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Sentencia AA-932-18 — Registro 17031

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución administrativa No.1510/2012-SG-TSC, con relación a un escrito de impugnación presentada contra un informe provisional emitido por dicha autoridad. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 60, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que, en el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) se prescribe la sujeción de la actividad administrativa a la jerarquía normativa allí establecida, por lo cual la actividad administrativa de notificación de resoluciones del Tribunal Superior de Cuentas queda delimitada, a una fiel ejecución de lo normativizado en el Considerando inmediato anterior, en tanto Ley Administrativa Especial que rige el caso; así como a lo establecido, en su caso, en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC). CONSIDERANDO (7): Que resulta relevante reseñar el mérito resultante del dictamen de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, por medio del cual se manifiesta, en su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, que no procedería un pronunciamiento de fondo sobre la resolución dictada por el Tribunal Superior de Cuentas en razón a constituir un acto de carácter particular de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo; en consecuencia sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, acorde a lo normado en los artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con relación a los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. De ello se seguiría, según colige el Dictamen, apertura expedita para el reclamante de la vía Contencioso Administrativa, para formular su reclamo; siendo esta Jurisdicción la encargada de conocer de todas las pretensiones que se deduzcan, en relación con los actos de carácter particular o general, de la administración pública sujetos al derecho administrativo; de lo cual también se colige su aptitud para conocer de las resoluciones definitivas que se adopten, agotada la vía administrativa, en aplicación de los precitados artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Por todo lo cual, fue opinión del Ministerio Público, que se sobresea la presente acción de amparo, en vista a la concurrencia de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46, numeral 8), de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que, para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa y los alegatos jurídicos promovidos por el garantista, resulta claro que el procedimiento administrativo se encuentra sujeto - tanto como el procedimiento en sede judicial - en cuanto a sus límites y alcances a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras. Procede, pues, dilucidar las alegaciones del peticionario en cuanto a las formalidades, derechos y garantías contentivas del debido proceso que habrían sido disminuidas, menoscabadas o tergiversadas, en su concepto, a la ciudadana agraviada; con relación a la notificación de la impugnación efectuada contra la deducción de responsabilidad legal, por enriquecimiento ilícito, indiciada en su contra; en el ámbito de funciones públicas, sujetas al control administrativo. CONSIDERANDO (9): Que, como queda dicho, para la Sala Constitucional, tanto el procedimiento administrativo como el procedimiento en sede jurisdiccional se encuentran sujetos a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras. Para el caso, en lo concerniente a la notificación y, particularmente, a los tipos de vías recursivas que franquea la vía administrativa especial, contrario a lo postulado por el garantista en formalización de su recurso; sí se encuentran normativizados en la Ley Administrativa Especial, como es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC); la cual prescribe, a la sazón, lo siguiente: Artículo 90 de la LOTSC: REPOSICIÓN. Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación (…); Artículo 91 de la LOTSC: HABILITACIÓN DE LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. La resolución del recurso de reposición por el Tribunal pone fin a la vía administrativa y el afectado podrá acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, excepto en las resoluciones que determinen indicios de enriquecimiento ilícito por cuanto dicho recurso pone fin a la vía administrativa con el objeto de darle curso al ejercicio de la acción penal. Artículo 94 de la LOTSC: RESOLUCIÓN FIRME O EJECUTORIADA. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando él o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales; dispositivos legales todos ellos que incumben al caso bajo estudio, con relación a lo estipulado en el artículo 96 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (RGLOTSC), el cual autoriza la Notificación por Tabla de Avisos: “… cuando el sujeto objeto (Sic.) de responsabilidad o investigación tuviere apoderado legal acreditado (…)”; tal y como acontece en el presente caso. CONSIDERANDO (10): Que, examinada la acción de amparo promovida a favor de la señora Denia Carolina Pinto Guillen en su planteamiento y formalización respectiva, se encuentra argumentada en la improcedencia y la defectuosa notificación de la resolución de un escrito de impugnación promovido contra un informe provisional de enriquecimiento ilícito, por parte de la autoridad contralora; lo cual resultaría en perjuicio del debido proceso, y de las demás declaraciones, derechos y garantías constitucionales esgrimidas, concurrentemente, a favor de la ciudadana agraviada; lo cual no resulta de recibo en cuanto al debido proceso legal, como queda motivado; ni respecto a los demás derechos constitucionales invocados como violentados lo son en función subalterna a la determinación de si se ha infringido, o no, la garantía genérica del debido proceso; no procediendo inaplicar la resolución objeto de amparo, por no obstaculizar el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, a favor de la persona solicitante de amparo; quien no se ha visto sujeta a contravención, disminución o tergiversación de dichas declaraciones, derechos y garantías; lo cual cabe asimismo predicar de la responsabilidad de los servidores del Estado, la cual no se ha visto comprometida con acciones que pudieran ultrajar la legalidad, ni los principios de igualdad y de derecho de defensa que amparan a la persona agraviada. Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, al no acreditarse infracción alguna a los preceptos contenidos en los artículos 60, 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, se procede a denegar la presente acción constitucional de amparo.

Legislación citada

  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 91 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley General de la Administración Pública, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que, en el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) se prescribe la sujeción de la actividad administrativa a la jerarquía normativa allí establecida, por lo cual la actividad administrativa de notificación de resoluciones del Tribunal Superior de Cuentas queda delimitada, a una fiel ejecución de lo normativizado en el Considerando inmediato anterior, en tanto Ley Administrativa Especial que rige el caso; así como a lo establecido, en su caso, en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC). CONSIDERANDO (7): Que resulta relevante reseñar el mérito resultante del dictamen de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, por medio del cual se manifiesta, en su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, que no procedería un pronunciamiento de fondo sobre la resolución dictada por el Tribunal Superior de Cuentas en razón a constituir un acto de carácter particular de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo; en consecuencia sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, acorde a lo normado en los artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con relación a los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. De ello se seguiría, según colige el Dictamen, apertura expedita para el reclamante de la vía Contencioso Administrativa, para formular su reclamo; siendo esta Jurisdicción la encargada de conocer de todas las pretensiones que se deduzcan, en relación con los actos de carácter particular o general, de la administración pública sujetos al derecho administrativo; de lo cual también se colige su aptitud para conocer de las resoluciones definitivas que se adopten, agotada la vía administrativa, en aplicación de los precitados artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Por todo lo cual, fue opinión del Ministerio Público, que se sobresea la presente acción de amparo, en vista a la concurrencia de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46, numeral 8), de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que, para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa y los alegatos jurídicos promovidos por el garantista, resulta claro que el procedimiento administrativo se encuentra sujeto - tanto como el procedimiento en sede judicial - en cuanto a sus límites y alcances a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras. Procede, pues, dilucidar las alegaciones del peticionario en cuanto a las formalidades, derechos y garantías contentivas del debido proceso que habrían sido disminuidas, menoscabadas o tergiversadas, en su concepto, a la ciudadana agraviada; con relación a la notificación de la impugnación efectuada contra la deducción de responsabilidad legal, por enriquecimiento ilícito, indiciada en su contra; en el ámbito de funciones públicas, sujetas al control administrativo. CONSIDERANDO (9): Que, como queda dicho, para la Sala Constitucional, tanto el procedimiento administrativo como el procedimiento en sede jurisdiccional se encuentran sujetos a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras. Para el caso, en lo concerniente a la notificación y, particularmente, a los tipos de vías recursivas que franquea la vía administrativa especial, contrario a lo postulado por el garantista en formalización de su recurso; sí se encuentran normativizados en la Ley Administrativa Especial, como es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC); la cual prescribe, a la sazón, lo siguiente: Artículo 90 de la LOTSC: REPOSICIÓN. Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación (…); Artículo 91 de la LOTSC: HABILITACIÓN DE LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. La resolución del recurso de reposición por el Tribunal pone fin a la vía administrativa y el afectado podrá acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, excepto en las resoluciones que determinen indicios de enriquecimiento ilícito por cuanto dicho recurso pone fin a la vía administrativa con el objeto de darle curso al ejercicio de la acción penal. Artículo 94 de la LOTSC: RESOLUCIÓN FIRME O EJECUTORIADA. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando él o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales; dispositivos legales todos ellos que incumben al caso bajo estudio, con relación a lo estipulado en el artículo 96 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (RGLOTSC), el cual autoriza la Notificación por Tabla de Avisos: “… cuando el sujeto objeto (Sic.) de responsabilidad o investigación tuviere apoderado legal acreditado (…)”; tal y como acontece en el presente caso. CONSIDERANDO (10): Que, examinada la acción de amparo promovida a favor de la señora Denia Carolina Pinto Guillen en su planteamiento y formalización respectiva, se encuentra argumentada en la improcedencia y la defectuosa notificación de la resolución de un escrito de impugnación promovido contra un informe provisional de enriquecimiento ilícito, por parte de la autoridad contralora; lo cual resultaría en perjuicio del debido proceso, y de las demás declaraciones, derechos y garantías constitucionales esgrimidas, concurrentemente, a favor de la ciudadana agraviada; lo cual no resulta de recibo en cuanto al debido proceso legal, como queda motivado; ni respecto a los demás derechos constitucionales invocados como violentados lo son en función subalterna a la determinación de si se ha infringido, o no, la garantía genérica del debido proceso; no procediendo inaplicar la resolución objeto de amparo, por no obstaculizar el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, a favor de la persona solicitante de amparo; quien no se ha visto sujeta a contravención, disminución o tergiversación de dichas declaraciones, derechos y garantías; lo cual cabe asimismo predicar de la responsabilidad de los servidores del Estado, la cual no se ha visto comprometida con acciones que pudieran ultrajar la legalidad, ni los principios de igualdad y de derecho de defensa que amparan a la persona agraviada. Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, al no acreditarse infracción alguna a los preceptos contenidos en los artículos 60, 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, se procede a denegar la presente acción constitucional de amparo.

Legislación citada

  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 91 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley General de la Administración Pública, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N.

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por Cesar Augusto Girón Lanza, a favor de la señora Denia Carolina Pinto Guillen, contra la resolución administrativa No.1510/2012-SG-TSC, de fecha uno de noviembre de dos mil doce, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con relación a un escrito de impugnación presentada por la señora Denia Carolina Pinto Guillen contra un informe provisional emitido por dicha autoridad. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 60, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Denia Carolina Pinto Guillen, contra la resolución administrativa No.1510/2012-SG-TSC, de fecha uno de noviembre de dos mil doce, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con relación a un escrito de impugnación presentada por la señora Denia Carolina Pinto Guillen contra un informe provisional emitido por dicha autoridad. (Folios 1-21 del recurso) 2) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, ordenándose librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro el plazo de un (1) día hábil remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. En cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, previo a que se pronuncie sobre la misma, que proceda al examen de los antecedentes o del informe de mérito, al momento que sean recibidos. (Folio 23 del amparo) 3) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen el expediente No.18-66-59, del cual se desprende la resolución No. 1510/2012-SG-TSC, objeto del presente recurso, de fecha uno de noviembre de dos mil doce, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), misma que en su parte conducente se resolvió por unanimidad de votos de sus miembros: PRIMERO: EMITIR INFORME FINAL EN CONTRA de la ciudadana DENIA CAROLINA PINTO GUILLÉN, quien fungió en el cargo de Directora General del Departamento de Contratos de la Secretaría de Salud, durante el periodo que cubre del 01 de febrero de 2002 al 28 de febrero de 2005.-SEGUNDO: DESVANECER a la ciudadana DENIA CAROLINA PINTO GUILLÉN, la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.3,750.00), en vista de ser valores no considerados como ingresos y CONFIRMAR una responsabilidad por indicios de Enriquecimiento Ilícito por la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON VENTITRÉS CENTAVOS (L.2,793,663.23), cantidad ésta, que resulta superior a la que normalmente hubiera podido obtener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital por cualquier causa ilícita por lo expuesto en el primer considerando de la presente resolución.-TERCERO: Si en un término de diez (10) días no interpone ante este Tribunal Superior de Cuentas, el Recurso de Reposición contra la presente resolución como lo establece el artículo 90 de la Ley Orgánica de este ente Contralor, librar certificación de la presente resolución al Ministerio Público, a efecto que proceda a incoar las acciones legales correspondientes, una vez que la misma adquiera el carácter de firme. (Folios 514-524 del tomo III del antecedente). 4) En fecha quince de agosto del año dos mil diecinueve, Revisados que fueron los antecedentes del recurso de mérito, se ordenó dar la vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalizara su petición, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se declaró sin lugar, por haberse observado que en el caso de autos no se ajusta a lo estipulado en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 31 del recurso de amparo). 5) En fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, se tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, en su condición antes indicada, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó al recurrente estarse a lo dispuesto por este Tribunal, en el auto de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve (f-31), en consecuencia, se dispuso dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 56 del recurso de amparo) 6) Que esta Sala, en fecha once de noviembre de dos mil veinte, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Del examen de los antecedentes y sin entrar al fondo del asunto, aprecia que la resolución traída a estudio No.1510/2012-SG-TSC fue emitida por el Tribunal Superior de Cuentas por lo que constituye un acto de carácter particular de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo; en consecuencia sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa; razón por la cual se advierte que no es procedente la solicitud de amparo planteada por el recurrente, lo anterior en consonancia con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece: “Articulo 1.Por la presente ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los acto de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2. Para los efectos del articulo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las municipalidades y las instituciones autónomas.” Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece: “ARTICULO 93. IMPUGNACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Agotada la vía administrativa, la demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deberá presentarse, dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación. Su tramitación se sujetará a lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ARTICULO 94. RESOLUCIÓN FIRME O EJECUTORIADA. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando el o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promoviere la demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales.”. De lo expuesto se aprecia que en el caso de autos concurre una causal de inadmisibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)…2)…3)…4)…5)…6)…7)…; 8) Cuando se tuvieren expeditos recurso o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9)…, El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”; y, en el caso que nos ocupa se trata de un acto de la Administración Pública sujeto al Derecho Administrativo, sometido al control de la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que no es procedente la solicitud de amparo planteada, procediendo su sobreseimiento. Del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales, a las que el recurrente hace referencia en su petición de amparo. IV. OPINIÓN: Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de amparo, el Ministerio Público opina que SE SOBRESEAN las diligencias por concurrir la causal de inadmisibilidad antes señalada. (Folios 61-65 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que manifiesta el recurrente, Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, al entablar la presente acción constitucional a favor de la señora Denia Carolina Pinto Guillen, que solicitaba amparo en nombre y representación de la susodicha ciudadana, contra la resolución administrativa No.1510/2012-SG-TSC, supradescrita; la cual fue emitida en fecha uno de noviembre de dos mil doce por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC); efectuando expresión de los siguientes requisitos de interposición y de agravios en el orden legal y constitucional: a) Que, en cuanto al agotamiento de recursos internos para impugnar dicha resolución, comparecieron en tiempo y forma ante el citado Tribunal, interponiendo el correspondiente recurso de reposición en fecha 25 de agosto de 2015, habiéndose resuelto mediante la resolución número 022-2016-SG-TSC-RR, de fecha 03 de marzo de 2016, firmándose hasta el año de 2018 y efectuándose la notificación de tal Resolución en fecha 25 de octubre de 2018, por medio Cedula de Notificación fijada en la tabla de avisos de la Secretaría del Tribunal Superior de Cuentas; lo cual se considera no acorde a los principios administrativos, en el procedimiento seguido para notificarle; en vista a efectuarse tales notificaciones fuera del plazo que designa la ley y a que en el recurso de reposición se designó número telefónico y dirección electrónica, para tal efecto; no procediendo efectuarlas por cedula de notificación fijada en tabla de avisos. b) Que, en relación a los hechos que motivan la solicitud, agrega el garantista que tal forma de notificación de las resoluciones no está prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, ya que lo único previsto es la forma de notificar los pliegos de responsabilidades, entre los que se prevé por medio de cédula entregada en el lugar de trabajo o en domicilio designado; lo que no acontece en el presente caso, por tratarse de una notificación de una resolución emitida en una impugnación a un pliego de responsabilidades; misma que de no poderse realizar de forma personal al apoderado procesal se debió notificar por medio de correo electrónico; lo que hace incurrir a la autoridad denunciada en una violación al principio de legalidad y al debido proceso de la ciudadana Denia Carolina Pinto Guillen. CONSIDERANDO (4): Que, censura el garantista, Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, que el procedimiento señalado para efectuar la notificación de la impugnación reclamada, debió ceñirse a las formalidades que establece el artículo 87 reformado de Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que, en caso de imposibilidad de notificación personal, debe esta efectuarse por los medios electrónicos designados en el expediente, de lo cual hizo caso omiso el Tribunal Superior de Cuentas. Finalmente, se sintetiza el planteamiento del garantistas, en el siguiente acápite: c) Que, en exposición del concepto de la violación constitucional denunciada, censura el garantista las actuaciones administrativas en relación, como realizadas en violación a los principios de igualdad, inviolabilidad de la defensa y legalidad, así como al debido proceso, de la señora Denia Carolina Pinto Guillen, en infracción a lo establecido en los artículos 60, 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; en vista a que se han enfilado acciones solamente en su contra, aun y cuando consta en los antecedentes que, en el periodo objeto de investigación, era la esposa del señor Jesús Armando Chinchilla Pacheco, con quien mantenía cuentas mancomunadas y era la persona que únicamente las manejaba para retiros y depósitos; lo cual entraña un tratamiento desigualitario, o sea de discriminación por razón de sexo; conllevando a la nulidad de lo actuado, vista la vulneración al principio de legalidad, ya que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas no contiene disposiciones procedimentales respecto a las impugnaciones que se presenten en contra de los pliegos de responsabilidades que fueron notificados, entre los cuales, sus formalidades y términos, por lo que debe aplicarse la supletoriedad del derecho administrativo que establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC), con relación el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) y el precitado artículo 87 reformado de Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), por el cual se establece que, en caso de imposibilidad de notificación personal, deberá esta efectuarse por los medios electrónicos designados en el expediente en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de su fecha; lo cual no fue señaladamente el caso. CONSIDERANDO (5): Que, el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC) en relación a las notificaciones señala: “NOTIFICACIONES. Las notificaciones podrán efectuarse por cualquiera de los medios siguientes: 1) Notificación personal en las oficinas del Tribunal; 2) Cédula de notificación entregada en el domicilio, residencia o lugar de trabajo de la persona a notificar; 3) Correo certificado, presumiéndose que se ha recibido la notificación desde la fecha del comprobante de entrega; y, 4) Mediante publicación en un diario de circulación nacional; en este caso los efectos de la notificación se comenzarán a contar a partir del día siguiente de su publicación. Si la persona que debe ser notificada se encontrare en el extranjero, la notificación se efectuará por conducto de un representante diplomático o consular de la República de Honduras.” CONSIDERANDO (6): Que, en el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) se prescribe la sujeción de la actividad administrativa a la jerarquía normativa allí establecida, por lo cual la actividad administrativa de notificación de resoluciones del Tribunal Superior de Cuentas queda delimitada, a una fiel ejecución de lo normativizado en el Considerando inmediato anterior, en tanto Ley Administrativa Especial que rige el caso; así como a lo establecido, en su caso, en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC). CONSIDERANDO (7): Que resulta relevante reseñar el mérito resultante del dictamen de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, por medio del cual se manifiesta, en su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, que no procedería un pronunciamiento de fondo sobre la resolución dictada por el Tribunal Superior de Cuentas en razón a constituir un acto de carácter particular de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo; en consecuencia sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, acorde a lo normado en los artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con relación a los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. De ello se seguiría, según colige el Dictamen, apertura expedita para el reclamante de la vía Contencioso Administrativa, para formular su reclamo; siendo esta Jurisdicción la encargada de conocer de todas las pretensiones que se deduzcan, en relación con los actos de carácter particular o general, de la administración pública sujetos al derecho administrativo; de lo cual también se colige su aptitud para conocer de las resoluciones definitivas que se adopten, agotada la vía administrativa, en aplicación de los precitados artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Por todo lo cual, fue opinión del Ministerio Público, que se sobresea la presente acción de amparo, en vista a la concurrencia de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46, numeral 8), de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que, para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa y los alegatos jurídicos promovidos por el garantista, resulta claro que el procedimiento administrativo se encuentra sujeto - tanto como el procedimiento en sede judicial - en cuanto a sus límites y alcances a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras. Procede, pues, dilucidar las alegaciones del peticionario en cuanto a las formalidades, derechos y garantías contentivas del debido proceso que habrían sido disminuidas, menoscabadas o tergiversadas, en su concepto, a la ciudadana agraviada; con relación a la notificación de la impugnación efectuada contra la deducción de responsabilidad legal, por enriquecimiento ilícito, indiciada en su contra; en el ámbito de funciones públicas, sujetas al control administrativo. CONSIDERANDO (9): Que, como queda dicho, para la Sala Constitucional, tanto el procedimiento administrativo como el procedimiento en sede jurisdiccional se encuentran sujetos a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras. Para el caso, en lo concerniente a la notificación y, particularmente, a los tipos de vías recursivas que franquea la vía administrativa especial, contrario a lo postulado por el garantista en formalización de su recurso; sí se encuentran normativizados en la Ley Administrativa Especial, como es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC); la cual prescribe, a la sazón, lo siguiente: Artículo 90 de la LOTSC: REPOSICIÓN. Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación (…); Artículo 91 de la LOTSC: HABILITACIÓN DE LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. La resolución del recurso de reposición por el Tribunal pone fin a la vía administrativa y el afectado podrá acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, excepto en las resoluciones que determinen indicios de enriquecimiento ilícito por cuanto dicho recurso pone fin a la vía administrativa con el objeto de darle curso al ejercicio de la acción penal. Artículo 94 de la LOTSC: RESOLUCIÓN FIRME O EJECUTORIADA. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando él o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales; dispositivos legales todos ellos que incumben al caso bajo estudio, con relación a lo estipulado en el artículo 96 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (RGLOTSC), el cual autoriza la Notificación por Tabla de Avisos: “… cuando el sujeto objeto (Sic.) de responsabilidad o investigación tuviere apoderado legal acreditado (…)”; tal y como acontece en el presente caso. CONSIDERANDO (10): Que, examinada la acción de amparo promovida a favor de la señora Denia Carolina Pinto Guillen en su planteamiento y formalización respectiva, se encuentra argumentada en la improcedencia y la defectuosa notificación de la resolución de un escrito de impugnación promovido contra un informe provisional de enriquecimiento ilícito, por parte de la autoridad contralora; lo cual resultaría en perjuicio del debido proceso, y de las demás declaraciones, derechos y garantías constitucionales esgrimidas, concurrentemente, a favor de la ciudadana agraviada; lo cual no resulta de recibo en cuanto al debido proceso legal, como queda motivado; ni respecto a los demás derechos constitucionales invocados como violentados lo son en función subalterna a la determinación de si se ha infringido, o no, la garantía genérica del debido proceso; no procediendo inaplicar la resolución objeto de amparo, por no obstaculizar el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, a favor de la persona solicitante de amparo; quien no se ha visto sujeta a contravención, disminución o tergiversación de dichas declaraciones, derechos y garantías; lo cual cabe asimismo predicar de la responsabilidad de los servidores del Estado, la cual no se ha visto comprometida con acciones que pudieran ultrajar la legalidad, ni los principios de igualdad y de derecho de defensa que amparan a la persona agraviada. Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, al no acreditarse infracción alguna a los preceptos contenidos en los artículos 60, 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, se procede a denegar la presente acción constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45 y 62 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARIO ROLANDO DÍAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-932-2018.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP