Sentencia AC-1380-22 — Registro 17722
Resumen
Resolución que desestimó de plano incidente de nulidad absoluta de actuaciones en relación a la solicitud de ejecución forzosa como consecuencia de la demanda ordinaria de pago promovida contra impetrante, considerando la Sala Constitucional que violenta el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva puesto que al darle trámite al incidente, se debe garantizar, independientemente de la decisión que tome el órgano jurisdiccional que será oído con las formalidades que la ley establece
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(6): Que el Ad-Quem deja establecido en la resolución que hoy se conoce en consulta, que en el caso de autos se observa que la ejecución se encuentra en la etapa final, donde lo que se está ejecutando a pedido del ejecutante son las costas e intereses cuya cuantía la estableció de forma unilateral el ejecutante, en la cual incluyó intereses que todavía no han sido aceptados por a parte ejecutada ni han sido liquidados por el órgano jurisdiccional, incluyendo además las costas por el recurso de casación sin que conste la certificación correspondiente que acredite que dichas costas ya fueron liquidadas por el máximo tribunal de justicia (Sala de lo Civil); ante lo cual resulta evidente que el auto que contiene una resolución ejecutoria en la que se incluyó cantidades todavía no liquidadas, es una decisión incompleta, por cuanto solo ordena el embargo por la cantidad estipulada de forma unilateral por el ejecutante, pero no da lugar a la parte ejecutada para que pueda oponerse, transgrediendo con ello el derecho de defensa y debido proceso invocados por el recurrente. En consecuencia, esta Corte de Apelaciones otorga la acción de amparo interpuesta y restablece los derechos vulnerados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso y derecho de defensa.CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida se encuentra apegada a derecho, ya que, al encontrarse la ejecución en su etapa final, donde lo que se está ejecutando son las costas e intereses cuya cuantía es de quince millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y seis lempiras con cincuenta y seis centavos (L.15,487,986.56) la cual se ha establecido de manera unilateral, en donde se incluyeron intereses que todavía no han sido aceptados por la parte ejecutada ni han sido liquidados por el órgano jurisdiccional. De igual manera se incluyó la cantidad de un millón seiscientos noventa y ocho lempiras mil ochocientos setenta lempiras con veintisiete centavos (L.1,698,870.27) en concepto de costas por la interposición del recurso de casación, sin que conste certificación que acredite que dichas costas fueron liquidadas por la Sala de lo Civil. CONSIDERANDO (8): Que resulta evidente que el auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós en donde se desestimó de plano el incidente de nulidad, contiene una resolución ejecutoria en la que se incluyen cantidades que aun no han sido liquidadas, puesto que solo se ordena el embargo por la cantidad estipulada unilateralmente por el ejecutante sin dar la oportunidad al ejecutado para que pueda oponerse, lo que violenta el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva puesto que al darle trámite al incidente, se debe garantizar, independientemente de la decisión que tome el órgano jurisdiccional que será oído con las formalidades que la ley establece, garantizando así el derecho del ejecutado para que pueda oponerse en caso de no estar de acuerdo con la cuantía establecida por el ejecutante. Es por ello que esta Sala es del parecer que debe confirmarse la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida por las razones ya expuestas.CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta.
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintidós (2022), que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSE ARMANDO DIAZ BARAHONA, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL AGRICOLA SANTA INES S.A (ASISA), contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en relación a la solicitud de ejecución forzosa presentada por LA EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION “ISLETAS” (EACI), como consecuencia de la demanda ordinaria de pago que promovieron contra LA SOCIEDAD MERCANTIL AGRICOLA SANTA INES S.A (ASISA). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos constitucionales consignados en el artículo 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado JOSE ARMANDO DIAZ BARAHONA, interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL AGRICOLA SANTA INES S.A (ASISA), contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en relación a la solicitud de ejecución forzosa presentada por LA EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION “ISLETAS” (EACI) como consecuencia de la demanda ordinaria de pago que promovieron contra LA SOCIEDAD MERCANTIL AGRICOLA SANTA INES S.A (ASISA). (Folio 01 al 16 de la pieza del Corte de Apelaciones). 2)Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, emitió su fallo en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintidós (2022) , mediante el cual (SIC) FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE ARMANDO DIAZ BARAHONA, en su condición de Apoderado Legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL AGRICOLA SANTA INES S.A (ASISA), contra los autos de fecha 23 de mayo del año 2022 que corren agregados en los folios (nuevos) mil sesenta (1060) y mil sesenta y cuatro (1064) del expediente, dictados por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida en el expediente Civil numero 0101-2019-00048…”.- SEGUNDO: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso, derecho de defensa. (Folio 64 al 67de la pieza de Corte de apelaciones).3)Que en fecha dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida que otorgó el recurso de amparo contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la solicitud de ejecución forzosa presentada por la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION “ISLETAS” (EACI), como consecuencia de la demanda ordinaria de pago que promovieron contra la sociedad mercantil AGRICOLA SANTA INES S.S. (ASISA).CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que la resolución contra la cual se reclama la constituye el auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en donde el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de La Ceiba decretó el embargo sobre las cantidades de dinero que posee la ejecutada Agrícola Santa Inés S.A., y que inadmite la nulidad absoluta de actuaciones por improcedente, en lo concerniente a la solicitud por la vía de apremio la ejecución forzosa interpuesta por la Empresa Asociativa de Campesinos de Producción Isletas contra Agrícola Santa Inés S.A., debido a que no están ajustados a derecho por la inobservancia y omisión en la aplicación e interpretación en las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, así como las normas empleadas para resolver la cuestión objeto del debate, sin valorar los hechos y argumentos esgrimidos y con evidente desconocimiento de la norma procesal civil.CONSIDERANDO (5): Que en fecha dos de agosto de dos mil veintidós, el Ministerio Público emite dictamen en el cual expone que no se han violentado derechos y garantías en virtud que el trámite judicial debe continuar, y si ya hay una sentencia donde se ordena el pago de una deuda, esta debe ser ejecutada, observando de igual manera que esa demanda data de 1990, más de 32 años y no se ha hecho efectiva la deuda mas intereses, y en última instancia, no debe utilizarse el recurso de amparo para seguir dilatando el proceso aún más; razón por la cual, se emite dictamen en el sentido de que no se han vulnerado garantías constitucionales. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem deja establecido en la resolución que hoy se conoce en consulta, que en el caso de autos se observa que la ejecución se encuentra en la etapa final, donde lo que se está ejecutando a pedido del ejecutante son las costas e intereses cuya cuantía la estableció de forma unilateral el ejecutante, en la cual incluyó intereses que todavía no han sido aceptados por a parte ejecutada ni han sido liquidados por el órgano jurisdiccional, incluyendo además las costas por el recurso de casación sin que conste la certificación correspondiente que acredite que dichas costas ya fueron liquidadas por el máximo tribunal de justicia (Sala de lo Civil); ante lo cual resulta evidente que el auto que contiene una resolución ejecutoria en la que se incluyó cantidades todavía no liquidadas, es una decisión incompleta, por cuanto solo ordena el embargo por la cantidad estipulada de forma unilateral por el ejecutante, pero no da lugar a la parte ejecutada para que pueda oponerse, transgrediendo con ello el derecho de defensa y debido proceso invocados por el recurrente. En consecuencia, esta Corte de Apelaciones otorga la acción de amparo interpuesta y restablece los derechos vulnerados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso y derecho de defensa.CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida se encuentra apegada a derecho, ya que, al encontrarse la ejecución en su etapa final, donde lo que se está ejecutando son las costas e intereses cuya cuantía es de quince millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y seis lempiras con cincuenta y seis centavos (L.15,487,986.56) la cual se ha establecido de manera unilateral, en donde se incluyeron intereses que todavía no han sido aceptados por la parte ejecutada ni han sido liquidados por el órgano jurisdiccional. De igual manera se incluyó la cantidad de un millón seiscientos noventa y ocho lempiras mil ochocientos setenta lempiras con veintisiete centavos (L.1,698,870.27) en concepto de costas por la interposición del recurso de casación, sin que conste certificación que acredite que dichas costas fueron liquidadas por la Sala de lo Civil. CONSIDERANDO (8): Que resulta evidente que el auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós en donde se desestimó de plano el incidente de nulidad, contiene una resolución ejecutoria en la que se incluyen cantidades que aun no han sido liquidadas, puesto que solo se ordena el embargo por la cantidad estipulada unilateralmente por el ejecutante sin dar la oportunidad al ejecutado para que pueda oponerse, lo que violenta el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva puesto que al darle trámite al incidente, se debe garantizar, independientemente de la decisión que tome el órgano jurisdiccional que será oído con las formalidades que la ley establece, garantizando así el derecho del ejecutado para que pueda oponerse en caso de no estar de acuerdo con la cuantía establecida por el ejecutante. Es por ello que esta Sala es del parecer que debe confirmarse la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida por las razones ya expuestas.CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 5, 246, 247.1, 405, 406 demás aplicables del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se otorga el recurso de amparo interpuesto por el abogado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1380-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.