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Sentencia AA-970-21 — Registro 16833

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó Auto Incidental que declaró con lugar Defensas Previas e inadmitió la demanda de recurrente por considerar que es un acto no susceptible de impugnación mediante acción contencioso administrativo en relación a Demanda Ordinaria para la nulidad del Acuerdo Cancelación de recurrente mediante baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas; La Autoridad recurrida confirmó el fundamento legal de lo resuelto referente a que el acto reclamado no corresponde a dicha jurisdicción al referirse a un acto por mando y organización militar; por lo que no se vulneran derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de la revisión del expediente y de lo que señala el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda evidenciado que no es competencia de los órganos de lo Contencioso Administrativo, aquellos actos relacionados con la defensa y mando de orden militar, es decir las cuestiones militares. Sin embargo es preciso en este punto hacer una diferencia entre esa exclusión de competencia que se refiere únicamente al mando y organización militar y los actos administrativos que también emiten los órganos encargados de la defensa del territorio nacional, en este caso las Fuerzas Armadas.- De la simple lectura del artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda evidenciado que lo que esta excluido del conocimiento del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, es lo relacionado con la defensa, mando y organización militar, es decir, todas aquellas circunstancias que corren agregadas al artículo 245 numerales 3, 4, 16, 17, 36, 37, 43 y 44 de la Constitución de la República ; Por consiguiente, por ejemplo: Queda excluido del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas que recae directamente sobre el Presidente de la República (Art.16 C.R.); otro ejemplo: Queda excluido del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, la facultad constitucional del Presidente de la República de declarar la guerra y hacer la paz en receso del Congreso Nacional de la República (Art.17 C.R.); Asimismo queda excluido también, lo establecido en el artículo 245 numeral 37 Constitucional, en el sentido de velar porque las Fuerzas Armadas sean apolíticas esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes; Igualmente quedan excluidos de lo Contencioso Administrativo lo referido en el artículo 245 numeral 44 Constitucional, permitir previa autorización del Congreso Nacional la salida de tropas Hondureñas y prestar servicios en el territorio extranjero de conformidad con los Tratados y Convenciones Internacionales para operaciones sobre mantenimiento de la paz. Es decir, son estas aquellas actividades de orden y mando de organización militar que están excluidas del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, el resto de actividades o de actos administrativos emitidos por parte de las Fuerzas Armadas sujetas al derecho administrativo, que estén fuera de estos incisos, de forma evidente por disposición del artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, forman parte de la Competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, porque en estos casos la parte recurrida o las Fuerzas Armadas no están actuando en función de su orden y mando militar, sino que en plena actividad administrativa, cuyos actos definitivos perfectamente pueden ser revisados y anulados por parte de los órganos de lo Contencioso Administrativo, como es el caso de esta demanda, que lo impugnado es la nulidad del acuerdo de cancelación de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, por consiguiente esta sala es de la opinión que procede declarar con lugar el presente amparo. En cuanto al alegato de violación al derecho de defensa y debido proceso, se observa que no ha sido vulnerado, pero con el hecho de que se ha violentado el principio de legalidad, es suficiente para declarar con lugar el recurso de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"de la revisión del expediente y de lo que señala el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda evidenciado que no es competencia de los órganos de lo Contencioso Administrativo, aquellos actos relacionados con la defensa y mando de orden militar, es decir las cuestiones militares. Sin embargo es preciso en este punto hacer una diferencia entre esa exclusión de competencia que se refiere únicamente al mando y organización militar y los actos administrativos que también emiten los órganos encargados de la defensa del territorio nacional, en este caso las Fuerzas Armadas.- De la simple lectura del artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda evidenciado que lo que esta excluido del conocimiento del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, es lo relacionado con la defensa, mando y organización militar, es decir, todas aquellas circunstancias que corren agregadas al artículo 245 numerales 3, 4, 16, 17, 36, 37, 43 y 44 de la Constitución de la República ; Por consiguiente, por ejemplo: Queda excluido del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas que recae directamente sobre el Presidente de la República (Art.16 C.R.); otro ejemplo: Queda excluido del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, la facultad constitucional del Presidente de la República de declarar la guerra y hacer la paz en receso del Congreso Nacional de la República (Art.17 C.R.); Asimismo queda excluido también, lo establecido en el artículo 245 numeral 37 Constitucional, en el sentido de velar porque las Fuerzas Armadas sean apolíticas esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes; Igualmente quedan excluidos de lo Contencioso Administrativo lo referido en el artículo 245 numeral 44 Constitucional, permitir previa autorización del Congreso Nacional la salida de tropas Hondureñas y prestar servicios en el territorio extranjero de conformidad con los Tratados y Convenciones Internacionales para operaciones sobre mantenimiento de la paz. Es decir, son estas aquellas actividades de orden y mando de organización militar que están excluidas del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, el resto de actividades o de actos administrativos emitidos por parte de las Fuerzas Armadas sujetas al derecho administrativo, que estén fuera de estos incisos, de forma evidente por disposición del artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, forman parte de la Competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, porque en estos casos la parte recurrida o las Fuerzas Armadas no están actuando en función de su orden y mando militar, sino que en plena actividad administrativa, cuyos actos definitivos perfectamente pueden ser revisados y anulados por parte de los órganos de lo Contencioso Administrativo, como es el caso de esta demanda, que lo impugnado es la nulidad del acuerdo de cancelación de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, por consiguiente esta sala es de la opinión que procede declarar con lugar el presente amparo. En cuanto al alegato de violación al derecho de defensa y debido proceso, se observa que no ha sido vulnerado, pero con el hecho de que se ha violentado el principio de legalidad, es suficiente para declarar con lugar el recurso de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"de la revisión del expediente y de lo que señala el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda evidenciado que no es competencia de los órganos de lo Contencioso Administrativo, aquellos actos relacionados con la defensa y mando de orden militar, es decir las cuestiones militares. Sin embargo es preciso en este punto hacer una diferencia entre esa exclusión de competencia que se refiere únicamente al mando y organización militar y los actos administrativos que también emiten los órganos encargados de la defensa del territorio nacional, en este caso las Fuerzas Armadas.- De la simple lectura del artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda evidenciado que lo que esta excluido del conocimiento del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, es lo relacionado con la defensa, mando y organización militar, es decir, todas aquellas circunstancias que corren agregadas al artículo 245 numerales 3, 4, 16, 17, 36, 37, 43 y 44 de la Constitución de la República ; Por consiguiente, por ejemplo: Queda excluido del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas que recae directamente sobre el Presidente de la República (Art.16 C.R.); otro ejemplo: Queda excluido del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, la facultad constitucional del Presidente de la República de declarar la guerra y hacer la paz en receso del Congreso Nacional de la República (Art.17 C.R.); Asimismo queda excluido también, lo establecido en el artículo 245 numeral 37 Constitucional, en el sentido de velar porque las Fuerzas Armadas sean apolíticas esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes; Igualmente quedan excluidos de lo Contencioso Administrativo lo referido en el artículo 245 numeral 44 Constitucional, permitir previa autorización del Congreso Nacional la salida de tropas Hondureñas y prestar servicios en el territorio extranjero de conformidad con los Tratados y Convenciones Internacionales para operaciones sobre mantenimiento de la paz. Es decir, son estas aquellas actividades de orden y mando de organización militar que están excluidas del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, el resto de actividades o de actos administrativos emitidos por parte de las Fuerzas Armadas sujetas al derecho administrativo, que estén fuera de estos incisos, de forma evidente por disposición del artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, forman parte de la Competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, porque en estos casos la parte recurrida o las Fuerzas Armadas no están actuando en función de su orden y mando militar, sino que en plena actividad administrativa, cuyos actos definitivos perfectamente pueden ser revisados y anulados por parte de los órganos de lo Contencioso Administrativo, como es el caso de esta demanda, que lo impugnado es la nulidad del acuerdo de cancelación de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, por consiguiente esta sala es de la opinión que procede declarar con lugar el presente amparo. En cuanto al alegato de violación al derecho de defensa y debido proceso, se observa que no ha sido vulnerado, pero con el hecho de que se ha violentado el principio de legalidad, es suficiente para declarar con lugar el recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KENSY RAMONA ESCOBAR BANEGAS, a favor del señor SANTOS ORLANADO RODRIGUEZ ORELLANA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), que declaro Sin Lugar, el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de fecha tres (3) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sede en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central , con relación a las Defensa Previas alegadas en la Demanda Ordinaria especial en materia de personal para declarar la nulidad de un acto administrativo promovida por el señor SANTOS ORLANDO RODRIGUEZ ORELLANA, contra EL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de su representado los derechos reconocidos en los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha once (11) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de TEGUCIGALPA, la Abogada JENNIFER LIZZETH BONILLA BONILLA, Interponiendo demanda especial en materia personal para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en el acuerdo de cancelación de fecha 21 de octubre del año dos mil dieciséis emitido por la Secretaría de estado en el despacho de defensa nacional, por no ser dictado conforme a derecho, infringir el ordenamiento jurídico contener vicios de nulidad excesos de poder, desviación de poder, quebrantamiento de las formalidades esenciales establecidas en la ley. (Folios 01 al 9 del expediente del A-quo). 2).- Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la República, en fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado antes citado, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios 01 al 03 de la pieza separada de defensas previas) 3).- Que en fecha tres (3) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dicto Sentencia en la cual RESOLVIO: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la causal de inadmisibilidad denunciada por la parte demandada incidentista consistente en su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con fundamento en el artículo 4, literal b, 63 literal a, y 80 literal c, de la Ley de la Jurisdicción por los fundamentos de derecho ya expuestos n los fundamentos legales de la presente resolución.- SEGUNDO: Se ordena la inadmisión de la demanda principal (Folios 22 al 25 del expediente del A-Quo).4).- Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogado CRISTIAN GERARDO MEDIAN SEVILLA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), dictó Sentencia en fecha mediante la cual FALLA: “Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, en su condición de apoderado legal del señor SANTOS ORLANDO RODRIGUEZ ORELLANA, SEGUNDO: CONFIRMAR el auto dictado en la cuestión incidental de Defensas previas de fecha tres de agosto del dos mil dieciocho, y el auto de fecha dieciséis 16 de octubre del año dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. ”(Folios 14 al 23 de la pieza del Ad-quem).5).- Que la recurrente Abogada KENSY RAMONA ESCOBAR BANEGAS, compareció ante este alto Tribunal, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de Amparo a favor del señor SANTOS ORLANDO RODRIGUEZ ORELLANA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022). (Folio 42 de la pieza de Amparo)6).- Que en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente recurso de amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se esta conociendo la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada KENSY RAMONA ESCOBAR BANEGAS, a favor del señor SANTOS ORLANADO RODRIGUEZ ORELLANA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), que declaro Sin Lugar, el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de fecha tres (3) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sede en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central , con relación a las Defensa Previas alegadas en la Demanda Ordinaria especial en materia de personal para declarar la nulidad de un acto administrativo promovida por el señor SANTOS ORLANDO RODRIGUEZ ORELLANA, contra EL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, que se le ha violentado el derecho a la legalidad, defensa y el debido proceso, en vista que al estarse solicitando en su demanda la nulidad de un acuerdo de cancelación emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, y como reconocimiento de la situación jurídica individualizada el reintegro al cargo de su representado al rango de capitán, el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que sea reintegrado mediante sentencia definitiva, reconociendo los respectivos incrementos salariales, más el pago de los demás derechos laborales que ocurran durante el juicio, como el décimo tercer, décimo cuarto mes de salario, vacaciones y bonificación por concepto de vacaciones, en consecuencia es evidente que los temas planteados son derecho administrativo como lo refiere el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que al ser la parte demandada la Secretaria de Defensa Nacional, esta forma parte de la Administración Pública y dicha pretensión que se demanda se trata de un acuerdo de cancelación en aplicación de leyes administrativas, por ende con lo resuelto por el Juzgado y la Corte de lo Contencioso Administrativo se violeta el artículo 304 de la Constitución de la República, lo que significa que al declarar que este asunto no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, da entender que existe otro tipo de tribunal que debe de conocer y juzgar esta pretensión, por lo tanto es violatorio a los derechos fundamentales de la tutela judicial efectiva a la que tiene derecho el señor Santos Orlando Rodríguez Orellana, mediante la baja deshonrosa, según el procedimiento establecido en el Reglamento del Tribunal de Honor para Miembros de las Fuerzas Armadas, por ello, tal acto es de los que establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el artículo 108 al 113 que son considerados materia de personal. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil veintidós (2022), en el sentido que no se otorgue la presente acción de amparo, al no advertirse trasgresión a las garantías constitucionales invocadas por la amparista. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 200, 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que Compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión del expediente y de lo que señala el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda evidenciado que no es competencia de los órganos de lo Contencioso Administrativo, aquellos actos relacionados con la defensa y mando de orden militar, es decir las cuestiones militares. Sin embargo es preciso en este punto hacer una diferencia entre esa exclusión de competencia que se refiere únicamente al mando y organización militar y los actos administrativos que también emiten los órganos encargados de la defensa del territorio nacional, en este caso las Fuerzas Armadas.- De la simple lectura del artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda evidenciado que lo que esta excluido del conocimiento del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, es lo relacionado con la defensa, mando y organización militar, es decir, todas aquellas circunstancias que corren agregadas al artículo 245 numerales 3, 4, 16, 17, 36, 37, 43 y 44 de la Constitución de la República ; Por consiguiente, por ejemplo: Queda excluido del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas que recae directamente sobre el Presidente de la República (Art.16 C.R.); otro ejemplo: Queda excluido del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, la facultad constitucional del Presidente de la República de declarar la guerra y hacer la paz en receso del Congreso Nacional de la República (Art.17 C.R.); Asimismo queda excluido también, lo establecido en el artículo 245 numeral 37 Constitucional, en el sentido de velar porque las Fuerzas Armadas sean apolíticas esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes; Igualmente quedan excluidos de lo Contencioso Administrativo lo referido en el artículo 245 numeral 44 Constitucional, permitir previa autorización del Congreso Nacional la salida de tropas Hondureñas y prestar servicios en el territorio extranjero de conformidad con los Tratados y Convenciones Internacionales para operaciones sobre mantenimiento de la paz.- Es decir, son estas aquellas actividades de orden y mando de organización militar que están excluidas del conocimiento de lo Contencioso Administrativo, el resto de actividades o de actos administrativos emitidos por parte de las Fuerzas Armadas sujetas al derecho administrativo, que estén fuera de estos incisos, de forma evidente por disposición del artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, forman parte de la Competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, porque en estos casos la parte recurrida o las Fuerzas Armadas no están actuando en función de su orden y mando militar, sino que en plena actividad administrativa, cuyos actos definitivos perfectamente pueden ser revisados y anulados por parte de los órganos de lo Contencioso Administrativo, como es el caso de esta demanda, que lo impugnado es la nulidad del acuerdo de cancelación de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, por consiguiente esta sala es de la opinión que procede declarar con lugar el presente amparo. En cuanto al alegato de violación al derecho de defensa y debido proceso, se observa que no ha sido vulnerado, pero con el hecho de que se ha violentado el principio de legalidad, es suficiente para declarar con lugar el recurso de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 183, 245 numerales 3, 4, 17, 36, 37, 43 y 44, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 132 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KENSY RAMONA ESCOBAR BANEGAS, a favor del señor SANTOS ORLANDO RODRIGUEZ ORELLANA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), que declaro Sin Lugar, el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fechas nueve de junio de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0970-2021.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL