Sentencia AA-919-21 — Registro 17436
Resumen
Decisión tomada en el Pleno Administrativo No. 08-2021 de Autoridad recurrida declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó sanción de suspensión de trabajo por ocho días calendarios sin goce de sueldo en perjuicio de recurrente impuesta por Gerencia de Talento Humano que determinó que ésta no cumplió con sus funciones inherentes a su puesto, observando ineficiencia manifiesta en su desempeño; La Autoridad recurrida confirmó la Decisión Administrativa por considerar que está apegada a derecho ya que no presentó en la Audiencia de Descargo la prueba documental que lograra constatar la asignación de funciones dada a la Sub Jefa de Redacción de Resoluciones; De la determinación del Pleno disintió uno de sus Magistrados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el acto recurrido de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, emitido por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, resuelve: “TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.- TEGICUGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por devuelta la presente diligencia con procedencia del Pleno de Magistrados de este Ente Contralor, y en virtud de lo establecido mediante constancia de fecha 30 de junio del 2021 del Pleno Administrativo No. 08-2021, celebrado en fecha 29 de junio del año 2021, los Magistrados de este Ente Contralor, en atención al Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, Jefa de la Unidad de Emisión de Actas y Acuerdos Resolutivos; el Pleno de este Tribunal analizados que fueron los planteamientos expuestos en el Recurso en referencia determina, DECLARAR NO HA LUGAR la apelación interpuesta contra la suspensión del trabajo por ocho (08) días calendario sin goce de sueldo. Disiente de tal determinación el Magistrado Roy Pineda Castro. Confirmando la sanción impuesta por la Gerencia de Talento Humano a la Licenciada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ.- Artículo 11 y 16 Literal q del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. NOTIFIQUESE.”..."..."La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..."..."la Sala de lo Constitucional observa que la resolución recurrida de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto ante ese Ente contralor del Estado, ha sido dictada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas con inobservancia de los requisitos legales establecidos en la ley, pues el Pleno de Magistrados ha emitido una resolución que declara SIN LUGAR un recurso de Apelación sin argumento alguno. El Pleno (autoridad competente para resolver el recurso de Apelación) devenía obligado a resolver dicho recurso con fundamentos de hecho, de derecho y con la debida motivación, pues así se lo exige el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con la normativa señalada del Código Procesal Civil, como norma supletoria y siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre, se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que la resolución emitida debe ser dictada por el órgano competente, debidamente motivada, a efecto de dar respuestas a cada una de las pretensiones expuestas por la interesada en el recurso de Apelación que se interpuso en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas-, debe dictar resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hecho, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si la sanción impuesta por la Gerencia de Talento Humano del Tribunal Superior de Cuentas, a la señora MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, es procedente o no, especificando el fundamento legal aplicable al caso concreto de acuerdo al Régimen de la Carrera de Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera la tutela judicial efectiva, constituyendo este motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"el acto recurrido de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, emitido por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, resuelve: “TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.- TEGICUGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por devuelta la presente diligencia con procedencia del Pleno de Magistrados de este Ente Contralor, y en virtud de lo establecido mediante constancia de fecha 30 de junio del 2021 del Pleno Administrativo No. 08-2021, celebrado en fecha 29 de junio del año 2021, los Magistrados de este Ente Contralor, en atención al Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, Jefa de la Unidad de Emisión de Actas y Acuerdos Resolutivos; el Pleno de este Tribunal analizados que fueron los planteamientos expuestos en el Recurso en referencia determina, DECLARAR NO HA LUGAR la apelación interpuesta contra la suspensión del trabajo por ocho (08) días calendario sin goce de sueldo. Disiente de tal determinación el Magistrado Roy Pineda Castro. Confirmando la sanción impuesta por la Gerencia de Talento Humano a la Licenciada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ.- Artículo 11 y 16 Literal q del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. NOTIFIQUESE.”..."..."La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..."..."la Sala de lo Constitucional observa que la resolución recurrida de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto ante ese Ente contralor del Estado, ha sido dictada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas con inobservancia de los requisitos legales establecidos en la ley, pues el Pleno de Magistrados ha emitido una resolución que declara SIN LUGAR un recurso de Apelación sin argumento alguno. El Pleno (autoridad competente para resolver el recurso de Apelación) devenía obligado a resolver dicho recurso con fundamentos de hecho, de derecho y con la debida motivación, pues así se lo exige el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con la normativa señalada del Código Procesal Civil, como norma supletoria y siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre, se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que la resolución emitida debe ser dictada por el órgano competente, debidamente motivada, a efecto de dar respuestas a cada una de las pretensiones expuestas por la interesada en el recurso de Apelación que se interpuso en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas-, debe dictar resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hecho, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si la sanción impuesta por la Gerencia de Talento Humano del Tribunal Superior de Cuentas, a la señora MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, es procedente o no, especificando el fundamento legal aplicable al caso concreto de acuerdo al Régimen de la Carrera de Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera la tutela judicial efectiva, constituyendo este motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, a favor de SI MISMA, contra actuaciones del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, relacionadas según la recurrente, a la decisión tomada en el pleno administrativo No. 08-2021, celebrado en fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, de declarar NO HA LUGAR la apelación interpuesta contra la sanción de suspensión de trabajo por ocho (08) días calendarios sin goce de sueldo, impuesta por la GERENCIA DE TALENTO HUMANO, en perjuicio de la Señora MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 313 numeral 5, 321, 323, 324 y 327 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ actuando en su condición personal, comparece ante el Tribunal Superior de Cuentas, interponiendo recurso de apelación contra la improcedente determinación tomada por la Gerencia de Talento Humano del Tribunal Superior de Cuentas, en la que declara “sin lugar los descargos” presentados en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y se le sanciona con una suspensión de trabajo de por ocho días sin goce de sueldo. (Folios 01-19 del antecedente) 2) Que, según constancia emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, se establece que ese ente Contralor celebró Sesión de Pleno de Magistrados en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), en la cual resolvió: DECLARAR NO HA LUGAR la apelación interpuesta contra la suspensión del Trabajo por ocho días calendario Sin Goce de Sueldo, impuesta por la Gerencia de Talento Humano. (Folio 0129 del antecedente) 3) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMA, contra actuaciones del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, relacionadas según la recurrente, a la decisión tomada en el pleno administrativo No. 08-2021, celebrado en fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, de declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sanción consistente en la suspensión de trabajo por ocho (08) días calendario sin goce de sueldo, impuesta por la GERENCIA DE TALENTO HUMANO, en perjuicio de la Señora MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ. 4) Que en fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, la Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, en consecuencia, ordena librar comunicación a la autoridad recurrida, para que dentro del término de dos días remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 70 de la pieza de amparo) 5) En fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) y diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), el Tribunal Superior de Cuentas rindió el informe correspondiente a la Honorable Sala de lo Constitucional, en el cual exponen lo siguiente: Que conforme a la verificación de las actuaciones contenidas en la Solicitud Varia Nº.017-2021-V-1 correspondiente a un recurso de apelación presentado por la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, se constató lo siguiente: En fecha 26 de mayo del 2021 mediante memorando 646-2021-GTH, emitido por la Sub Gerencia de Talento Humano “Asunto: Notificación”: el cual literalmente dice: En atención a la audiencia de Descargo celebrada en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se procedió a analizar, valorar los argumentos presentadas por la apelante y se determinó que no descargó la responsabilidad de Revisión y Control de Calidad en la Resolución No. 086/2019-SG, y que debido que no cumplió con las funciones correspondientes al puesto que ostenta observando ineficiencia manifiesta en el desempeño de las mismas en virtud de: 1. No realizó la correspondiente Coordinación en la elaboración de proyectos de resolución, debido a que no presentó en la Audiencia de Descargo la prueba documental que lograra constatar la asignación de funciones dada a la Sub Jefa de Redacción de Resoluciones. 2.No efectúo el debido control de calidad al Proyecto de Resolución con el objeto de plasmar en la resolución la correcta motivación de los considerandos de las decisiones tomadas por el Pleno de Magistrados, no existiendo en la mencionada resolución conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva, manifestando en la Audiencia que fue un error involuntario. 3. No realizó la respectiva revisión de los diferentes documentos generados en la unidad, según la normativa institucional así lo requiera. En consecuencia la Gerencia de Talento Humano del Tribunal Superior de Cuentas procedió a realizar la siguiente NOTIFICACION: Declarar SIN LUGAR LOS DESCARGOS presentados por Usted, por las razones antes descritas se realiza la Suspensión del trabajo de ocho (08) día calendario sin goce de sueldo, mismo que empezaran a correr una vez este firme la sanción, de igual forma en este acto se le concede el termino de tres (3) días hábiles para interponer el Recurso de Apelación después de esta notificación. Posteriormente en fecha treinta y uno de mayo de dos veintiuno, la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, presentó el recurso de apelación, y una vez evacuadas las diligencias correspondientes, el Tribunal Superior de Cuentas, en Pleno de Magistrados celebrado el veintinueve de junio de dos mil veintiuno resolvió de la siguiente manera: “DECLARAR NO HA LUGAR la apelación interpuesta contra la suspensión del Trabajo por ocho (8) días calendario sin goce de sueldo y confirmando la sanción impuesta por la Gerencia de Talento Humano a la Licenciada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ.….” (Folios 74-77 y 105-108 del recurso de amparo) 6) Que en fecha veinticinco de julio del año dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público y emitido el dictamen a través de su fiscal CLAUDIA SUYAPA MEJIA, quien fue de la opinión porque: SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por la Amparista. (Folio 117 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral 3, inciso “c” de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS en pleno administrativo número 08-2021 de fecha veintinueve (29) de junio del dos mil veintiuno (2021), que resuelve declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la señora MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, contra la resolución emitida por la Gerencia de Talento Humano, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) mediante la cual se resolvió: (Sic) “… POR TANTO: La gerencia de Talento Humano en uso de las facultades que el marco legal le señala, procede a realizar la siguiente NOTIFICACION: Declarar SIN LUGAR LOS DESCARGOS presentados por Usted, por las razones antes descritas se realiza la Suspensión del trabajo de ocho (08) días calendario sin goce de sueldo, mismos que empezaran a correr una vez este firme la sanción, de igual forma en este acto se le concede el termino de tres (3) días hábiles para interponer el recurso de Apelación después de esta notificación;”. CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, es de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo promovida por existir vulneraciones constitucionales denunciadas por la amparista; arguye la Fiscal del Ministerio Público, que al revisar el expediente administrativo se aprecia la falta de motivación del acto administrativo impugnado, al no establecer las razones por las que el ente contralor adoptó la decisión de declarar no ha lugar la apelación interpuesta, lo que conlleva una violación del derecho fundamental del Debido Proceso y derecho de defensa, en ese sentido la actuación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas en fecha 30 de junio de 2021, por medio del pleno administrativo 08-2021 no es congruente, ni justa, por lo que se aprecia violación al debido proceso y defensa alegados por la recurrente. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente en amparo en la exposición de sus argumentos en la presentación del recurso y en la formalización del mismo, sostiene que la resolución administrativa que se impugna, vulnera el derecho de igualdad, petición, debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República, los cuales desarrolla de la siguiente manera: arguye que la resolución emitida por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, vulnera el principio de legalidad y debido proceso, por no constar los requisitos de congruencia y exhaustividad, por dos razones: 1) El Pleno de Magistrados no ha dado respuesta concreta a las consideraciones que ha planteado en el recurso de apelación, pues no consta relación alguna de los extremos alegados en el recurso, contrariando su derecho de petición y de obtener respuesta conforme a lo que ha pedido según el artículo 80 de la Constitución de la República; 2) En la resolución no se exponen los fundamentos jurídicos que se han utilizado de base para la sanción impuesta, sin haber seguido los pasos establecidos en el artículo 73 literal b y 76 numeral 1 del Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, donde se establece que lo que procede es amonestación verbal en el caso de faltas leves, por esta razón la resolución recurrida debe declararse nula según el artículo 321 de la Constitución de la República; por ultimo alega vulneración derecho de igualdad y no discriminación contenido en el artículo 60 de la Constitución de la República, argumento que basa en que durante todo el proceso y en la resolución recurrida, se ha observado un trato desigual hacia ella, sintiéndose discriminada por su condición de género, al grado de sentirse relegada en comparación con sus iguales en jerarquía, quienes por su condición de hombre si gozan de la credibilidad y el apoyo necesario de sus superiores, pues no se les impuso sanción alguna a todos los que conocieron el caso y que tuvieron a la vista el error, únicamente a ella y sus dos compañeras. CONSIDERANDO (6): Que el acto recurrido de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, emitido por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, resuelve: “TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.- TEGICUGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por devuelta la presente diligencia con procedencia del Pleno de Magistrados de este Ente Contralor, y en virtud de lo establecido mediante constancia de fecha 30 de junio del 2021 del Pleno Administrativo No. 08-2021, celebrado en fecha 29 de junio del año 2021, los Magistrados de este Ente Contralor, en atención al Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, Jefa de la Unidad de Emisión de Actas y Acuerdos Resolutivos; el Pleno de este Tribunal analizados que fueron los planteamientos expuestos en el Recurso en referencia determina, DECLARAR NO HA LUGAR la apelación interpuesta contra la suspensión del trabajo por ocho (08) días calendario sin goce de sueldo. Disiente de tal determinación el Magistrado Roy Pineda Castro. Confirmando la sanción impuesta por la Gerencia de Talento Humano a la Licenciada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ.- Artículo 11 y 16 Literal q del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. NOTIFIQUESE.”. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO (8): Que el Artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, dispone: Normas Supletorias. En lo no previsto en esta ley, se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo, en armonía con las finalidades del Tribunal. Al efecto y en relación a los ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, la Ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 22, 25 y 26 por su orden dispone: “Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo se regirán conforme a lo dispuesto en el presente Capitulo.”; “Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.”; “La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente.” En ese orden de ideas en artículo 200 del Código Procesal Civil, como norma supletoria[1] dispone: CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las Sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo. …”; en ese orden de ideas el Código Procesal Civil establece en el artículo 206[2] que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; aunado a ello y como otro requisito interno de las sentencias el artículo 207[3] indica que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho; así el artículo 208[4] señalado, indica que las sentencias deben ser congruentes con las pretensiones de las partes. CONSIDERANDO (9): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[5], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[6]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[7]. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[8] CONSIDERANDO (10): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo, dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (11): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[9]. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (13): Que el artículo 90 párrafo primero, en relación con el artículo 321 de la Constitución de la República por su orden establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; Los servidores del estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”. CONSIDERANDO (14): En atención a la normativa señalada, la Sala de lo Constitucional observa que la resolución recurrida de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto ante ese Ente contralor del Estado, ha sido dictada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas con inobservancia de los requisitos legales establecidos en la ley, pues el Pleno de Magistrados ha emitido una resolución que declara SIN LUGAR un recurso de Apelación sin argumento alguno. El Pleno (autoridad competente para resolver el recurso de Apelación) devenía obligado a resolver dicho recurso con fundamentos de hecho, de derecho y con la debida motivación, pues así se lo exige el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con la normativa señalada del Código Procesal Civil, como norma supletoria y siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre, se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que la resolución emitida debe ser dictada por el órgano competente, debidamente motivada, a efecto de dar respuestas a cada una de las pretensiones expuestas por la interesada en el recurso de Apelación que se interpuso en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno. CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas-, debe dictar resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hecho, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si la sanción impuesta por la Gerencia de Talento Humano del Tribunal Superior de Cuentas, a la señora MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, es procedente o no, especificando el fundamento legal aplicable al caso concreto de acuerdo al Régimen de la Carrera de Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera la tutela judicial efectiva, constituyendo este motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 22, 24, 25, 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, a favor de SI MISMA, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021) emitida en Pleno Administrativo No. 8-2021 por los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas en el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintiséis (26) de Mayo del año dos mil veintiuno que impone una sanción de suspensión del trabajo por OCHO (8) días calendario sin goce de sueldo a la señora MARINA SUYAPA ZELAYA ORTEZ, Jefa de la Unidad de Emisión de Actas y Acuerdos Resolutivos del Tribunal Superior de Cuentas. 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-919-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Articulo 150 Ley de Procedimiento Administrativo. “Para la resolución de cuestiones no previstas expresamente en esta Ley, serán de aplicación supletoria los principios generales del procedimiento administrativo y en su defecto, las normas del Código Procesal Civil, siempre que no fuere incompatibles con el régimen establecido por la misma.”.
[2] Artículo 206.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD.
Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.
El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.
Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.
[3] Artículo 207.- MOTIVACION.
Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.
- La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.
[4] Artículo 208.- CONGRUENCIA.
Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.
En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.
[5] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[6] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[7] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[8] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[9] Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.