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Sentencia AC-1375-21 — Registro 16267

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra la sentencia que resuelve estimar el motivo de Oposición por Prescripción del Título Valor Pagaré, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado en su perjuicio el derecho al defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... “CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia; actividad debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia o en el transcurso de un proceso. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración al derecho a la defensa, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Segunda Instancia, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (8): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO(9): Que los preceptos legales ut supra enunciados incumben al caso bajo estudio; pues son elementos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 701 del Código Procesal Civil, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al derecho de defensa invocado; limitándose la resolución del Tribunal de Alzada a confirmar la sentencia dictada por el a-quo, por encontrase dictada conforme a derecho, después de la valoración realizada a los elementos de prueba evacuados en la audiencia de Oposición, para llegar a la decisión que procede el motivo de oposición invocado por la parte ejecutada, al haber operado la prescripción del Título Valor Pagaré que fuera suscrito entre la ejecutante y los ejecutados, al tenor de lo establecido en los artículos 579 y 1692.III del Código de Comercio. CONSIDERANDO (10): Que señalado lo anterior y escuchado la opinión del Fiscal del Despacho, esta Sala observa que en el caso de autos no se ha vulnerado el derecho a la defensa invocado por la recurrente, por consiguiente, la resolución impugnada en esta vía constitucional se encuentra dictada conforma a derecho, constituyendo esto motivo para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero del dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Edda Mirella Palma Pizzati, a favor de Sí Misma, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, que por Unanimidad de Votos declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, que resuelve estimar el motivo de Oposición por Prescripción del Título Valor Pagaré, en relación a la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por la Abogada Edda Mirella Palma Pizzati, contra los señores René Edgardo Lagos Silva, como deudor principal, Alejandra Maria Gonzales Valladares de Silva y Renan Sauceda Alvarado, como avales solidarios. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado en su perjuicio el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de abril del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Edda Mirella Palma Pizzati, en su condición personal, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL…”, contra los señores René Edgardo Lagos Silva, como deudor principal, Alejandra Maria Gonzales Valladares de Silva y Renan Sauceda Alvarado, como avales solidarios. (Folio 1-10 el tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el señor Rene Edgardi Lagos Silva, presentando escrito de oposición a la ejecución por requerimiento de pago, promovida por la Abogada Edda Mirella Palma Pizzati, a favor de Sí Misma. (Folios del 256-258 del tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: ESTIMAR el motivo de oposición consistente en la prescripción del título valor pagaré suscrito por los señores EDDA MIRELLA PALMA PIZZATI como acreedor y los señores RENE EDGARDO LAGOS SILVA, como deudor principal y los señores ALEJANDRA MARIA GONZALEZ VALLADARES DE SILVA y RENAN SAUCEDA ALVARADO como avales solidarios en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil siete (2007), en virtud que la fecha convenida para hacer el pago de noventa mil Lempiras (L.90,000.00) era el veintidós (22) de febrero del año dos mil ocho (2008) y el reconocimiento expreso de la obligación fue hecho en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi trece (2013), y consta que la acción de ejecución de título extrajudicial promovida por la señora EDDA MIRELLA PALMA PIZZATI se presentó en fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), por lo que ya había transcurrido el plazo que ordena la ley instituida en el Código de Comercio para entablar la acción para esta clase de títulos valores, SEGUNDO: Por haberse estimado el motivo de oposición de Prescripción, es procedente declarar sin lugar el procedimiento que se ha venido sustanciando en la demanda de ejecución de título extrajudicial, constando en autos que no se había trabado embargo alguno contra las partes ejecutadas, se condena en costas a la parte Ejecutante. TERCERO: Este juzgado ordena que se notifique el presente fallo a todas las partes en el presente juicio. Y MANDA: Contra la presente sentencia podrá interponerse recurso de apelación… NOTIFÍQUESE…” (Folios del 316-334v del tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Edda Mirella Palma Pizzati, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictó sentencia por Unanimidad de Votos mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, el recurso de apelación, interpuesto por la abogada EDDA MIREYA PALMA PIZATI, actuando en causa propia, por ostentar la profesión de abogada, en su condición de ex propietaria de COMERCIAL JAFER.- SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia recurrida emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021). - TERCERO: CON COSTAS, por el principio del vencimiento aplicable al caso de los recursos devolutivos.- Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia se devuelvan al juzgado de su procedencia los antecedentes del caso junto con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE…” (Folios del 45-63v de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) En fecha uno de diciembre del año dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, la Abogada Edda Mirella Palma Pizzati, interponiendo acción de amparo a favor de Sí Misma, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria del derecho a la defensa, contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República. 6) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de 48 horas, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 106 de los autos) 7) Que en fecha nueve de junio del año dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…De lo anterior, esta Representación fiscal aprecia que su queja recae sobre la prescripción del título extra judicial (pagaré) cuya ejecución se pretende, así como la falta de interpretación y razonamiento objetivo de las pruebas presentadas; respecto a lo cual, debemos señalar que entre las causales que interrumpen la prescripción según lo dispuesto en el artículo 1692 del Código de Comercio, se encuentra la contenida en el numeral 3) que señala: "Por el reconocimiento expreso o tácito del derecho de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción. Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido". Apreciándose de la foliada que consta a folio 184 del tomo 1 una nota de fecha 21 de agosto del año 2013 enviada por el señor RENE LAGOS SILVA, como deudor principal, a los señores Comercial Jafer, mediante la cual reconoce la deuda contraída, por lo que es a partir de esa fecha que empezó a correr el término para la presentación de la demanda y siendo que la demanda fue interpuesta en fecha 10 de Abril del año 2018, la acción derivada del título valor se encuentra vencida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579 del Código de Comercio, que señala: "La acción cambiaria directa prescribe en tres años contados a partir del día del vencimiento de la letra" y, por ende, la acción se extingue por prescripción de conformidad a lo estipulado en el artículo 1684 del mismo cuerpo legal. Conforme lo anterior, estima la suscrita que al ser estima la prescripción de la acción, la valoración de prueba resulta inútil, además de ello se debe resaltar que las resoluciones o actos sólo entran al ámbito de la Jurisdicción Constitucional cuando materialmente afecten derechos o garantías y no cuando se tomen decisiones correspondientes a la instancia, como lo es la valoración probatoria realizada por el Órgano Jurisdiccional. Asimismo, respecto a las costas reclamadas por la recurrente, estas fueron impuestas conforme al principio de vencimiento establecido en el artículo 219 del Código Procesal Civil, que dispone: "EN PRIMERA INSTANCIA. PRINCIPIO DEL VENCIMIENTO. 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones". Del análisis de la resolución traída a estudio la suscrita no advierte vulneración de las Garantías constitucionales alegadas por la Impetrante, en tanto consideramos que la sentencia emitida por el Ad-quem, ha sido dictada conforme a derecho emitiendo una sentencia de fondo, razonable, congruente y justa. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no vislumbrarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios del 109-116 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Edda Mirella Palma Pizzati, actuando en causa propia, como parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciseis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), que falla estimando el motivo de oposición consistente en la prescripción del título valor pagaré y consecuencia de ello, declara Sin Lugar el procedimiento que se ha venido sustanciando en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, indicando que la sentencia que se recurre en amparo, vulnera en su perjuicio el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República, relacionándolos con los artículos 427 del Código Procesal Civil y 1692 del Código de Comercio; la recurrente expone como argumento fundamental de su acción constitucional de Amparo, que ambas instancias, tanto el A-quo como el Ad-quem ha existido error de apreciación judicial, ya que equivocadamente han interpretado y analizado los documentos para otorgar la decisión final de emitir una sentencia favorable a la parte ejecutada, al no aplicar correctamente la ley, asimismo a la poca importancia valorada y confusión no captada por ambos tribunales en cuanto a los recibos presentados por la parte ejecutada para hacerlos pasar como abono al préstamo del pagaré. Asimismo, sostiene la recurrente que el pagaré es válido y vigente para ejecutarlo, ante las tantas notas enviadas por el ejecutado en el que reconocía la obligación contraída. CONSIDERANDO (4): Que en sendas exposiciones la recurrente hace referencia a sentencias por las cuales no se recurre en Amparo y que fuera dictada con anterioridad por el Ad-quem, así mismo hace referencia a la sentencia dictada por el A-quo, la que también a su criterio a vulnerado su derecho a la defensa; centrando sus argumentos a que conforme al artículo 427 del Código Procesal Civil, se ha interrumpido la prescripción desde el momento de presentación de la demanda, pues no se ha desistido de la demanda, no se ha abandonado el proceso y menos se ha dictado sobreseimiento en la demanda interpuesta; en relación a que la prescripción se interrumpe por las acusas que expresamente señala el Código de Comercio en su artículo 1692, en ese orden de ideas reitera la recurrente que es el ejecutado quien ha expresado el reconocimiento expreso o tácito, con las tantas notas enviadas y mensajes de WhatsApp, solicitando prórrogas de fecha de pago y expresiones verbales que ofreció y nunca cumplió. CONSIDERANDO (5): Que, en los fundamentos de derecho, de la sentencia emitida por la Alzada y que se recurre en Amparo, se lee en los siguientes ordinales: “TERCERO: Como PRIMER AGRAVIO, la parte recurrente hace alusión a que la Juez, no valoró las pruebas presentadas dejando entrever falta de apreciación e interpretación objetiva y valoración de las mismas al enfocarse únicamente en la figura de la PRESCRIPCION DEL TITULO EJECUTIVO PAGARE, sin considerar que la evidencia presentada, muestra causales que interrumpen la prescripción, como es la litispendencia.- En tal sentido en el presente caso es oportuno mencionar que la figura de la litispendencia, si bien es cierto interrumpe la prescripción, no debemos de confundir la figura de la prescripción de la acción para demandar por un proceso declarativo como es lo contemplado en el artículo 427 del Código Procesal Civil, con la figura de la prescripción de la acción ejecutiva de los Títulos Valores, la cual solo puede ser interrumpida por las causas que expresamente señala el Código de Comercio en su artículo 1692. CUARTO: En cuanto al SEGUNDO AGRAVIO, referido a que la Juez, no valoró todas las pruebas presentadas en la audiencia de fecha 03 de marzo de 2021, como ser el recibo que corresponde a la deuda reclamada de L.90,000.00, por la cantidad de L.12,500.00, identificado con la letra A., del folio 65 debido a que hay dos préstamos, que se pagan en la misma fecha 30 de cada mes y el otro de la compañía ARCOM, que se identifica con la letra B., en tal sentido consta a ordinal OCTAVO del acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO, de la sentencia impugnada la valoración que la a-quo, le ha dado a los 22 recibos presentados por la parte ejecutada, en el cual se puede observar el acertado argumento, exteriorizado por la Juez, respecto a los pagos parciales, los cuales deben estar debidamente anotados dentro del documento que acreditan la deuda, en este caso el pagaré, tal como así lo determina el artículo 538 en relación con el 594 del Código de Comercio; además que dichos recibos aportados no especifican a que Título Valor, se realizan los pagos que documentan, tal como así lo ha determinado la Juez de primera instancia.-En consecuencia, se desestima dicho agravio… SEXTO: … En ese orden de ideas, al tener a la vista el documento que obra a folio 149 del Tomo I de autos, así como en el folio 189 del mismo tomo, suscrito por el señor RENE LAGOS SILVA, dirigido a Comercial JAFER, mediante el cual se compromete a cancelar el préstamo que debe por la cantidad de L.840,000.00, el 30 de cada mes, así como un préstamo rápido por la cantidad de L.12,000.00, el cual se compromete a cancelarlo el 12 de octubre de 2013, y del cual la a-quo, ya se ha referido a él, (ordinal DECIMO CUARTO DEL ACAPITE FUNDAMENTOS DE DERECHO) valorándolo en favor del ejecutante, en el sentido de resaltar el nexo causal entre dicha deuda reconocida en tal nota, con el pagaré debido y por ello aplica en favor del acreedor la figura de la interrupción de la prescripción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1692 III; sin embargo ha aclarado la señora Juez que esa interrupción solo aplica para el periodo desde la fecha del vencimiento del pagaré hasta la fecha 21 de agosto de 2013, empezando nuevamente el conteo del tiempo de prescripción desde esa misma fecha, hasta el cumplimiento de los tres años, el cual era el 21 de agosto de 2016, y habiéndose presentado la demanda en fecha 10 de abril de 2018, por lo que a consideración de la a-quo, ya había prescrito la acción de cobro ejecutivo; aspecto que este Tribunal comparte totalmente.- Por lo anterior se desestima dicho agravio…” -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (6): Que la Alzada en su motivación señala que no se debe confundir la prescripción de la acción para demandar en un proceso declarativo, como lo invoca la recurrente, artículo 427 del Código Procesal Civil, con la figura de la prescripción de la acción ejecutiva de los Títulos Valores, la cual solo puede ser interrumpida por las causas que expresamente señala el Código de Comercio en su artículo 1692 el cual reza en el romano III: “La prescripción se interrumpirá: I… II… III. Por el reconocimiento expreso o tácito del derecho de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción. Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.”; plazo de prescripción relacionado con lo establecido en el artículo 579 del mismo cuerpo legal aplicable al pagaré, el cual establece que la acción cambiaria directa prescribe en tres (3) años, contados a partir del día del vencimiento. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia; actividad debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia o en el transcurso de un proceso. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración al derecho a la defensa, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Segunda Instancia, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (8): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO(9): Que los preceptos legales ut supra enunciados incumben al caso bajo estudio; pues son elementos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 701 del Código Procesal Civil, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al derecho de defensa invocado; limitándose la resolución del Tribunal de Alzada a confirmar la sentencia dictada por el a-quo, por encontrase dictada conforme a derecho, después de la valoración realizada a los elementos de prueba evacuados en la audiencia de Oposición, para llegar a la decisión que procede el motivo de oposición invocado por la parte ejecutada, al haber operado la prescripción del Título Valor Pagaré que fuera suscrito entre la ejecutante y los ejecutados, al tenor de lo establecido en los artículos 579 y 1692.III del Código de Comercio. CONSIDERANDO (10): Que señalado lo anterior y escuchado la opinión del Fiscal del Despacho, esta Sala observa que en el caso de autos no se ha vulnerado el derecho a la defensa invocado por la recurrente, por consiguiente, la resolución impugnada en esta vía constitucional se encuentra dictada conforma a derecho, constituyendo esto motivo para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 579 y 1692.III del Código de Comercio; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, promovido por la abogada EDDA MIRELLA PALMA PIZZATI, a favor de SÍ MISMA, contra la sentencia de fecha VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Hercules. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1375-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.