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Sentencia AA-982-19 — Registro 17530

Resumen

Acta de Clasificación No. CHC-2019-1408 categorizó el Film cinematográfico SLAYER: REPENTLESS KILLOGY en clase (F)=(xxx), y prohibió su exhibición en el territorio nacional; La Autoridad recurrida mediante Informe solicitado por la Sala, indicó que contra el Acta indicada no se interpuso recurso alguno, en virtud de no haberse emitido una resolución que fuese susceptible de impugnación; La Sala de lo Constitucional consideró cumplidas las condiciones de subsidiaridad y definitividad para promover en forma expedita la presente acción y las razones de legitimación que le asisten al recurrente ya que el acto estatal dictado en un proceso administrativo del cual no forman parte, éste les genera efectos indirectos como ciudadanos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional, estima las razones de legitimación que asisten a los recurrentes, pues de la vista de antecedentes, se constata que la resolución o acto estatal que suscita su reclamación, ha sido dictada en un proceso administrativo del cual no forman parte, si bien les genera efectos indirectos como ciudadanos; por lo cual, no estando franqueados otros recursos para la subsanación o enmienda del acto; lo cual fue refrendado en el Informe de estilo que brindó la autoridad denunciada, en el sentido que, al denegarse la exhibición en el territorio nacional del filme “SLAYER: THE REPRENTJESS KILLOGY” vía acta de clasificación número CHC-2019-1408, no se interpuso recurso alguno: “(…) en virtud de no haberse emitido una resolución que fuese susceptible de impugnación”; por todo lo cual, se consideran cumplidas las condiciones de subsidiariedad y definitividad para promover en forma expedita la garantía de amparo..."..."la Sala de lo Constitucional, ha emitido relevantes precedentes como el fallo AAVC 0126-2017, recaído en consulta, de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, del cual se extraen las siguientes consideraciones:...es preciso citar al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica Rodolfo E. Piza, quien manifiesta que cuando se confronten los principios constitucionales con normas de rango inferiores, como pueden ser actos administrativos, normas contractuales (públicas o privadas) o un acto privado, siendo el principio constitucional expresado, derivado, deducido de la Constitución o hasta de uno creado ex novo, la solución deberá ser siempre favorable a la vigencia del principio constitucional y la consecuencia será la nulidad o inaplicabilidad de la norma o acto administrativo o privado confrontando. Para mayor desarrollo de estas ideas, nuestra constitución ha establecido en su artículo 320 que cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y una legal ordinaria, los juzgadores deberán de aplicar la primera..."..."los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas conforme lo establece los artículos 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA, de aquí en delante), los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y que la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, tanto los hechos antecedentes como fundamentos de derecho. Su legitimidad, mientras tanto, se presume, en tanto acto administrativo, acorde a lo estipulado en el artículo 30 de la LPA. No obstante, no es esto óbice para su declaratoria de nulidad (acorde el artículo 30 de la LPA), sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, en los siguientes casos: “a) …, b) …, c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; (…)”; o de anulabilidad, siguiendo las prescripciones del artículo 35 de la LPA, de comprobarse los supuestos de infracción al ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. Asimismo, se tiene en consideración por la Sala, que, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los informes dimanados por la Autoridad se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos..."..."la doctrina constitucional contemporánea, partiendo de la jurisprudencia emanada del Tribunal Federal Constitucional de la República de Alemania (“El Tribunal de Karlsruhe”), concuerdan en el establecimiento de la teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, a partir de la ratio jurisprudencial del precitado caso Lüth (BverfGE, 1958); según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”;...Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”. En tal sentido, todo conflicto constitucional presenta dos dimensiones intrínsecamente relacionadas: a)Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación del orden jurídico constitucional por parte de los Poderes del Estado; y, b)Una dimensión subjetiva, manifestada cuando la actividad administrativa de los referidos Poderes del Estado vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos..."..."en el marco del bloque de convencionalidad que rige las actuaciones del funcionariado público con las debidas garantías constitucionales y convencionales para el administrado y dentro de un plazo razonable, corresponde se cumpla lo prescrito en los artículos los artículos 72 y 75 de la Constitución de la República, en relación a que la figura de censura previa tiene un carácter no sólo excepcional, sino que programático; en tanto y en cuanto deberá tener como base de aplicación la normativización que al efecto establezca la Ley que regule la emisión del pensamiento; todo ello, en compaginación y lectura conforme a la protección, respeto y garantía que amerita la Libertad de Pensamiento y de Expresión, reconocida también convencionalmente, en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Procediendo, en consecuencia, dictar sentencia estimatoria a la presente garantía de amparo para los efectos legales de declarar que el Acta de Clasificación N° CHC-2019-1408, emitida por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de la Dirección de Régimen Departamental, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual se clasificó el Film cinematográfico SLAYER: REPENTLESS KILLOGY bajo categoría (F)= (xxx), prohibida su exhibición en el territorio nacional no obliga a los recurrentes, ni les resulta aplicable, por contravenir las garantías de libertad de pensamiento y de expresión reconocidas por la Constitución de la República y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito; debiendo procederse, por ende, al OTORGAMIENTO de la presente acción constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional, estima las razones de legitimación que asisten a los recurrentes, pues de la vista de antecedentes, se constata que la resolución o acto estatal que suscita su reclamación, ha sido dictada en un proceso administrativo del cual no forman parte, si bien les genera efectos indirectos como ciudadanos; por lo cual, no estando franqueados otros recursos para la subsanación o enmienda del acto; lo cual fue refrendado en el Informe de estilo que brindó la autoridad denunciada, en el sentido que, al denegarse la exhibición en el territorio nacional del filme “SLAYER: THE REPRENTJESS KILLOGY” vía acta de clasificación número CHC-2019-1408, no se interpuso recurso alguno: “(…) en virtud de no haberse emitido una resolución que fuese susceptible de impugnación”; por todo lo cual, se consideran cumplidas las condiciones de subsidiariedad y definitividad para promover en forma expedita la garantía de amparo..."..."la Sala de lo Constitucional, ha emitido relevantes precedentes como el fallo AAVC 0126-2017, recaído en consulta, de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, del cual se extraen las siguientes consideraciones:...es preciso citar al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica Rodolfo E. Piza, quien manifiesta que cuando se confronten los principios constitucionales con normas de rango inferiores, como pueden ser actos administrativos, normas contractuales (públicas o privadas) o un acto privado, siendo el principio constitucional expresado, derivado, deducido de la Constitución o hasta de uno creado ex novo, la solución deberá ser siempre favorable a la vigencia del principio constitucional y la consecuencia será la nulidad o inaplicabilidad de la norma o acto administrativo o privado confrontando. Para mayor desarrollo de estas ideas, nuestra constitución ha establecido en su artículo 320 que cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y una legal ordinaria, los juzgadores deberán de aplicar la primera..."..."los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas conforme lo establece los artículos 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA, de aquí en delante), los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y que la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, tanto los hechos antecedentes como fundamentos de derecho. Su legitimidad, mientras tanto, se presume, en tanto acto administrativo, acorde a lo estipulado en el artículo 30 de la LPA. No obstante, no es esto óbice para su declaratoria de nulidad (acorde el artículo 30 de la LPA), sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, en los siguientes casos: “a) …, b) …, c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; (…)”; o de anulabilidad, siguiendo las prescripciones del artículo 35 de la LPA, de comprobarse los supuestos de infracción al ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. Asimismo, se tiene en consideración por la Sala, que, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los informes dimanados por la Autoridad se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos..."..."la doctrina constitucional contemporánea, partiendo de la jurisprudencia emanada del Tribunal Federal Constitucional de la República de Alemania (“El Tribunal de Karlsruhe”), concuerdan en el establecimiento de la teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, a partir de la ratio jurisprudencial del precitado caso Lüth (BverfGE, 1958); según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”;...Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”. En tal sentido, todo conflicto constitucional presenta dos dimensiones intrínsecamente relacionadas: a)Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación del orden jurídico constitucional por parte de los Poderes del Estado; y, b)Una dimensión subjetiva, manifestada cuando la actividad administrativa de los referidos Poderes del Estado vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos..."..."en el marco del bloque de convencionalidad que rige las actuaciones del funcionariado público con las debidas garantías constitucionales y convencionales para el administrado y dentro de un plazo razonable, corresponde se cumpla lo prescrito en los artículos los artículos 72 y 75 de la Constitución de la República, en relación a que la figura de censura previa tiene un carácter no sólo excepcional, sino que programático; en tanto y en cuanto deberá tener como base de aplicación la normativización que al efecto establezca la Ley que regule la emisión del pensamiento; todo ello, en compaginación y lectura conforme a la protección, respeto y garantía que amerita la Libertad de Pensamiento y de Expresión, reconocida también convencionalmente, en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Procediendo, en consecuencia, dictar sentencia estimatoria a la presente garantía de amparo para los efectos legales de declarar que el Acta de Clasificación N° CHC-2019-1408, emitida por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de la Dirección de Régimen Departamental, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual se clasificó el Film cinematográfico SLAYER: REPENTLESS KILLOGY bajo categoría (F)= (xxx), prohibida su exhibición en el territorio nacional no obliga a los recurrentes, ni les resulta aplicable, por contravenir las garantías de libertad de pensamiento y de expresión reconocidas por la Constitución de la República y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito; debiendo procederse, por ende, al OTORGAMIENTO de la presente acción constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional, estima las razones de legitimación que asisten a los recurrentes, pues de la vista de antecedentes, se constata que la resolución o acto estatal que suscita su reclamación, ha sido dictada en un proceso administrativo del cual no forman parte, si bien les genera efectos indirectos como ciudadanos; por lo cual, no estando franqueados otros recursos para la subsanación o enmienda del acto; lo cual fue refrendado en el Informe de estilo que brindó la autoridad denunciada, en el sentido que, al denegarse la exhibición en el territorio nacional del filme “SLAYER: THE REPRENTJESS KILLOGY” vía acta de clasificación número CHC-2019-1408, no se interpuso recurso alguno: “(…) en virtud de no haberse emitido una resolución que fuese susceptible de impugnación”; por todo lo cual, se consideran cumplidas las condiciones de subsidiariedad y definitividad para promover en forma expedita la garantía de amparo..."..."la Sala de lo Constitucional, ha emitido relevantes precedentes como el fallo AAVC 0126-2017, recaído en consulta, de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, del cual se extraen las siguientes consideraciones:...es preciso citar al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica Rodolfo E. Piza, quien manifiesta que cuando se confronten los principios constitucionales con normas de rango inferiores, como pueden ser actos administrativos, normas contractuales (públicas o privadas) o un acto privado, siendo el principio constitucional expresado, derivado, deducido de la Constitución o hasta de uno creado ex novo, la solución deberá ser siempre favorable a la vigencia del principio constitucional y la consecuencia será la nulidad o inaplicabilidad de la norma o acto administrativo o privado confrontando. Para mayor desarrollo de estas ideas, nuestra constitución ha establecido en su artículo 320 que cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y una legal ordinaria, los juzgadores deberán de aplicar la primera..."..."los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas conforme lo establece los artículos 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA, de aquí en delante), los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y que la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, tanto los hechos antecedentes como fundamentos de derecho. Su legitimidad, mientras tanto, se presume, en tanto acto administrativo, acorde a lo estipulado en el artículo 30 de la LPA. No obstante, no es esto óbice para su declaratoria de nulidad (acorde el artículo 30 de la LPA), sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, en los siguientes casos: “a) …, b) …, c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; (…)”; o de anulabilidad, siguiendo las prescripciones del artículo 35 de la LPA, de comprobarse los supuestos de infracción al ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. Asimismo, se tiene en consideración por la Sala, que, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los informes dimanados por la Autoridad se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos..."..."la doctrina constitucional contemporánea, partiendo de la jurisprudencia emanada del Tribunal Federal Constitucional de la República de Alemania (“El Tribunal de Karlsruhe”), concuerdan en el establecimiento de la teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, a partir de la ratio jurisprudencial del precitado caso Lüth (BverfGE, 1958); según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”;...Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”. En tal sentido, todo conflicto constitucional presenta dos dimensiones intrínsecamente relacionadas: a)Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación del orden jurídico constitucional por parte de los Poderes del Estado; y, b)Una dimensión subjetiva, manifestada cuando la actividad administrativa de los referidos Poderes del Estado vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos..."..."en el marco del bloque de convencionalidad que rige las actuaciones del funcionariado público con las debidas garantías constitucionales y convencionales para el administrado y dentro de un plazo razonable, corresponde se cumpla lo prescrito en los artículos los artículos 72 y 75 de la Constitución de la República, en relación a que la figura de censura previa tiene un carácter no sólo excepcional, sino que programático; en tanto y en cuanto deberá tener como base de aplicación la normativización que al efecto establezca la Ley que regule la emisión del pensamiento; todo ello, en compaginación y lectura conforme a la protección, respeto y garantía que amerita la Libertad de Pensamiento y de Expresión, reconocida también convencionalmente, en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Procediendo, en consecuencia, dictar sentencia estimatoria a la presente garantía de amparo para los efectos legales de declarar que el Acta de Clasificación N° CHC-2019-1408, emitida por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de la Dirección de Régimen Departamental, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual se clasificó el Film cinematográfico SLAYER: REPENTLESS KILLOGY bajo categoría (F)= (xxx), prohibida su exhibición en el territorio nacional no obliga a los recurrentes, ni les resulta aplicable, por contravenir las garantías de libertad de pensamiento y de expresión reconocidas por la Constitución de la República y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito; debiendo procederse, por ende, al OTORGAMIENTO de la presente acción constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veintitrés, VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, BENJAMIN BENITEZ JEREZANO, NICOLAS J. GARCIA PINEDA, a favor de SI MISMOS, contra el Acta de Clasificación N° CHC-2019-1408, emitido por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de la Dirección de Régimen Departamental, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual se clasificó el Film cinematográfico SLAYER: REPENTLESS KILLOGY bajo categoría (F)= (xxx), prohibida su exhibición en el territorio nacional.-. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 1, 15, 18, 61, 64, 72, 75, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y, el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), comparecieron ante este Tribunal, los Abogados ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, BENJAMIN BENITEZ JEREZANO, NICOLAS J. GARCIA PINEDA, interponiendo recurso de Amparo a favor de SI MISMOS, contra el Acta de Clasificación N° CHC-2019-1408, emitida por la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, a través de la Dirección de Régimen Departamental, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual se clasificó el Film cinematográfico SLAYER: REPENTLESS KILLOGY bajo categoría (F)= (xxx), prohibida su exhibición en el territorio nacional. (Folios 01 al 04)2) Que en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, ordenando se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos de que, dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo. 3) Que en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020), ésta sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros extremos lo siguiente: 1… 2.-Que en fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte, se recibió ante la Secretaria General el memorándum DRD-2020-004 de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte, con procedencia de la Dirección del Régimen Departamental.- 3.- De la revisión realizada a los documentos que se adjuntan al memorándum DRD-2020-004 de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte, se logra apreciar que el acto mediante el cual se denegó la exhibición en el territorio nacional del filme denominado “SLAYER: THE REPRENTJESS KILLOGY” es el acta de clasificación número CHC-2019-1408, misma en contra de la cual no se interpuso recurso alguno, en virtud de no haberse emitido una resolución que fuese susceptible de impugnación.- (Folios 12 del recurso de amparo) 4) Que en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folios 30 de la pieza de amparo).5) Que en fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que “SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS por concurrir la causal contenida en el Art. 46 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional”; en vista a las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas: Que el acta de clasificación impugnada proferida por la Dirección de Régimen Departamental adscrita a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, es una decisión de Estado, dentro de su competencia, de conformidad al Reglamento de Organización y Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; por lo cual, en el caso que nos ocupa, los impetrantes pueden acudir ante la entidad gubernativa en referencia, a peticionar lo que consideren pertinente en vía administrativa; considerando que la entidad Dirección de Régimen Departamental es la encargada conforme a ley de autorizar y clasificar el material audiovisual, tal como el señalado por los recurrentes. (Folios 32 al 39 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, en la interposición y formalización del presente recurso, manifiestan los solicitantes, Abogados ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, BENJAMIN BENITEZ JEREZANO, NICOLAS J. GARCIA PINEDA, que impugnan el Acta de ClasificaciónNo. CHC-2019-1408, de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Dirección de Régimen Departamental adscrita a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por medio de la cual clasifican el film cinematográfico denominado “SLAYER: THE REPENTLESS KILLOGY” bajo la categoría (F)=(XXX), prohibiendo su exhibición en el territorio nacional. Respecto a la legitimación que tienen para comparecer en sede de amparo, manifiestan que lo presentan en forma directa ante la Sala de lo Constitucional, en vista a que tal resolución administrativa ha sido dictada en un proceso administrativo del cual no forman parte, por lo cual, no les ha sido posible utilizar otros recursos para obtener la subsanación, quedando únicamente expedita esta vía, conforme el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; el cual expresamente señala que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos o hechos de los Poderes del Estado. Señalan que, con el acto reclamado se ha violentado la libertad de pensamiento y de expresión, según establecida en los artículos 72 y 75 de la Constitución de la República, los cuales transcriben a continuación. Asimismo, se invoca por los garantistas, el artículo 13, numerales 1), 2), y 4) de la Convención Americana de Derechos Humanos; los cuales garantizan no sólo el derecho y la libertad de expresar el propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por lo tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas. Citan los garantistas, a este respecto, la Opinión Consultiva OC-5/85, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre la Colegiación Obligatoria de los Periodistas (arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 30, como un primer motivo de su formalización de amparo. CONSIDERANDO (4): Que, finalmente, motivan los solicitantes en formalización del presente recurso de amparo, que el Acta de ClasificaciónNo. CHC-2019-1408, de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), según proferida por la Dirección de Régimen Departamental adscrita a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, impone censura previa, la cual es admitida excepcionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como intérprete autorizado de la Convención, sobre el artículo 13 numeral 4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso de los espectáculos públicos; pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y de la adolescencia; llegando a establecer, inclusive, que, en todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión; de lo cual se colige que la censura previa solamente puede ser ejercida a efecto de regular el acceso a espectáculos públicos, determinando las edades mínimas, según clasificación, protegiendo la moral de los infantes y adolescentes; no para censurar de manera absoluta todo el universo poblacional, especialmente adultos, quienes sí tenemos el derecho Constitucional y Convencional de expresarnos libremente y, asimismo, recibir la información y contenidos que se juzguen apropiados; libertad de expresión que debe garantizarse, no sólo en lo relativo a informaciones o ideas recibidas positivamente, sino que además, en lo que respecta a manifestaciones disidentes (sean estas artísticas, o de cualquier otra índole), que puedan ser consideradas como non gratas para el Estado. Solicitando que se tenga por formalizada la presente acción constitucional impetrada contra las referidas actuaciones de la Administración Pública, con fundamento en los artículos 1, 15, 18, 61, 64, 72, 75, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y que sea otorgada, en definitiva, la presente acción constitucional de amparo; dejando sin efecto el Acta de ClasificaciónNo. CHC-2019-1408, de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Dirección de Régimen Departamental adscrita a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por medio de la cual procedió a clasificar el film cinematográfico “SLAYER: THE REPENTLESS KILLOGY” bajo la categoría (F)=(XXX), Prohibida su exhibición en el territorio nacional; en virtud de no obligar a los recurrentes, ni serles aplicable, por contravenir las garantías de libertad de pensamiento y expresión reconocidas por la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (5): Que analizado el caso, ponderados los argumentos esbozados por los recurrentes para legitimar su comparecencia ante esta Sala de justicia constitucional, y oído el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, el cual invoca las razones legales que estimó pertinentes para decretar la inadmisibilidad de la presente acción de amparo; toma esta Sala de lo Constitucional en especial consideración, lo establecido en el Artículo 25, párrafo primero, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; con relación a la reconocida amplitud de la garantía constitucional de amparo, según lo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional: “Artículo 42. De la procedencia de la acción. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida”; concluyendo de lo anterior, que, para asegurar y garantizar la protección de los derechos humanos invocados por los garantistas, se toma como parámetro la Constitución de la República y la precitada normativa interamericana, en concatenación con el ámbito de protección que ofrece la legalidad en el nivel de derecho interno; a efecto poner a disposición a toda persona, los medios de amparo a sus derechos y libertades fundamentales, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, mediante un recurso ágil y efectivo; cumplidas que sean las condiciones de subsidiariedad y definitividad que lo posibilitan, a efecto desplegar los efectos irradiadores que dimanan de ejercitar efectivamente la garantía iusfundamental. CONSIDERANDO (6): Que, la Sala de lo Constitucional, estima las razones de legitimación que asisten a los recurrentes, pues de la vista de antecedentes, se constata que la resolución o acto estatal que suscita su reclamación, ha sido dictada en un proceso administrativo del cual no forman parte, si bien les genera efectos indirectos como ciudadanos; por lo cual, no estando franqueados otros recursos para la subsanación o enmienda del acto; lo cual fue refrendado en el Informe de estilo que brindó la autoridad denunciada, en el sentido que, al denegarse la exhibición en el territorio nacional del filme “SLAYER: THE REPRENTJESS KILLOGY” vía acta de clasificación número CHC-2019-1408, no se interpuso recurso alguno: “(…) en virtud de no haberse emitido una resolución que fuese susceptible de impugnación”; por todo lo cual, se consideran cumplidas las condiciones de subsidiariedad y definitividad para promover en forma expedita la garantía de amparo. CONSIDERANDO (7): Que, en tal sentido, la Sala de lo Constitucional, ha emitido relevantes precedentes como el fallo AAVC 0126-2017, recaído en consulta, de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, del cual se extraen las siguientes consideraciones “CONSIDERANDO (14): Que haciendo un dialogo jurisprudencial es preciso citar al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica Rodolfo E. Piza, quien manifiesta que cuando se confronten los principios constitucionales con normas de rango inferiores, como pueden ser actos administrativos, normas contractuales (públicas o privadas) o un acto privado, siendo el principio constitucional expresado, derivado, deducido de la Constitución o hasta de uno creado ex novo, la solución deberá ser siempre favorable a la vigencia del principio constitucional y la consecuencia será la nulidad o inaplicabilidad de la norma o acto administrativo o privado confrontando. Para mayor desarrollo de estas ideas, nuestra constitución ha establecido en su artículo 320 que cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y una legal ordinaria, los juzgadores deberán de aplicar la primera.- CONSIDERANDO (15): Que el Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1958 emitió el famoso Fallo Lüth sobre el efecto irradiador de los derechos fundamentales, establece que la dignidad del ser humano y el libre desarrollo de la personalidad (la cual se desenvuelve en el interior de una comunidad social) forman el núcleo de este sistema de valores, el cual constituye, a su vez, una decisión jurídico-constitucional fundamental, válida para todas las esferas del derecho; así, este sistema de valores aporta directivas e impulsos al Poder Legislativo, a la Administración y a la Judicatura. Este influye por supuesto, también al derecho civil; ninguna disposición del derecho civil puede estar en contradicción con él, todas deben interpretarse en su espíritu. El contenido jurídico de los derechos fundamentales como normas objetivas se desarrolla en el derecho privado a través de las disposiciones que predominan directamente en medio de ese campo del derecho.” CONSIDERANDO (8): Que, los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas conforme lo establece los artículos 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA, de aquí en delante), los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y que la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, tanto los hechos antecedentes como fundamentos de derecho. Su legitimidad, mientras tanto, se presume, en tanto acto administrativo, acorde a lo estipulado en el artículo 30 de la LPA. No obstante, no es esto óbice para su declaratoria de nulidad (acorde el artículo 30 de la LPA), sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, en los siguientes casos: “a) …, b) …, c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; (…)”; o de anulabilidad, siguiendo las prescripciones del artículo 35 de la LPA, de comprobarse los supuestos de infracción al ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. Asimismo, se tiene en consideración por la Sala, que, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los informes dimanados por la Autoridad se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos. CONSIDERANDO (9): Que, lo más granado de la doctrina constitucional contemporánea, partiendo de la jurisprudencia emanada del Tribunal Federal Constitucional de la República de Alemania (“El Tribunal de Karlsruhe”), concuerdan en el establecimiento de la teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, a partir de la ratio jurisprudencial del precitado caso Lüth (BverfGE, 1958); según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”; precisando al respecto, el tratadista Konrad HESSE, el alcance de tal implicancia, en la teoría constitucional de los derechos: “Al significado de los derechos fundamentales como derechos subjetivos de defensa del individuo frente a intervenciones injustificadas del Estado corresponde su significado jurídico objetivo como preceptos negativos de competencia. Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”. En tal sentido, todo conflicto constitucional presenta dos dimensiones intrínsecamente relacionadas: a)Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación del orden jurídico constitucional por parte de los Poderes del Estado; y, b)Una dimensión subjetiva, manifestada cuando la actividad administrativa de los referidos Poderes del Estado vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO (10): Que, concerniendo a los derechos de libertad de pensamiento, de expresión y a la libre divulgación de ideas y opiniones, conviene explicitar las bases constitucionales que fundamentan el presente amparo: Artículo 72. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Artículo 75. La ley que regule la emisión del pensamiento, podrá establecer censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. La propaganda comercial de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco será regulada por la ley. CONSIDERANDO (11): Que, en lo concerniente al Bloque de Convencionalidad, el Estado de Honduras ha reconocido las obligaciones y derechos establecidos internacionalmente en materia de derechos humanos. Tal es el caso de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual fue implementada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, sostenida en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, la cual establece, a la letra: “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” CONSIDERANDO (12): Que, concerniendo a los derechos de libertad de pensamiento, de expresión y a la libre divulgación de ideas y opiniones, la tesitura del amparo - según lo argumentado por los recurrentes -, ambas dimensiones sustantivas conciernen a la vigencia efectiva de los derechos humanos, y, consiguientemente, a la resolución del presente caso; porque, según la excepción establecida en los artículos 72 y 75 de la Constitución de la República, en relación; la figura de censura previa tendría un carácter, no sólo excepcional, sino que programático; en tanto y en cuanto, para aplicarse, deberá basarse en la normativización que se establezca, a tal efecto, en la Ley que regule la emisión del pensamiento. Todo ello, en compaginación y lectura conforme a la protección, respeto y garantía que amerita la Libertad de Pensamiento y de Expresión, reconocida también convencionalmente, en el precitado artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Y, como queda visto, la normativa legal vigente en la materia, no impone tal criterio de manera absoluta, sino que se decanta por la inviolabilidad de las libertades de expresión del pensamiento e información (Art. 2); estableciéndose que la misma norma jurídica determinará las responsabilidades ulteriores en que incurran los que abusaren de tal libertad; “… en perjuicio de la honra, reputación o intereses de personas o entidades”. CONSIDERANDO (13): Que, conviene precisar que, conforme al artículo 22 de la Ley de Emisión del Pensamiento, actualmente vigente, se consideran publicaciones: “…, las manifestaciones del pensamiento por medio de la imprenta, la litografía, pintura, escultura, caricatura, grabado, radiodifusión, televisión, cinematografía, altoparlantes o cualquier otro procedimiento que se empleare para la reproducción de las palabras, signos o ideas”; con lo cual, se entiende protegida la Cinematografía en el ámbito de la libertad de emisión del pensamiento, de dar y recibir información y de discutir sus opiniones o las ajenas, por medio de la palabra escrita o hablada: “… o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual”, como reza el artículo 5° de la precitada Ley. Se colige de ello, la existencia del agravio jurídico denunciado contra el derecho constitucional, tanto en su dimensión subjetiva, como objetiva, a través del presente recurso o acción de amparo; al haberse restringido injustificadamente, esto es, sin fundamento legal ordinario, ni la necesaria ponderación, las expectativas jurídicas de los solicitantes de amparo, con relación al libre ejercicio de los derechos y libertades públicas; a través de una declaración unilateral de voluntad de la Administración, que produce efectos subjetivos, lesivos, en este caso, al objeto y fin de los derechos y libertades invocados, como parte integrante del bloque de convencionalidad. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (15): Que, el control de convencionalidad, se significa, en reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), afirmando que ésta: …[e]s consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. CONSIDERANDO (16): Que, en el marco del bloque de convencionalidad que rige las actuaciones del funcionariado público con las debidas garantías constitucionales y convencionales para el administrado y dentro de un plazo razonable, corresponde se cumpla lo prescrito en los artículos los artículos 72 y 75 de la Constitución de la República, en relación a que la figura de censura previa tiene un carácter no sólo excepcional, sino que programático; en tanto y en cuanto deberá tener como base de aplicación la normativización que al efecto establezca la Ley que regule la emisión del pensamiento; todo ello, en compaginación y lectura conforme a la protección, respeto y garantía que amerita la Libertad de Pensamiento y de Expresión, reconocida también convencionalmente, en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Procediendo, en consecuencia, dictar sentencia estimatoria a la presente garantía de amparo para los efectos legales de declarar que el Acta de Clasificación N° CHC-2019-1408, emitida por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de la Dirección de Régimen Departamental, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual se clasificó el Film cinematográfico SLAYER: REPENTLESS KILLOGY bajo categoría (F)= (xxx), prohibida su exhibición en el territorio nacional no obliga a los recurrentes, ni les resulta aplicable, por contravenir las garantías de libertad de pensamiento y de expresión reconocidas por la Constitución de la República y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito; debiendo procederse, por ende, al OTORGAMIENTO de la presente acción constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 60, 64, 80, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la presente garantía constitucional de Amparo. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en los artículos 183, con relación al artículo 316, numeral 1), de la Constitución de la República. Redactó el Magistrado LUISFERNANDOPADILLA CASTELLANOS. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0982-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.