Sentencia AA-82-20 — Registro 16271
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria con relación a las defensas previas. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el derecho consignado en los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala es del criterio que ciertamente el origen de la controversia surge de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve en donde se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Alfredo Saavedra y revoca la resolución de fecha veintinueve de febrero de dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y desestima las defensas previas. Contrario a lo que la referida Corte de Apelaciones establece en su resolución, esta Sala comparte el parecer de la abogada Dayani Ivette Bocanegra, quien en su voto particular emitido en la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete expone que, el plazo para la interposición del recurso de apelación comenzó a correr el nueve de marzo de dos mil dieciséis, precluyendo su derecho en fecha dieciocho de mayo de ese mismo año, teniendo por firme y pasada en autoridad de cosa juzgada el auto resolutivo de las defensas previas de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, notificándose la parte demandante en fecha veintiséis de junio de ese mismo año, interponiendo ese mismo día, recurso de apelación en base al artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que luego de haber sido rechazado el recurso de apelación, el demandante presentó recurso de queja el cual fue declarado fundado por la Corte de Apelaciones y admite a trámite el recurso de apelación. En el caso de autos, los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, dejando establecido que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario por ser improrrogables, por tanto, la decisión tomada por el Juez A-Quo se encuentra conforme a derecho, ya que el término dejado de utilizar por la parte demandante corresponde a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, esta Sala es del parecer que ciertamente han sido vulneradas las garantías constitucionales señaladas por el recurrente y estima procedente otorgar el presente recurso de amparo.”
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha cuatro (04) de diciembre dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha veintinueve (29) de febrero de dos mil diecisiete (2017), con relación a las defensas previas, alegadas en la demanda promovida por la Señora SULMA ISBELA RODRIGUEZ HERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DEL ENTONCES, FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el derecho consignado en los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Señora SULMA ISBELA RODRIGUEZ HERNANDEZ, actuando en condición propia y confiriendo poder en el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, incoando demanda contencioso administrativo en materia de personal, para que se declare la nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter particular consistente en notificación defectuosa de fecha 20 de febrero de 2012, se declare no ser conforme a derecho por desconocer el legítimo derecho a la defensa, por infracción del ordenamiento jurídico nacional, violación al debido proceso, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones, se reconozca una situación jurídica individualizada, se solicita el reconocimiento y aplicación de medida cautelar necesaria para el pleno restablecimiento de derechos como ser la suspensión del acto administrativo impugnado. (Folios 1–08 de la Pieza del A-Quo).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), comparece el Abogado Abraham Alvarenga Urbina en su condición de Procurador General de la República, y delegando poder en el Abogado Oscar Doñas Chávez, alegando Defensas Previas en la demanda Contenciosa Administrativa, en la cual el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO (1): DECLARAR CON LUGAR las defensas previas alegada por el Incidentista Por las razones expuestas en el numeral Primero de los Fundamentos de Derecho del presente Auto Resolutivo. SEGUNDO (2): En consecuencia, se declara la inadmisibilidad de la presente acción y se ordena el archivo de la misma. Contra el presente auto resolutivo se podrá interponer el recurso de apelación ante este Juzgado dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación.-” (Folios 50–56 de la Pieza de Defensas Previas del A-Quo).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, en condición de Apoderado Legal de la señora SULMA ISBELA RODRIGUEZ HERNANDEZ, la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia en fecha cuatro (04) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA accionando en su condición de representante procesal de la señora SULMA RODRIGUEZ HERNANDEZ. SEGUNDO: REVOCAR la resolución de fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en consecuencia: DESESTIMAR las defensas previas y continuar con el trámite legal establecido.” (Folios 10–14 de la Pieza del Ad-Quem).-4) Que el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, compareció ante este Tribunal en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha cuatro (04) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020). (Folios 1–20 y 127 del presente Recurso).-5) Que en fecha uno (01) de diciembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Deniegue el presente amparo por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.” (Folios 132–135 y 137 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que revoca la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha 29 de febrero del dos mil diecisiete. La sentencia recurrida desestimó las defensas previas dictadas por el A-Quo, con relación a la Demanda promovida por la señora SULMA ISBELA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS).-CONSIDERANDO (4): El recurrente en la formalización de la acción de amparo, manifiesta que interpuso las Defensas Previas contra la demanda POR NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA DE LA CAUSA QUE SIRVIÓ PARA DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN DE TRABAJO el 20 de febrero del 2012, promovida por la señora SULMA ISBELA RODRIGUEZ HERNANDEZ, contra el Estado de Honduras. Señalado como causas designadas para formalizar las defensas previas, las siguientes: a) Cuando su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fundamentada en el artículo 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. b) Que se hubiera interpuesto por parte no legitimada es decir protegida por otra ley especial, artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Sigue manifestando que las Defensas Previas fueron declaradas con lugar por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, razón por la que el Abogado José Alfredo Saavedra interpuso el recurso de apelación el 29 de junio del 2016 en FORMA EXTEMPORÁNEA, (el término para interponer el recurso de apelación ya era vencido), así lo informó la Secretaria General Margarita Alvarado Gálvez, informe que obra a folio 59 de la pieza separada que dice: INFORMA: Que en el presente juicio el término concedido a las partes para que recurrieran el auto resolutivo de fecha 29 de febrero del 2016, es ya vencido sin que las partes hayan hecho uso del mismo, dicho informe tiene fecha 18 de mayo del 2016.-CONSIDERRANDO (5): Continua manifestando el recurrente que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, mediante auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, expresa en su contenido lo siguiente: “Visto el informe que antecede declárese precluido el derecho y por medio el trámite dejado de utilizar por ambas partes para recurrir el auto resolutivo de fecha 29 de febrero del 2016, teniéndose por firme y pasada en autoridad de cosa juzgada dicho auto resolutivo, en consecuencia; líbrese atenta comunicación judicial junto con el expediente administrativo, 115.4 del Código Procesal Civil… Asimismo señala el recurrente que pese a que el Abogado Saavedra conocía que el recurso de apelación era extemporáneo, interpuso Recurso de Queja después de haber consentido el auto que deniega el recurso de apelación; por lo que considera que lo insólito del recurso de queja es que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ordena al Tribunal de Primera Instancia dictar una nueva resolución el 29 de marzo del 2016, en contra de todo el contenido del artículo 730 del Código Procesal Civil el cual dice: “Objeto del Recurso de Queja: tiene por objeto el reexamen del auto que deniegue la interposición del Recurso de apelación o del recurso de casación”.-CONSDERANDO (6): Que el impetrante tiene por quebrantado el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, entendiendo como debido proceso aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste; invocando el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el párrafo segundo que establece que los plazos fijados en esta ley son IMPRORROGABLES los que una vez transcurridos se tiene por caducado el derecho y perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse; ese mismo párrafo faculta a los tribunales de esa jurisdicción para admitir un pedimento fuera del término de esta ley especial, cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por concluido el término establecido en la ley, por lo que esa posibilidad solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en el caso de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, tal y como lo establece la ley especial, dicho código toma como base los principios que conlleva a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyo el principio de elasticidad y preclusión dejando claro que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, es decir improrrogable. Señalando que por todo ello el recurso de queja debió declararse infundado por la preclusión del recurso de apelación, ya que la negativa hecha por el A-Quo se encuentra conforme a derecho ya que el término dejado de utilizar corresponde a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Todo lo cual de acuerdo al recurrente ha violentado el debido proceso y demás derechos de su representado.-CONSIDERANDO (7): Que en fecha once de diciembre de dos mil diecinueve el Ad-Quem declaró sin lugar por improcedente el recurso de reposición antes referido, invocando el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece en su párrafo último, que contra la resolución que desestime las defensas previas no cabe recurso alguno, en consecuencia, la resolución emitida por este tribunal ha sido recurrida en reposición por el Abogado Oscar Doñas Chávez, la que no es susceptible de tal recurso.-CONSIDERANDO (8): Que consta en autos que el apoderado de la demandante se notificó personalmente en fecha veintinueve de junio de dieciséis, de la providencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, donde el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo declara precluido el derecho y por perdido el trámite dejado de utilizar por ambas partes para recurrir el auto resolutivo de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, teniéndose dicho auto resolutivo por firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.-CONSIDERANDO (9): Que en fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones dicta sentencia por mayoría de votos declarado fundado el recurso de queja interpuesto por el abogado José Alfredo Saavedra, al disentir la Magistrada Dayani Ivette Bocanegra, quien expone en su voto particular (sic) “que de la lectura de los documentos que obran en el expediente, se aprecia que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis se le notificó a las partes procesales el auto de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en el cual se declaraba con lugar las defensas previas, empezando a correr el plazo para la interposición del recurso de apelación el nueve de maro de dos mil dieciséis, teniendo por firme y pasada en autoridad de cosa juzgada el auto resolutivo de las defensas previas de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, notificándose el apoderado legal de la parte demandante en fecha veintinueve de junio de ese mismo año, de la providencia de preclusión de fecha dieciocho de mayo, interponiendo ese mismo día, recurso de apelación en base al artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Ya ese artículo 132 en su párrafo segundo establece que los plazos fijados en la mencionada ley, son improrrogables, los que una vez transcurridos, se tiene por caducado el derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse; asimismo el citado artículo faculta a los tribunales de esa jurisdicción de lo contencioso administrativo para admitir un pedimento fuera del término de esta ley especial cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por precluido el término establecido en la referida ley, por lo que esa posibilidad solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en el caso de autos, los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil y este código toma como base los principios que conllevan a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyo el principio de elasticidad y preclusión, dejando claro que la actividad procesal debe realizarse dentro de lo plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, es decir, son improrrogables, por lo que, el recurso de queja solicitado por el abogado Jose Alfredo Saavedra, por la preclusión del recurso de apelación debe declararse infundado, ya que la negativa hecha por la resolución del Juez A-Quo, está conforme a derecho, ya que el término dejado de utilizar, corresponde a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.- CONSIDERANDO (10): Que la Corte de Apelaciones impugnada en la parte conducente a los antecedentes de hecho, deja establecido que emitió resolución en fecha 04 de diciembre de año 2019 en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Alfredo Saavedra Mejía, en su condición de apoderado legal de la señora SULMA ISBELA RODRIGUEZ HERNANDEZ, en la que dictó un fallo declarando con lugar dicho recurso de apelación y revocó la resolución de fecha 29 de febrero del año 2017, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia, desestima las defensas previas y continúa con el trámite legal establecido. Resolución notificada al ahora recurrente Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ en su condición de apoderado recurrido, quien no conforme con la resolución dictada, presentó recurso de reposición contra dicha resolución.-CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público, emitió dictamen en fecha 26 de noviembre del 2020, dejando establecido que la demanda se interpuso en contra de un órgano desconcentrado (PRONDERS/DINADERS), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, cuyos empleados están sometidos a una ley especial, que es la Ley de Servicio Civil, por lo cual, todos los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, sujeto a dicha ley, le corresponde su conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no puede un reglamento interno, opinión u oficio modificar lo establecido en la ley por el principio de Jerarquía normativa establecida en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública y garantía del Debido Proceso establecido en el artículo 90 constitucional. El Ministerio Público se pronuncia en relación a los recursos de Queja y apelación presentados por el apoderado de la parte demandante, señala que el Tribunal de Alzada mediante resolución de fecha 14 de febrero del 2017, establece las razones de hecho y de derecho por las cuales admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante para garantizar su derecho de defensa, al tenor de lo establecido en el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuya aplicación es de manera especial y exclusiva e integrando en su análisis la supletoriedad del Código Procesal Civil. Siendo de la opinión que se deniegue la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO (12): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala es del criterio que ciertamente el origen de la controversia surge de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve en donde se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Alfredo Saavedra y revoca la resolución de fecha veintinueve de febrero de dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y desestima las defensas previas. Contrario a lo que la referida Corte de Apelaciones establece en su resolución, esta Sala comparte el parecer de la abogada Dayani Ivette Bocanegra, quien en su voto particular emitido en la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete expone que, el plazo para la interposición del recurso de apelación comenzó a correr el nueve de marzo de dos mil dieciséis, precluyendo su derecho en fecha dieciocho de mayo de ese mismo año, teniendo por firme y pasada en autoridad de cosa juzgada el auto resolutivo de las defensas previas de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, notificándose la parte demandante en fecha veintiséis de junio de ese mismo año, interponiendo ese mismo día, recurso de apelación en base al artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que luego de haber sido rechazado el recurso de apelación, el demandante presentó recurso de queja el cual fue declarado fundado por la Corte de Apelaciones y admite a trámite el recurso de apelación. En el caso de autos, los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, dejando establecido que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario por ser improrrogables, por tanto, la decisión tomada por el Juez A-Quo se encuentra conforme a derecho, ya que el término dejado de utilizar por la parte demandante corresponde a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, esta Sala es del parecer que ciertamente han sido vulneradas las garantías constitucionales señaladas por el recurrente y estima procedente otorgar el presente recurso de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0082-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL