Sentencia AC-1199-22 — Registro 17940
Resumen
Otorgamiento de acción de amparo en consulta contra Nulidad decretada de oficio con relación a Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial promovida por recurrente contra Alcaldía Municipal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintidós, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala que (Sic) “CONSIDERANDO (8):La acción de amparo pretendida por el recurrente, se basa específicamente en la exigencia del A QUO del agotamiento de una vía administrativa previa a la ejecución del titulo extrajudicial, quien fue del parecer que es necesario ese procedimiento previo en atención a los artículos 1, 29, 85, 148 de la ley de procedimiento administrativo y artículo 2 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo. En atención a esta exigencia impuesta por la Jueza de primera instancia, éste Tribunal Ad Quem, es del parecer que, si bien es cierto el artículo 146 de la ley de procedimiento administrativo señala la prohibición de demandar al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano de la entidad respectiva judicialmente, aunado a lo que establece el artículo 414 del Código Procesal Civil, esta exigencia si bien es un requisito ex ante para interposición de demanda en lo que respecta a hechos derivados de relaciones jurídicas entre particulares, al analizar de manera conjunta, lo establecido en la norma procesal citada indica claramente que ese requisito previo está referido a los procesos declarativos no a los procesos de ejecución, como lo que ocurre en el presente caso que se trata de una demanda de ejecución de título extrajudicial, al encontrarse la deuda liquida y exigible….” -CONSIDERANDO 8: Que, en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la alzada ha procedido a Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto, ello en atención a la evidente vulneración del derecho al debido proceso, pues como bien señala la autoridad que decide sobre el recurso de Amparo promovido, el A-quo interpreta de manera subjetiva y arbitraria lo dispuesto en el artículo 414[1] del Código Procesal Civil, al pretender adecuar la ejecución de un Título Extrajudicial a un procedimiento no establecido en el Código Procesal Civil, obviando con ello las formalidades procesales que rigen en el proceso civil y de cumplimiento imperativo; aunado a ello como bien señala la ley procesal, los actos procesales serán nulos, inter alia, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, situación que no ha advertido el A-quo en la resolución recurrida en Amparo. -CONSIDERANDO 9: Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios que la Constitución de la República reconoce, procediendo en consecuencia a Otorgar el amparo interpuesto contra la resolución de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al interpretar de manera subjetiva lo dispuesto en el Artículo 414 del Código Procesal Civil, vulnerando con ello el debido proceso, al pretender adecuar la ejecución de un Título Extrajudicial a un procedimiento no establecido en el Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintidós, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ETHEL DOLINE FLORES MARTINEZ"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 414, NUMERAL 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintitrés.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintidós (2022) que Otorgó la acción de amparo interpuesta por la Abogada ETHEL DOLINE FLORES MARTINEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial promovida por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEÓN, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S.A, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha cinco de marzo del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A., interponiendo Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en su condición de deudor principal a través de su representante legal el señor SANTOS RUFINO HERNANDEZ HERNADEZ, peticionando sea condenada a pagar la cantidad de cinco millones novecientos veintisiete mil ochocientos noventa y nueve lempiras con sesenta y tres centavos (L. 5,927,899.63) más los intereses y costas que se generen en el proceso. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo).-2) Que en fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, en audiencia para determinar nulidad, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán resolvió: (Sic) “PRIMERO: ESTIMAR LA NULIDAD APRECIADA DE OFICIO por parte de este Juzgado, del auto de fecha cuatro de mayo del dos mil quince, que corre agregado a folio 32 y 33, así como de la notificación del mismo que corre agregado a folio 34, y demás actuaciones, dejando subsistente únicamente el poder en la Abogada ETHEL DOLINE FLORES.-Todo en relación a los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 212, 215 y 414 del Código Procesal Civil por lo que dicho auto deberá leerse de la siguiente manera: “JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, veintinueve de octubre del dos mil veintiuno … PARTE DISPOSITIVA. PRIMERO: Que los defectos observados son subsanables por lo tanto mándese a SUBSANAR, para lo cual se concede UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, contados a partir del día siguiente de la notificación. - Debiendo subsanar lo siguiente: Que se acredite certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa previa. SEGUNDO: Haciéndole la advertencia que, de no subsanar en el plazo señalado, se procederán a archivar las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE”.- Por lo que se da por finalizada la presente audiencia por solicitarlo la compareciente extiéndase copia de la presente audiencia y cerrando el acta firmando la compareciente ante la suscrita Juez y secretaria del Despacho que da fe de lo actuado…” (Folios del 152-154 de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, la Abogada ETHEL DOLINE FLORES MARTINEZ, interponiendo Acción de Amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra la resolución de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por estimar que la misma es violatoria del derecho a la defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la Republica. (Folios del 1-5 de la pieza de antecedentes de Amparo).-4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintidós (2022) emitió sentencia, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: OTORGANDO por las razones antes esgrimidas, la Garantía Constitucional de AMPARO, presentada ante esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil.- SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, para la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE…” (Folios del 66 al 71 de la pieza de antecedentes de Amparo).-5) Que en fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada ETHEL DOLINE FLORES MARTINEZ, contra la resolución de fecha veintinueve de octubre, del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Nulidad de Actuaciones, apreciada de oficio, en la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial promovida por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEÓN, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S.A, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.-CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, es violatoria del debido proceso y el derecho a la defensa, que se encuentran contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que decreta nulidad, a partir del auto de admisión de fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil quince (2015), nulidad apreciada de oficio por el A-quo, argumentando el A-quo en la indicada resolución, que si bien es cierto se le dio el trámite, en ese momento conocía otra juez y siendo su criterio en base a lo que señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, artículo 2, siendo que la Alcaldía de Esquipulas del Norte es una entidad pública se tiene que agotar la vía administrativa; que en el caso que nos ocupa estamos ante una demanda promovida contra la Alcaldía Municipal de Esquipulas del Norte, siendo esta de la Administración Pública, por ello aprecia el a-quo que se esta prescindiendo de normas esenciales del procedimiento cuya inobservancia acarrea nulidad o anulabilidad de los actos procesales, conforme el artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, la recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que el Juez recurrido al haber decretado de oficio nulidad en el juicio ejecutivo que hoy nos ocupa, que es de tramitación especial en el Código Procesal Civil, el cual no requiere que se agote la vía administrativa previa a la admisión de la demanda, incurrió en una flagrante violación al derecho fundamental del Debido Proceso contenido en el artículo 90 de la ley fundamental; asimismo sostiene la recurrente al vulnerarse el debido proceso, se le impide a su representada el ejercicio de las acciones que le corresponden en la forma que establecen las leyes de la República, por lo que existe abierta violación al derecho de defensa establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, al señalar en la referida resolución que el auto es irrecurrible.-CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintidós, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala que (Sic) “CONSIDERANDO (8):La acción de amparo pretendida por el recurrente, se basa específicamente en la exigencia del A QUO del agotamiento de una vía administrativa previa a la ejecución del titulo extrajudicial, quien fue del parecer que es necesario ese procedimiento previo en atención a los artículos 1, 29, 85, 148 de la ley de procedimiento administrativo y artículo 2 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo. En atención a esta exigencia impuesta por la Jueza de primera instancia, éste Tribunal Ad Quem, es del parecer que, si bien es cierto el artículo 146 de la ley de procedimiento administrativo señala la prohibición de demandar al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano de la entidad respectiva judicialmente, aunado a lo que establece el artículo 414 del Código Procesal Civil, esta exigencia si bien es un requisito ex ante para interposición de demanda en lo que respecta a hechos derivados de relaciones jurídicas entre particulares, al analizar de manera conjunta, lo establecido en la norma procesal citada indica claramente que ese requisito previo está referido a los procesos declarativos no a los procesos de ejecución, como lo que ocurre en el presente caso que se trata de una demanda de ejecución de título extrajudicial, al encontrarse la deuda liquida y exigible….” -CONSIDERANDO 8: Que, en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la alzada ha procedido a Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto, ello en atención a la evidente vulneración del derecho al debido proceso, pues como bien señala la autoridad que decide sobre el recurso de Amparo promovido, el A-quo interpreta de manera subjetiva y arbitraria lo dispuesto en el artículo 414[1] del Código Procesal Civil, al pretender adecuar la ejecución de un Título Extrajudicial a un procedimiento no establecido en el Código Procesal Civil, obviando con ello las formalidades procesales que rigen en el proceso civil y de cumplimiento imperativo; aunado a ello como bien señala la ley procesal, los actos procesales serán nulos, inter alia, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, situación que no ha advertido el A-quo en la resolución recurrida en Amparo. -CONSIDERANDO 9: Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios que la Constitución de la República reconoce, procediendo en consecuencia a Otorgar el amparo interpuesto contra la resolución de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al interpretar de manera subjetiva lo dispuesto en el Artículo 414 del Código Procesal Civil, vulnerando con ello el debido proceso, al pretender adecuar la ejecución de un Título Extrajudicial a un procedimiento no establecido en el Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintidós, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ETHEL DOLINE FLORES MARTINEZ. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintidós, que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por la Abogada ETHEL DOLINE FLORES MARTINEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra la resolución de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022),
Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero el año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1199-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] SECCIÓN 2ª. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA. ARTÍCULO 414. PROCEDENCIA. 1. Cuando la Administración pública, en los términos fijados por las leyes, deba ser parte demandada en un proceso civil por controversias fundadas en derecho privado, no se admitirá la demanda a trámite si no se acompaña certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa previa, debiendo vigilar de oficio el tribunal la concurrencia de este requisito, sin perjuicio del derecho de la parte a alegarlo en la contestación a la demanda en el juicio ordinario o al principio de la audiencia en el juicio abreviado.