Sentencia AC-1473-21 — Registro 18096
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que dispone tener por desistido al ejecutado de su oposición; con relación a la Demanda de Ejecución de hacer por incumplimiento de acuerdo extrajudicial homologado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" De lo anteriormente expuesto y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en consecuencia, no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, pues se aprecia que la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de instancia, da respuesta a cada uno de los agravios expresados en el recurso de apelación, en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. Por tal razón esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales, por lo tanto, procede la denegatoria para la presente garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto del dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados Jorge Enrique Montes Rodríguez y Erik David Mejía Álvarez, a favor de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), representada por la señora Patricia Esmeralda Pérez Salazar, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda por incumplimiento de acuerdo extrajudicial homologado, promovida por el Abogado Luis E. Franco Rascoff, en su condición de Apoderado Procesal de la sociedad mercantil denominada Asesores Técnicos y Administradores de Seguros y Finanzas, S. de R.L. de C.V., conocida comercialmente como ASTECAD, S. DE R.L., representada legalmente por su Gerente General, el señor Rafael Alberto Cáceres Figueroa, contra Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH). Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Luis E. Franco Rascoff, en su condición de Apoderado Procesal de la sociedad mercantil denominada Asesores Técnicos y Administradores de Seguros y Finanzas, S. de R.L. de C.V., conocida comercialmente como ASTECAD, S. DE R.L., representada legalmente por su Gerente General, el señor Rafael Alberto Cáceres Figueroa, promoviendo demanda para la ejecución de un acuerdo extrajudicial, contra la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), representada legalmente por razón estatutaria por su Fiscal, la señora Patricia Esmeralda Salazar. (Folios 1-4 de la pieza del A-quo) 2) En fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…Tener por desistido al ejecutado de su oposición, ya que la parte ejecutada no compareció a la audiencia, aún y cuando la ley así lo manda, ya que les manifiesta que la etapa de conciliación con la que se inicia toda audiencia, es propia de las partes del proceso y no de los apoderados legales, y que al no darse las formalidades de ley y no cumplirse con el requisito exigido para la etapa de conciliación, al no haberse hecho presente la parte ejecutada, pues no se ha presentado excusa alguna por escrito que justifique la no comparecencia de la parte ejecutada, en cuyo caso de haber traído la excusa por escrito hubiera podido actuar el apoderado legal ya que en su poder tiene la facultad de conciliar, en tal virtud, se le da por no comparecido a la audiencia por mandato de ley…” (Folios 135-136 de la pieza del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Jorge Enrique Montes Rodriguez y Erik David Mejía Álvarez, en su condición de Apoderados Procesales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló:“…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación impetrado. SEGUNDO: Confirmar la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintiunos (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: CON COSTAS…” (Folios 10-16 vuelto de la pieza del Ad-quem) 4) En fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, los Abogados Jorge Enrique Montes Rodriguez y Erik David Mejía Álvarez, comparecieron ante esta Sala, interponiendo acción de amparo a favor de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 321 de la Constitución de la República. 5) En fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado el Abogado Erik David Mejía Álvarez, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emitiera su dictamen. (Folio 45 del recurso) 6) En fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, desprendiéndose del análisis jurídico lo siguiente: “…Del examen de la resolución venida en amparo, se aprecia que el Ad-quem, expone en el considerando CUARTO de sus fundamentos de derecho, lo siguiente: "A criterio de ese Tribunal de Alzada, en el caso bajo estudio, la parte ejecutada hoy apelante, habiendo sido citada en legal y debida forma, no compareció a la audiencia de oposición, ni justificó la razón de su incomparecencia; consecuencia de lo anterior, se produjo el efecto procesal de que le tenga por desistido de la oposición; no apreciando este A- quem, la existencia de vulneración o restricción alguna de sus derechos o garantías, sino la consecuencia procesal de la pérdida del momento procesal para hacer valer sus derechos o desvirtuar los hechos controvertidos, derivado de su incomparecencia injustificada a la audiencia precitada....". Siguiendo este orden de ideas, esta Representación Fiscal, al realizar un análisis del caso sub judice, advierte que la sentencia recurrida se fundamenta en los artículos 764 del Código Procesal Civil, que relaciona lo concerniente a la Oposición a la Ejecución de Títulos Judiciales, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto para los Incidentes presentados por escrito, señalando específicamente la Alzada el artículo 421 numeral 2, del mismo cuerpo legal, que establece que la oposición de la Ejecución de Títulos Judiciales, se realizará según lo dispuesto para la tramitación de la audiencia del Procedimiento Abreviado, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 590 numeral 1 del Código Procesal Civil, que se refiere a: "La incomparecencia injustificada del demandante a la audiencia determinará que se le tenga por desistido de su demanda, con imposición de las costas causadas. Además, si lo solicita el demandado comparecido, podrá ser condenado a pagarle los daños y perjuicios sufridos y que logre justificar". Conforme lo anterior, la suscrita advierte que en el caso subexamine se han garantizado las condiciones que exige el debido proceso, consignado en el artículo 90 constitucional, en este sentido al ser convocado a la audiencia de oposición, y al no acudir a la audiencia el titular de la obligación y no haber justificado su ausencia, que en el caso que nos ocupa, al tratarse de una persona jurídica, recae en su representante legal y no en su representante procesal, situación que conlleva la declaración de su desistimiento. Asimismo, al señalarse la audiencia de oposición, se le dio la oportunidad a la parte deudora, de oponerse al mandamiento de ejecución, garantizándole con esto, el derecho a su defensa, el derecho a la igualdad, al derecho de contradicción, y el derecho a ser escuchada por el órgano jurisdiccional antes de que este tome cualquier decisión, el hecho que la parte que motivó la oposición, no compareciera a la audiencia y no justificara su ausencia, aun a pesar de saber las consecuencias jurídicas que esto conlleva, motivó al Tribunal a resolver de conformidad a lo que establece la Ley. De igual forma, se observa que debido a la desestimación del recurso en segunda instancia, y conforme el principio de vencimiento, es que la alzada condenó en costas, conforme lo establece la norma adjetiva en el artículo 221, aspecto que no constituye quebranto al principio jurídico de prohibición de reforma peyorativa, por ser impuestas por el Tribunal que conoce del recurso. En virtud de lo anterior, el Ministerio Público estima que en el caso de autos la resolución emitida por el Ad-Quem es razonable, congruente y justa, por lo que no se aprecia ninguna violación al Debido Proceso o Derecho de Defensa alegados por el recurrente. VI.-OPINIÓN: EL Ministerio Público en vista de lo expuesto opina que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo por NO existir vulneraciones constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 48-52 del recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda de Ejecución de hacer por incumplimiento de acuerdo extrajudicial homologado, promovida por la Sociedad Mercantil ASESORES TECNICOS Y ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS S. DE R.L. DE C.V. (ASTECAD S, DE R.L.) contra la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DE HONDURAS (ANDEPH), resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve TENER POR DESISTIDO AL EJECUTADO DE SU OPOSICION. CONSIDERANDO (4): Tanto en el escrito de interposición del recurso como en la formalización del mismo, de manera resumida los recurrentes centran su argumento en los puntos siguientes: 1) Señala que mediante el acto reclamado se ha violentado el derecho fundamental al derecho del debido proceso en relación al principio de legalidad debido a la ausencia de una debida fundamentación y motivación de la sentencia que menoscaba su carácter de parte procesal, legitimación como parte procesal y la representación legal de su representada, ya que tanto el A quo como el tribunal Ad quem interpretaron normas procesales que no le permitieron siquiera celebrar la audiencia de oposición a la demanda de ejecución de hacer. El tribunal Ad quem, teniendo la oportunidad de enmendar los yerros del A quo, incumplió verificar la forma en que se debe comparecer a las audiencias, ya que no puede ser en iguales circunstancias la representación legal de una persona natural, de una persona mercantil, de asociaciones civiles y del propio Estado de Honduras. En el presente caso señala que el A quo al momento de dar apertura a la audiencia de oposición cuestionó porqué no se presentó a la misma el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la ANDEPH, ignorando que la representación legal de esta recae en la figura del Fiscal de dicho Comité Ejecutivo, quien por ministerio de ley tiene la facultad de delegar dicha representación legal en un profesional del derecho de su confianza, por ello otorgó poder general para pleitos al Abogado Jorge Enrique Montes Rodríguez quien si compareció a la audiencia, con amplias facultades para conciliar y firmar cualquier documento legal en representación de la ANDEPH, tal como lo prevé el artículo 79 del Código Procesal Civil, por consiguiente las resoluciones judiciales que se censuran a través del presente recurso son equívocos y contrarios no solo al Código Procesal Civil sino también a la Constitución de la Republica, tratados internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional. Agrega que al analizar los preceptos jurídicos invocados en la sentencia recurrida y contenidos en los artículos 764, 421.2 y 590.1 del Código Procesal Civil, la interpretación es limitada en la medida en que no toman en consideración que también la audiencia única del proceso abreviado se remite a las reglas de tramitación del proceso ordinario, según lo dispuesto en el articulo 445 de esa norma adjetiva. Al igual que ocurre en la audiencia preliminar del proceso ordinario (artículo 447 del Código Procesal Civil), la audiencia única del proceso abreviado básico general principia con un intento de conciliación de las partes evitando de esta manera la continuación innecesaria del proceso, siendo la primera fase de la audiencia, nótese a estos efectos lo dispuesto en el artículo 445 cuando las partes no comparecen por motivo justificado a juicio del tribunal, el representante legal deberá tener poder suficiente para conciliar. 2) Manifiesta que la sentencia recurrida violenta el derecho de defensa en relación al principio de legalidad y de no regresividad de los derechos, toda vez que no ejerció control constitucional ni de convencionalidad ex oficio al no reconocer su derecho a ser oído con las debidas garantías y el acceso a la tutela judicial efectiva, conforme al articulo 82 y 321 de la Constitución de la Republica. Agrega que la Sala ha sostenido en reiteradas ocasiones el carácter indisoluble entre el debido proceso y el derecho de defensa, ya que estos van de la mano de modo que la conculcación de una conlleva, per se la del otro. No obstante, cuestiona el recurrente como seria posible obtener una resolución justa y motivada sin haber sido oído a las partes con las debidas garantías en un plano de igualdad procesal, cuando no se dio siquiera la oportunidad de ser materialmente oídos, por lo tanto, el fallo recurrido lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva de su representada porque se emplearon preceptos jurídicos no aplicables al caso para evitar su comparecencia en juicio, adicionalmente, expresa que la sentencia recurrida dictada en segunda instancia no cumple con los requisitos de los artículos 206, 207 y 208 de la norma procesal, asimismo, añade que no es congruente con el petitum de las partes puesto que el Tribunal de alzada vulneró lo dispuesto en el artículo 692 del Código Procesal Civil, que consagra el principio jurídico de reforma peyorativa al estipular, “La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución”. CONSIDERANDO (5): La agente fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, insta a que no se otorgue la garantía de amparo alegada por el recurrente, ya que la suscrita advierte que han garantizado las condiciones que exige el debido proceso, consignado en el artículo 90 constitucional, en ese sentido al ser convocado a la audiencia y no haber justificado su ausencia, que en el caso que nos ocupa al tratarse de una persona jurídica, recae en su representante legal y no en su representante procesal, situación que conlleva a la declaración de su desistimiento. Asimismo al señalarse audiencia de oposición, se le dio la oportunidad a la parte deudora, de oponerse al mandamiento de ejecución, garantizándole con esto, el derecho de defensa, el derecho a la igualdad, al derecho de contradicción y el derecho a ser escuchado por el órgano jurisdiccional antes de que este tome cualquier decisión, el hecho que la parte que motivó la posición, no compareciera a la audiencia y no justificara su ausencia, aun a pesar de saber las consecuencias jurídicas que esto conlleva, motivó al Tribunal a resolver de conformidad a lo que establece la Ley. De igual forma, se observa que debido a la desestimación del recurso en segunda instancia y conforme el principio de vencimiento, es que la alzada condenó en costas, conforme lo establece la norma adjetiva en el artículo 221, aspecto que no constituye quebranto al principio jurídico de prohibición reforma peyorativa, por ser impuestas por el Tribunal que conoce el recurso, por lo cual, estima que la resolución emitida por el Ad Quem es razonable, congruente y justa, y no aprecia ninguna vulneración al debido proceso o derecho de defensa alegados. CONSIDERANDO (6): Consta en autos la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual confirmó la decisión del A quo, quien a su vez tuvo a la parte ejecutada desistida de su oposición debido a su falta de comparecencia. En su fundamentación el tribunal de alzada explica que el artículo 764 estipula que la oposición se tramitará de acuerdo a los incidentes por escrito, regulado en el artículo 421.2, que a su vez remite a las reglas del procedimiento abreviado del artículo 590.1, referente a la incomparecencia injustificada de la parte demandante. CONSIDERANDO (7): Del estudio del escrito de interposición y de los antecedentes esta sala considera que el punto toral de la acción de amparo va encaminado a la supuesta violación de derechos fundamentales, debido que se le tuvo por desistido en su oposición por la incomparecencia del representante legal de la parte ejecutada, desconociendo que el abogado Jorge E. Montes compareció a la audiencia, y que cuenta con las facultades para comparecer en nombre de la ejecutada; esta sala haciendo un análisis encuentra necesario señalar que en las presentes diligencias la norma procesal dispone en sus artículos 764, 421.2 y 590.1 la tramitación y sustanciación de los incidentes presentados por escrito, la cual es la que corresponde al proceso abreviado (artículo 591), los que a su vez, se relacionan con lo dispuesto para audiencia preliminar de acuerdo a la señalado en del artículo 445 del CPC. Del examen de este último artículo se presentan dos supuestos en relación a la comparecencia de las partes a la audiencia de sustanciación de la oposición a la audiencia por el juicio abreviado, el primero, que las partes deberán comparecer a la audiencia personalmente. De manera imperativa la norma establece la comparecencia de la parte material a la audiencia, siendo de observancia obligatoria para el juzgado, el cual dará cumplimiento a los requerimientos que de forma expresa se establecen, como ser la posibilidad de una eventual conciliación, y en acatamiento de los principios de inmediación, concentración y publicidad, que exigen la inexcusable presencia, de las partes materiales. Es por ello que el Ad quem considera la consecuencia jurídica que debe aplicarse a la incomparecencia injustificada de la parte material demandada y opositora a la audiencia de oposición. Es necesario agregar que el derecho de defensa en el caso del proceso de ejecución se encuentra condicionada a los fines propios del proceso, y que en el caso de mérito se le dio a la deudora (ejecutada) la oportunidad de oponerse al mandamiento de ejecución, y se le señaló la audiencia de oposición. La excepción o salvedad a lo antes relacionado sería que la parte que no comparece presente motivo fundado a juicio del tribunal, es decir, impone al interesado la carga de comprobar, con referencia a los hechos y circunstancias particulares del caso, la razón o motivos de su inasistencia a la audiencia, no obstante, en las presentes diligencias no consta que el recurrente haya presentado justificación de la incomparecencia de la persona en la cual recae la representación de la ejecutada ANDEPH, a la audiencia correspondiente, a sabiendas de las consecuencias jurídicas que conllevaba su incomparecencia, quedando evidenciado que se le garantizó entre otros lo relativo a los principios de contradicción, igualdad y legalidad que establecen que todas las partes tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión, que son iguales en el proceso, que tienen los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades en función de la posición procesal que ocupan y que el proceso se desarrollará de acuerdo a las disposiciones del código y la Constitución. En otro orden de ideas, lo anterior obedece a que el derecho de defensa no se conculca si se pierden las oportunidades procesales por culpa o negligencia de quien devenía en la obligación de ejercitar una carga procesal, en este caso comparecer de manera personal o si fuere persona jurídica, a través de la persona que fuere su representante legal. En el presente caso, consta que las condiciones procesales para que la parte ejecutada ejerciera su derecho de defensa fueron cumplidas por los órganos jurisdiccionales a cabalidad; y que las sanciones impuestas por su causa o sea por su incomparecencia a la audiencia de oposición, se encuentran dispuestas por la ley. CONSIDERANDO (8): El segundo supuesto comprende el que se comparezca a la audiencia correspondiente por medio de representante, pero éste debe tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir, en otras palabras, no basta con contar con las facultades, sino que se debe justificar la incomparecencia. Ahora bien, a efecto de precisar la supuesta violación a derechos fundamentales, esta sala ha examinado el documento contentivo de poder general para pleitos otorgado a favor del abogado Jorge E. Montes, quien aduce contar con las facultades necesarias, no obstante, en atención a los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional encuentra que en el documento en mención no le fueron otorgadas todas las facultades especiales de expresa mención (específicamente la de allanarse), que exige el artículo 445.1 del CPC, con la finalidad de continuar con la sustanciación del caso. CONSIDERANDO (9): En relación con lo anterior el artículo 82.1 del CPC establece que salvo disposición expresa del poderdante el poder notarial se entenderá general y alcanzará a todos los procesos en que intervenga el poderdante; no obstante, a ello en el numeral 2 del referido precepto de la ley adjetiva se señala que se requerirá poder especial en los casos que así lo exijan las leyes, y para la realización de los actos de disposición de los derechos e intereses protegidos por la ley. Asimismo, se indica que, en particular, se precisa poder especial para desistir en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar. En el numeral 3 se lee que el otorgamiento de facultades especiales se rige por la máxima de su literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente. CONSIDERANDO (10): En lo que se refiere al supuesto quebrantamiento del derecho de defensa y debido proceso por falta de motivación, fundamentación y congruencia de la sentencia, esta Sala observa de lo actuado, que las decisiones pronunciadas por la autoridad recurrida ante el cual se planteó el recurso de ley encaminado por el recurrente para subsanar la resolución contraria a su reclamación, han seguido todas las formalidades exigidas por la ley, no advirtiéndose, a contrario sensu de lo alegado por éste, violación alguna a la tutela judicial efectiva, debido proceso o al derecho de defensa y petición, toda vez que ha tenido expeditos los recursos franqueados por la ley para hacer valer sus pretensiones, asimismo, de autos se desprende que el Tribunal de Alzada ha expuesto en forma congruente y motivada las razones que lo llevaron a declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo estudio; sin incurrir por ello en error judicial patente, o en carencia de razonabilidad desde el punto de vista lógico jurídico; en ara la exclusión de las resoluciones judiciales cuyo contenido sea irrazonable o arbitrario, según también continuada jurisprudencia de la Sala. En cuanto a la violación al principio de prohibición reforma peyorativa (692 del Código Procesal Civil), por haber sido condenado en costas en segunda instancia de acuerdo artículo 221 de la norma procesal, esta Sala de lo Constitucional observa que tampoco existe infracción alguna a este principio, puesto que en las presentes diligencias la condena en costas solo es consecuencia de haber sido declaradas sin lugar sus pretensiones mediante el recurso interpuesto en el Tribunal de Alzada, tal como lo dispone el artículo 221 antes mencionado, es decir, condena en costas en segunda instancia, consecuentemente, para esta Sala de lo Constitucional el presente alegato denota una argumentación a todas luces improcedente, por fundarse en la sola discrepancia del demandante de amparo, con base a su particular interpretación de la norma jurídica aplicable, respecto al estándar legal aplicado mediante resolución fundada y motivada en derecho congruente, vertida por la jurisdicción ordinaria, en conclusión, el recurso debe ser denegado. CONSIDERANDO (11): Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, no se encontró transgresión de las normas constitucionales que considera violados. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (13): De lo anteriormente expuesto y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en consecuencia, no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, pues se aprecia que la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de instancia, da respuesta a cada uno de los agravios expresados en el recurso de apelación, en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. Por tal razón esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales, por lo tanto, procede la denegatoria para la presente garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 95, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ y ERIK DAVID MEJIA ALVAREZ, a favor de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), contra la resolución de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de diciembre del dos mil veintitrés. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por los Abogados JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ y ERIK DAVID MEJIA ALVAREZ en representación de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE HONDURAS (ANDEPH), contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023), y por la cual se falla DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesto por considerar el haberse configurado la resolución judicial objeto del amparo, de conformidad al derecho fundamental de las partes procesales a obtener una sentencia de fondo motivada y fundada como parte constituyente del debido proceso y con observancia del derecho de inviolabilidad de la defensa. CONSIDERANDO (1): Consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), procediendo a denegarse en la vista del caso, mediante sentencia de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023) emitida por este alto Tribunal en el ejercicio de su competencia constitucional. CONSIDERANDO (2): Conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada por medios electrónicos en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), interponiéndose el recurso de reposición en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitrés, según consta en la pieza de amparo. CONSIDERANDO (3): De la lectura del escrito de reposición presentado por los recurrentes, se aprecia que fundan su recurso arguyendo que el fallo proferido por esta Sala de lo Constitucional falta al deber de fundamentar y motivar la sentencia, debido que obvió referirse con la debida separación, fundada y motivadamente a todos y cada uno de los hechos y motivos del Recurso de Amparo interpuesto. Agrega que en su recurso de amparo realizó una exposición de tres máximas jurídicas durante la tramitación del juicio a saber: 1) El principio de interpretación pro homine o pro persona; 2) El principio de prohibición de regresividad de los derechos; y, 3) El principio de interpretación conforme a la Constitución. CONSIDERANDO (4): Las pretensiones expuestas por los Abogados JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ y ERIK DAVID MEJIA ALVAREZ en representación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), en el presente recurso de reposición, no resultan de recibo, ya que son coincidentes con las esgrimidas en el respectivo recurso de amparo, cuya sentencia es objeto del presente recurso de reposición, tal cómo quedó establecido en los considerandos siete (7), ocho (8), nueve (9) y diez (10), del fallo proferido por esta Sala en fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés en la cual se establecen claramente las razones que esta Sala ha estimado relevantes para denegarlo. CONSIDERANDO (5): La finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda como ha pedido los ahora recurrentes en reposición del presente fallo. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por los Abogados JORGE ENRIQUE MONTES RODRIGUEZ y ERIK DAVID MEJIA ALVAREZ en representación de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE HONDURAS (ANDEPH), contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente garantía constitucional de Amparo. NOTIFIQUESE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto del dos mil veinticuatro, certificación del fallo y resolución dieciséis de agosto y trece de diciembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1473-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL