Sentencia AC-1232-22 — Registro 16305
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la resolución que sobreseyó el recurso de amparo contra el auto resolutivo con relación al reclamo administrativo promovido contra la Corporación Municipal de Olanchito, departamento de Yoro. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3).- Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado: 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)…; El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en la sentencia de fecha veintinueve (29) de junio del dos mil veintidós (2022), al sobreseer la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar que el acto recurrido en amparo ha sido consentido por la agraviada. Decimos lo anterior, en vista que de la revisión de la resolución recurrida inicialmente y del escrito de interposición del recurso de amparo, se observa que la recurrente en fecha tres (03) de marzo del dos mil veinte (2020) había peticionado ante el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, el incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte (Folio 134 de la pieza del Recurso de Amparo), el cual fue desestimado tácitamente el dieciséis de marzo del dos mil veinte (Folio 151 de la pieza del Recurso de Amparo), teniendo desde el momento de la notificación de dicho auto, el plazo para la interposición del recurso de reposición, el cual no interpuso y de habérsele denegado lo que procedía era la interposición de la acción de amparo, misma que al ser alegada hasta el veintiocho (28) de marzo del dos mil veintidós (2022), transcurrieron mas de dos años, siendo evidente que el acto de inadmisibilidad de la nulidad fue consentido y por tal razón no puede ser revivido con una nueva petición de nulidad como ha sucedido en el presente caso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe causa de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintitrés. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial La Ceiba, departamento de Atlántida, que sobreseyó el recurso de amparo presentado por la Abogada Ana Mercedes Corrales Flores, a favor de las señoras Lady Esther y Concepción, ambas de apellido Zuniga Funez, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Olanchito, departamento de Yoro, en fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, con relación al reclamo administrativo promovido por las señoras Lady Esther y Concepción, ambas de apellido Zuniga Funez contra la Corporación Municipal de Olanchito, departamento de Yoro. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- En fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada Ana Mercedes Corrales Flores, interponiendo recurso amparo a favor de las señoras Lady Esther y Concepción, ambas de apellido Zuniga Funez, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Olanchito, departamento de Yoro, en fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, con relación al reclamo administrativo promovido por las señoras Lady Esther y Concepción, ambas de apellido Zuniga Funez, contra la Corporación Municipal de Olanchito, departamento de Yoro. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 vuelto del antecedente) 2).-Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, en su condición de Apoderada Legal de las señoras LADY ESTEHER Y CONCEPCIÓN, ambas de apellido ZUNIGA FUNEZ contra la Resolución de fecha 25 de octubre del año 2021, en la cual se desestima el incidente de nulidad de previo y especial pronunciamiento consistente en nulidad absoluta de actuaciones del auto de fecha 21 de febrero del año 2020, en relación al reclamo administrativo de pago promovido por las señoras LADY ESTEHER Y CONCEPCIÓN ambas de apellido ZUNIGA FUNEZ, en contra de CORPORACIÓN MUNICIPAL DE OLANCHITO, YORO…” (Folios 202-205 del antecedente) 3).- Que en fecha once de agosto de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, que Sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, a favor de la Señora LADY ESTHER Y CONCEPCION, ambas ZUNIGA FUNEZ, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Olanchito, departamento de Yoro, en fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, con relación al reclamo administrativo promovido por las señoras Lady Esther y Concepción, ambas de apellido Zuniga Funez contra la Corporación Municipal de Olanchito, departamento de Yoro. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le violentó el derecho de defensa, en vista que no es un hecho controvertido que la Municipalidad de Olanchito, Departamento de Yoro, decreto la expropiación forzosa de 23.66 manzanas de un bien inmueble denominado “Los arrayanes”, propiedad de sus representadas y por ello se devenía obligada a justipreciar el bien en la forma que señalan las leyes, siendo estas el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, la Ley de Expropiación Forzosa contenida en el Decreto 113 del 09 de abril de 1914, en relación con el libro IV del Título XIV del Código de Procedimientos Civiles de 1906, especialmente de los artículos 210 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, 11 de la Ley de Expropiación Forzosa y 1082 del Código de Procedimientos Civiles de 1906. Continua manifestando que la Municipalidad de Olanchito no compareció a solicitar la audiencia de comparendo en el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, y sus representadas pese a pretender de manera extrajudicial justipreciar el bien a tal grado que se llegó por acuerdo con la Municipalidad al nombramiento de peritos, siendo nombrado por parte de la Municipalidad al Ingeniero Marco Aurelio Tinoco Urbina y por parte de sus representados al Arquitecto Raúl Espinoza Rodríguez, haciendo dicho avaluó en conjunto, pero una vez elaborado dicho evaluó, el perito nombrado por la Municipalidad se negó a firmar el mismo por instrucciones del señor Alcalde Municipal y ante tal circunstancia se levantó acta notarial a requerimiento de sus representados, constituyéndose insitu en dicha Corporación edilicia el 11 de marzo de 2016, con el objeto de tener información sobre el dictamen de petitos nombrados, estableciendo la Secretaría que “Sobre tal solicitud no hay resolución que el ingeniero que se nombró para establecer el justiprecio no ha presentado informe alguno. Refiere que el 02 de mayo de 2016 se presentó ante la Municipalidad solicitud de certificación para la plena eficacia de un acto presunto por haber operado a favor de las propietarias del bien inmueble expropiado LA AFIRMATIVA FICTA, recibiendo certificación de resolución el 16 de mayo de 2016, expedida por su secretaría, y que en su parte consustancial dice: “Que siendo que la afirmativa ficta, es una figura que despierta al funcionario que está dormido y estando en su debida aplicación, en este caso conviene a favor de las señoras Lady Esther y Concepción, ambas de apellido Zuniga Funez, se resuelve a su favor de conformidad con el artículo 29 A y 29 B de la Ley de Procedimiento Administrativo”. Resolución que aduce que no fue apreciada por la señora Juez, puesto que la resolución del 21 de febrero de 2020, resuelve inadmitir a trámite la solicitud de audiencia de comparendo para nombrar peritos para justipreciar el bien inmueble expropiado. También establece que se le violento el debido proceso, en vista que señala que el procedimiento administrativo se inició y concluyo de oficio y que sus representados con base al artículo 4 de la Ley de Expropiación Forzosa no impugno dicha resolución, adquiriendo su firmeza y por ello no era necesaria el agotamiento de vía administrativa, por tal razón al haber sido inadmitida a trámite la audiencia de comparendo por no estar agotada la vía administrativa, es contraria a derecho, nulo IPSO JURE, porque se dictó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido de conformidad a lo que establece el artículo 212.4 del Código Procesal Civil. Señala que se le violento el derecho a la propiedad, en vista que al existir la expropiación, existiendo usurpación, ya que al despojarlos del bien que legítimamente les correspondía perdieron su dominio. Argumenta que se le violento el derecho de legalidad, al referir que se han violentado los derechos y garantías antes señaladas con la resolución de fecha 25 de octubre de 2020. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en su sentencia de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022), sobreseyó la presente acción de amparo por considerar que el acto ha sido consentido por el agraviado, al no haber hecho uso del recurso pertinente. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3).- Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado: 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)…; El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en la sentencia de fecha veintinueve (29) de junio del dos mil veintidós (2022), al sobreseer la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar que el acto recurrido en amparo ha sido consentido por la agraviada. Decimos lo anterior, en vista que de la revisión de la resolución recurrida inicialmente y del escrito de interposición del recurso de amparo, se observa que la recurrente en fecha tres (03) de marzo del dos mil veinte (2020) había peticionado ante el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, el incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte (Folio 134 de la pieza del Recurso de Amparo), el cual fue desestimado tácitamente el dieciséis de marzo del dos mil veinte (Folio 151 de la pieza del Recurso de Amparo), teniendo desde el momento de la notificación de dicho auto, el plazo para la interposición del recurso de reposición, el cual no interpuso y de habérsele denegado lo que procedía era la interposición de la acción de amparo, misma que al ser alegada hasta el veintiocho (28) de marzo del dos mil veintidós (2022), transcurrieron mas de dos años, siendo evidente que el acto de inadmisibilidad de la nulidad fue consentido y por tal razón no puede ser revivido con una nueva petición de nulidad como ha sucedido en el presente caso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe causa de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintinueve (29) de junio del dos mil veintidós (2022), por la Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1232-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL