Sentencia AA-895-22 — Registro 16938
Resumen
Solicitud de información presentada ante autoridad recurrida , a efecto de que le rindieran información sobre la cantidad de abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Honduras, cuáles eran los gastos que se tenían hasta esa fecha y el presupuesto proyectado para planes durante el período, información que no fuera proporcionada por recurrente considerándose éste como no obligada a brindar esa información, aun cuando la ley es clara y específica con respecto a los colegios gremiales como el sancionado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(11): Que, a criterio del Presidente del Colegio de Abogados, la negativa para brindar la información solicitada está fundamentada en el hecho de no considerar a esta institución gremial como una institución obligada a acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, situación ampliamente explicada en el considerando siete de esta sentencia. Es así que la Sala de lo Constitucional señala que es taxativa la disposición que manda a todos los colegios gremiales que perciban fondos a través de emisión y venta de timbres, a brindar la información pública que les sea solicitada por los ciudadanos, entendiéndose por información pública, obligada a brindar: “Todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o electrónico u otro que no haya sido clasificado como reservado se encuentre en poder de las Instituciones Obligadas que no haya sido previamente clasificada como reservada y que pueda ser reproducida. Dicha información incluirá la contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadística, licencias de todo tipo, personalidades jurídicas, presupuestos, liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donaciones, adquisiciones de bienes, suministros y servicios, y todo registro que documente el ejercicio de facultades, derechos y obligaciones de las Instituciones Obligadas sin importar su fuente o fecha de elaboración. Ver numeral 5 del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.CONSIDERANDO (12): El Instituto de Acceso a la Información Pública, ha desarrollado el procedimiento administrativo establecido en los artículos 21 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el establecido en el artículo 51 de su Reglamento, pues no se dio cumplimiento al término de diez días que manda el artículo 21 de la ley en comento para brindar la información solicitada por la ciudadana ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ. CONSIDERANDO (13): Esta Sala ha manifestado en otras sentencias que, el recurso de revisión que señala la supra mencionada Ley es un derecho prestacional de configuración legal, es decir que no es un derecho de libertad ejercitable sin más, sino que debe ejercerse por los procedimientos que nos señala el legislador. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional manifiesta, que los procedimientos no son incondicionados o absolutos y se dice lo anterior, no solo porque hubo necesidad de requerir al Colegio de Abogados por incumplir el plazo legal ya indicado, sino que por no considerarse una institución obligada aun cuando la ley es clara y específica con respecto a los colegios gremiales como el sancionado.CONSIDERANDO (14): Que, así las cosas, la Sala de lo Constitucional, acorde con la resolución No. SO-108-2022 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Publica en adelante la (IAIP), manifiesta que la misma no es vulneradora de los derechos fundamentales señalados por el recurrente, puesto que dicho acto administrativo ha sido dictado en observancia al derecho de defensa y a un debido proceso, en tanto en el procedimiento administrativo tramitado en el Instituto de Acceso a la Información Publica en adelante la (IAIP), se han obtenido las respuestas en tiempo y forma, y la decisión administrativa de haber declarado con lugar el recurso de revisión, salvaguarda un derecho fundamental superior, como ser el derecho de acceso a la información, derecho que debe ser satisfecho - en tiempo y en forma – y al no haberlo hecho así el Colegio de Abogados de Honduras, constituye un irrespeto al debido proceso, sancionado por el IAIP declarando con lugar al recurso de revisión, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ, a favor del COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, contra la resolución No. SO-108-2022 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA (IAIP), en fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, que declaró Con Lugar un recurso de revisión interpuesto por Andrea Gisselle Vargas Laínez, contra el COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se le han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la ciudadana ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ, mediante la plataforma SIELHO, interpuso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Recurso de Revisión sobre la solicitud de información No. SOL-CAH-117-2021 presentada en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Colegio de Abogados de Honduras, a efecto de que le rindieran información sobre la cantidad de abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Honduras, cuáles eran los gastos que se tenían hasta esa fecha y el presupuesto proyectado para planes durante el período, información que no le fuera proporcionada por dicha institución.2) Que, seguido con el trámite, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), emitió la resolución No. SO-108-2022, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la ciudadana ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ, quien actúa en su condición personal, en contra el COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS (CAH), en virtud de que la Institución Obligada NO dio respuesta en tiempo y forma la solicitud de información solicitada, o sea fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, a su vez incumpliendo con el artículo 52 numeral 1 y 2 del REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. SEGUNDO: Se ordena al COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS (CAH), hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible a la ciudadana ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ, quien actúa en su condición personal, la información referente a: “Remitir la información de cantidad de abogados inscritos en el Colegio de Abogados y cuáles son los gastos que se tienen hasta la fecha del 2021 y el presupuesto proyectado para planes durante el período”. TERCERO: Que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al o los servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente al COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS (CAH), conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA contenido en el Acuerdo SE-007-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; Artículos 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional; Artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y, la misma quedará firme con los efectos legales pertinentes. …” (Folios 38 al 41 de los antecedentes) 3) Que en fecha siete de junio de dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal, el Abogado MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ, interponiendo acción de amparo a favor del COLEGIO DE ABOGAOS DE HONDURAS, contra la resolución No.SO-108-2022, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, que resolvió un recurso de revisión interpuesto ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ, contra el COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, por estimar el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 07 del amparo de mérito) 4) En fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 21 del recurso de mérito)5) Que en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en el cual concluye: “Debemos entender que no se vulnera el Debido Proceso, ya que ha seguido el procedimiento establecido en la Ley y tampoco se irrespeta el Derecho de Defensa, pues al ser requerido tuvo la oportunidad de informar y remitir los antecedentes relacionados al caso en el término legal establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ejercicio del presente recurso es una manifestación que materializa su defensa, en virtud de lo cual, al estar acreditado en autos la entidad recurrente aun cuando estaba obligada a brindar la información solicitada no lo hizo dentro de los plazos señalados en la Ley, vulneró el derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas por Ley, lo anterior en consonancia a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, por lo tanto no se ha vulnerado las garantías alegadas por el recurrente.” En consecuencia, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, fue de la OPINIÓN: “…que SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración del Derecho al Debido Proceso y el Derecho de Defensa invocados por el Amparista como transgredidos.” (Folios 26 al 32 del presente recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado Menahen Galel Ordoñez Vásquez, a favor del Colegio de Abogados de Honduras, está dirigida contra la resolución SO-108-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, que resolvió con lugar un recurso de revisión interpuesto por la ciudadana ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ, por estimar que la información solicitada al Colegio de Abogados de Honduras, no le fue entregada. CONSIDERANDO (4): Que el antecedente que da origen a esta acción de amparo lo constituye la solicitud de información No. SOL-CAH-117-2021 presentada en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por la ciudadana ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ, ante el Colegio de Abogados de Honduras quien pide que le brinden la información siguiente: 1.- Cantidad de abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Honduras; 2.- Gastos incurridos por dicho colegio hasta el año 2021; 3) Presupuesto proyectado hasta el final de la administración del Presidente del Colegio de Abogados en ese entonces. Después de haber sido solicitada la información al Colegio de Abogados en fecha cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, la misma no fue atendida, lo que provocó que la recurrente acudiera a los servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública. en fecha veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, mediante la Plataforma SHIELO del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, registrados bajo los números REC-CAH-10-2021 y REC-CAH-11-2021, contra el Colegio de Abogados de Honduras por supuesta denegatoria de la información solicitada el cuatro de noviembre del dos mil veintiuno. Dentro del procedimiento administrativo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, envió Requerimiento al Presidente del Colegio de Abogados de Honduras a efecto de que envíe la información solicitada mediante SOL-CAH-117-2021 presentada por ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ en la fecha antes indicada. Consta a folio 18 de la primera pieza, que el Presidente del Colegio de Abogados, fue requerido en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, contestando en fecha uno de diciembre de ese mismo año, entre otros, lo siguiente: “…siendo que hoy es la fecha en que se vencen los tres días para contestar el recurso de revisión, solicito prórroga del plazo concedido para brindar la información requerida…”.- Consta a folio 20 de la primera pieza, que la prórroga apuntada fue concedida y notificada al peticionario el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, contestando el Colegio de Abogados de Honduras en fecha nueve de diciembre del dos mil veintiuno, con negativa de brindar la información solicitada bajo el argumento de que esta institución no tiene el carácter de una institución obligada, y que al no estar regulada por el artículo 3 numeral 4 de la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública, no debe brindar ningún tipo de información, pues no manejan fondos públicos y son una institución sin fines de lucro. CONSIDERANDO (5): El artículo 6 del Código Civil manda entre otros que, ninguna persona podrá alegar ignorancia de la ley, y esta Sala agrega: y menos si se trata de profesionales del derecho rectorando instituciones obligadas. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 3 relativo a las definiciones para los efectos de la ley, dispone en el numeral 4 que son instituciones obligadas: “… a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD’s) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos; …”.CONSIDERANDO (6): El Colegio de Abogados de Honduras es una institución/organización gremial con personalidad jurídica y patrimonio propio, así lo dispone el artículo uno de la Ley orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. Además el artículo dos de la misma ley contiene las finalidades de dicha institución y entre otras, se mencionan las encaminadas a fortalecer a la asociación de profesionales que tienen un mismo oficio, en este caso profesionales del derecho: a) Regular el ejercicio de la profesión del Derecho en toda la República. establecer los aranceles judicial, administrativo y notarial. b) Proteger la libertad del ejercicio profesional de los colegiados. c) Vigilar y sancionar la conducta profesional de los colegiados y de aquellas personas especialmente autorizadas para ejercer actividades propias de la profesión. d) Procurar y estimular la superación cultural, económica y social de los colegiados con el objeto de enaltecer la profesión del Derecho. - Siguiendo el hilo conductor, la Ley orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, en el literal d) del artículo 66 establece que constituyen patrimonio del Colegio, los ingresos provenientes del Timbre del Colegio; lo que subsume al Colegio de Abogados de Honduras en los dos supuestos legales que exige la norma: 1. Es una asociación gremial y 2.- Recibe ingresos por la emisión de Timbres, por lo que efectivamente es una institución obligada, como lo señala el numeral 4 del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el literal d) del artículo 66 de la Ley orgánica del Colegio de Abogados de Honduras .CONSIDERANDO (7): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, emitió la resolución No. SO-108-2022 declarando Con Lugar un recurso de revisión interpuesto por Andrea Gisselle Vargas Laínez, en virtud de que la Institución obligada -Colegio de Abogados de Honduras- no dio respuesta en tiempo y forma, a la solicitud de información solicitada, violentando el plazo de diez días estipulado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por haber incumplido lo establecido en el artículo 52 numeral 1 y 2 del Reglamento de la misma Ley, constituyendo esta la primera negativa.CONSIDERANDO (8): El decreto No. 170-2006, fue publicados en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 30 de diciembre de 2006, y contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, constituye una ley de orden público e interés social y tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública marca el procedimiento a seguir, y establece que la solicitud de acceso a la información pública deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin motivación ni formalidad alguna, como se observa que así se hizo en el presente caso, un particular contra una institución gremial, no obstante que podría tratarse de cualquiera de los tres poderes del Estado, es decir, un particular contra toda la maquinaria del Estado. El artículo 21 continúa señalando el procedimiento y manda que, una vez presentada la solicitud, esta se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. Esta es la primera solicitud al obligado de cumplir con la ley y la primera negativa por parte de éste a brindar la información. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán indicar por escrito al solicitante los fundamentos de esta. Establece el artículo 26 de la misma ley que cuando la solicitud de información se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en el Artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Publica en adelante (IAIP) para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución de éste se emitirá dentro de un plazo de diez (10) días, contado a partir de la presentación de la solicitud. Esta sería la segunda denegatoria por parte del obligado, ante la institución creada para satisfacer sobre este derecho fundamental a la información, el IAIP, quien resuelve el recurso de revisión interpuesto y en caso de que se determine emitir resolución sancionatoria al o los servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada, manda la ley que esta decisión pone fin a la vía administrativa y contra esta resolución, solo procederá el recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional; (artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el segundo párrafo del artículo 53 del Reglamento de esta ley). Esta Sala estima mencionar que la Ley del IAIP, no contempla que se materialice el derecho a la defensa mediante el ejercicio al derecho a un recurso dentro de la vía administrativa, en ese sentido, y en aplicación al bloque de constitucionalidad en el cual se efectiviza el derecho a la defensa, hay sobrada jurisprudencia en la cual, aun y cuando la ley no lo prescriba, en vía administrativa, se interpone el recurso de reposición, que obliga a la Institución a revisar las resoluciones, pues ante la falibilidad de ser humano, no permitir revisar el caso daría lugar a que algunas decisiones caigan en la injusticia, pudiendo cambiar de opinión. No obstante, se garantiza más el derecho a la defensa cuando en las leyes administrativas, el legislador ha previsto la doble instancia, la que garantiza que otra instancia y por ende otras que personas revisen la decisión de un inferior, ello para alcanzar la finalidad del derecho y del mismo proceso que es la justicia y con ello la paz social.CONSIDERANDO (11): Que, a criterio del Presidente del Colegio de Abogados, la negativa para brindar la información solicitada está fundamentada en el hecho de no considerar a esta institución gremial como una institución obligada a acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, situación ampliamente explicada en el considerando siete de esta sentencia. Es así que la Sala de lo Constitucional señala que es taxativa la disposición que manda a todos los colegios gremiales que perciban fondos a través de emisión y venta de timbres, a brindar la información pública que les sea solicitada por los ciudadanos, entendiéndose por información pública, obligada a brindar: “Todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o electrónico u otro que no haya sido clasificado como reservado se encuentre en poder de las Instituciones Obligadas que no haya sido previamente clasificada como reservada y que pueda ser reproducida. Dicha información incluirá la contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadística, licencias de todo tipo, personalidades jurídicas, presupuestos, liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donaciones, adquisiciones de bienes, suministros y servicios, y todo registro que documente el ejercicio de facultades, derechos y obligaciones de las Instituciones Obligadas sin importar su fuente o fecha de elaboración. Ver numeral 5 del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.CONSIDERANDO (12): El Instituto de Acceso a la Información Pública, ha desarrollado el procedimiento administrativo establecido en los artículos 21 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el establecido en el artículo 51 de su Reglamento, pues no se dio cumplimiento al término de diez días que manda el artículo 21 de la ley en comento para brindar la información solicitada por la ciudadana ANDREA GISSELLE VARGAS LAINEZ. CONSIDERANDO (13): Esta Sala ha manifestado en otras sentencias que, el recurso de revisión que señala la supra mencionada Ley es un derecho prestacional de configuración legal, es decir que no es un derecho de libertad ejercitable sin más, sino que debe ejercerse por los procedimientos que nos señala el legislador. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional manifiesta, que los procedimientos no son incondicionados o absolutos y se dice lo anterior, no solo porque hubo necesidad de requerir al Colegio de Abogados por incumplir el plazo legal ya indicado, sino que por no considerarse una institución obligada aun cuando la ley es clara y específica con respecto a los colegios gremiales como el sancionado.CONSIDERANDO (14): Que, así las cosas, la Sala de lo Constitucional, acorde con la resolución No. SO-108-2022 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Publica en adelante la (IAIP), manifiesta que la misma no es vulneradora de los derechos fundamentales señalados por el recurrente, puesto que dicho acto administrativo ha sido dictado en observancia al derecho de defensa y a un debido proceso, en tanto en el procedimiento administrativo tramitado en el Instituto de Acceso a la Información Publica en adelante la (IAIP), se han obtenido las respuestas en tiempo y forma, y la decisión administrativa de haber declarado con lugar el recurso de revisión, salvaguarda un derecho fundamental superior, como ser el derecho de acceso a la información, derecho que debe ser satisfecho - en tiempo y en forma – y al no haberlo hecho así el Colegio de Abogados de Honduras, constituye un irrespeto al debido proceso, sancionado por el IAIP declarando con lugar al recurso de revisión, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. ), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 68 párrafo segundo y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Menahen Galel Ordoñez Vásquez, a favor del Colegio De Abogados De Honduras, contra la resolución No. SO-108-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, que declaró Con Lugar un recurso de revisión interpuesto por Andrea Gisselle Vargas Laínez, contra el Colegio de Abogados de Honduras. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la Entidad del Estado de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó Magistrado Wagner Vallecillo. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0895-2022.____________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.JF