Sentencia AA-764-21 — Registro 16086
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra el auto que resolvió un recurso de reposición en relación a la denuncia presentada por supuesta conducta irregular en el desempeño de sus funciones de la forma de notificar a las partes, en la demanda ejecutiva laboral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de febrero del año dos mil veintitrés. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, a favor de la sociedad mercantil denominada MICRO FINANCIERA DE HONDURAS PRISMA S.A., contra el auto dictado en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno, por la SUPERVISIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL, que resolvió un recurso de reposición presentado contra la resolución de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno, en relación a la denuncia presentada en contra de ISMAEL ENRIQUE GONZALES ALCÁNTARA Juez y HECTOR DAVID GUTIERREZ MEDINA Receptor, por supuesta conducta irregular en el desempeño de sus funciones de la forma de notificar a las partes, en la demanda ejecutiva laboral promovida por JESSICA CAROLINA CRUZ RIVERA contra MICRO CRÉDITO PRISMA DE HONDURAS, S.A. CONSIDERANDO: Que el recurrente señala en su escrito de interposición que mediante el acto reclamado se quebrantan el derecho de defensa y debido proceso en perjuicio de su representada por estimar que dicha resolución no se encuentra apegada a derecho, señalando su incertidumbre del porqué se le notificó por tabla de avisos en un proceso laboral. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la autoridad recurrida declaró sin lugar el recurso de reposición toda vez que conforme el artículo 719 del Código del Trabajo, preceptúa que las notificaciones se podrán hacer por diferentes medios; siendo uno de ellos la Tabla de Avisos, cuando se trate de autos interlocutorios y sustanciación como sucede en el caso denunciado, igualmente señala que en cuanto a la malicia que refiere el recurrente no presentó carga probatoria alguna, ya que la carga probatoria de dicho extremo corresponde a quien la invoca o alega, motivos por los que confirmó el auto que impugna. CONSIDERANDO: Que el artículo 81 del Reglamento de la Supervisión General del Poder Judicial, establece que el recurso de reposición procede siempre y cuando se acredite que no se han investigado todos los extremos de la denuncia, aspecto que según se aprecia por esta Sala no acontece en el caso de estudio motivo por el cual se aprecia que la resolución denunciada se encuentra conforme a lo dispuesto en la ley. CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal advierte del escrito de interposición que el recurrente realiza una amplia exposición de incidencias por las cuales indica interpone la acción de amparo, sin embargo, de las circunstancias que expone no fue posible determinar el perjuicio que denuncia, apreciando que las cuestiones planteadas por el compareciente fueron resueltos en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invoca como violados, por cuanto, estima que dicha resolución fue emitida dentro del marco legal aplicable, resultando procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los recurrentes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que de los agravios no se aprecia el perjuicio por el que ataca la resolución censurada, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo, esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, a favor de la sociedad mercantil denominada MICRO FINANCIERA DE HONDURAS PRISMA S.A., contra el auto dictado en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno, por la SUPERVISIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL, que resolvió un recurso de reposición presentado contra la resolución de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-764-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL