Sentencia AC-1476-22 — Registro 17657
Resumen
Acto recurrido contra la resolución que confirmó una sentencia definitiva dictada por el a-quo, con relación a la demanda de desahucio por la vía de proceso abreviado promovida.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente..." ..." Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos, en el que la Sala aprecia que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veintitrés. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el licenciado ARMANDO VELASQUEZ SOTO a favor de la señora LETTY MARIA JUAREZ ZELAYA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, que confirmó una sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve de mayo del año dos mil veintidós, con relación a la demanda de desahucio por la vía de proceso abreviado promovida por la señora CLAUDIA ELENA SOLER ELVIR contra la señora LETTY MARIA JUAREZ ZELAYA.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que con la sentencia dictada por la citada Corte de Apelaciones, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se violenta el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, por cuanto los juzgados recurridos no tenían competencia ni jurisdicción para conocer del presente juicio, pues se está ante un juicio de inquilinato y no una acción civil.CONSIDERANDO: Que analizados que fueron los antecedentes se aprecia que la Alzada, mediante sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el A-quo y confirma la misma, al estimar que el Juzgador dio respuesta a la pretensión de la demandante y al objeto de debate fijado en audiencia, apreciando correctamente la prueba, por tanto no hay error en la conceptualización de la demanda ni en la valoración probatoria, ya que corresponde al Juzgado Civil conocer demandas respecto a los arriendos de solares baldíos, por lo que no se infringió el artículo 228 del Código Procesal Civil, al haberse probado la expiración del contrato de arrendamiento, la no renovación del mismo imputable a la parte demandada y el impago del saldo del agua. En cuanto a la pluspetición, establece que no es atendible pues la parte demandada no alegó ese motivo en primera instancia y por tanto no puede conocerse en segunda instancia cuestiones que no han sido objeto de contradictorio ni debatidos anteriormente.CONSIDERANDO: Que la Sala aprecia, que la Alzada mediante el acto reclamado en amparo da respuesta a cada uno de los agravios expuestos por la parte apelante contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el nueve de mayo del año dos mil veintidós, conteniendo la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por el recurrente. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta.CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que el quejoso en la presente acción de amparo, expone nuevos agravios, por ende, no fueron conocidos ni en primera ni en segunda instancia, pues hasta ahora alega sobre cuestiones de jurisdicción y competencia, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad-Quem no vulnera la garantía del debido proceso que ha indicado el recurrente.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la demandada, y no obstante el recurrente ha invocado como violado un derecho específico por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, no obstante, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.CONSIDERANDO: Que el debido proceso como garantía constitucional implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, incluyendo el ejercicio de la función jurisdiccional por Juez competente e imparcial, así como el irrestricto uso del derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se somete, circunstancias que no han sido quebrantadas en los autos de mérito, estimando en el caso sub júdice, que el acto reclamo no causa agravio al recurrente, por estar resuelto acorde a los agravios expuesto por el apelante, aplicándose correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantía constitucional que se invoca como violada, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 46 Numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y que órgano jurisdiccional sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos, en el que la Sala aprecia que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el licenciado ARMANDO VELASQUEZ SOTO a favor de la señora LETTY MARIA JUAREZ ZELAYA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fechas diez de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1476-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.