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Sentencia AC-1132-20 — Registro 18845

Resumen

La Corte de Apelaciones por mayoría de votos declaró con lugar recurso de apelación y revocó auto dictado por Juzgado de instancia que declaró nulidad de actuaciones a partir del auto de admisión por no haber agotado la vía administrativa como requisito previo para demandar al Estado en vía judicial; En consecuencia, inadmitió a trámite solicitud de cobro de honorarios profesionales debidos y no satisfechos, promovida por Demandantes contra recurrente y se ordenó el archivo de las diligencias; La Corte de Apelaciones ordenó continuar con el proceso, estimó que la exigencia de agotamiento de la vía administrativa no aplica, pues se trata de un proceso de ejecución, dentro del proceso judicial "Jura de cuentas", reclamo del pago de honorarios, de naturaleza ejecutiva pues busca ejecutar un derecho ya declarado. El Magistrado disidente consideró que el cobro de honorarios profesionales (art. 89 del Código Procesal Civil) no es una ejecución forzosa y señala que el recurrente incumplió la técnica del recurso pues no señaló el agravio sufrido, por lo que debía declararse sin lugar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"resulta ratio decidendi en el presente caso, la autorización judicial brindada a la omisión del requisito de procedencia contenido el artículo 414 del Código Procesal Civil, el cual es aplicable, en los términos fijados por las leyes, cuando cualquier entidad de la Administración Pública, esto es; centralizada o descentralizada, concentrada o desconcentrada del Estado, hubiere de ser demandada en un proceso civil por controversias fundadas en Derecho Privado; no admitiéndose la demanda a trámite sino se acompaña certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa previa: “… debiendo vigilar de oficio el Tribunal la concurrencia de este requisito (…).”..."..."de la presente vista constitucional, se colige la efectiva vulneración a la parte recurrente de los derechos constitucionales proclamados en los artículos 1, 82 y 90 de la Carta Magna; mediante la resolución revocatoria adoptada, por mayoría de votos de los miembros de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); respecto a la resolución emanada del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). Ésta, que, en especie, decretó la nulidad absoluta de actuaciones a partir, e inclusive, del auto de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017); en virtud no haberse agotado, por la parte demandante, el reclamo administrativo previo, acorde lo prescrito en el artículo 414 del Código Procesal Civil, lo cual conllevaría a la inadmisión a trámite de la solicitud de cobro de honorarios profesionales, debidos y no satisfechos pretendida en la referida demanda..."..."el haberse generado indefensión a su representación procesal, en vista la adición durante el trámite del respectivo recurso de apelación, de resolutivos sobre asuntos que la parte afectada en ningún momento pudo defenderse, oponerse y/o contraprobar. Resulta claro, para la Sala de lo Constitucional, que lo anteriormente señalado configuraría, prácticamente, la concesión de una extra petita por decisión del Ad Quem, en abierta vulneración al principio dispositivo que rige el ámbito del recurso ordinario de apelación;..."..."En criterio del voto mayoritario del Ad Quem, que la exigencia de tal requisito no debería ser necesario en los procesos de ejecución, por violentar el derecho humano de acceso a la justicia. Sin embargo, tal pronunciamiento resulta de entidad insuficiente para el proceso cognitivo que sustentaría la inaplicabilidad constitucional del enunciado legal en referencia; pues se trata nada más de lineamientos de orden axiológico, enunciados de forma somera e inconcluyente, que no motivan congruentemente y en el fondo, cuál sería la normativa constitucional y/o convencional cuyo enunciado normativo supeditaría, ostensiblemente, a determinar la no vinculatoriedad de la norma legal que, se considera, debe ser inaplicada. Concordado a lo anterior, el artículo 11 del Código Civil dispone que las acciones se ejercitarán en la forma que señalan las leyes, no pudiendo eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; por lo cual, siendo normas de obligatorio cumplimiento, devienen en la obligación de las partes de cumplir con la carga procesal asignada taxativamente por las leyes; no pudiendo quedar librada, en definitiva, la exoneración de tales causales tasadas de admisibilidad procesal, al arbitrio de los Juzgadores..."..."escuchado el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, si bien no de manera vinculante, se considera plausible criterio jurídico expresado; en vista a que el alegato formulado por el recurrente denota violación de las garantías constitucionales concernidas, particularmente en cuanto a la violación del principio de legalidad. Por lo tanto, acorde las disposiciones jurídicas concretas, citadas y motivadas en la presente sentencia, resulta clara la vigencia positiva, validez, eficacia y aplicabilidad constitucional al determinar que el órgano judicial de instancia competente para conocer de la responsabilidad civil del Estado, lo hará hasta constar el agotamiento de la instancia administrativa, como requisito previo para presentar una demanda contra el Estado en vía judicial; acorde a lo dispuesto en el artículo 414 del Código Procesal Civil, conceptos que previa y taxativamente ha establecido la Ley como requisito de procedibilidad. Por ello, debe otorgarse garantía constitucional de amparo por infracción de los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); según ha quedado motivado y circunstanciado en el iter de la presente sentencia...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAVIER ESAU REYES REYES, a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que declaro Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, quien actúa en causa propia, y en su condición de Apoderado Legal del señor JULIO CÉSAR CRUZ BONILLA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en el auto de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil diecinueve (2019) que declara nulidad de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda de mérito, por no haberse agotado la vía administrativa previa; en la demanda de cobro de honorarios profesionales debidos y no satisfechos, intereses y costas promovida por los Abogados ELMER EDDY FUGON MARTINEZ y JULIO CESAR CRUZ BONILLA, contra el FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JULIO CESAR CRUZ BONILLA, interponiendo Solicitud de cobro de honorarios profesionales debidos y no satisfechos, intereses y costas. (Folio 1 al 3 de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha siete (7) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, la representación procesal del Estado, a través del Abogado JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MAYORGA; presentando Nulidad de Actuaciones por no haber agotado la vía administrativa previa, requisito ineludible para demandar en derecho privado al Estado de Honduras; prescindiendo de normas de procedimientos, en violencia al debido proceso; nulidad a partir del auto de admisión, en la demanda de cobro de honorarios profesionales debidos y no satisfechos, intereses y costas, promovida por el Abogado JULIO CESAR CRUZ BONILLA, contra el FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI). (folios 141 al 143 de la pieza del Juzgado). 3) Que en continuación de Audiencia de Nulidad celebrada en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, “RESOLVIÓ: DECRETAR NULIDAD DE ACTUACIONES a partir e inclusive del auto de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil diecisiete (2017), en virtud de que el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, no agotó la vía del reclamo administrativo previa de acuerdo al artículo 414 del Código Procesal Civil, en consecuencia; PRIMERO: INADMITASE A TRAMITE la presente solicitud de cobro de honorarios profesionales debidos y no satisfechos, promovida por el Abogado JULIO CESAR CRUZ BONILLA, quien actúa en su condición personal.- SEGUNDO: Por medio de la Secretaria del despacho se devuelvan los documentos que le interesen al compareciente.- TERCERO: Archívense las presentes diligencias, sin ulterior desarrollo.- CUARTO: Contra esta resolución cabe Recurso de Apelación en los términos que la Ley establece.- Dejando subsistente únicamente los poderes con los que actúan los Representantes procesales de ambas partes.- Se les pregunta a las partes si tiene algo que agregar antes de dar por finalizada la presente audiencia.- Cediéndole la palabra a la parte Demandante quien manifiesta: Voy a hacer uso de los recursos establecidos en la Ley.- Se le cede la palabra al Representante Legal del Estado de Honduras: No, estoy Conforme. -(Folios 227 al 228 de la pieza del Juzgado). 4) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), dictó Resolución mediante la cual, por mayoría de votos de sus miembros: “FALLÓ: “PRIMERO: declarar con lugar EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, quien actúa en causa propia y en su condición de apoderado legal del señor JULIO CESAR CRUZ BONILLA.- SEGUNDO: REVOCA la resolución contenida en audiencia de continuación de nulidad de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), que declara nulidad de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017).- TERCERO: Que se continúe con la tramitación normal del proceso.- CUARTO: SIN COSTAS. (Folio 46 al 56 de la pieza de Corte de Apelaciones). 5) Que el recurrente Abogado JAVIER ESAU REYES REYES, compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, en fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a que se ha hecho referencia en el numeral que antecede; la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82 y 90 de de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintiuno (2021). Ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folio 36 de la pieza de amparo) 6) Que con fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud haber vertido pronunciamientos que no fueron recurridos por la parte apelante, quien no desarrolló en su escrito de apelaciones cuáles eran los agravios causados; inobservando con ello lo dispuesto en los artículos 414 del Código Procesal Civil y 146 al 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto exige agotar la instancia administrativa como requisito previo para presentar una demanda contra el Estado en vía judicial; por lo que, ante la falta de tal requisito, no se tenía más opción que confirmar el auto de nulidad decretado por el A – Quo. No haciéndolo así, se vislumbra la violación al debido proceso y al principio dispositivo, señalada por el amparista. Asimismo, se observa el yerro incurrido por la Alzada, en cuanto a sus fundamentos de derecho, al señalar que el cobro de honorarios profesionales constituye un proceso ejecutivo, cambiando la adecuación del proceso declarativo al ejecutivo, lo que a criterio del amparista no procede, ya que el título que se pretende ejecutar no cumple con los requisitos de un título ejecutivo. Todo ello, bajo el amparo de los artículos 82, 90 y 321 de de la República. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen. CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en la presente vista, la sentencia proferida por mayoría de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), resolutivo que obra íntegramente transcrito en el Antecedente 4) de la presente sentencia; contando entre sus principales elementos motivadores, el voto mayoritario: que la exigencia de agotamiento de la vía administrativa del artículo 414 del Código Procesal Civil no aplicaba, por no tratarse de procesos declarativos, sea ordinarios o abreviados; tratándose, en el presente caso, de un proceso de ejecución; el cual se encuentra enmarcado dentro del proceso judicial denominado “Jura de cuentas”, o reclamo del pago de honorarios; procedimiento de naturaleza ejecutiva, de carácter especial, para hacer efectivo el reclamo efectuado por los abogados en el ejercicio de sus funciones, el cual, a diferencia del proceso declarativo ordinario y abreviado, busca ejecutar un derecho ya declarado. Finalmente, e invocando preceptos convencionales y la aplicación de la sentencia recaída en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, del 24 de noviembre de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; determinó la mayoría del Tribunal que la exigencia de agotamiento de vía administrativa, exigida en el artículo 414 del Código Procesal Civil, no resulta necesaria o exigible en los procesos de ejecución, por violentar el derecho humano de acceso a la justicia; siendo relevante, en tal respecto, revocar la sentencia objeto del recurso de apelación, a efecto se ordene la continuación normal del proceso. CONSIDERANDO (4): Que, por otra parte, resulta relevante conocer el contenido del voto particular disidente vertido por el Magistrado Carlos Alberto IZAGUIRRE BUSTILLO, a efecto de mejor proveer en la presente vista constitucional; en el cual se razonó que el cobro de honorarios profesionales basado en el artículo 89 de la norma adjetiva tiene un proceso especial bien detallado, del cual resulta que el auto de ejecución se da en un momento posterior al pronunciamiento judicial que resulta de dicha especialidad procesal, el cual, sería el título judicial a ejecutar; lo cual no ocurre en el caso de autos, pues el cobro de honorarios profesionales regulado en el artículo 89 del Código Procesal Civil, no es una ejecución forzosa. Aunado a lo anterior, señala el Magistrado disidente, que el recurrente ha incumplido la técnica del recurso, pues no ha plasmado los requisitos necesarios para el recurso de apelación, tales como señalar el perjuicio o agravio sufrido, o bien, la finalidad del mismo; por lo cual debía declararse sin lugar el recurso en referencia. CONSIDERANDO (5): Que, en interposición del recurso de amparo, expresó el Abogado JAVIER ESAU REYES REYES, que ocurría en su calidad de Procurador Judicial y Representante procesal a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA, contra la sentencia a que se ha hecho anterior referencia. Manifiesta que los preceptos constitucionales vulnerados a su representación procesal son los preceptuados en los artículos 1, 82 y 90 de de la República, los cuales transcribe en su literalidad. Considera el recurrente, que estos fueron violentados por una serie de motivos que disminuyen, restringen y tergiversan las declaraciones, derechos y garantías que amparan al Estado de Honduras; particularmente lo concerniente al derecho de defensa, al debido proceso y al principio de legalidad, los cuales deben prevalecer en todo proceso judicial. Señalando como perjuicio constitucional sufrido por su representación procesal que, al revocar la Corte de Apelaciones Civil, el auto de fecha 17 de octubre del año 2019 que declara nulidad de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017), se transgrede la tutela judicial efectiva; pues pretende habilitar el Ad Quem la no valoración de un requisito indispensable a efecto de demandar al Estado y sus instituciones, tal como es; el agotar la instancia administrativa previa en derecho privado, según se encuentra normativizado en los artículos 146 al 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo 414 del Código Procesal Civil, cuya aplicación legal es taxativa. CONSIDERANDO (6): Que en la Ley del Fondo Social para la Vivienda, ahora denominada FOSOVI, en su artículo número uno (1), se establece que es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, de interés público, de duración indefinida y dentro de los límites de la presente Ley, con patrimonio propio e independencia administrativa, técnica y financiera; Así como también en el artículo 11 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, en cuanto a la competencia de los órganos administrativos de celebrar contratos de la administración, estando dentro de la Administración Central, los titulares de órganos desconcentrados de acuerdo con las normas de su creación y siendo que el Fosovi es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República; en la que maneja fondos públicos del Estado, es por eso que la celebración de los contratos realizados por ella son de administración Pública. CONSIDERANDO (7): Que, con relación a la infracción del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, sostiene el amparista que, la resolución dictada la Alzada, vulnera sus derechos constitucionales; en vista a no derivarse una sentencia motivada y congruente con lo inicialmente solicitado, conforme al procedimiento establecido; ya que es una resolución carente de los requisitos elementales exigibles a las resoluciones judiciales, como es su justificación racional, expresada mediante un razonamiento lógico concreto, particularmente atinente a la causa bajo juzgamiento. Sostiene aquí, el garantista, que no se siguió el debido proceso legal para la obtención de una sentencia motivada y congruente, en su perjuicio, partiendo de que la Corte Ad Quem ha manifestado que, el cobro de honorarios profesionales constituye un proceso ejecutivo. Sin embargo, tal parecer es erróneo, pues se trata de un asunto que se debió tramitar bajo las normas procesales que regulan los procesos declarativos, particularmente, bajo un proceso ordinario; de conformidad a los artículos 398 y 399, ambos del Código Procesal Civil; toda vez que ni siquiera se cumple con el requisito de allegar cumplido título ejecutivo, conforme a lo que establecen taxativamente los artículos 751 y 782 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (8): Que, con relación al último aspecto de su reclamación constitucional, como es la infracción al derecho de defensa, con relación al principio de legalidad, esgrime el amparista que, la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil competente se encontraba sustentada en la ley aplicable, que establece que, ante la falta de un requisito claro y taxativamente establecido en la ley, no tenía el Ad Quem más opción que confirmar el auto de nulidad dictado por el A Quo y que, al no hacerlo así, han vedado a su representación procesal las expresadas garantías constitucionales, dado que el derecho de defensa se encuentra íntimamente vinculado al derecho de igualdad, aportación de parte y al principio de congruencia. Es importante enfatizar, a este respecto, que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, emitió, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), un fallo incongruente con los hechos debatidos en el proceso, vulnerando con ello, el proceso dispositivo; pues según se desprende de los antecedentes, no señaló el demandante los agravios y los fundamentos de derecho para que el tribunal de Alzada modificará el tipo de proceso, de declarativo a ejecutivo; lo cual se resolvió en vulneración al principio dispositivo, y, por consiguiente, al derecho de defensa. Finalmente, puntualiza el garantista que, tal proceder no resulta de manera alguna justificado, ni siquiera por la invocación del principio Iura novit curia, que hace el Tribunal de Alzada, a efecto de sobrepasar los límites del principio dispositivo; pues tal innovación principialista debe respetar, en todo caso, los hechos alegados y la causa de pedir, siendo ajeno a su naturaleza resolver asuntos que nunca han sido objeto de debate, o materia de agravio, en un recurso devolutivo. Por todo lo cual solicitó, aunado al otorgamiento de medidas cautelares; que se otorgue finalmente el presente recurso de amparo, restaurando el orden constitucional violentado, ordenando a la Corte de Apelaciones Civil la ratificación del auto de fecha 17 de octubre del año 2019. CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (10): Que, por ende, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les haya atribuido, lo cual compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto en la esfera de sus atribuciones. CONSIDERANDO (11): Que, el artículo 183 de de , en el numeral 2 establece que el Estado reconoce de Amparo para que se declare en casos concretos que una resolución acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. CONSIDERANDO (12): Que la garantía del debido proceso que reconoce nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces en particular, o a la Administración Pública, en general; para obtener una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Se asegura así que para que exista una declaración, condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir cumplidamente un debido proceso; conglobante al derecho de petición y de inviolabilidad del derecho de defensa, en el marco del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (13): Que resulta ratio decidendi en el presente caso, la autorización judicial brindada a la omisión del requisito de procedencia contenido el artículo 414 del Código Procesal Civil, el cual es aplicable, en los términos fijados por las leyes, cuando cualquier entidad de la Administración Pública, esto es; centralizada o descentralizada, concentrada o desconcentrada del Estado, hubiere de ser demandada en un proceso civil por controversias fundadas en Derecho Privado; no admitiéndose la demanda a trámite sino se acompaña certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa previa: “… debiendo vigilar de oficio el Tribunal la concurrencia de este requisito (…).” CONSIDERANDO (14): Que, de la presente vista constitucional, se colige la efectiva vulneración a la parte recurrente de los derechos constitucionales proclamados en los artículos 1, 82 y 90 de la Carta Magna; mediante la resolución revocatoria adoptada, por mayoría de votos de los miembros de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); respecto a la resolución emanada del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). Ésta, que, en especie, decretó la nulidad absoluta de actuaciones a partir, e inclusive, del auto de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017); en virtud no haberse agotado, por la parte demandante, el reclamo administrativo previo, acorde lo prescrito en el artículo 414 del Código Procesal Civil, lo cual conllevaría a la inadmisión a trámite de la solicitud de cobro de honorarios profesionales, debidos y no satisfechos pretendida en la referida demanda. CONSIDERANDO (15): Que, aunado a lo anterior se agrega en interposición del amparo, el haberse generado indefensión a su representación procesal, en vista la adición durante el trámite del respectivo recurso de apelación, de resolutivos sobre asuntos que la parte afectada en ningún momento pudo defenderse, oponerse y/o contraprobar. Resulta claro, para la Sala de lo Constitucional, que lo anteriormente señalado configuraría, prácticamente, la concesión de una extra petita por decisión del Ad Quem, en abierta vulneración al principio dispositivo que rige el ámbito del recurso ordinario de apelación; el cual, al parecer, se vería técnicamente soslayado con el tenor de la resolución conocida en amparo. CONSIDERANDO (16): Que, finalmente, llama la atención el Ad Quem respecto a las bases convencionales en materia de derechos humanos, que serían relativas a la supuesta inaplicabilidad del artículo 414 del Código Procesal Civil, el cual resulta taxativo en determinar la exigencia de agotamiento de vía administrativa. En criterio del voto mayoritario del Ad Quem, que la exigencia de tal requisito no debería ser necesario en los procesos de ejecución, por violentar el derecho humano de acceso a la justicia. Sin embargo, tal pronunciamiento resulta de entidad insuficiente para el proceso cognitivo que sustentaría la inaplicabilidad constitucional del enunciado legal en referencia; pues se trata nada más de lineamientos de orden axiológico, enunciados de forma somera e inconcluyente, que no motivan congruentemente y en el fondo, cuál sería la normativa constitucional y/o convencional cuyo enunciado normativo supeditaría, ostensiblemente, a determinar la no vinculatoriedad de la norma legal que, se considera, debe ser inaplicada. Concordado a lo anterior, el artículo 11 del Código Civil dispone que las acciones se ejercitarán en la forma que señalan las leyes, no pudiendo eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; por lo cual, siendo normas de obligatorio cumplimiento, devienen en la obligación de las partes de cumplir con la carga procesal asignada taxativamente por las leyes; no pudiendo quedar librada, en definitiva, la exoneración de tales causales tasadas de admisibilidad procesal, al arbitrio de los Juzgadores. CONSIDERANDO (17): Que escuchado el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, si bien no de manera vinculante, se considera plausible criterio jurídico expresado; en vista a que el alegato formulado por el recurrente denota violación de las garantías constitucionales concernidas, particularmente en cuanto a la violación del principio de legalidad. Por lo tanto, acorde las disposiciones jurídicas concretas, citadas y motivadas en la presente sentencia, resulta clara la vigencia positiva, validez, eficacia y aplicabilidad constitucional al determinar que el órgano judicial de instancia competente para conocer de la responsabilidad civil del Estado, lo hará hasta constar el agotamiento de la instancia administrativa, como requisito previo para presentar una demanda contra el Estado en vía judicial; acorde a lo dispuesto en el artículo 414 del Código Procesal Civil, conceptos que previa y taxativamente ha establecido la Ley como requisito de procedibilidad. Por ello, debe otorgarse garantía constitucional de amparo por infracción de los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); según ha quedado motivado y circunstanciado en el iter de la presente sentencia. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de de ; 1 y 25 de sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1132-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.