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Sentencia AC-1005-20 — Registro 17933

Resumen

Se declaró con lugar el incidente por declinatoria por falta de jurisdicción y competencia en la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios materiales y morales de orden civil por la violación a los derechos humanos, incumplimiento del debido proceso, derecho a la defensa y otros. En segunda instancia se declara sin lugar el recurso de apelación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que, el caso objeto de estudio, lo constituye el incidente de declinatoria interpuesto por COCESNA, en la demanda de mérito, invocando falta de jurisdicción para conocer de la misma, a lo cual el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero de dos mil veinte, declaró CON LUGAR el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción y competencia, decisión jurisdiccional confirmada por la Corte de Apelaciones el treinta y uno de agosto del año dos de veinte, impugnada vía el presente amparo. Esta decisión ahora recurrida en amparo, obliga a los ciudadanos hondureños, que ostenten éstos puestos de Gerentes, jefaturas, sub-jefaturas, sea empleados y cualquier miembro de su personal, a dirimir sus conflictos jurídicos a la Corte Centroamericana de Justicia o a dirimirse a través de arbitraje, con lo cual se niega automáticamente el derecho de acción, sancionando con ello la pobreza, pues sabemos de los elevados honorarios que se debe pagar a los abogados especialistas en arbitraje o en derecho internacional. Esta Sala de lo Constitucional, ha dicho en otras sentencias, que “...privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que prima el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral …”. Sin embargo, no se trata de amparar solamente en conflictos jurídicos en materia laboral, sino que se debe garantizar a los particulares, el derecho de acción en todas las materias, derecho fundamental que se ve obstaculizado con las disposiciones del Decreto 20-2001 contentivo del “Convenio Sede entre el Gobierno de Honduras y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), pues vulneran el contenido del artículo 64 y consecuentemente el 90 ambos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso exhorta, que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. Así las cosas, la imposibilidad impuesta a los trabajadores de nacionalidad hondureña, por el Decreto 20-2001, al impedírsele tener acceso al derecho de acción, al derecho de petición y de defensa, constituye una vulneración absoluta al debido proceso, asimismo contradice lo dispuesto en el mismo Decreto en el artículo 22 que manda: “…COCESNA cooperará con las autoridades competentes de la República de Honduras para facilitar la administración adecuada de Justicia, velará por el cumplimiento de las leyes del país y ordenanzas de policía y evitará que concurran abusos en relación con las prerrogativas, inmunidades y facilidades mencionadas en el convenio”, es así que al ser manifiesta la vulneración a los derechos fundamentales antes apuntados, por negarse a los hondureños que diriman sus conflictos la jurisdicción y competencia de su país, es procedente otorgar el amparo de mérito, a efecto de que se reconozca la competencia al Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, para conocer y realizar el proceso completo hasta decidir sobre el fondo, es decir sobre el objeto de la demanda plateada por la parte recurrente, debiendo aplicar los principios que informan el proceso civil, cuando se detecte que se impugnan decisiones ya resueltas solamente con la intención de dilatar el proceso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RAMON LOPEZ RODAS, a favor del señor ROBERTO BEJAMIN PAVON TURCIOS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero del año dos mil veinte, con relación a la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios materiales y morales de orden civil, promovida por el señor ROBERTO BEJAMIN PAVON TURCIOS, contra la CORPORACION CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 60, 61, 63, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS, interponiendo DEMANDA POR VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES DE ORDEN CIVIL, contra la CORPORACION CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA). (Folios del 01 al 12 de la primera pieza de antecedentes). 2).- Que en fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, la Abogada MARIA ELENA MATUTE HERNANDEZ actuando en su condición de representante procesal de LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (CONCESANA), presentó escrito en el cual promueve incidente de declinatoria de jurisdicción y competencia por pertenecer en el asunto a otro orden jurisdiccional. 3).- Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha nueve de enero del año dos mil veinte, Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual RESOLVIO: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el incidente por declinatoria por falta de jurisdicción y competencia promovida por la abogada MARIA ELENA MATUTE HERNANDEZ actuando en su condición de representante procesal de LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA “COCESNA” en la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios materiales y morales de orden civil por la violación a los derechos humanos, incumplimiento del debido proceso, derecho a la defensa y otros, promovida por el señor ROBERTO BEJAMIN PAVON TURCIOS, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: Absténgase este Juzgado de conocer esta causa, sobreséase el presente asusto y sométase al conocimiento a la CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. TERCERO: Contra la presente resolución cabe recurso correspondiente. (Folios 216 y 217 de la primera pieza de antecedentes). 4).- Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado JOSÉ RAMON LOPEZ RODAS, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuestos los Abogado José Ramón López Rodas. SEGUNDO: Confirmar el auto dictado en fecha nueve de enero del año dos mil veinte, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Sin Costas. SIN COSTAS. (Folios 22 al 28 de la segunda pieza de antecedentes). 5).- Que el recurrente Abogado JOSÉ RAMON LOPEZ RODAS compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de noviembre del año dos mil veinte, reclamando amparo a favor del señor ROBERTO BEJAMIN PAVON TURCIOS, contra la sentencia, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto los artículos 60, 61, 63, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés de marzo del dos mil veintiuno. 6).- Que en fecha cuatro de mayo del dos mil veintiuno, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero de dos mil veinte, con relación a la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios, promovida por el señor ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS, contra LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCENSA), estimando el recurrente que se le han violentado derechos fundamentales contenidos en los artículos 60, 61, 63, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, en vista que el tribunal de primera y segunda instancia, estiman que los tribunales hondureños no tienen jurisdicción ni competencia para conocer de los juicios que los particulares interpongan contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCENSA), al reconocer una prerrogativa de inmunidad de jurisdicción absoluta. CONSIDERANDO (4): Se estima necesario conocer los antecedentes expuestos por el recurrente previo a la interposición de la acción de amparo que hoy se conoce. El señor ROBERTO BEJAMIN PAVON TURCIOS, empezó a laborar en la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCENSA) el uno de febrero del año 1996, desempeñando el puesto de Proveedor General, hasta que fue despedido de su cargo de trabajo en fecha 31 de agosto del año 2010, después de catorce años aproximadamente. El Señor Pavón Turcios, agotó la vía administrativa, y posteriormente interpuso demanda laboral para su reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejor condición. Se evacuó todo el proceso, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda y ordenó a la parte demandada COCESNA reintegrar al puesto de trabajo en igualdad o mejores condiciones a las que tenía antes del despido. Esta sentencia firme, es de fecha 18 de febrero del año 2013. La demandada COCESNA se comprometió con la anuencia del Señor Pavón Turcios a ejecutar la sentencia antes referida el día 5 de marzo del año 2013, es decir, que el cinco de marzo comenzaría a trabajar de nuevo, no obstante, en desobediencia y en franca burla a una decisión jurisdiccional firme y ejecutable, ese mismo día, mediante oficio numero PE-094-2013 de fecha 05 de marzo del año 2013, COCESNA volvió a dar por terminado el contrato de trabajo, obviamente esta sin causal alguna. El señor Pavón Turcios, al verse despedido de nuevo entablo otra demanda cuya pretensión es que se le reinstalara a su puesto de trabajo, es en este caso en el cual la Sala de lo Constitucional emitió sentencia en el recurso de amparo No. 677-2015, en la que se ampara nuevamente al trabajador; se determina que se dicte una nueva sentencia y se ordena que se retrotraiga el caso que ha venido ventilando el señor Roberto Benjamín Pavón Turcios, al momento procesal en el cual surgió la vulneración de su derecho declarado, es decir la reinstalación a su puesto o a otro igual o en mejor condición. CONSIDERANDO (5): Por segunda ocasión, en lugar de ejecutar la sentencia recaída en el amparo 677-2015, en un esfuerzo por incumplir nuevamente la sentencia, COCESNA interpuso ante el Juzgado de Letras de Trabajo del Departamento de Francisco Morazán un incidente de nulidad oficiosa de actuaciones de todo el proceso laboral, inclusive de la sentencia de esta Sala, alegando falta de jurisdicción, alegando que a esa fecha la Corte Centroamericana de Justicia como Órgano Jurisdiccional del sistema de integración Centroamericana (SICA) había emitido opinión consultiva ratificando su competencia para conocer de reclamos presentados por miembros de personal de COCESNA. En fecha 05 de diciembre del año 2017, el Juzgado de Letras de Trabajo del Departamento de Francisco Morazán resolvió declarar sin lugar el incidente de nulidad oficiosa.- El 23 de marzo del año dos mil dieciocho 2018, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por COCESNA, confirmando en su totalidad el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 5 de diciembre de 2017 y en consecuencia ordena al Juzgado de Letras de Trabajo de este departamento de Francisco Morazán darle el trámite legal correspondiente; es decir ejecutar lo que ordenó esta Sala en la sentencia recaída en el recurso de amparo No. 677-2015, antes referido; sentencia que de nuevo fue impugnada vía amparo por COCESNA. En el caso interpuesto por el empleado Roberto Benjamín Pavón Turcios, estas decisiones jurídicas firmes emitidas por la Sala de lo Constitucional, no solo reconocen la jurisdicción de los Tribunales hondureños para conocer de cualquier demanda que interpongan los funcionarios y empleados de nacionalidad hondureña, incluido el recurrente, contratados por COCESNA, sino que ya se ha reconocido su derecho y no se ha ejecutado el mismo. CONSIDERANDO (6): Siguiendo el hilo conductor de la sentencia, una vez entendidos los antecedentes jurídicos en materia laboral, como se dijo, el señor Roberto Benjamín Pavón Turcios, interpuso demanda por vía del proceso declarativo ordinario para el pago de daños y perjuicios materiales y morales de orden civil, contra la Corporación Centro Americana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). Expone el recurrente en este amparo civil literalmente que: “…llevo más de ocho años de estar sin trabajo, y, no obstante, haberme tutelado el Juzgado de Letras de lo Laboral mi derecho constitucional al trabajo, la demandada aún se niega a reintegrarme a mi puesto de trabajo. Todo este periodo me ha derivado en daños patrimoniales y morales de difícil reparación, siendo responsable de los mismos la parte demandada, pues con el simple hecho de reintegrarme a mi trabajo, no los estaría sufriendo. Pero el daño ya se me hizo y la demandada está obligada a repararlos. Como lo expuse anteriormente, cuando la parte demandada se comprometió a reintegrarme a mi puesto de trabajo, tuve un ligero alivio, pues consideré que se me habían restablecido mis derechos. No obstante, ese mismo día la parte demandada procedió nuevamente a despedirme sin justificación alguna. El ligero alivio que había experimentado fue momentáneo de apenas unas horas, pues fui reintegrado a las diez de la mañana (10: A.M.) y despedido nuevamente a las 3:30 de la tarde. Así que inicie un nuevo PROCESO LABORAL DE REINTEGRO O REINSTALACION A MI PUESTO DE TRABAJO, NO OBSTANTE EXISTIR SENTENCIA FIRME QUE ORDENABA MI REINTEGRO. Es decir, el aparente cumplimiento de la sentencia laboral y posterior despido dio lugar a una nueva demanda contra COCESNA, la que obviamente se desprende de los hechos probados de la sentencia dictada contra la demandada, pues si bien es cierto el órgano jurisdiccional mediante sentencia firme ordenó a la demandada a reintegrarme, ese reintegro fue de unas pocas horas, pues la parte demandada en lugar de darle pleno cumplimiento a la orden judicial, desobedeció la orden al despedirme nuevamente. Lo anterior en abierta inobservancia a su propio convenio, el cual, en su Art, 15 establece que COCESNA colaborara en todo momento con las autoridades competentes para facilitar la buena administración de la justicia para evitar todo abuso a que pudieren dar lugar los privilegios e inmunidades establecidas en el convenio. Antes de proceder a mi reintegro y después de mi despido casi inmediato, la parte demandada incurrió en actos hostiles hacia el tribunal laboral que administra la justicia en nombre del Estado de Honduras, y en contra de mi persona, los cuales paso a exponerlos brevemente, así: a) Mediante acta de comparecencia hecha por mi representante procesal en fecha 22 de marzo del año 2013, el juzgado de lo laboral tuvo conocimiento que si bien es cierto fui reintegrado a mi puesto de trabajo, el mismo se efectuó en condiciones humillantes, y no bastándole a la parte demandada, ese mismo día a las 3:30 P.M. fui despedido nuevamente, es decir que la autoridad y mi persona fuimos objeto de una burla por parte de la demandada, habiendo resuelto el tribunal realizar una inspección para el día 08 de abril del m ismo año a fin de constatar los extremos señalados. b) Mediante acta del ocho de abril del año en curso, se intentó practicar la inspección ordenada por Juez, pero la misma no pudo realizarse en virtud de que el señor EDUARDO GUEVARA, jefe interino del Departamento de Recursos Humanos de COCESNA, le manifestó a la señora Jueza que para ingresar a las instalaciones de COCESNA se necesita de una autorización por parte del Consejo Directivo de COCESNA y que debemos remitir nota a dicho consejo para que dictamen a solicitud de ingreso para la práctica de la inspección…”.- Toda esa falta de voluntad de acatar las sentencias firmes de los Juzgados del país, devienen en perjuicio por no tener trabajo y consecuentemente en daño a su salud mental y física, por lo que su pretensión con el presente amparo es que se declare sin lugar el incidente por declinatoria y se siga conociendo el juicio civil”. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (8): Que, de la revisión del expediente, la Sala de lo Constitucional es del criterio, que la jerarquía normativa dentro de nuestro derecho positivo es claro al señalar el orden de aplicación de las leyes vigentes en el país, en ese orden de ideas y aplicando dicha jerarquía normativa, los órganos jurisdiccionales al momento de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento deben observar en primera lugar la Constitución de la República, en segundo lugar los Tratados o Convenios suscritos por Honduras y en tercer lugar, las demás leyes generales y especiales vigentes en el país. En el presente caso de autos, el thema desidendi es el mismo que esta Sala de lo Constitucional ya dirimió en el recurso de amparo Laboral No. 677-2015 y en el recurso de Amparo Laboral 401-2018, en los cuales se determina que los juzgados y tribunales hondureños son competentes para conocer de las demandas interpuestas por los Gerentes, Jefes, sub-jefes, empleados y cualquier miembro de su personal, siempre y cuando sean de nacionalidad hondureña. CONSIDERANDO (9): Que, el caso objeto de estudio, lo constituye el incidente de declinatoria interpuesto por COCESNA, en la demanda de mérito, invocando falta de jurisdicción para conocer de la misma, a lo cual el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero de dos mil veinte, declaró CON LUGAR el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción y competencia, decisión jurisdiccional confirmada por la Corte de Apelaciones el treinta y uno de agosto del año dos de veinte, impugnada vía el presente amparo. Esta decisión ahora recurrida en amparo, obliga a los ciudadanos hondureños, que ostenten éstos puestos de Gerentes, jefaturas, sub-jefaturas, sea empleados y cualquier miembro de su personal, a dirimir sus conflictos jurídicos a la Corte Centroamericana de Justicia o a dirimirse a través de arbitraje, con lo cual se niega automáticamente el derecho de acción, sancionando con ello la pobreza, pues sabemos de los elevados honorarios que se debe pagar a los abogados especialistas en arbitraje o en derecho internacional. Esta Sala de lo Constitucional, ha dicho en otras sentencias, que “...privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que prima el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral …”. Sin embargo, no se trata de amparar solamente en conflictos jurídicos en materia laboral, sino que se debe garantizar a los particulares, el derecho de acción en todas las materias, derecho fundamental que se ve obstaculizado con las disposiciones del Decreto 20-2001 contentivo del “Convenio Sede entre el Gobierno de Honduras y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), pues vulneran el contenido del artículo 64 y consecuentemente el 90 ambos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso exhorta, que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. Así las cosas, la imposibilidad impuesta a los trabajadores de nacionalidad hondureña, por el Decreto 20-2001, al impedírsele tener acceso al derecho de acción, al derecho de petición y de defensa, constituye una vulneración absoluta al debido proceso, asimismo contradice lo dispuesto en el mismo Decreto en el artículo 22 que manda: “…COCESNA cooperará con las autoridades competentes de la República de Honduras para facilitar la administración adecuada de Justicia, velará por el cumplimiento de las leyes del país y ordenanzas de policía y evitará que concurran abusos en relación con las prerrogativas, inmunidades y facilidades mencionadas en el convenio”, es así que al ser manifiesta la vulneración a los derechos fundamentales antes apuntados, por negarse a los hondureños que diriman sus conflictos la jurisdicción y competencia de su país, es procedente otorgar el amparo de mérito, a efecto de que se reconozca la competencia al Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, para conocer y realizar el proceso completo hasta decidir sobre el fondo, es decir sobre el objeto de la demanda plateada por la parte recurrente, debiendo aplicar los principios que informan el proceso civil, cuando se detecte que se impugnan decisiones ya resueltas solamente con la intención de dilatar el proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 15, 18, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304 y 313 Numeral 5, de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 9.2, 41, 47, 63, 65 y 66 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Sección III del artículo 3 al 8 del Decreto 20-2021 contentivo del Convenio suscrito por Honduras, firmado el 26 de febrero de 1960 y ratificado el 17 de mayo de 1960; FALLA: 1.- OTORGANDO el recurso de amparo por el Abogado JOSÉ RAMON LOPEZ RODAS, a favor del señor ROBERTO BEJAMIN PAVON TURCIOS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero del año dos mil veinte, con relación a la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios materiales y morales de orden civil, promovida por el señor ROBERTO BEJAMIN PAVON TURCIOS, contra la CORPORACION CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), 2.- Que se siga con el procedimiento hasta dirimir sobre el objeto de la demanda planteada.- 3.- Que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la ley Sobre Justicia Constitucional en su caso. MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1005-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL