Sentencia AC-122-23 — Registro 17941
Resumen
En consulta las diligencias que contienen la resolución que otorgó el recurso de amparo con relación a la demanda vía proceso abreviado de pago de honorarios profesionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “4. En 17 de mayo de 2022, el abogado José Tomás Guillén Williams promovió acción de amparo en contra de la resolución previamente citada, argumentando que la misma contravino su derecho a un debido proceso legal al considerar que el juez de instancia transgredió normas de procedimiento, por haber admitido una solicitud de impugnación fuera del plazo legalmente establecido, y además omitió la celebración de una audiencia requerida conforme con el procedimiento de ley transgrediendo así formalidades esenciales en la tramitación del proceso civil incoado.- 5. En fecha 10 de agosto de 2022 se conoció la opinión del Ministerio Público en el trámite de la precitada acción de amparo, siendo su representante del parecer porque la garantía de amparo debía ser otorgada, razonando su opinión en el hecho que el juez de instancia erró al momento de determinar el cálculo del tiempo para determinar la prescripción declarada en contra del peticionario, siendo además que, según la Fiscalía, la impugnación a la solicitud de honorarios fue presentada en forma extemporánea por los demandados, pues ya había transcurrido el plazo legal para poder ser promovida.- 6.Conociendo del recurso de amparo, la Corte de Alzada, coincidiendo con el parecer del Ministerio Público, consideró en su sentencia que, efectivamente, el A Quo había transgredido normas esenciales del proceso, señalando en su fallo que el escrito de la oposición que fue estimada, fue presentado fuera del plazo legal, y además que, el juez de instancia omitió la celebración de la audiencia para la tramitación del incidente, con lo cual se violentó el procedimiento establecido por la ley en detrimento de los derechos del accionante.- 7.Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal.- 8. La Sala ha sostenido también en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.-9.La Sala ha declarado además que en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, en la que se ha advertido la infracción a normas imprescindibles del procedimiento por parte del juez de letras, de ahí que la garantía de amparo fuese estimada a favor del recurrente.- 10.En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."La Sala ha sostenido también en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.-9.La Sala ha declarado además que en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, en la que se ha advertido la infracción a normas imprescindibles del procedimiento por parte del juez de letras, de ahí que la garantía de amparo fuese estimada a favor del recurrente.- 10.En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.-VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el de recurso de amparo presentado por el Abogado José Tomás Guillen Williams, a favor de Sí Mismo, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de marzo de dos mil veintidós, con relación a la demanda vía proceso abreviado de pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado José Tomás Guillen, contra los señores Marco Antonio Leiva Puerto, Alberto Estrada Maradiaga e Irán Soto Guzmán. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 90 y 115 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)En fecha diez de febrero de dos mil veinte compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Tomás Guillen Williams, interponiendo demanda mediante la vía del proceso abreviado solicitando el pago de honorarios que considera que le corresponden de conformidad al arancel del profesional del derecho por representación en el proceso, acción interpuesta en contra de los señores Marco Antonio Leiva Puerto, Alberto Estrada Maradiaga e Irán Soto Guzmán. (Folios 1-4 la pieza principal del A-quo).- 2) En el trámite del proceso, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de marzo de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual decidió: “…PRIMERO: Se declara SIN LUGAR, la solicitud de Reclamo de Honorarios Profesionales promovida por el Abogado JOSÉ TOMÁS GUILLEN, conocido también como JOSÉ TOMÁS GUILLEN WILLIAMS, quien actúa en causa propia como parte demandante, contra los Señores ALBERTO ESTRADA MARADIAGA, MARCO ANTONIO LEIVA PUERTO E IRÁN SOTO GUZMÁN, como partes demandadas.-SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la impugnación de Reclamo de Honorarios Profesionales por indebidos, promovida por el Abogado RAFAEL LEONARDO VILLACORTA ROMERO, en su condición de Representante Procesal de los señores ALBERTO ESTRADA MARADIAGA E IRÁN SOTO GUZMÁN.-TERCERO: CON COSTAS, por lo dispuesto en el ordinal OCTAVO, inciso B de los fundamentos de derecho.-CUARTO: Contra esta resolución cabe RECURSO DE APELACIÓN en la forma y términos prescritos por la Ley.-…" (Folios 130-137 la pieza principal del A-quo).- 3)En fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, compareció el Abogado José Tomás Guillen, ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Sí Mismo, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que la decisión adoptada por el A-quo y la que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, le violenta los derechos consagrados en los artículos 90 y 115 de la Constitución de la República. (Folios 1-10 la pieza del Ad-quem).4)Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte en fecha cinco de septiembre dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: OTORGAR RECURSO DE AMPARO, presentado ante esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, por el Abogado JOSÉ TOMÁS GUILLEN, conocido también como JOSÉ TOMÁS GUILLEN WILLIAMS, accionando a favor de sí mismo, contra la resolución de fecha siete (7) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, promovida por el Abogado JOSÉ TOMÁS GUILLEN, conocido también como JOSÉ TOMÁS GUILLEN WILLIAMS, quien actúa en causa propia, por la razones antes esgrimidas, y que el Juez de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, proceda a emitir nueva resolución donde garantice los derechos constitucionales disminuidos.-SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFÍQUESE.” (Folios 120-124 vuelto de la pieza del Ad-quem).5)Que en fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- 1. El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- 2.Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- 3. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- 4.Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 1.Del estudio de los antecedentes se observa que en fecha 10 de febrero de 2020, el Abogado José Tomás Guillén Williams promovió, por la vía del proceso abreviado, ante el Juzgado de Letras Civil de este Departamento, demanda para el pago de honorarios profesionales en contra de los señores Marco Antonio Leiva Puerto, Alberto Estrada Maradiaga e Irán Soto Guzmán, afirmando que éstos no han cancelado a la fecha los honorarios que afirma le son adeudados.- 2.Resulta ser que la parte contraria presentó impugnación contra la solicitud del demandante, por considerar que los honorarios pretendidos por el accionante son indebidos, facultándoles la ley para impugnar los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 numeral 3) del Código Procesal Civil.- 3.En fecha siete de marzo de dos mil veintidós el juzgado de instancia resolvió declarar sin lugar la solicitud de reclamo de honorarios de la que se ha hecho mérito, estimando la impugnación presentada por los demandados por considerar que la acción de reclamo de honorarios que fue instada había prescrito de conformidad con la ley.- 4. En 17 de mayo de 2022, el abogado José Tomás Guillén Williams promovió acción de amparo en contra de la resolución previamente citada, argumentando que la misma contravino su derecho a un debido proceso legal al considerar que el juez de instancia transgredió normas de procedimiento, por haber admitido una solicitud de impugnación fuera del plazo legalmente establecido, y además omitió la celebración de una audiencia requerida conforme con el procedimiento de ley transgrediendo así formalidades esenciales en la tramitación del proceso civil incoado.- 5. En fecha 10 de agosto de 2022 se conoció la opinión del Ministerio Público en el trámite de la precitada acción de amparo, siendo su representante del parecer porque la garantía de amparo debía ser otorgada, razonando su opinión en el hecho que el juez de instancia erró al momento de determinar el cálculo del tiempo para determinar la prescripción declarada en contra del peticionario, siendo además que, según la Fiscalía, la impugnación a la solicitud de honorarios fue presentada en forma extemporánea por los demandados, pues ya había transcurrido el plazo legal para poder ser promovida.- 6.Conociendo del recurso de amparo, la Corte de Alzada, coincidiendo con el parecer del Ministerio Público, consideró en su sentencia que, efectivamente, el A Quo había transgredido normas esenciales del proceso, señalando en su fallo que el escrito de la oposición que fue estimada, fue presentado fuera del plazo legal, y además que, el juez de instancia omitió la celebración de la audiencia para la tramitación del incidente, con lo cual se violentó el procedimiento establecido por la ley en detrimento de los derechos del accionante.- 7.Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal.- 8. La Sala ha sostenido también en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.-9.La Sala ha declarado además que en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, en la que se ha advertido la infracción a normas imprescindibles del procedimiento por parte del juez de letras, de ahí que la garantía de amparo fuese estimada a favor del recurrente.- 10.En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO, LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que OTORGÓ el de recurso de amparo presentado por el Abogado JOSÉ TOMÁS GUILLÉN WILLIAMS, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de marzo de dos mil veintidós, de la cual se ha hecho mérito, Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0122-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11