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Sentencia AC-1109-19 — Registro 16953

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo recurrido que declaró sin lugar Denuncia de Obra Nueva, así como el pago de daños y perjuicios y ordenó alzar la prohibición de la Suspensión provisional de la obra decretada, sin perjuicio de las acciones que la parte vencida pueda ejercer; Acción promovida por recurrente contra Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano; La Autoridad recurrida considera que los supuestos errores en la redacción en los Antecedentes y errores en actos procesales alegados no fueron atacados conforme la técnica recursiva y no se pidió nulidad del proceso considerándolas convalidadas al no atacarse conforme a ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"con las respuestas a los temas fundamentales expuestos por el recurrente en su escrito de Amparo, es importante en este punto establecer que, en relación a la apelación diferida, el precepto 708 del CPC, dispone que cuando se interponga recurso de apelación contra autos en los casos que expresamente señale ese código, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de primera instancia. Siendo acertada y conforme a ley la respuesta brindada por la Alzada en el acápite décimo tercero, al argumentar que, las apelaciones diferidas contra las resoluciones de fecha 21 de marzo, 18 de mayo y 7 de noviembre todas del año 2018, no se reprodujeron en el escrito de expresión de agravios que se resuelve, que específicamente la petición del recurso de limita a pedir la revocación de la sentencia impugnada y por ende dicho Tribunal no se pronuncia sobre las mismas..."..."el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió de base para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia carente de la motivación debida y congruente, que se exige en las resoluciones judiciales, como lo indica el recurrente; respetando con ello los derechos que aduce el amparista vulnerados, pues se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca el impetrante como vulnerados..."..."esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en los artículos 200, 206, 207, 208, 701.3, 705 y 715.1.2 del Código procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la defensa, debido proceso, derecho a ser oído y contradicción entre otros..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"con las respuestas a los temas fundamentales expuestos por el recurrente en su escrito de Amparo, es importante en este punto establecer que, en relación a la apelación diferida, el precepto 708 del CPC, dispone que cuando se interponga recurso de apelación contra autos en los casos que expresamente señale ese código, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de primera instancia. Siendo acertada y conforme a ley la respuesta brindada por la Alzada en el acápite décimo tercero, al argumentar que, las apelaciones diferidas contra las resoluciones de fecha 21 de marzo, 18 de mayo y 7 de noviembre todas del año 2018, no se reprodujeron en el escrito de expresión de agravios que se resuelve, que específicamente la petición del recurso de limita a pedir la revocación de la sentencia impugnada y por ende dicho Tribunal no se pronuncia sobre las mismas..."..."el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió de base para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia carente de la motivación debida y congruente, que se exige en las resoluciones judiciales, como lo indica el recurrente; respetando con ello los derechos que aduce el amparista vulnerados, pues se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca el impetrante como vulnerados..."..."esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en los artículos 200, 206, 207, 208, 701.3, 705 y 715.1.2 del Código procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la defensa, debido proceso, derecho a ser oído y contradicción entre otros..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA, a favor del señor ROQUE SAUL RODRIGUEZ RIVERA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que falla declarando sin lugar la denuncia de Obra Nueva, con relación a la demanda por la vía del Procedimiento Abreviado, para la suspensión de Obra Nueva, promovida por el Abogado Saúl Antonio Rodríguez Medina, en su condición de representante procesal del señor ROQUE SAUL RODRIGUEZ RIVERA contra la ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos Constitucionales contenidos en los artículos 1, 60, 61, 80, 82, 90, 103, 303, 304 y 305 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA, actuando en su condición de Representante procesal del señor ROQUE SAUL RODRIGUEZ RIVERA, presentando demanda por la vía del procedimiento abreviado consistente en la suspensión de Obra Nueva, contra la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, a través de su Representante Legal el señor Jeffrey Lansdale. (Folios del 1-4 de la pieza principal de antecedentes del A-Quo) 2) Que seguido que fue el trámite, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha ocho (08) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR LA DENUNCIA DE OBRA NUEVA interpuesta por el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA en su condición de representante procesal del Señor ROQUE SAUL RODRIGUEZ RIVERA contra la ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO a través de su representante legal el señor JEFFREY LANSDALE, por las razones supra consideradas.- SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR el pago de daños y perjuicios. TERCERO: Mandar alzar la prohibición de Suspensión Provisional de la Obra Decretada, sin perjuicio a las acciones que la parte vencida pueda ejercer”. (Folios del 319–327 de la pieza principal de antecedentes del A-Quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA en su condición antes indicada, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y que se deja relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación.- SEGUNDO: Confirmando la sentencia recurrida.- TERCERO: Con costas al recurrente, en esta instancia…” (Folios del 55-75fv de la Pieza de antecedentes del Ad-Quem) 4) Que el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo recurso de amparo a favor del señor ROQUE SAUL RODRIGUEZ RIVERA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral que antecede, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 1, 60, 61, 80, 82, 90, 103, 303, 304 y 305 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veinte (2020), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho (48) horas a efecto de emitir el correspondiente Dictamen. (Folios del 01-21 y 133 de los autos)5) Que en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud de no apreciar la infracción de los derechos constitucionales invocados por el amparista”. Argumenta la Fiscal del Despacho que el Ministerio Público estima que el razonamiento externado por el Ad-quem en su fallo no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el amparista, ya que como bien lo cita la Corte de Apelaciones en el tercer considerando del apartado “Fundamentos de Derecho”, el artículo 715 del Código Procesal Civil establece la posibilidad del tribunal de segunda instancia de apreciar las infracciones procesales incurridas en primera instancia, en cuyo caso deberá tomar en consideración si los actos procesales llevan como consecuencia la nulidad de parte o todo lo actuado en el tribunal de primera instancia. Circunstancia que, a criterio del Ad-quem, no concurre, al explicar que los vicios y yerros alegados por el recurrente en los primeros cinco agravios deben desestimarse en tanto ataca errores incurridos en la redacción de los Antecedentes; de igual manera, en cuanto a los errores de otros actos procesales, como ser el acta de reconocimiento judicial y la falta de grabación de la audiencia, la Alzada desestima los mismos por considerar que estos supuestos errores no fueron atacados conforme la técnica recursiva correspondiente, y no llevan aparejada la nulidad del mismo. Continua argumentando la Fiscal del Despacho que, consecuente con lo anterior, esa representación fiscal comparte el razonamiento de la Alzada, en cuanto a no ser procedente pronunciarse sobre los recursos de apelación diferidas contra las resoluciones de fecha 21 de marzo, 18 de mayo y 7 de noviembre todas del año 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 708 del Código Procesal Civil, el cual establece que los agravios deberán sustanciarse no al momento de interponer el recurso, sino que quedan reservados hasta el momento en que se recurra la sentencia definitiva correspondiente, lo cual no aconteció en el caso de autos, ya que los mismos no se reprodujeron en el escrito de expresión de agravios que se resuelve, pese a que los autos mediante los cuales se tienen por interpuestos los recursos de apelación diferida (Ver folios 174 y 306 de la pieza principal), se advierte que dicho recurso quedara condicionado a que la parte reitere la expresión de agravios en la apelación y que el punto tenga trascendencia en la resolución final; consecuentemente este recurso tiene efecto únicamente si el actor reitera su intención de apelar el incidente al mismo tiempo que recurra la sentencia y que éste continúe siendo relevante en relación a la sentencia definitiva. (Folio 142–147 y 149 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Saúl Antonio Rodríguez Medina, en su condición de Apoderado Legal del señor Roque Raúl Rodríguez Rivera, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, que declara Sin Lugar la Denuncia de Obra Nueva promovida por el Abogado Saúl Antonio Rodríguez Medina, en su condición antes indicada. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo viola o amenaza los artículos 1, 60, 61, 80, 82, 90, 103, 303, 304 y 305 de la Constitución de la República. El impetrante en sendas exposiciones indica que la Corte de Apelaciones se aleja de su función jurisdiccional taxativamente establecida en el artículo 705 del Código Procesal Civil, en su lugar juzga al recurrente y olvida la sentencia del Juez de Letras, verdadero objeto de su análisis, en relación al escrito de apelación. Cita asimismo el impetrante el articulo 715.1 y 2 del CPC, argumentando que a través del recurso de apelación también se puede anular la sentencia y/o actuaciones procesales, ya sea parcial o totalmente, de tal forma que la Corte ignora sus funciones, atribuciones y facultades respecto a la decisión que deberá tomar frente al análisis de un Recurso de Apelación. Sostiene el recurrente que se violenta el artículo 705 del CPC en cuanto a la función de la Corte de Apelaciones respecto al análisis del recurso de apelación, relacionado con la MOTIVACÓN, EXHAUSTIVIDAD, CLARIDAD, PRECISIÓN y CONGRUENCIA, como requisito que debe tener toda sentencia y taxativamente descritos en los artículos procesales 206, 207 y 208 del CPC, también relacionados con el artículo 200 (contenido de las sentencias). La arbitrariedad queda prohibida, una sentencia que carezca de motivación o que ésta sea insuficiente, indica que el derecho a ser oído no fue aplicado, que el derecho a defenderse no fue aplicado, que el derecho a contradecir no fue aplicado, que el derecho al debido proceso no fue aplicado y por consiguiente la violación de derechos y garantías constitucionales ya indicados.CONSIDERANDO (4): Que, en relación a toda la argumentación expuesta por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional observa que el recurrente se enfoca en los siguientes puntos a saber: a) Que la Corte de Apelaciones se aleja de su función jurisdiccional establecida en los artículos 701.3, 705 y 715.1 y 2 del CPC. Ello porque a través del recurso de apelación también se puede anular la sentencia y/o las actuaciones procesales ya sea parcial o totalmente; b) La resolución emitida carece de los requisitos esenciales que debe reunir una sentencia como ser motivación, exhaustividad, claridad, precisión y congruencia; y, c) No existe normativa procesal o sustantiva que indique que los agravios de las apelaciones diferidas deban reproducirse en el escrito de apelación de la sentencia definitiva y que de no hacerlo el Tribunal quedará eximido de su pronunciamiento. CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados inter alia son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados, los relaciona en primer lugar con la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 701.3, 705 y 715.1 y 2 del CPC. Los preceptos de la ley adjetiva en comento, se relacionan con el ámbito del recurso de apelación, la finalidad y alcance de la apelación. Asimismo, se invoca la vulneración de los artículos 200, 206, 207 y 208 de la misma normativa ello en atención a la falta de motivación, exhaustividad, claridad, precisión y congruencia en la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (7): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.CONSIDERANDO (8): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, debe ser de obligatorio cumplimiento por los Jueces civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”. CONSIDERANDO (9): Que la resolución emitida por el Ad-quem resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido y consecuencia de ello, confirma la sentencia recurrida; siguiendo ese orden de ideas, la sentencia recurrida en Amparo se muestra lo suficientemente motivada, clara precisa y congruente a efecto de dar respuesta a cada uno de los planteamientos expuestos en el recurso de apelación. Observa esta Sala de lo Constitucional que la Alzada en los fundamentos de derecho realiza una argumentación congruente con la norma procesal aplicable a cada uno de los planteamientos expuestos en el recurso de apelación, en el acápite tercero se concluye “… Vemos entonces que los primeros cinco agravios expresados por el recurrente, deben desestimarse en tanto ataca errores de redacción de los antecedentes de hechos, omisiones de prueba evacuados; pero no alega la falta de valoración de esos medios probatorios que dicen fueron admitidos y que la juzgadora omitió relacionar en los antecedentes de hecho, errores de otros actos procesales, como los que señala en relación al acta del reconocimiento judicial.- vemos que el recurrente, no pide la nulidad de actuaciones; errando en la técnica recursiva.”; aunado a ello en atención a la nulidad de actuaciones la Alzada en respuesta a los argumentos expuestos por el apelante, le indica en el acápite sexto que: “… sin embargo, vemos como el recurrente se limita a solicitar la revocación de la sentencia, aun a pesar de señalar que la sentencia contiene vicios, omitiendo pedir la nulidad del fallo impugnado…”; más adelante en el acápite octavo reitera la Alzada: “En relación a los vicios y errores durante la tramitación del proceso, alegados también como agravios, los mismos deben desestimarse en tanto en el recurso no se pide la nulidad del proceso y porque se consideraran convalidadas al no atacarse de la forma prevista en ley.- Artículos 212, 214, 215 del CPC.” Si bien es cierto el artículo 715 del CPC, faculta al tribunal revisor a apreciar de oficio infracciones de índole procesal o de otra clase, éstas infracciones para que generen una nulidad de actuaciones, deben ser consideradas infracciones graves a la norma legal, que haya producido indefensión a alguna de las partes y con ello la vulneración de derechos fundamentales. Aunado a ello, los argumentos expuestos en la sentencia que se recurre, van dirigidos a orientar al apelante a que la técnica recursiva utilizada no fue la correcta, pues se limita a solicitar la revocación de la sentencia, aun a pesar de señalar que la sentencia contiene vicios, omitiendo pedir la nulidad del fallo impugnado. Ello en atención a los parámetros establecidos en el artículo 701 del CPC, decidiendo el tribunal en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y vinculados por los motivos alegados por el recurrente. CONSIDERANDO (10): Que los actos de las partes y de los órganos jurisdiccionales, mediante los cuales la Litis “procede” desde su comienzo hasta su resolución y cuyo conjunto se denomina procedimiento, deben someterse a determinadas condiciones de lugar, de tiempo, de medios de expresión; estas condiciones de llaman formas procesales en sentido estricto. En un sentido más amplio, pero menos propio, llámense formas los mismos actos necesarios en el proceso, en cuanto que, estando coordinados a la actuación de un derecho sustantivo, tienen carácter de forma respecto de la sustancia. En general, la doctrina relaciona la nulidad procesal con un defecto de forma en el ejercicio o desarrollo del acto procesal, como una sanción al acto irregular; con el incumplimiento de algún requisito que la ley prescribe para la validez del acto; con la sanción civil o penal que la ley establece como reacción a la violación del procedimiento establecido; como una consecuencia lógica del incumplimiento de aquellas formas a las cuales la ley atribuye determinados efectos; como un estado de anormalidad del acto; como una privación de efectos imputada a los actos del proceso; una sanción de ineficacia con que la ley castiga los actos de procedimiento cuando se ha faltado a trámites esenciales o para cuyo defecto las leyes dispongan expresamente la nulidad, etc. La doctrina suele relacionar la nulidad procesal con la vulneración o infracción de los requisitos de los actos procesales. La teoría del carácter extrínseco de la nulidad, idea del jurista francés Japiot, es seguida por varios juristas, en la que se explica la nulidad como una sanción, y ello quiere decir que, frente a una determinada irregularidad en el ejercicio de un acto procesal, que causa un perjuicio importante a alguna de las partes, el ordenamiento reacciona y elimina los efectos del acto viciado. El jurista Yélamos Bayarrí expresa que “existen multitud de formulaciones, ya que no todo desajuste causa la nulidad, solo las más graves y de normas imperativas”. En forma similar se pronuncia Lourido Rico al sostener que “esta caracterización admite diversas formulaciones, puesto que se suele admitir que ni cualquier infracción de una norma legal lleva aparejada la sanción de nulidad, sino solo las más graves y solo las de las normas imperativas, ni es exclusivamente la infracción a un precepto positivo la determinante de nulidad sino también la falta de los requisitos indispensables para que el acto alcance su finalidad”. CONSIDERANDO (11): Que, en el acápite sexto de los fundamentos de derecho, la Alzada argumenta que: “… Lejos de lo que el recurrente considera errores de la sentencia impugnada, vemos como la juzgadora ha valorado las pruebas de forma independiente y en su conjunto las pruebas practicadas, concluyendo que el demandante no ha acreditado en el juicio estar en posesión de la franja de terreno donde se colocó la tubería por parte de la demandada, apoyándose no solo en el reconocimiento judicial, también en la prueba pericial aportada al proceso y sosteniendo su tesis de la carga probatoria, que obligaba al demandante acreditar que él estaba en posesión del inmueble donde la demandada estaba colocando la tubería, lo que no ha conseguido, dado que tal como lo ha señalado la A quo, no es suficiente la documental aportada al juicio, y porque la Juez ha señalado que la prueba testifical tampoco sirvió para acreditar la posesión, haciendo su valoración de manera correcta, a juicio del tribunal”; es así que se aprecia, que la Alzada en cumplimiento a lo establecido en el artículo 705 del CPC, en relación a la finalidad del recurso de apelación, ha procedido a la revisión de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.CONSIDERANDO (12): Que, continuando con las respuestas a los temas fundamentales expuestos por el recurrente en su escrito de Amparo, es importante en este punto establecer que, en relación a la apelación diferida, el precepto 708 del CPC, dispone que cuando se interponga recurso de apelación contra autos en los casos que expresamente señale ese código, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de primera instancia. Siendo acertada y conforme a ley la respuesta brindada por la Alzada en el acápite décimo tercero, al argumentar que, las apelaciones diferidas contra las resoluciones de fecha 21 de marzo, 18 de mayo y 7 de noviembre todas del año 2018, no se reprodujeron en el escrito de expresión de agravios que se resuelve, que específicamente la petición del recurso de limita a pedir la revocación de la sentencia impugnada y por ende dicho Tribunal no se pronuncia sobre las mismas.CONSIDERANDO (13): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió de base para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia carente de la motivación debida y congruente, que se exige en las resoluciones judiciales, como lo indica el recurrente; respetando con ello los derechos que aduce el amparista vulnerados, pues se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca el impetrante como vulnerados.CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en los artículos 200, 206, 207, 208, 701.3, 705 y 715.1.2 del Código procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la defensa, debido proceso, derecho a ser oído y contradicción entre otros.CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 200, 206, 207, 208, 701.3, 705 y 715.1.2 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA, a favor del señor ROQUE SAÚL RODRIGUEZ RIVERA, contra la sentencia de fecha VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Dubón Villeda.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., once de agosto del año dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA, en su condición de Representante Procesal del señor ROQUE SAÚL RODRIGUEZ RIVERA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, dos (2) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA, a favor del señor ROQUE SAÚL RODRIGUEZ RIVERA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandante señor ROQUE SAÚL RODRIGUEZ RIVERA. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso argumentando que la resolución que por este acto impugna, emite su criterio basada en los mismos con los que la Corte Primera de Apelaciones baso su resolución, generado transgresión a la norma que establece la independencia e imparcialidad de los jueces, tribunales y/o salas y en consecuencia infracción grave a normas imperativas y el incumplimiento de requisitos indispensables para que el acto alcance su fin y por ende la nulidad de la sentencia definitiva. Dice el peticionario que no fue oído, no se atendió la petición, la motivación de la sentencia es incompleta, lo que nos lleva a una nulidad de la sentencia definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional en virtud de los agravios ocasionados. Sostiene asimismo el quejoso que la resolución omite pronunciarse sobre el sin número de vicios, contradicciones, omisiones y vulneración de normas sustantivas, procesales y constitucionales que son señaladas en el escrito de Recurso Amparo y Recurso de Apelación. Continúa exponiendo el recurrente que se omite pronunciarse acerca de los medios probatorios ofertados, la inaplicación de la sana critica, la falta de valoración y la omisión de relacionarlos entre sí. Señala también que el artículo 715 del Código Procesal Civil, lleva implícita la potestad, facultad del juez de revocar, anular la resolución del A-quo, así como de esta Sala del Ad-quem, por lo tanto el examen de los hechos y derecho del expediente y del escrito recursivo es obligatorio y no opcional para el juez, tribunal y Sala y por ende no es limitante únicamente a lo pedido o no pedido, es facultad y potestad del juez, tribunal y Sala decidir sobre la cosa litigiosa conforme al derecho, la sana critica, la valoración del conjunto de las pruebas y no solo de algunas de ellas, pues daría lugar a la arbitrariedad, por citar una. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto de que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho. CONSIDERANDO (5): Que se muestra imperativo reiterar que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha dos de marzo del presente año dos mil veintitrés, se advierte que el recurrente alega cuestiones de mera legalidad que no son susceptibles a ser dilucidados a través de la garantía de Amparo; el peticionario dice que se omite pronunciarse acerca de los medios probatorios ofertados. En relación a esta premisa, es reiterada jurisprudencia emanada de este Tribunal de Justicia Constitucional, que no es competencia de la Sala pronunciarse en relación a establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, criterio asumido por este Alto Tribunal en diferentes sentencias. Compete a la Sala de lo Constitucional, como se ha manifestado en reiteradas sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad. Argumenta también el peticionario que la sentencia carece de motivación y emite su criterio basado en los mismos de la Corte Primera de Apelaciones; sobre este elemento de apreciación, en el fallo emitido y en el considerando número 8, se desarrolla lo atinente a la motivación de las resoluciones, en atención a concluir que la sentencia recurrida y que fuere dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se muestra lo suficientemente motivada, clara, precisa y congruente a efecto de dar respuesta a cada uno de los planteamientos expuestos en el recurso de apelación. En relación a que la sentencia emitida por esta Sala se fundamenta en los mismos criterios de la Corte de Apelaciones, de la foliada de la sentencia, se observa que se hace una relación de los argumentos vertidos por la autoridad recurrida, para concluir que se comparte ese criterio, por ello se deniega el recurso de Amparo promovido, todo ello debidamente fundamentado en relación a los actos contra los cuales procede la nulidad; si bien el artículo 715 faculta al juez a declarar nulidad de actuaciones, dicha actuación debe apreciarla el juzgador y en el caso sub júdice, la Corte recurrida no la aprecio y el apelante no la expuso como argumentos en sus agravios, por ello la decisión del Tribunal Ad-quem conforme la normativa aplicable al caso en concreto. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha dos (2) de marzo del presente año dos mil veintitrés (2023), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de de ; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SAUL ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha dos (2) de marzo del presente año dos mil veintitrés (2023), por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés y de la Resolución de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-109-2019.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.