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Sentencia AC-1447-21 — Registro 19128

Resumen

Con relación a la demanda de Titulo Extrajudicial promovida por el Estado de Honduras en relación a un certificado de deuda de impuesto sobre la renta, donde pretende ejecutar de manera forzosa la obligación contenida en el mismo, lo discutible en el presente caso de autos, es si con respecto a ese certificado de deuda ha ocurrido o no el mecanismo de extinción de la obligación tributaria conocido como prescripción,esta Sala observa que dada la inaplicabilidad de la interrupción a la prescripción contenida en el artículo 144 del Código Tributario, la misma se encuentra prescrita, por no haber existido la posibilidad de interrumpirla, como lo alega la parte ejecutante, al señalar su existencia con los avisos de cobro relacionados.- Si bien es cierto dentro de esos cinco años siguientes al periodo fiscal que se emitió el certificado de deuda (2010) adquirió vigencia nuevamente la interrupción de la prescripción (29 de octubre de 2012), la misma no se aplica, ya que de acuerdo con el artículo 96 Constitucional la Ley no tiene efecto retroactivo solo en materia penal, y siendo el presente asunto meramente administrativo (tributario)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que, del estudio de la presente causa, se desprende que el amparo recae sobre un proceso llevado a cabo en primera instancia mediante el cual el Estado de Honduras como parte ejecutante a través de un certificado de deuda de impuesto sobre la renta, pretende ejecutar de manera forzosa la obligación contenida en el mismo. En ese sentido lo discutible en el presente caso de autos, es si con respecto a ese certificado de deuda ha ocurrido o no el mecanismo de extinción de la obligación tributaria conocido como prescripción; para saberlo no debemos olvidar, que los parámetros requeridos para su cómputo inician desde el período fiscal adeudado por el obligado tributario, hasta el momento que se elaboró el certificado de deuda; Por lo referido y siendo que los indicadores en mención oscilan entre el año 2010 al año 2018, se entiende que la normativa aplicable es la contenida en el Decreto Legislativo 22-97. En ese sentido la figura de la prescripción se contempla en el artículo 136 del Código Tributario, como motivo de extinción de las obligaciones tributarias, es decir que, si el razonamiento de la parte ejecutada con respecto a la prescripción es válido, entonces en teoría no habría ninguna posibilidad de ejecutar de manera forzosa una deuda que ha sido extinguida por prescripción. Que siendo este un impuesto corriente, el plazo de prescripción de acuerdo al artículo 136.2 de dicho Código Tributario es de cinco (5) años, empezándose a computar a partir del período fiscal adeudado por el obligado tributario, en este caso año 2010, plazo en alguno de los casos por el momento en que sucede puede ser sujeto de interrupción; esta interrupción a la prescripción, si bien se encuentra establecida en el artículo 144 del referido Código Tributario, el mismo estuvo suspendido momentáneamente dentro de los períodos fiscales del 2004 al 2011, cobrando vigencia nuevamente lo mencionado en dicho artículo el veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012), por consiguiente no es sino hasta después de esa fecha que es aplicable la figura de la interrupción a la prescripción, entendiéndose que antes del veintinueve de octubre de dos mil doce, la prescripción corría de manera continua sin la posibilidad de ser interrumpida por el escenario establecido en el artículo 144 reformado del Código Tributario.- Constando que el período fiscal sobre el cual se ha emitido el certificado de deuda (2010) es anterior a esa fecha, es evidente que para aquel entonces no estaba en vigencia la figura de la interrupción de la prescripción, por consiguiente los cinco (5) años comenzaron a computarse a partir de que el obligado dejo de pagar su período fiscal de dos mil diez (2010). Que de lo antes relacionado, se determina que los cinco (5) años establecidos, finalizaron sin posibilidad de haber sido interrumpida la prescripción en el año 2015, por tal razón esta Sala observa que dada la inaplicabilidad de la interrupción a la prescripción contenida en el artículo 144 del Código Tributario, la misma se encuentra prescrita, por no haber existido la posibilidad de interrumpirla, como lo alega la parte ejecutante, al señalar su existencia con los avisos de cobro relacionados.- Si bien es cierto dentro de esos cinco años siguientes al periodo fiscal que se emitió el certificado de deuda (2010) adquirió vigencia nuevamente la interrupción de la prescripción (29 de octubre de 2012), la misma no se aplica, ya que de acuerdo con el artículo 96 Constitucional la Ley no tiene efecto retroactivo solo en materia penal, y siendo el presente asunto meramente administrativo (tributario), es evidente que no procede la aplicación de dicha figura. Por lo señalado somos del criterio porque se deniegue el amparo de mérito

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogado ELLY ALEJANDRA VALLADARES SANCHEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra la Resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), que declaro CON LUGAR recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento del El Paraíso, con relación a la demanda de Titulo Extrajudicial promovida por EL ESTADO DE HONDURAS ATRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra el señor DARLINTON HUMBERTO SOSA GUTIERREZ.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en el artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento del El Paraíso, la Abogada SAIRA OSIRIS GONZALES IZAGUIRRE, actuando en su condición personal, interponiendo Demanda de Ejecución de Titulo Ejecutivo Extrajudicial, promovida por EL ESTADO DE HONDURAS ATRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra el señor DARLINTON HUMBERTO SOSA GUTIERREZ-. (Folios 1–4 de la Primera Pieza del Juzgado). 2).- Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual RESOLVIO: UNO: DESESTIMAR TOTALMENTE la Opinión por prescripción de la acción en virtud de haber transcurrido el mero lapso del tiempo fijado por la Ley, planteada por el Abogado DOUGLAS RENE AVILA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del señor DARLINTON HUMBERTO SOSA GUTIERREZ, ejecutado, ahora representado por el Abogado FREDY OMAR SARMIENTOS MOLINA.- DOS: Condena en costas al Incidentista… (Folios 58 al 60 de la Primera Pieza de los antecedentes). 3).- Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado FREDY OMAR SARMIENTOS MOLINA, quien actúa como representante procesal del señor DARLINTON HUMBERTO SOSA GUTIERREZ, la Corte Tercera de Apelaciones, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), dictó Resolución, mediante la cual FALLA : 1) CON LUGAR el Recurso de APELACION INTERPUETO POR EL Abogado FREDY OMAR SARMIENTOS MOLINA, Representante procesal del señor DARLINTON HUMBERTO SOSA GUTIERREZ, en la Demanda de Ejecución de TITULO Extrajudicial, promovida por la Abogada SARAI OSIRIS GONZALES IZAGUIRRE, en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la Republica, Regional de Danlí y por ende, Representante del estado de Honduras; 2) REVOCAR LA RESOLUCION APELADA, dictada el veintiuno de marzo del dos mil diecinueve por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento del El Paraíso; 3) CON LUGAR LA OPOSICION A LA DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL MERO LAPSO DEL TIEMPO FIJADO POR LA LEY; 4) CON LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION; 5) SIN LUGAR EL PROCEDIMIENTO.- 6) CON COSTAS AL DEMANDANTE EN LA PRIMERA INSTANCIA…-(Folios 7–22 de la Primera Pieza de los antecedentes). 4).- Que la Abogada ELY ALEJANDRA VALLADARES SANCHEZ, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, ATRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra la Resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), la Corte Tercera de Apelaciones, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintidós (2022). (Folio 24 del presente Recurso). 5).- Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DECLARE CON LUGAR la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 27–31 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogado ELLY ALEJANDRA VALLADARES SANCHEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra la Resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), que declaro CON LUGAR recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento del El Paraíso, con relación a la demanda de Titulo Extrajudicial promovida por EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra el señor DARLINTON HUMBERTO SOSA GUTIERREZ. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente tanto en la interposición del Recurso de amparo como en la formalización del mismo, ha establecido que la resolución dictada por el Tribunal de segunda instancia vulnera la garantía constitucional del debido proceso, en virtud que la sentencia proferida el veinticuatro de enero de dos mil veinte, la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, cuando a través de todo el proceso se dejó claro que existe una deuda liquida, firme y exigible, en vista de que existió una interrupción de prescripción con el aviso de cobro de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017), cumpliéndose con lo estipulado en el artículo 2301 del Código Civil al haber hecho una reclamación extrajudicial al entregar dicho aviso y un acto de reconocimiento por parte del obligado Tributario al haberse personado a las oficinas del Servicio de Administración de Rentas de la ciudad de Danlí y firmar el citado aviso de cobro. Relata que lo anterior resulta totalmente injusto, en vista que el señor Darlinton Humberto Sosa Gutiérrez le adeuda al Estado de Honduras cantidades derivadas de impuestos sobre la renta, donde se afecta claramente y es notoria la falta de aplicación de las leyes afectando de gran manera a nuestro país, ya que fueron impuestos no enterados y que debía ser entregados a las arcas del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintinueve de agosto del dos mil veintidós, siendo del parecer que SE DECLARE CON LUGAR la acción de amparo, en vista de haberse quebrantado la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de la presente causa, se desprende que el amparo recae sobre un proceso llevado a cabo en primera instancia mediante el cual el Estado de Honduras como parte ejecutante a través de un certificado de deuda de impuesto sobre la renta, pretende ejecutar de manera forzosa la obligación contenida en el mismo. En ese sentido lo discutible en el presente caso de autos, es si con respecto a ese certificado de deuda ha ocurrido o no el mecanismo de extinción de la obligación tributaria conocido como prescripción; para saberlo no debemos olvidar, que los parámetros requeridos para su cómputo inician desde el período fiscal adeudado por el obligado tributario, hasta el momento que se elaboró el certificado de deuda; Por lo referido y siendo que los indicadores en mención oscilan entre el año 2010 al año 2018, se entiende que la normativa aplicable es la contenida en el Decreto Legislativo 22-97. En ese sentido la figura de la prescripción se contempla en el artículo 136 del Código Tributario, como motivo de extinción de las obligaciones tributarias, es decir que, si el razonamiento de la parte ejecutada con respecto a la prescripción es válido, entonces en teoría no habría ninguna posibilidad de ejecutar de manera forzosa una deuda que ha sido extinguida por prescripción. Que siendo este un impuesto corriente, el plazo de prescripción de acuerdo al artículo 136.2 de dicho Código Tributario es de cinco (5) años, empezándose a computar a partir del período fiscal adeudado por el obligado tributario, en este caso año 2010, plazo en alguno de los casos por el momento en que sucede puede ser sujeto de interrupción; esta interrupción a la prescripción, si bien se encuentra establecida en el artículo 144 del referido Código Tributario, el mismo estuvo suspendido momentáneamente dentro de los períodos fiscales del 2004 al 2011, cobrando vigencia nuevamente lo mencionado en dicho artículo el veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012), por consiguiente no es sino hasta después de esa fecha que es aplicable la figura de la interrupción a la prescripción, entendiéndose que antes del veintinueve de octubre de dos mil doce, la prescripción corría de manera continua sin la posibilidad de ser interrumpida por el escenario establecido en el artículo 144 reformado del Código Tributario.- Constando que el período fiscal sobre el cual se ha emitido el certificado de deuda (2010) es anterior a esa fecha, es evidente que para aquel entonces no estaba en vigencia la figura de la interrupción de la prescripción, por consiguiente los cinco (5) años comenzaron a computarse a partir de que el obligado dejo de pagar su período fiscal de dos mil diez (2010). Que de lo antes relacionado, se determina que los cinco (5) años establecidos, finalizaron sin posibilidad de haber sido interrumpida la prescripción en el año 2015, por tal razón esta Sala observa que dada la inaplicabilidad de la interrupción a la prescripción contenida en el artículo 144 del Código Tributario, la misma se encuentra prescrita, por no haber existido la posibilidad de interrumpirla, como lo alega la parte ejecutante, al señalar su existencia con los avisos de cobro relacionados.- Si bien es cierto dentro de esos cinco años siguientes al periodo fiscal que se emitió el certificado de deuda (2010) adquirió vigencia nuevamente la interrupción de la prescripción (29 de octubre de 2012), la misma no se aplica, ya que de acuerdo con el artículo 96 Constitucional la Ley no tiene efecto retroactivo solo en materia penal, y siendo el presente asunto meramente administrativo (tributario), es evidente que no procede la aplicación de dicha figura. Por lo señalado somos del criterio porque se deniegue el amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 135, 136, 144 reformado, todos del Código Tributario, decreto 22-97; FALLA: DENEGAR el Amparo interpuesto por la abogada ELLY ALEJANDRA VALLADARES SANCHEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra la Resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó la Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1447-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP