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Sentencia AC-1421-22 — Registro 17535

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación; Revocó resolución dictada por Juez de Instancia que condenó a Demandada a pagar determinada cantidad dineraria (más de Doce Millones de Lempiras), en concepto de intereses mensuales; con relación a Demanda Ejecutiva de Pago promovida por recurrente contra Banco Capital S A en liquidación forzosa; La Autoridad recurrida fijó la cantidad que debe abonarse al solicitante en L.75,960.61 en concepto de intereses, por considerar que las deudas de dicho Banco dejan de devengar intereses frente a sus acreedores de conformidad con la Ley del Sistema Financiero y la interpretación del artículo 120.5 de dicha normativa por parte del Juez A-quo no es la correcta tomando en cuenta la fecha de presentación de la demanda y la vigencia de dicha Ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional hace ver que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante del Banco Capital, S.A., se encuentra dictado conforme al procedimiento ordenado en la ley, pues lo hizo en virtud de sus atribuciones de la admisión o inadmisión de los recursos de apelaciones interpuesto, pues esa decisión jurisdiccional corresponde a la Corte Primera como Juez conocedor de la Solicitud de la apelación solicitada, pues al hacer lo contrario se vulneraría el contenido del artículo 90 de la Constitución de la República..."..."del estudio de los autos se establece, que la Corte Primera de Apelaciones no está violentando el artículo 96 de la Constitución de la República, como lo expresa el recurrente en su escrito de interposición del Recurso de Amparo que se conoce, pues al aplicar la Ley del Sistema Financiero al momento de resolver el recurso de apelación, lo hace en virtud de que era la ley vigente en ese momento, pues la demanda fue interpuesta en fecha 17 de agosto del año 2007, fecha en la que se encontraba en vigencia la ley en mención y por tanto, estaba obligado a aplicarla. Por lo tanto, no se ha violentado el artículo en mención..."..."de las anteriores apreciaciones se concluye, que la resolución recurrida no viola la garantía constitucional del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada en observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que a criterio de esta Sala procede declarar no ha lugar el recurso interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Alejandro J. Pineda Rodríguez, actuando en su condición de represente procesal del señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de junio de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la solicitud de práctica de requerimiento a deudor y posterior demanda ejecutiva de pago promovida por el señor Carlos Roberto Chávez Serrano, contra la sociedad mercantil Banco Capital, S.A. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 61, 82, 90 párrafo primero, 96, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Alejandro J. Pineda Rodriguez, actuando en mi condición de Representante Procesal del señor Carlos Roberto Chávez Serrano, en la demanda ejecutiva incoada en contra de la sociedad mercantil Banco Capital, S.A., a través de su liquidadora y representante legal, Abogada Ana Sagrario Jerez Arguijo. (Folio 1 de la pieza principal del A-quo).2)En fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que habiéndose agotado el proceso de liquidación de la sentencia previo ejecución de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diez (2010), se CONDENA a BANCO CAPITAL, S.A, a través de su liquidadora y representante legal la Abogada ANA SAGRARIO JEREZ ARGUIJO a pagar al señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO la cantidad de: DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 12, 270,611.67), los cuales se desglosan de la siguiente manera: CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS en concepto de Capital, más OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 8, 270,611.67), en concepto de intereses mensuales más tres puntos porcentuales arriba de la tasa promedio ponderada de los títulos valores subastables del Estado; Por tanto, que se tenga por liquidada la referida sentencia y se tenga por agotado el proceso de liquidación de sentencia previa ejecución, quedando expedita la ejecución de la sentencia debidamente liquidada por la parte interesada. SEGUNDO: Que se notifique este fallo a las partes. NOTIFIQUESE.-” (Folios 99-106139 del expediente del A-quo). 3)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ivander Antonio Murillo Lara, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil Banco Capital, S.A., contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de junio de dos mil veintidós, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Declarando con lugar el: recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO: Se revoca la resolución impugnada del 28 de enero de 2022. TERCERO: Sin lugar la oposición planteada. CUARTO: se fija la cantidad que debe abonarse al solicitante en la cantidad de setenta y cinco mil novecientos sesenta lempiras con sesenta y un centavos (L.75,960.61), en concepto de intereses, continuando la de ejecución conformidad a lo dispuesto para las obligaciones de pago de dinero. QUINTO: Sin costas en segunda instancia. Y MANDA: Que, una vez notificadas las partes de esta resolución, se devuelva la primera pieza al Juzgado de su procedencia con certificación de la presente Sentencia para su ejecución. NOTIFÍQUESE...” (Folios 25-31 del expediente del Ad-quem).4)En fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el Abogado Alejandro J. Pineda Rodríguez, actuando en su condición de represente procesal del señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, en la demanda ejecutiva de pago promovida en contra del del Banco Capital, S.A., en liquidación forzosa, interponiendo acción de Amparo contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 61, 82, 90 párrafo primero, 96, 321 y 323 de la Constitución de la República. 5)Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista diligencias por el término de 48 horas al Fiscal del despacho para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 26 del recurso). 6)Que en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: “…esta Representación Fiscal, al realizar un análisis del caso sub judice, observa que la Sociedad Mercantil Banco Capital S.A. fue declarada en liquidación forzosa el 20 de diciembre del año 2002, mediante resolución Número 1052/20-12-2002 emitida por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, por lo que en ese momento se encontraba vigente la Ley de Instituciones del Sistema Financiero desde el 31 de octubre de 1995, hasta el 24 de septiembre del 2004 que entró en vigencia la Ley del Sistema Financiero, que establece en su artículo 178.- ASUNTOS EN TRAMITE AL MOMENTO DE ENTRAR EN VIGENCIA LA LEY. "Los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrar en vigencia esta Ley se continuarán tramitando de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento de su presentación". En atención a lo anteriormente establecido en la norma y siendo que la demanda fue interpuesta hasta el 17 de agosto de 2007, el caso subexamine debe enmarcarse en lo establecido en la Ley del Sistema Financiero, específicamente en el artículo 120 numeral 5. el cual establece que, dispuesta por la Comisión la Liquidación Forzosa de una Institución del Sistema financiero, se produce por Ministerio de la Ley, los siguientes efectos :1)...2)...3)...4)...5) Dejarán de devengar intereses frente a la masa de acreedores, todos los depósitos, deudas y demás obligaciones de la institución del sistema financiero a favor de terceros; y,6)... En virtud de lo anterior, el Ministerio Público estima que en el caso de autos la resolución emitida por el Ad-Quem es razonable, congruente y justa, al reconocer en su resolución que dichas normas (98 último párrafo de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y 120.5 de la Ley del Sistema Financiero) tienen el mismo efecto, es decir, que las deudas del banco liquidado, dejan de devengar intereses frente a sus acreedores, por lo que no se aprecia ninguna violación al Debido Proceso o Derecho de Defensa alegados por el recurrente. VI.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el amparista.” (Folios 29-34 del recurso de mérito).CONSIDERANDO UNO (1): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece, puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO DOS (2): Que el acto contra la cual se reclama, es la sentencia de fecha catorce de junio del año dos mil veintidós, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Ivander Antonio Murillo Lara, de fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintidós, en la que se declara sin lugar el recurso de apelación y revoca la resolución impugnada de fecha veintiocho de enero del año dos mil veintidós y se fija la cantidad que debe abonarse al solicitante, en la cantidad de setenta y cinco mil novecientos sesenta lempiras con sesenta y un centavos (L.75,960.61) en concepto de intereses, continuando la ejecución de conformidad a la dispuesto para las obligaciones de pago de dinero.CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente, en la formalización del recurso manifiesta, que la Corte Primera de Apelaciones violenta el debido proceso y el principio de legalidad al considerar que el artículo 98 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero dispone que declarada en liquidación una institución financiera, las obligaciones de esa dejaran de devengar intereses, aplicando tal artículo en abierta censura del contenido del artículo 95 de la referida Ley de Instituciones del Sistema Financiero, misma que prevé que, del producto remanente del proceso liquidatario, se destinará al pago de los interese devengados por las deudas de la institución. La tasa de interés no podrá ser superior a la que estaba pactada en el momento de declararse la liquidación. Así y en línea del artículo 19 del Código Civil, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, esta disposición veda la interpretación del artículo 98 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero de forma aislada, la cual se ve completada por el artículo 95 del mismo texto normativo. Es así pues, que si bien, la primera disposición citada se extiende de forma general, sus contornos se ven delimitados por la segunda, la cual autoriza el pago de intereses sobre el remanente, que como fue expresado en la expresión de violación número 1 anterior, no fue acreditado por la parte ejecutada, en su perjuicio. Bajo tal situación, no se encuentra fundamento legal que vede al señor Carlos Roberto Chávez Serrano, de poder obtener el pago completo de obligación de la cual es acreedor, tanto por concepto de capital como intereses, los cuales han sido calculados en debida forma por el A-quo, pero revocando por el Ad-quem, a los efectos de limitar el alcance de los intereses, sin haber mediado justificación de improcedencia en la instancia respectiva y sin consideración del contenido del artículo 95 de la Ley del Instituciones del Sistema Financiero. Como ha sido señalado, la obligación de pago de intereses deriva de un título de ejecución que goza de plena firmeza, pues la obligación de pago de intereses ya fue decidida en sentencia, siendo incluso reformado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, en lo referente al orden de prelación en que deben ser pagados tales intereses, la que carece cualquier pronunciamiento sobre alguna limitación de los intereses, es así, que ahora bajo la sentencia de fecha 14 de junio del 2022, emitida por la Corte Primera de Apelaciones, se determina vedar el derecho de cobro de dichos intereses en clara inobservancia del contenido del artículo 95 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, violentando el contenido de la cosa Juzgada al limitar sin excusa alguna el contenido del título, cuando el ismo no determina limitación alguna, pues en la instancia respectiva no fue acreditado el estado del producto remanente del estado de la liquidación del demandado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Alzada, ha procedido al estudio de los antecedentes del caso, especialmente de la resolución de fecha catorce de junio del año dos mil veintidós, contentiva de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante del Banco Capital, S.A., y observa que el fundamento de la resolución es que la liquidación forzosa del Banco Capital, S.A., inicia en fecha 20 de diciembre del año 2002, mediante resolución No. 1052/20-12-2002 y en base a esto estima, que la Juez A-quo yerra al interpretar que la norma legal contenida en el artículo 120.5, la Ley del Sistema Financiero, no se aplica porque dicha ley entró en vigencia en el 24 de septiembre del año 2004, bajo el argumento de la no retroactividad de la ley cuando se desprende de autos que la demanda fue interpuesta en fecha 17 de agosto del año 2007, fecha en la que ya estaba en vigencia la Ley del Sistema Financiero y como consecuencia y en virtud de ya estar a esa fecha el Banco Capital, S.A., en el proceso de Liquidación Forzosa, las deudas de dicho banco dejan de devengar intereses frente a sus acreedores, resolución que esta Alzada comparte, pues el artículo 120.5 de la Ley del Sistema Financiero, literalmente dice: “ARTÍCULO 120.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR O LIQUIDADORES. Declarada en liquidación forzosa una institución del sistema financiero, la Comisión procederá a nombrar, por el tiempo que se requieran sus servicios, a uno o más liquidadores quienes cumplirán su cometido observando las disposiciones de ésta Ley y supletoriamente por el Código de Comercio y por las instituciones que reciba de ésta. Los liquidadores podrán ser funcionarios de la Comisión o personas extrañas a ella. La Comisión también podrá encomendar la administración del proceso de liquidación forzosa a uno o varios fiduciarios; en cuyo caso, éstos asumirán todas las obligaciones, derechos y facultades del liquidador. El liquidador o liquidadores, asumirán la representación legal de la institución en liquidación que conserva su personalidad jurídica para los efectos de esta Ley, y la resolución que contenga el nombramiento del liquidador, deberá ser comunicada a los registradores mercantiles, para su inscripción, sin más trámite, para los efectos legales consiguientes. El liquidador procederá a registrar en los estados financieros de la institución en liquidación, los castigos, reservas, provisiones y otros ajustes determinados por la Comisión. Dispuesta por la Comisión la liquidación forzosa de una institución del sistema financiero se producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes: 1)……..2)……..3) ……4)….5) Dejarán de devengar intereses frente a la masa de acreedores, todos los depósitos, deudas y demás obligaciones de la institución del sistema financiero a favor de terceros; y, 6) …… Resuelta por la Comisión la liquidación forzosa de una institución del sistema financiero, las acciones judiciales promovidas con anterioridad a la fecha de la declaración de liquidación forzosa, deberán ser notificadas a él o los liquidadores, para que hagan las prevenciones con respecto a los derechos laborales y demás derechos privilegiados o preferentes que establece la Ley.” Pretendiendo el legislador con ese artículo, que al cesar el curso de los intereses es equitativo, pues si el quebrado no puede pagar lo que debe, tampoco podrá pagar intereses y menos todavía cuando estos aumentarían las deudas en detrimentos del conjunto de acreedores con el pago de esos intereses; por lo tanto, se debe aplicar el artículo antes mencionado, pues aun y cuando la sentencia que se está ejecutando condena al Banco Capital, S,A., a pagar la cantidad de CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS (L.4,000.000) más intereses, se entiende que esos intereses son hasta la fecha que se ordena la Liquidación Forzosa del banco en mención (20 de diciembre del 2002), pues la sentencia ejecutada no establece con claridad las bases de la liquidación.CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Sala de lo Constitucional hace ver que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante del Banco Capital, S.A., se encuentra dictado conforme al procedimiento ordenado en la ley, pues lo hizo en virtud de sus atribuciones de la admisión o inadmisión de los recursos de apelaciones interpuesto, pues esa decisión jurisdiccional corresponde a la Corte Primera como Juez conocedor de la Solicitud de la apelación solicitada, pues al hacer lo contrario se vulneraría el contenido del artículo 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO SEIS (6): Asimismo, del estudio de los autos se establece, que la Corte Primera de Apelaciones no está violentando el artículo 96 de la Constitución de la República, como lo expresa el recurrente en su escrito de interposición del Recurso de Amparo que se conoce, pues al aplicar la Ley del Sistema Financiero al momento de resolver el recurso de apelación, lo hace en virtud de que era la ley vigente en ese momento, pues la demanda fue interpuesta en fecha 17 de agosto del año 2007, fecha en la que se encontraba en vigencia la ley en mención y por tanto, estaba obligado a aplicarla. Por lo tanto, no se ha violentado el artículo en mención.CONSIDERANDO SIETE (7): Que de las anteriores apreciaciones se concluye, que la resolución recurrida no viola la garantía constitucional del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada en observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que a criterio de esta Sala procede declarar no ha lugar el recurso interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos: 80,82,90, 303, 304, 313 numeral 5 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 74 atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 42,47, 49,51,52,53,54,63, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDOEL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, a favor del señor CARLOS ROBERTO CHAVEZSERRANO, contra la resolución de fecha catorce de junio del año dos mil veintidós, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1421-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.