Sentencia AC-1019-22 — Registro 15914
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó la acción de amparo en relación a la demanda. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 80, 90 y 305 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “- CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le ha violentado el derecho a la propiedad privada y el derecho al debido proceso e igualdad de las partes, debiéndose declarar con lugar el amparo, por existir un riesgo eminente de que el inmueble en litigio pueda ser libremente traspasado a cualquier título por los que aparentan ser sus propietarios, ordenando se dicte sin citación de la parte contraria, la medida cautelar de anotación preventiva de demanda sin audiencia de la parte contraria y sobre el asiento registral de dos inmuebles, que se exima a la parte solicitante del otorgamiento de caución por las razones legitimadoras expuestas, todo ello debido a la mora judicial que ahora produce el fallecimiento de uno de los demandados, básicamente el principio de los demandados, y se ha quedado a la espera de que aparezcan y se reconozcan sus herederos, tiempo que se ignora cuanto será y que se deja en riesgo la seguridad física y jurídica del bien inmueble en litigio, en perjuicio de su representado el señor Renán Humberto Simón Antúnez, que es precisamente el dueño legítimo que posee el título de propiedad más antiguo debidamente inscrito a su favor en el Instituto de la Propiedad y que igualmente estuvo registrado a su favor ante las oficinas de Catastro Municipal hasta que en una acción anterior se dictó sentencia definitiva en una demanda cuyo planteamiento y solicitud no era acorde a los hechos, pues se litigo una acción Reivindicatoria de Dominio, y con la certificación de la referida sentencia, la ahora demandada Iliana María Bu Tabora lo catastro arbitrariamente a su favor. El auto de fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintidós (2022) recurrido, omite considerar la proporcionalidad y adecuación de la medida cautelar de anotación de demanda, misma que no limita ni perturba el derecho, la propiedad ni la posesión del inmueble a ninguna de las partes contendientes, y a la ves reiterando la violación argumentada, el mismo Juzgado ha omitido considerar en el auto definitiva e irrecurrible dictado en fecha cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022), el contenido del artículo 385 numeral 3 del Código Procesal Civil, que estipula que contra los autos que deciden las medidas cautelares, procede recurso de apelación en efecto suspensivo, lo que inexplicablemente ha sido ignorado en el juicio que nos ocupa.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022), otorga la presente acción de amparo por considerar que el A-Quo en el citado auto recurrido no aplico e interpreto el derecho correctamente.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, al otorgar la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar que el Juez de Primera Instancia debió de darle el trámite de admisión a la medida cautelar de anotación de demanda, en vista que su finalidad es evitar que el demandado se coloque en un estado de insolvencia, evitando de esa manera la eficacia de una eventual sentencia de condena, sin que se justifique el motivo por el cual el A-Quo en varias ocasiones la ha declarado sin lugar, ya que las medidas cautelares se tramitan en pieza separada, entendiéndose por tanto que no infieren con la demanda principal.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 351 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintitrés.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintidós (2022), que Otorgó la acción de amparo interpuesto por la Abogada NANCY RODRIGUEZ VALLE, a favor del señor RENAN HUMBERTO SIMON ANTUNEZ, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la demanda promovida por el señor RENAN HUMBERTO SIMON ANTUNEZ, contra los señores RAUL TORRES LOPEZ e ILIANA MARIA BU TABORA. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 80, 90 y 305 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1).- Que en fec ha uno (01) de junio del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada NANCY RODRIGUEZ VALLE, a favor del señor RENAN HUMBERTO SIMON ANTUNEZ, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la demanda promovida por el señor RENAN HUMBERTO SIMON ANTUNEZ, contra los señores RAUL TORRES LOPEZ e ILIANA MARIA BU TABOR.-(Folio 01 al 10 de la pieza de Corte de apelaciones).-2).- Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintidós (2022), emitió su fallo, mediante el cual: FALLO: OTORGANDO la acción de amparo interpuesto por la Abogada NANCY RODRIGUEZ VALLE, a favor del señor RENAN HUMBERTO SIMON ANTUNEZ, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Coretes, específicamente contra el auto de fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós…” (Folio 30 al 31 de la pieza de Corte de apelaciones).3).- Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós, que otorgó el recurso de amparo presentado por la Abogada Nancy Rodríguez del Valle, a favor del señor Renán Humberto Simón Antúnez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha ocho (8) de marzo del dos mil veintidós (2022), con relación a la demanda por la vía de proceso ordinario para que se declare la preferencia de inscripción relativas a un mismo inmueble y la nulidad absoluta de un instrumento público y su inscripción en el registro de la propiedad inmueble adscrita al instituto de la propiedad, promovida por el señor Renán Humberto Simón Antúnez, contra los señores Raúl Torres López e Iliana María Fu Tabora.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le ha violentado el derecho a la propiedad privada y el derecho al debido proceso e igualdad de las partes, debiéndose declarar con lugar el amparo, por existir un riesgo eminente de que el inmueble en litigio pueda ser libremente traspasado a cualquier título por los que aparentan ser sus propietarios, ordenando se dicte sin citación de la parte contraria, la medida cautelar de anotación preventiva de demanda sin audiencia de la parte contraria y sobre el asiento registral de dos inmuebles, que se exima a la parte solicitante del otorgamiento de caución por las razones legitimadoras expuestas, todo ello debido a la mora judicial que ahora produce el fallecimiento de uno de los demandados, básicamente el principio de los demandados, y se ha quedado a la espera de que aparezcan y se reconozcan sus herederos, tiempo que se ignora cuanto será y que se deja en riesgo la seguridad física y jurídica del bien inmueble en litigio, en perjuicio de su representado el señor Renán Humberto Simón Antúnez, que es precisamente el dueño legítimo que posee el título de propiedad más antiguo debidamente inscrito a su favor en el Instituto de la Propiedad y que igualmente estuvo registrado a su favor ante las oficinas de Catastro Municipal hasta que en una acción anterior se dictó sentencia definitiva en una demanda cuyo planteamiento y solicitud no era acorde a los hechos, pues se litigo una acción Reivindicatoria de Dominio, y con la certificación de la referida sentencia, la ahora demandada Iliana María Bu Tabora lo catastro arbitrariamente a su favor. El auto de fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintidós (2022) recurrido, omite considerar la proporcionalidad y adecuación de la medida cautelar de anotación de demanda, misma que no limita ni perturba el derecho, la propiedad ni la posesión del inmueble a ninguna de las partes contendientes, y a la ves reiterando la violación argumentada, el mismo Juzgado ha omitido considerar en el auto definitiva e irrecurrible dictado en fecha cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022), el contenido del artículo 385 numeral 3 del Código Procesal Civil, que estipula que contra los autos que deciden las medidas cautelares, procede recurso de apelación en efecto suspensivo, lo que inexplicablemente ha sido ignorado en el juicio que nos ocupa.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022), otorga la presente acción de amparo por considerar que el A-Quo en el citado auto recurrido no aplico e interpreto el derecho correctamente.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, al otorgar la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar que el Juez de Primera Instancia debió de darle el trámite de admisión a la medida cautelar de anotación de demanda, en vista que su finalidad es evitar que el demandado se coloque en un estado de insolvencia, evitando de esa manera la eficacia de una eventual sentencia de condena, sin que se justifique el motivo por el cual el A-Quo en varias ocasiones la ha declarado sin lugar, ya que las medidas cautelares se tramitan en pieza separada, entendiéndose por tanto que no infieren con la demanda principal.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución emitida el veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintidós (2022) por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que se conoce en consulta por constar la violación al debido proceso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 1), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 351 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintidós (2022) por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1019-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL