Sentencia AA-893-18 — Registro 18826
Resumen
Nulidad de actuaciones en relación a notificación efectuada a los correos electrónicos proporcionados, según autoridad recurrida argumenta debió haberse efectuado dicha notificación personal previo a la notificación electrónica realizada, Sala de lo Constitucional, observa que el tribunal de apelaciones, al dictar su sentencia, lo hizo soslayando lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo y como consecuencia dicta la nulidad que fue objeto de apelación, violentando con ello el debido proceso, pues establece erróneamente que previo hacer la notificación por medio electrónico debió hacerlo primero personalmente, cuando no es lo expresado por la ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Esta sala de lo Constitucional, al examinar los autos, ha constado que, si bien es cierto la notificación de la Resolución No. DEI-AGC-DASC-48-C-2016, de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se hizo por vía correo electrónico, el notificante por delegación les hace saber al notificado FGRANT@BITELNET.COM Y A nnuñez@petrasun.com que contra dicha resolución cabe el recurso de reposición, el que podrá interponer ante la Comisionada Presidencial Administración Tributario o en su defecto realice el pago del mismo, dentro del término de quince días hábiles siguientes de la misma, igualmente cierto es que, notificación lo hace por virtud de lo previsto en el artículo 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que literalmente dice: “Las resoluciones se notificaran personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco días, a partir de su fecha, las providencias cuando perjudiquen a los interesados en el plazo de dos días. Artículo 88. La notificación personal o electrónica se practicará mediante entrega de copia íntegra del acto de que se trate. No habiéndose podido notificar personal o electrónicamente dentro de los plazos establecidos en el artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho la providencia o parte dispositiva de la resolución”. Una vez realizado lo anterior, la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir, de tal manera que en aquellos casos en que proceda recurso ordinario, el notificante habrá de indicarlo, pero en los casos en los que ya no cabe recurso alguno, tendrá que hacerlo saber, lo que no significa que se esté dejando en indefensión al perjudicado por la resolución de que se trate, pues quedan expeditos aquellos recursos y acciones de carácter extraordinarios de que el presunto perjudicado puede hacer uso, tal como ha acontecido en el caso subjudice, en consecuencia, no se aprecia que se haya violentado algún derecho fundamental por el proceder del Secretario al momento de realizar la notificación al notificado y por tanto, no es procedente la nulidad solicitada por la apoderada de la Sociedad Sun Petroleum, S.A. de C.V. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, observa que el tribunal de apelaciones, al dictar su sentencia, lo hizo soslayando lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo y como consecuencia dicta la nulidad que fue objeto de apelación, violentando con ello el debido proceso, pues establece erróneamente que previo hacer la notificación por medio electrónico debió hacerlo primero personalmente, cuando no es lo expresado por la ley en su literalidad, ya que no se prevé que dicho artículo establezca orden de preferencia del acto de la notificación personal o electrónica, ya que de su sentido literal, se observa que la autoridad Tributaria tenía plena potestad de realizar la notificación, ya sea personal o electrónicamente, notificación que fue hecha al correo electrónico proveído a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la sociedad SUN PETROLEUM, S.A. DE C.V., que es nnuñez@petrosun.com, siendo unos de los dos correos proporcionado para ser notificados. Observándose con ello que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, mediante la resolución impugnada, se alejó de la literalidad contenida en el artículo 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 87 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 87 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo y resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Lidia Estela Cardona Padilla en su condición de Procuradora General del Estado de Honduras a favor del Estado de Honduras a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR) contra la Resolución A.L.378-2018, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, que declaró con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada “SUN PETROLEUM, S.A. de C.V.”, concediendo la nulidad de actuaciones desde la notificación hecha en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por parte de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la Resolución No.DEI-AGC-DASC-48-C-2016. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 1, 90, 321, 323, 329, 351 y 362 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, la Abogada Lidia Estela Cardona Padilla, en su condición antes indicada, interponiendo acción de Amparo a favor del Estado de Honduras a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR) contra la resolución A.L.378-2018, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, que declaró con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada “SUN PETROLEUM S.A. de C.V.”, concediendo la nulidad de actuaciones desde la notificación hecha en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por parte de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la Resolución No.DEI-AGC-DASC-48-C-2016. (Folios 1-9 de la pieza de Amparo). 2) Que en fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, esta Sala, admitió el recurso de mérito, estimando pertinente indicar que el conocimiento del presente Recurso de Amparo es a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y no de forma difusa de los habitantes del Estado de Honduras; en virtud de que mediante reforma al artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es el ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala, en caso de considerar, al igual que ahora lo pretende la recurrente para que garanticen los derechos y libertades de la población en general; en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, previo a pronunciarse sobre el mismo, se procesa al examen de los antecedentes, librándose comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de un (1) día hábil remitiera los antecedentes del caso. (Folio 66 de la pieza de Amparo). 2) Esta Sala, tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, en fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, de los cuales se desprende la Resolución No. A.L.378-2018 objeto del presente recurso, emitida por Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, en la que en su parte dispositiva se resolvió: PRIMERO: Declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada DORIS IMELDA MADRID ZERÓN, en su condición ya expresada. En Consecuencia: SEGUNDO: Se concede la Nulidad de Actuaciones desde la notificación hecha en fecha 24 de noviembre de 2016 por parte de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR) de la Resolución No.DEI-AGC-DASC-48-C-2016, en vista de existir vicios de nulidad de dichas actuaciones administrativas, en virtud de la notificación elaborada por parte de la Autoridad Tributaria de la Resolución antes descrita, tuvo que haberse efectuado de forma personal de conformidad con lo establecido en el Articulo 76 del Código Tributario vigente, normativa aplicable por ser la ley especial del caso concreto y no la Ley de Procedimientos Administrativos por ser una ley complementaria. TERCERO: Que se proceda a notificar en legal y debida forma la Resolución No.DEI-AGC-DASC-48-C-2016 emitida en fecha 4 de marzo de 2016, para los efectos legales correspondientes. (Folios 28-33 del expediente No.SG-165-2018/SUN PETROLEUM S.A./ de la Secretaría de Finanzas).4) Esta Sala, en fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, estando pendiente de resolver la solicitud de suspensión del acto reclamado, dispuso declarar sin lugar, en virtud de no aportarse por parte de la recurrente, elementos suficientes que permitan a este Tribunal considerar la concurrencia de causal que se encuentra contemplada en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Asimismo, remitidos que fueron los antecedentes en el presente recurso de Amparo, se ordenó continuar el procedimiento de ley correspondiente, concediendo vista por el término de cuarenta y ocho horas a la recurrente para que formalizara su petición. (Folio 81 del Recurso de Amparo). 5) En fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el Recurso de Amparo de mérito, al Abogado Marlon Jourdan Aquino Ordoñez, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 89 del Recurso de Amparo). 6) Esta Sala, en fecha diez de junio de dos mil diecinueve, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Yulibeth Garay Hernández, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: …De la cuestión traída a examen: La amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales consagradas en los artículos: 1, 90, 321, 323, 329, 351, 362 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el caso de autos, el Ministerio Público concluye: El aspecto central en la presente acción de amparo, lo constituye la notificación efectuada a los correos electrónicos FGRANT@BITELNET.COM y nnuñez@petrosun.com, de la resolución No.-DEI-AGC-DASC-48-C-2016. El contribuyente alega que dicha notificación electrónica, se efectuó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en clara infracción al ordenamiento jurídico; utilizando como argumento entre otros aspectos que debió haberse efectuado la notificación personal como previo a la notificación electrónica. A efecto del análisis nos permitimos transcribir la normativa legal aplicable al presente caso. Código Tributario contenido en el Decreto (22-97). Artículo 4: En la aplicación de las disposiciones tributarias, los órganos administrativos deberán ajustarse a la jerarquía normativa vigente: 1) La Constitución de la República. 2)Los tratados o convenciones que contengan disposiciones de naturaleza tributaria de los que Honduras forme parte… 3) El código Tributario. 4) Las leyes generales y especiales de naturaleza tributaria. 5)…6) …7…8) … De dicha norma, se observa que, en materia tributaria, se prioriza la aplicación del Código Tributario con relación a las leyes generales y especiales, por lo que, en razón de tal jerarquía normativa, se procede a transcribir los artículos del Código Tributario contenido en el Decreto (22-97) aplicables al presente caso. El artículo 6: Las leyes fiscales se interpretarán siempre en forma estricta, por lo que para determinar su sentido y alcances no podrán utilizarse métodos de interpretación extensivos o analógicos. Artículo 76: Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por notificación personal se entenderá no solo la que se le haga directamente al contribuyente o responsable o a su mandatario o representante legal, sino también la que se efectúa mediante la publicación de un aviso, en uno (1) de los diarios de mayor circulación en el país, por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). El mencionado aviso, sólo se publicaría después de que se haya cumplido lo prescrito por el artículo 87 de la mencionada ley en su caso. Este articulo nos remite a las siguientes disposiciones legales: Ley de Procedimiento Administrativo: Articulo 87: Las resoluciones se notificarán personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco días, a partir de su fecha, las providencias, cuando perjudiquen a los interesados en el plazo de dos días. Artículo 88: La notificación personal o electrónica se practicará mediante entrega de copia íntegra del acto de que se trate. No habiéndose podido notificar personal o electrónicamente dentro de los plazos establecidos en el artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho la providencia o parte dispositiva de la resolución. La resolución recurrida numero A.L.378-2018, dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, ordenó la nulidad de actuaciones desde la notificación hecha en fecha 24 de noviembre del 2016, por parte de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas(SAR) de la resolución No.-DEI-AGC-DASC-48-C-2016, en base al siguiente argumento: “Que la notificación elaborada por parte de la Autoridad Tributaria de la resolución antes descrita, tuvo que haberse efectuado de forma personal de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código Tributario vigente, normativa aplicable por ser la Ley especial del caso concreto y no la Ley de Procedimientos Administrativos por ser una ley complementaria. Del contenido literal del artículo 76, se aprecia que para efectos de aplicación de disposiciones tributarias, el Código Tributario goza de aplicación de preeminente con relación a otras normas de carácter secundario, donde atendiendo esa preferente aplicación el mismo artículo nos remite al contenido del artículo 87 de la Ley de Procedimiento Administrativo el cual señala que: “Las resoluciones se notificarán personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco días, a partir de su fecha, las providencias cuando perjudiquen a los interesados en el plazo de dos días.”; de lo cual se prevé que dicho articulado no prevé ningún orden de preferencia del acto de la notificación personal o electrónica, ya que de su sentido literal, se observa que la autoridad tributaria tenía plena potestad de realizar la notificación de la resolución numero DEI-AGC-DASC-48-C-2016, ya sea personal o electrónicamente; más aun y cuando el contribuyente tal y como lo advierte la autoridad tributaria que la sociedad mercantil mencionada consignó como voluntad expresa en el contrato de adhesión establecido en el Sistema de Administración Tributaria, las direcciones de correo electrónico mencionadas, para efectos de notificaciones y comunicaciones por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (de las cuales la vigente es nnuñez@petrosun.com). Sumado a tal circunstancia, se encuentra el hecho que en el escrito de interposición del incidente de nulidad absoluta de actuaciones de la notificación de la resolución DEI-AGC-DASC-48-C-2016, que fue presentado en fecha 15 de febrero del 2017, por parte del contribuyente, hay una aceptación expresa que los correos electrónicos donde se efectuó la cuestionada notificación pertenecen al contribuyente, con la salvedad que el correo electrónico vigente es nnuñez@petrosun.com, el cual y como se puede apreciar es uno de los dos correos electrónicos donde se notificó la resolución indicada. El artículo 76 del Código Tributario, no establece un orden preferente que la notificación personal sea la primera manera de poner en conocimiento una resolución tributaria, la literalidad de tal artículo, no sitúa a la notificación personal como un requisito previo para realizar la notificación electrónica, por lo cual no se le puede atribuir a la norma otra interpretación más allá de la que deriva de su texto, observándose que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas mediante resolución impugnada se alejó de la literalidad contenida en el texto del artículo 76 citado, limitándose además a la mera transcripción de preceptos legales y prejuzgando a priori la resolución al establecer que: “Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a la documentación que se encuentra en el expediente de mérito, se determina que es procedente lo solicitado en el presente recurso de apelación” y lo que precede a esta decisión tomada es la relación de los antecedentes del presente procedo administrativo. Así las cosas, se concluye que la notificación efectuada en fecha 24 de noviembre del 2016, al contribuyente por parte de la autoridad tributaria, no adolece de ningún vicio motivo de anulabilidad, en virtud que se realizó con observancia a lo establecido en el artículo 76 y demás aplicables del Código Tributario, adquiriendo consecuentemente firmeza la resolución numero DEI-AGC-DASC-48-C-2016.IV.-OPINIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer: Que se Otorgue la presente acción de amparo por existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la amparista. CONSIDERANDO: Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: El recurrente al formalizar la acción constitucional de Amparo, estableció que la resolución pronunciada por el Tribunal de Apelaciones, transgrede sus derechos y garantías constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, al declarar la nulidad de actuaciones desde la notificación hecha en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, por parte de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la Resolución No. DEI-AGC-DASC-48-C-2016, estableciendo la nulidad en dichas actuaciones administrativas, en virtud que la notificación elaborado por parte de la Autoridad Tributaria de la resolución antes descrita, tuvo que haberse efectuado de forma personal de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código Tributario vigente, norma aplicable por ser la Ley especial del caso concreto y no la Ley de Procedimientos Administrativos por ser una Ley complementaria, por lo que se viola la garantía del Debido Proceso y el de Legalidad. CONSIDERANDO: Que el Debido Proceso adjetivo o formal, se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto, que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: Esta sala de lo Constitucional, al examinar los autos, ha constado que, si bien es cierto la notificación de la Resolución No. DEI-AGC-DASC-48-C-2016, de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se hizo por vía correo electrónico, el notificante por delegación les hace saber al notificado FGRANT@BITELNET.COM Y A nnuñez@petrasun.com que contra dicha resolución cabe el recurso de reposición, el que podrá interponer ante la Comisionada Presidencial Administración Tributario o en su defecto realice el pago del mismo, dentro del término de quince días hábiles siguientes de la misma, igualmente cierto es que, notificación lo hace por virtud de lo previsto en el artículo 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que literalmente dice: “Las resoluciones se notificaran personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco días, a partir de su fecha, las providencias cuando perjudiquen a los interesados en el plazo de dos días. Artículo 88. La notificación personal o electrónica se practicará mediante entrega de copia íntegra del acto de que se trate. No habiéndose podido notificar personal o electrónicamente dentro de los plazos establecidos en el artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho la providencia o parte dispositiva de la resolución”. Una vez realizado lo anterior, la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir, de tal manera que en aquellos casos en que proceda recurso ordinario, el notificante habrá de indicarlo, pero en los casos en los que ya no cabe recurso alguno, tendrá que hacerlo saber, lo que no significa que se esté dejando en indefensión al perjudicado por la resolución de que se trate, pues quedan expeditos aquellos recursos y acciones de carácter extraordinarios de que el presunto perjudicado puede hacer uso, tal como ha acontecido en el caso subjudice, en consecuencia, no se aprecia que se haya violentado algún derecho fundamental por el proceder del Secretario al momento de realizar la notificación al notificado y por tanto, no es procedente la nulidad solicitada por la apoderada de la Sociedad Sun Petroleum, S.A. de C.V. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, observa que el tribunal de apelaciones, al dictar su sentencia, lo hizo soslayando lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo y como consecuencia dicta la nulidad que fue objeto de apelación, violentando con ello el debido proceso, pues establece erróneamente que previo hacer la notificación por medio electrónico debió hacerlo primero personalmente, cuando no es lo expresado por la ley en su literalidad, ya que no se prevé que dicho artículo establezca orden de preferencia del acto de la notificación personal o electrónica, ya que de su sentido literal, se observa que la autoridad Tributaria tenía plena potestad de realizar la notificación, ya sea personal o electrónicamente, notificación que fue hecha al correo electrónico proveído a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la sociedad SUN PETROLEUM, S.A. DE C.V., que es nnuñez@petrosun.com, siendo unos de los dos correos proporcionado para ser notificados. Observándose con ello que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, mediante la resolución impugnada, se alejó de la literalidad contenida en el artículo 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos: 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) contra la resolución dictada por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho. SEGUNDO: Que la Secretaría de Estado en el Despachos de Finanzas, debe dejar sin valor ni efecto la resolución conocida en Amparo y pronunciarla nuevamente, incorporando lo establecido en esta resolución. Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUES-. Redacto la Magistrada Dubón Villeda de Flores Lanza. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los Veintiún días del mes de agosto del año Dos Mil Veinticuatro. Visto el Recurso de Reposición interpuesto por los Abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON y ROMAN PINEDA MENDOZA, en fecha siete de marzo del del dos mil veinticuatro, (Folio 153), en nombre de la Sociedad SUN PETROLEUM CORPORATION, S.A. DE C.V., contra la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintitrés dictada en Recurso de Amparo Administrativo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución No. A.L. 378-2018 emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, que Declaró con lugar un recurso de apelación y declaró la nulidad actuaciones desde la notificación hecha en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis por parte de la extinta DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ahora denominado SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), de la resolución No. DEI- ACC- DASC-48-C-2016. Con relación a una notificación de forma electrónica al obligado tributario Sociedad Mercantil denominada SUN PETROLEUM, S.A. DE C.V., esta Alzada al efecto hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: El recurso de reposición tiene por finalidad permitir al tribunal o al funcionario judicial que dictó la providencia impugnada, revisar su decisión y corregir aquellos errores de orden fáctico o jurídico en que hubiere podido incurrir, y, de ser el caso, que proceda a revocarla, reformarla, aclararla o adicionarla en los aspectos en que la inconformidad expuesta por la parte encuentre verificación. SEGUNDO: La resolución de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, emitida por esta Sala Constitucional, es susceptible exclusivamente del recurso ordinario de reposición, según lo establece el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Habiéndose presentado dicho recurso, esta Corte ha procedido a realizar el estudio respectivo para resolver las pretensiones de la recurrente, y advierte, que el Recurso de Amparo Administrativo fue interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución No. A.L. 378-2018 emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, que Declaró con lugar un recurso de apelación y declaró la nulidad actuaciones desde la notificación hecha en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis por parte de la extinta DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ahora denominado SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), de la resolución No. DEI- ACC- DASC-48-C-2016. Con relación a una notificación de forma electrónica al obligado tributario Sociedad Mercantil denominada SUN PETROLEUM, S.A. DE C.V., Acción de Amparo, y como consecuencia la persona agraviada es el Estado de Honduras y no la Sociedad SUN PETROLEUM CORPORATION, S.A. DE C.V. representada por los abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON Y ROMAN PINEDA MENDOZA y por lo tanto no es procedente pronunciarse sobre el recurso de reposición presentado en virtud de no ser parte agraviada, en el recurso de amparo que se conoce por esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia el recurso planteado debe declararse sin lugar. PARTE DISPOSITIVA, Por tanto, esta Alzada Por Unanimidad De Votos, RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por los Abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON Y ROMAN PINEDA MENDOZA, en nombre de la Sociedad SUN PETROLEUM CORPORATION, S.A. DE C.V., contra la resolución emitida por esta Corte en fecha Catorce de diciembre del año dos mil veintitrés (2023). SEGUNDO: SE CONFIRMA dicha resolución judicial. Artículos 61 y 73 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 56 numeral 2 y 3, 352 y 353 del Código Procesal Penal. NOTIFIQUESE FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de diciembre del dos mil veintitrés, y de la resolución de fecha veintiuno de agosto del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0893-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL