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Sentencia AC-1301-22 — Registro 16325

Resumen

Acto recurrido que sobreseyo amparo contra la del a-quo , con relación a la demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales promovida. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." por tanto, este tribunal es de la opinión que la acción de amparo entablada no tiene razón de ser, en virtud de que el juez, con la resolución de inadmisión de nulidad dictada, actuó bajo el amparo de la ley, sin violentar derecho alguno ya que el juez aplicó los principios y disposiciones que la ley rectoran la figura de la ejecución forzosa, como es la completa satisfacción del ejecutante. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y cuando las partes tengan recursos y acciones pendientes y dentro del trámite se sobreseerán las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad; por tanto, se sobresee la acción de amparo..." ..." Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés se encuentra apegada a derecho, en consecuencia, se ha respetado en todo momento la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y el debido proceso del impetrante..." ..." Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo presentado por los Abogados Teodoro Ocampo Orozco y Fernando Augusto Ocampo Záldivar, a favor del señor Danilo Alonso Paz Vasquez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, con relación a la demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado Sergio R. Pérez, contra el señor Danilo Alonso Paz Vasquez. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, comparecieron ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, los Abogados Teodoro Ocampo Orozco y Fernando Augusto Ocampo Záldivar, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Danilo Alonso Paz Vasquez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, con relación a la demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado Sergio R. Pérez, contra el señor Danilo Alonso Paz Vasquez. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 2-7 del antecedente). 2) Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual resolvió: “…1.-SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO presentada por los Abogados TEODORO VENANCIO OCAMPO Y FERNANDO AUGUSTO OCAMPO, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha cinco de abril del dos mil veintidós.-2.-remisión a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para su revisión.-3.-Contra esta providencia no cabe recurso alguno. NOTIFÍQUESE.” (Folio 34 vuelto del antecedente) 3) Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó la acción de amparo contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, en relación a la demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales promovida por el abogado Sergio R. Perez contra el señor DANILO ALONSO PAZ VASQUEZ. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que la resolución contra la cual se reclama la constituye la providencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, la cual ha quebrantado la garantía del debido proceso, derecho de legalidad y derecho de defensa por considerar que una vez sustanciada la demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales, los trámites del juicio culminaron con la sentencia definitiva dictada por el tribunal de primera instancia declarando con lugar la demanda a favor del demandante; posteriormente, después de continuados los trámites no impulsados adecuadamente de acuerdo a las normas procesales, a solicitud del demandante, el juez señaló audiencia de subasta pública sobre el bien inmueble inscrito bajo matricula 1317140. Llegado el día de la audiencia, el juez procedió a celebrar la misma únicamente con la comparecencia del abogado Sergio Pérez en su condición de ejecutante y al no haber postores particulares, debió consignar tal extremo en el acta que se levanta al efecto. De acuerdo a lo que estipula el articulo 849 numeral 2 del Código Procesal Civil, el ejecutante podrá tomar parte de la subasta hasta el limite de su crédito, entendiéndose que su postura no puede exceder de su crédito y si este no alcanza el 75%, podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero, debiendo celebrarse una nueva cesión que se verificará mediante la comparecencia ante tribunal con la asistencia del cesionario quien deberá aceptarla previa o simultáneamente al pago del precio del remate. Por ello, todas las acciones posteriores a la fecha de interposición del incidente de nulidad, pese a haber interpuesto dicha nulidad de actuaciones relativos a la subasta, incidente que es de previo y especial pronunciamiento y que el juez ordenó el desalojo pese a que la posesión no la tenía el ejecutado sino una tercera persona derivado de un contrato de arrendamiento, siendo aplicables en este caso las disposiciones de la Ley de Inquilinato y la competencia respecto al tercero debió dirimirse en el Juzgado de Inquilinato. CONSIDERANDO (5): Que continúa manifestando el recurrente que dicha resolución es lesiva por considerar que, con la audiencia de subasta pública de un bien inmueble para el pago de una obligación, se incurrió en vicios de nulidad que derivo en el incidente presentado en el momento procesal oportuno; en consecuencia, lo que ha realizado el A-Quo es una forma manipulada y aplicación errónea e indebida de los artículos 853.1 vinculado con el articulo 849.2 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (6): Que en fecha once de agosto de dos mil veintidós el Ministerio Público emitió opinión legal en donde advierte la existencia de la demanda de ejecución de titulo judicial en virtud de habérsele declarado por sentencia definitiva firme, un derecho sobre el pago de honorarios profesionales, la cual ha sido sometida al juez conocedor de la causa, quien finalmente ha desestimado el incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovido por el ejecutante-amparista, quien argumenta que en la tramitación del procedimiento se ha prescindido de las normas esenciales del debido proceso, ocasionándole indefensión. Por su parte, el juzgador ha señalado en su resolución, que dicho planteamiento no se ha realizado conforme a ley, siendo que el proceso de ejecución ya ha finalizado con una resolución definitiva, no siendo este el momento procesal oportuno para la tramitación de dicho incidente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 214 numeral 2 del Código Procesal Civil; indicando además que el ejecutado tendrá expedito el proceso ordinario para hacer las reclamaciones correspondientes; por lo que, el Ministerio Público considera que la resolución dictada ha sido en base a ley sin violentar ninguna garantía constitucional, por tanto, es de la opinión que se declare sin lugar la garantía de amparo. CONSIDERANDO (7): Que el Ad-Quem deja establecido en la resolución que hoy se conoce en consulta, que se observa que el amparista hace uso indebido de la acción de amparo al presentarlo sobre una cuestión que es de mera legalidad; el juez dicta una resolución de inadmisión de incidente por haber finalizado el juicio donde el bien se encontraba inscrito a nombre del ejecutante. El articulo 742 del Código Procesal Civil determina que la acción forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un titulo y dotar de efectividad la tutela judicial otorgada. La sentencia dictada en los proceso ejecutivos no producirán efecto de cosa juzgada quedando a las partes a salvo su derecho para promover el proceso ordinario que corresponde; por tanto, este tribunal es d la opinión que la acción de amparo entablada no tiene razón de ser, en virtud de que el juez, con la resolución de inadmisión de nulidad dictada, actuó bajo el amparo de la ley, sin violentar derecho alguno ya que el juez aplicó los principios y disposiciones que la ley rectoran la figura de la ejecución forzosa, como es la completa satisfacción del ejecutante. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y cuando las partes tengan recursos y acciones pendientes y dentro del trámite se sobreseerán las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad; por tanto, se sobresee la acción de amparo. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés se encuentra apegada a derecho, en consecuencia, se ha respetado en todo momento la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y el debido proceso del impetrante. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 69 de la Ley de Inquilinato; 1422 del Código Civil. FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se sobresee el recurso de amparo interpuesto por el abogado TEODORO OCAMPO OROZCO Y FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR a favor del señor DANILO ALONSO PAZ VASQUEZ. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-1301-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL