ponen fin al proceso y que pueda recurrirse, por lo tanto se vuelve inapelable. CONSIDERANDO (9): Que en la presente garantía, si bien es cierto, el Amparista cuestiona la forma en que le fue notificada la sentencia definitiva y la remisión de la misma; precisa la norma civil aplicable en el artículo 137.1.b) Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se efectuaran en alguna de las formas siguientes: ”Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo electrónico, postal, telegrama, fax o cualquier otro medio técnico que permita dejar en el expediente constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado”, se aprecia como efectivamente así consta de autos, (folio 422 1 p.) el fedatario Judicial o ministro de fe pública notificó la resolución definitiva a través del Wasap 9885-5054 a la parte procesal demandante en la misma fecha que fue dictado el fallo, es decir, el 24 de mayo del 2021 a las 3:10 p.m., en este sentido, dispone la ley, que las resoluciones pueden ser notificadas el mismo dia o al siguiente de su fecha o publicación. De otro modo, el artículo 215.3 del Código Procesal Civil establece que “la nulidad se tramitará por el procedimiento previsto para los incidentes en general y no tendrá efecto suspensivo, y se decidirá por medio de auto contra el que no cabrá recurso alguno”, de lo que se razona que las actuaciones tanto del Iudex A-Quo como de la Alzada están enmarcadas en observancia al principio de legalidad y al debido proceso. CONSIDERANDO(10):Que examinados los actos procesales realizados por el Tribunal de Alzada y contra el cual ser recurre en amparo por presunta violación a garantías constitucionales durante la tramitación, encuentra esta Sala que se le ha garantizado al Amparista el derecho de defensa y al debido proceso, el recurrente ha tenido el uso de expeditos recursos, hasta culminar con el conocimiento de la presente garantía de amparo, la Corte de Apelaciones que declara sin lugar el recurso, motiva en el fallo que es un auto irrecurrible de conformidad a lo dispuesto en el artículo 707 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (11): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “..Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. Que la garantía genérica al debido proceso se resume en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano en igualdad de condiciones ante el órgano jurisdiccional para concluir en la solución de la controversia. Este Alto Tribunal de Justicia, analizados los conceptos de la supuesta vulneración invocada por el recurrente al derecho de defensa y debido proceso, estima prudente que deben incluirse como derechos fundamentales entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, derechos que se observa le han sido garantizados al recurrente, quien debe tener en cuenta, que una respuesta desfavorable a sus pretensiones se vuelva en una vulneración a sus derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO (12): Que los pleitos o asuntos de naturaleza civil son materia de exclusiva competencia de los Jueces y tribunales de instancia en la materia, de ahí que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir cuando constate la vulneración evidente o manifiesta de garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República; no habiéndose constatado infracción alguna de las garantías invocadas, por cuanto la cuestionada acta de notificación y que argumenta el Amparista que el Secretario del Despacho al notificar la resolución omitió las formas de comunicación ocasionando indefensión, carece de sustento al comprobarse todo lo contrario, la notificación se realizó por el funcionario competente, acto procesal que cumple todos los requisitos previstos en la ley como se aprecia de autos, por tanto es procedente denegar la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado, de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 2), 8, 9 No. 3) literal b) , 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía de Amparo promovida por el Abogado Rolando Israel Portillo Guillen contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintiuno, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-150-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL