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Sentencia AA-992-23 — Registro 17254

Resumen

Acto recurrido contra la resolución FGR-417-2022, mediante la cual se suspendió del cargo sin goce de sueldo al servidor Juan Carlos Barahona Coello, Técnico en Resguardo y Custodia dependiente de la Fiscalía Regional de San Pedro Sula, Cortés, en virtud de habérsele dictado un auto de formal procesamiento por el delito de Cohecho a Sujetos Procesales, en perjuicio de la Administración Pública, la cual durará hasta que se dicte sobreseimiento provisional, definitivo o sentencia absolutoria y las mismas sean firmes.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA a favor del señor JUAN CARLOS BARAHONA COELLO, contra la Resolución FGR-417-2022 emitida por el FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA en fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se suspendió del cargo sin goce de sueldo al servidor Juan Carlos Barahona Coello, Técnico en Resguardo y Custodia dependiente de la Fiscalía Regional de San Pedro Sula, Cortés, en virtud de habérsele dictado un auto de formal procesamiento por el delito de Cohecho a Sujetos Procesales, en perjuicio de la Administración Pública, la cual durará hasta que se dicte sobreseimiento provisional, definitivo o sentencia absolutoria y las mismas sean firmes.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente estima como vulnerado el derecho al debido proceso, a la estabilidad laboral, a la presunción de inocencia y el derecho de defensa contenidos en los artículos 82, 89, 90 y 129 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la Resolución FGR-417-2022 emitida por el FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA en fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, al estimar que en el proceso de suspensión de sus labores que está siendo víctima el ciudadano Juan Carlos Barahona Coello, no se ha respetado el debido proceso, por cuanto el Fiscal General de la República, como contralor de la legalidad, ha incurrido en una infracción inminente del ordenamiento jurídico, en este caso de la carta magna, pues va contra de una decisión de orden jurisdiccional, ya que la Juez de garantías que conoce del proceso penal contenido en el expediente 0501-2021-00630 que se sigue contra el ciudadano Juan Carlos Barahona Coello, ha dictado auto de formal procesamiento, sin embargo, declaró sin lugar la petición del Ministerio Público de suspenderlo de su cargo, en virtud de la presunción de inocencia y tomando en cuenta que aún no está firme el proceso. De igual manera, se transgrede el derecho a la estabilidad laboral, garantía de rango constitucional, ya que dicho derecho beneficia tanto a las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, por acuerdo, y aún sin contrato de trabajo, bien sea de naturaleza pública o privada; es decir se extiende a los trabajadores de la administración pública, en el presente caso la suspensión del cargo se encuentra regulada como una medida cautelar propia del sistema procesal penal, misma que fue desestimada por la Juez de garantías, pero que administrativamente fue adoptada por el Ministerio Público, irrespetando la estabilidad laboral. Por otro lado, se violenta el principio de inocencia, condición de toda persona procesada, al emitirse la resolución recurrida, pues se irrespeta la decisión jurisdiccional de la no suspensión del cargo como medida cautelar, pero se suspende administrativamente. Finalmente indica violación al derecho de defensa, tomando en cuenta que se ha suspendido al ciudadano Barahona Coello de su cargo sin ningún procedimiento previo. CONSIDERANDO: Que de los antecedentes remitidos por la Fiscalía General de la República, se deprende que en fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante Resolución FGR-417-2022, el FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, resolvió suspender del cargo sin goce de sueldo, al servidor JUAN CARLOS BARAHONA COELLO, Técnico en Resguardo y Custodia dependiente de la Fiscalía Regional de San Pedro Sula, Cortés, toda vez que se ha dictado Auto de Formal Procesamiento en su contra por suponerlo responsable del delito de COHECHO A SUJETOS PROCESALES, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, la cual durará hasta que se dicte, sobreseimiento provisional, definitivo o sentencia absolutoria, y las mismas sean firmes. CONSIDERANDO: Que al revisar los fundamentos jurídicos de la resolución impugnada, específicamente los artículos 88 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y 201 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, este Alto Tribunal observa, que con la emisión de la misma se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, por lo que corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 88 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y 201 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA a favor del señor JUAN CARLOS BARAHONA COELLO, contra la Resolución FGR-417-2022 emitida por el FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA en fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO- 0992-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL