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Sentencia AC-1132-23 — Registro 17644

Resumen

En Consulta la resolución que Sobreseyó la acción de amparo que declara Ha Lugar la Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio de un terreno de naturaleza jurídica privada. Estima la recurrente que el acto reclamado infringe los derechos y garantías sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido proceso, consignados en los artículos 90 párrafo primero y 103 de la Constitución de la República

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 9: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara en su resolución de fecha catorce de agosto del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional de Amparo, agotar los recursos que la ley proporciona.CONSIDERANDO 10: Que es criterio de esta Sala de lo Constitucional conforme a las razones externadas anteriormente, sobreseer la acción de Amparo promovida en fundamento a lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ello sin entrar a valorar cuestiones de fondo en relación a si la sentencia de fecha 16 de febrero del año 2022 dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, vulnera o no los derechos constitucionales invocados por la recurrente, ello ante la latente existencia de una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo, la que al detectarse una vez iniciado el procedimiento, corresponde se proceda a sobreseer las diligencias en el trámite constitucional iniciado; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de diciembre del año dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), que Sobreseyó la acción de amparo interpuesta por la abogada MARIA ELENA RODRIGUEZ, a favor del señor JOSE ANTONIO SABILLON FERNANDEZ, quien a su vez comparece en representación de los señores FRANCISCA FERNANDEZ PINEDA, JUSTINIANO FERNANDEZ PINEDA, LUCINIO FERNANDEZ PINEDA y CRISTINA FERNANDEZ PINEDA, contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que declara Ha Lugar la Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio de un terreno de naturaleza jurídica privada, localizada en el sitio conocido como Cerro El Toro, entre la jurisdicción de la aldea de Santa Rosita en el Municipio de Gualala y en la aldea de Gualjoco del Municipio de Santa Bárbara, por la vía del proceso abreviado, demanda promovida por el abogado JOSE MARLON DIAZ SANCHEZ, en su condición de Apoderado Judicial de los señores JUAN CARLOS PAZ PAZ, ALFREDO BANEGAS PINEDA, ELISANIAS PAZ FERNANDEZ, LUIS ALONSO MONTERROSA y ROGELIO ORTIZ, todos agricultores y quienes actúan en representación de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION GUALJOQUITO, contra los señores RUBEN DARIO FERNANDEZ PINEDA, SANTOS HERODES SABILLON FERNANDEZ y CLEOFAS FERNANDEZ PINEDA. Estima la recurrente que el acto reclamado infringe los derechos y garantías sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido proceso, consignados en los artículos 90 párrafo primero y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha quince de junio del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, el Abogado José Marlon Diaz Sánchez, actuando en su condición de Apoderado Judicial de los señores Juan Carlos Paz Paz, Alfredo Banegas Pineda, Elisanias Paz Fernández, Luis Alonso Monterrosa y Rogelio Ortiz, todos agricultores y quienes actúan en representación de la Empresa Asociativa Campesina de producción Gualjoquito, interponiendo Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio de un terreno de naturaleza jurídica privada, localizado en la jurisdicción de las aldeas Santa Rosita en el Municipio de Gualala y en la aldea de Gualjoco del municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, contra los señores Rubén Darío Fernández Pineda, Santos Herodes Sabillon Fernández y Cleofás Fernández Pineda. (Folios del 1-4fv de la pieza de antecedentes del A-quo)2)En fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar HA LUGAR, LA DEMANDA DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DE UN TERRENO DE NATURALEZA JURIDICA PRIVADA LOCALIZADA EN EL SITIO CONOCIDO COMO CERRO DEL TORO ENTRE LA JURISDICCION, DE LA ALDEA DE SANTA ROSITA EN EL MUNICIPIO DE GUALALA y en la aldea de GUALJOCO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO promovida por el ABOG. JOSE MARLON DIAZ SANCHEZ, actuando en su condición de Apoderado Judicial de los señores JUAN CARLOS PAZ PAZ, ALFREDO BANEGAS PINEDA, ELISANIAS PAZ FERNANDEZ, LUIS ALONSO MONTERROSA, ROGELIO ORTIZ, en su condición de Representantes de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gualjoquito de la aldea de Gualjoquito, de Santa Barbara. en contra de los señores RUBEN DARIO FERNANDEZ, SANTOS HERODES SABILLON FERNANDEZ y CLEOFAS FERNANDEZ PINEDA, como colindantes, Todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: OTORGAR LA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO A LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION GUALJOQUITO, DE TERRENO DE NATURALEZA JURIDICA el cual tiene las colindancias siguientes… TERCERO: SE ORDENA MANDAR A INSCRIBIR LA PRESENTE SENTENCIA, al Señor Registrador del Instituto de la Propiedad de Santa Bárbara, para que proceda hacer las Inscripciones y anotaciones preventivas por la Ley del Instituto de la Propiedad de conformidad a lo que dispone los Artículos; 1,2,3, Numeral 15, 4, 5, numeral 15, 25, 27, 28 numeral 1, 35, 37, 39 numeral 1, de la referida Ley; en virtud de haber sido declarados propietarios a los miembros de la Empresa Asociativas Campesinas de Producción Gualjoquito, y para su inscripción deberán acompañar certificación actual de sus miembros y certificación de su actual junta directiva, y de la personería jurídica y el correspondiente mapa del lote de terreno descrito anteriormente, y librándole para tal efecto el mandamiento respectivo. CUARTO: SIN COSTAS…” (Folios del 70-74fv de la pieza de antecedentes del A-quo)3)Que en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la abogada MARIA ELENA RODRIGUEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JOSE ANTONIO SABILLON FERNANDEZ, quien a su vez comparece en representación de los señores FRANCISCA FERNANDEZ PINEDA, JUSTINIANO FERNANDEZ PINEDA, LUCINIO FERNANDEZ PINEDA y CRISTINA FERNANDEZ PINEDA, contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, argumentando que la misma es violatoria de derechos y garantías sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido proceso, contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 103 de la Constitución de la República. (Folios del 1-3 de la pieza de Amparo)4)Que mediante providencia de fecha quince de mayo del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional se declaro incompetente para conocer de la demanda de Amparo relacionada, ordenando remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, por ser este el tribunal competente. (Folio 39fv de la pieza de Amparo) 5)Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), emitió fallo, mediante el cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Sobreseer las presentes diligencias de acción de amparo, entre las razones arriba explicadas. SEGUNDO: Remitir la presente resolución a la Honorable Sala de lo Constitucional vía consulta, para que la misma se pronuncie al respecto; ya sea confirmando, enmendado o revocando las misma…” (Folios del 71-74 de la pieza de antecedentes de Amparo)6)Que en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo civil venida en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, interpuesta por la Abogada MARIA ELENA RODRIGUEZ, contra la sentencia de fecha dieciséis de febrero, del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, que declara Ha Lugar la Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio, en relación a la DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DE UN TERRENO DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA, localizada en el sitio conocido como Cerro El Toro, entre la jurisdicción de la aldea de Santa Rosita en el Municipio de Gualala y en la aldea de Gualjoco del Municipio de Santa Bárbara, por la vía del proceso abreviado, demanda promovida por el abogado JOSE MARLON DIAZ SANCHEZ, en su condición de Apoderado Judicial de los señores JUAN CARLOS PAZ PAZ, ALFREDO BANEGAS PINEDA, ELISANIAS PAZ FERNANDEZ, LUIS ALONSO MONTERROSA y ROGELIO ORTIZ, todos agricultores y quienes actúan en representación de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION GUALJOQUITO, contra los señores RUBEN DARIO FERNANDEZ PINEDA, SANTOS HERODES SABILLON FERNANDEZ y CLEOFAS FERNANDEZ PINEDA.CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, ha violado en perjuicio de su representado, los derechos y garantías sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido proceso, contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 103 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencias, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva y contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que, del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la sentencia de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, que declara Ha Lugar la Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio de un terreno de naturaleza jurídica privada, a favor de los señores Juan Carlos Paz Paz, Alfredo Banegas Pineda, Elisanias Paz Fernández, Luis Alonso Monterrosa y Rogelio Ortiz, en su condición de Representantes de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gauljoquito de la Aldea de Gauljoquito, en Santa Bárbara, en contra de los señores Rubén Darío Fernández, Santos Herodes Sabillon Fernández y Cleofas Fernández Pineda. CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, la recurrente considera vulnerados los derechos a la propiedad privada y el debido proceso, los expone refiriendo que se debe anular la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, ya que el objeto de prescripción adquisitiva no es propiedad de los señores Juan Carlos Paz Paz, Alfredo Banegas Pineda, Elisanias Paz Fernández, Luis Alonso Monterrosa y Rogelio Ortiz, ya que el mismo fue adquirido a favor del señor Fernando Fernández Pineda (Q.D.D.G.), quien adquirió título de propiedad en el año 1913, título supletorio denominado La Finca, situado en la jurisdicción de Gualala, departamento de Santa Bárbara, el cual consta de cuarenta (40) manzanas de extensión, el cual se encuentra inscrito bajo asiento numero 143 folio 211 y 212 tomo 1 del Instituto de la Propiedad del departamento de Santa Bárbara y es por ello que los demandantes quienes actuaron en representación de la Empresa Asociativa Campesina de Producción de Gualjoquito, debieron interponer la Demanda de Prescripción Adquisitiva en contra de los herederos del señor Fernando Fernández Pineda (Q.D.D.G.), los señores Francisca Fernández Pineda, Justiniano Fernández Pineda, Lucinio Fernández Pineda y Cristina Fernández Pineda, ellos juntamente con sus hermanos fallecidos Velisario Fernández Pineda, Benedicto Fernández Pineda, Quintín Fernández Pineda, Lucio Fernández Pineda, José de Jesús Fernández Pineda, Gudelia Fernández Pineda y Enriqueta Fernández Pineda, quienes son declarados Herederos Ab-Intestato, notándose la mala competencia al demandar a las personas equivocas, advierte la recurrente.CONSIDERANDO 7: Que como lo ha dejado plasmado esta Sala en reiteradas sentencias, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; en ese orden de ideas y previo a la interposición de la acción de amparo, el impetrante debe agotar los recursos ordinarios que la ley ha puesto a su disposición para hacer valer sus pretensiones, en el caso de negativa de un órgano jurisdiccional inferior ante sus peticiones, ello en relación al derecho constitucional que le asiste y sólo excepcionalmente interpondrá la garantía de amparo, pues como la misma normativa procesal constitucional lo instituye, la ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, haciendo prevalecer los principios que rigen la garantía de amparo entre ellos la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; lo resaltado a efecto de indicar que el debido proceso se encuentra in situ en el artículo 90 de la Constitución de la República, entendiendo éste como un principio que incluye un sin número de derechos fundamentales como ser el acceso a los tribunales, a ser oído en el proceso, aportación de prueba en igualdad de condiciones, juez imparcial, respeto a los plazos y términos establecidos en la ley, acceso a un recurso sencillo entre otros.CONSIDERANDO 8: Que la garantía de Amparo es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa.CONSIDERANDO 9: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara en su resolución de fecha catorce de agosto del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional de Amparo, agotar los recursos que la ley proporciona.CONSIDERANDO 10: Que es criterio de esta Sala de lo Constitucional conforme a las razones externadas anteriormente, sobreseer la acción de Amparo promovida en fundamento a lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ello sin entrar a valorar cuestiones de fondo en relación a si la sentencia de fecha 16 de febrero del año 2022 dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, vulnera o no los derechos constitucionales invocados por la recurrente, ello ante la latente existencia de una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo, la que al detectarse una vez iniciado el procedimiento, corresponde se proceda a sobreseer las diligencias en el trámite constitucional iniciado; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.7), 49, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1132-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL