Sentencia AA-703-21 — Registro 17032
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra un acuerdo que impone una penalización a la referida empresa por incumplimiento en la gestión del año 2, con porcentaje de reducción mínima anual, así como, con la meta mínima de reducción anual de pérdidas acumuladas en Kilovatios Hora; esto con relación a la ejecución del contrato y la resolución adoptada en sesión virtual extraordinaria del Comité Técnico de Fideicomiso (CTF). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 15, 18, 82, 90, 103 331 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 12.4 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “VI Finalmente debemos tener en consideración que esta Sala no puede desconocer el tiempo que ha transcurrido en la tramitación de este recurso de amparo, lo cual puede poner en riesgo el derecho que asiste al recurrente para acudir a la jurisdicción competente para conocer de su reclamo. Siendo así, en tutela del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia, como también mediante la aplicación práctica del principio de igualdad y cuando el tiempo transcurrido no le sea imputable al recurrente, la Sala de lo Constitucional, en reiteradas decisiones, ha aplicado de manera analógica lo estipulado por el Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que dispone que cuando el órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado ésta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; Así, esta Sala ha sido del criterio, que, aunque en casos como el actual no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al derecho a una tutela judicial efectiva que citamos, la interposición del presente recurso de amparo debe producir, en equidad, el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pudiera corresponder a la acción o acciones que con posterioridad pueda intentar el recurrente, de ahí que se le deba permitir el libre ejercicio de la acción judicial correspondiente por resultar innegable que existe una actividad del accionante ante la Justicia, lo que denota su intención de impedir que su derecho se extinga, lo cual justifica por tanto, la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. VII Consecuentemente, la justa aplicación de estos derechos y principios, nos lleva a considerar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo que conforme con la normativa aplicable se tiene expedita la acción ordinaria ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el término de diez (10) días hábiles, para que interponga la acción que estime oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. VII. En virtud de todo lo anteriormente establecido y relacionado, analizados que han sido los antecedentes en el recurso de amparo que nos ocupa, la legislación aplicable, las alegaciones del impetrante y las respuestas de la entidad recurrida esta Sala de lo Constitucional, al advertirse en el trámite la concurrencia de la casual de inadmisibilidad establecida en el numeral 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la que establece que la acción de amparo es inadmisible cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, estima procedente DENEGAR el recurso de amparo del cual hace mérito, encontrándose además pertinente CONCEDER al recurrente el término de diez (10) días hábiles, para que interponga la acción que estime oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en tiempo para su presentación conforme a la ley.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 Numeral 8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
"...Habiéndose relacionado lo anterior, la Sala debe señalar que la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone en su Artículo 46.8 que el recurso de amparo es inadmisible cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en vía contencioso administrativa, y esto es así, porque, como lo ha dicho ya esta Sala en forma reiterada, esta causal de inadmisibilidad—al igual que varias otras—responde al principio de definitividad, por el cual se obliga al quejoso a que, previo a la interposición de la acción de amparo, debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo, subsanarlo o anularlo, causal que resulta aplicable al caso objeto de examen, por cuanto estamos ante una decisión emitida por un ente regulador del Estado, sometido a la legislación administrativa y cuyos actos, al estar regulados por el Derecho administrativo, son sujetos de ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, como queda dicho.Al respecto debemos manifestar también que la Sala Constitucional ha establecido criterios excepcionales a esta causal de inadmisibilidad, dispensándose al quejoso de agotar previamente recursos o acciones ordinarias cuando concurren circunstancias apremiantes o excluyentes, como para el caso: la violación flagrante de derechos fundamentales; cuando los recursos o acciones a agotar resulten inexistentes; cuando no se le haya permitido al afectado el acceso a los mismos o no se le haya impedido agotarlos; cuando exista retardo injustificado en la decisión de los mismos o los recursos acciones resulten manifiestamente inefectivos, circunstancias que, al menos en el caso que nos ocupa, no resultan aplicables a criterio de esta Sala."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veintitrés VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS J. GARCÍA PINEDA, a favor de la Sociedad Mercantil EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS (EEH), contra el Acuerdo No. 01-RCAPP emitido por la SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP), en fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, y que impone una penalización a la referida empresa por incumplimiento en la gestión del año 2, con porcentaje de reducción mínima anual, así como, con la meta mínima de reducción anual de pérdidas acumuladas en Kilovatios Hora; esto con relación a la ejecución del contrato y la resolución adoptada en sesión virtual extraordinaria del Comité Técnico de Fideicomiso (CTF) No. 122, celebrado en fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, que aprobó la validación CIENEE-CTF-08-2021 de la ENEE y el Informe MHI-2020-85 de Manitoba Hydro International MHI como Supervisor del proyecto, instruyéndose al Secretario del CTF dar formal traslado a la SAPP de la referida validación e informe, con el objetivo de aplicar las multas y sanciones a la Sociedad Mercantil EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 15, 18, 82, 90, 103 331 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 12.4 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras. A N T E C E D E N T E S 1. En fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, los representantes de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Energía Honduras (EEH) y el banco FICOHSA, como Inversionista Operador, éstos últimos en su carácter de Fiduciarios, celebraron Contrato para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero, en el cual, en su Cláusula Octava numeral 2) inciso l) se establecía que a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, le correspondería la validación de los informes del Supervisor del Proyecto, y en la Cláusula Quincuagésima Sexta, establece que la aplicación de las multas, Sanciones y Penas, a que se haga acreedor el Inversionista Operador, le correspondería a las Autoridades Gubernamentales.2.El Consultor del Proyecto, Manitoba Hydro International, presentó el informe MHI-2020-085, ante la Comisión Interventora de la ENEE, para su respectiva validación, informe en el cual se certificó que el Operador del Contrato, la Empresa de Energía Honduras (EEH), al término del Tercer Año de Operaciones correspondiente al período del uno de diciembre de dos mil dieciocho y el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, alcanzó un porcentaje total de pérdidas remanente al final de ese período de 31.647%, dicho informe fue validado mediante oficio CIENEE-CTF-08-2021 de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno.3.Según Acta No. 122 de la Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, celebrada en fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, vía videoconferencia, se resolvió someter a la aprobación de los Miembros del Comité Técnico, la validación del informe CIENEE-CTF-08-2021, la cual fue aprobada por la mayoría de sus miembros, y asimismo se instruyó al secretario a dar formal traslado a la SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP), con el objetivo que se aplicara lo dispuesto en los párrafos primero y segundo de la cláusula quincuagésima sexta del Contrato de Alianza Público Privada, en donde se establece que la SAPP será la encargada de la aplicación de las multas y sanciones a que sea acreedor el Inversionista Operador, sin perjuicio de la penas convencionales que proceden en el Anexo 16 del Contrato.4.La Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), mediante Acuerdo No. 01-RCAPP-2021, de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno resolvió: “…ACUERDA: Primero.- IMPONER a la sociedad mercantil Empresa de Energía Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable, EN VIRTUD DE NO HABER CUMPLIDO EN LA GESTIÓN DEL AÑO 2 CON EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN MÍNIMA ANUAL, ASÍ COMO CON LA META MÍNIMA DE REDUCCIÓN ANUAL DE PÉRDIDAS ACUMULADAS EN KILOVATIOS HORA, en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, PENALIZACIÓN por un monto de doce millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y un dólares moneda de los Estados Unidos de Norte América (US$12,444,151.00), asimismo y EN VIRTUD DE NO HABER CUMPLIDO EN LA GESTIÓN DEL AÑO 3 CON EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN MÍNIMA ANUAL ASÍ COMO CON LA META MÍNIMA en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica DE REDUCCIÓN ANUAL DE PÉRDIDAS ACUMULADAS EN KILOVATIOS HORA PENALIZACIÓN por un monto de treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un dólares moneda de los Estados Unidos de Norte América (US$34,441.441.00). Segundo.- Observando lo dispuesto en el Contrato, comunicar el presente Acuerdo mediante certificación del mismo, al Representante Designado Fiduciario, a fin de que informe al Comité Técnico Fiduciario de la imposición de la penalización, para los efectos de que este órgano instruya, se proceda a efectuar la deducción de la penalización impuesta del pago de Honorario Fijo que corresponde recibir al Inversionista Operador en concepto de Contraprestación, en once (11) cuotas mensuales de tres millones novecientos siete mil ciento treinta y dos con sesenta y seis centavos de dólar (US$3,907,132.66), moneda de los Estados Unidos de Norteamérica y una cuota final de (1) tres millones novecientos siete mil ciento treinta y dos con setenta y cuatro centavos de dólar (US$3,907,132.74), moneda de los Estados Unidos de Norteamérica; asimismo que se comunique lo conducente al Representante Legal del Inversionista Operador….”. 5.En fecha veintinueve (29) junio de dos mil veintiuno (2021), el Abogado NICOLAS J. GARCÍA PINEDA compareció ante este Tribunal interponiendo recurso de amparo, a favor de la sociedad mercantil EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS, S.A. DE C.V. (EEH), contra el Acuerdo No. 01-RCAPP, de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP), relacionada en el numeral anterior.6.En fecha diez de octubre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emitiera su respectivo dictamen.7.En fecha veinte de febrero dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE DECLARE CON LUGAR la acción de amparo presentada”. al estimar que no se visualiza que la autoridad recurrida haya iniciado el proceso administrativo correspondiente, a efecto de que la sociedad EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS, S.A. DE C.V. (EEH) presentara los descargos correspondientes, denotándose de esta manera que al haberse prescindido del procedimiento que manda el Artículo 83 del Reglamento de la Ley de Alianza Pública Privada, por lo que el Acuerdo impugnado transgrede el debido, y consecuentemente el derecho de defensa. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 8..La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.9.La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso 10. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.11. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.12 A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.a y d de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por funcionarios con autoridad en toda la República, como lo son los miembros de la Superintendencia de la Alianza Público Privada, ente regulador especializado de la Alianza Público Privada, adscrita al Tribunal Superior de Cuentas y sostenida con fondos públicos. OBJETO DEL RECURSO 13. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye el Acuerdo No. 01-RCAPP-2021 emitido por la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) y mediante la que se impuso a la sociedad EMPRESA ENERGÍA HONDURAS (EEH), una penalización por el valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($46,885,592.00), a razón de no haber cumplido en la gestión del año 2 con el porcentaje de reducción mínima anual de pérdidas acumuladas en kilovatios hora.14.El acuerdo impugnado fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 15 de mayo de 2021, estableciendo la entidad denunciada que observó para ello el “principio del debido proceso”, ordenando además comunicar el mismo al Inversionista Operador. RELACIÓN DE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 15.Las violaciones constitucionales argumentadas por el quejoso se fijaron en el derecho a un debido proceso legal, al derecho de defensa, el derecho a la propiedad privada y la libertad de inversión, las que fueron transgredidas, según sus argumentos con la emisión del acto reclamado, por cuanto la entidad reguladora infringió los artículos 83 y 86 del reglamento General de la Promoción de Alianza Público Privadas que regulan lo concerniente al procedimiento sancionador.16. También se citó como quebrantado lo estipulado en el anexo 16 del contrato de servicios (APP) del que es parte su representada, enfatizando lo contemplado por su inciso d), en el que se dispone que, en caso de la aplicación de una pena convencional, el inversionista operador dispondrá de un plazo de 10 días calendario para manifestar lo que a su derecho convenga, plazo que según sostuvo no fue respetado por la entidad sancionadora, la cual, según el peticionario, ha aplicado la sanción a través de un acto administrativo, fundándose en la Ley General de la Administración Pública, excluyendo la intervención de la empresa afectada en el procedimiento de sanción y provocando con ello lo que el quejoso catalogó como una manifiesta indefensión a la empresa reclamante.17. El accionante sostuvo además que, aun haciendo aplicación de la Ley General de la Administración Pública, todo acto administrativo es susceptible de ser impugnado, posibilidad que ha sido negada por la autoridad recurrida, al excluir toda forma de defensa a la empresa agraviada, estimando como arbitraria y abusiva la penalización que le ha sido impuesta, la cual afecta también el derecho a la propiedad privada y disposiciones del Tratado de Libre Comercio existente entre la República de Colombia y la República de Honduras. RELACIÓN DE LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RECURRIDA 18. El informe rendido al efecto por la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), se orientó a destacar que sus actuaciones han sido dictadas en concordancia con la Ley General de la Administración Pública, señalando que para la aplicación de la sanción a EEH se cumplió con el procedimiento establecido en el Anexo 16 del precitado contrato, interpretando que, según la sección 6 del mismo contrato, el periodo para la subsanación o cura sin sanción en este caso era de cero (0) días calendario, dándose a entender que no cabía hacer oposición alguna a la sanción aplicada.19. La entidad de gobierno citó también diversas cláusulas referentes al contrato en las que se establece inter alias que el inversionista operador asume todos los riesgos asignados mediante el contrato, así como lo relacionado con la ejecución de sus obligaciones, siendo que asumió además todos los derechos y obligaciones que le corresponden conforme con el Pliego de Condiciones y el Contrato señalando que el propio contrato en la cláusula 24.2 autoriza la penalización que ha sido impuesta, así:“…Si derivado del informe de reducción de pérdidas del Año de Servicios que ha transcurrido, el Inversionista Operador no cumple con los porcentajes de reducción mínimos anuales, así como el acumulado anual de reducción de pérdidas, será penalizado con un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor resultante de multiplicar las pérdidas totales de distribución no reducidas en KWh con respeto a la meta anual…”.RAZONAMIENTO DE LA SALA I.En el presente asunto, el recurrente ha enfocado su reclamo fundamentalmente en el hecho que la entidad supervisora denunciada ha transgredido la garantía a un debido proceso y con ello, el derecho de defensa, por cuanto la sanción impuesta a su representada, la empresa EEH, se hizo prescindiendo del procedimiento sancionador por incumplimiento que contempla el Reglamento de la Ley de la Alianza Público Privada, en específico su artículo 83, el cual establece inter alia lo siguiente:“...En caso que la Superintendencia detecte incumplimiento de las obligaciones por parte de los agentes, dicho organismo iniciaría un procedimiento administrativo solicitando a los involucrados presentar sus descargos, en el plazo de cinco (5) días hábiles…”. A su vez, el impetrante refiere que, al aplicar la sanción denunciada, la entidad recurrida ha obviado el procedimiento estipulado en el propio contrato, que en su anexo 16, regula lo concerniente al procedimiento relacionado con la imposición de multas y sanciones, así como para las denominadas “penas convencionales”, las cuales, según se observa del contrato, son calificadas como independientes de las multas y/o sanciones por la infracción de disposiciones legales. II.Según el numeral 2º del Anexo 16 en referencia, en el procedimiento para la imposición de penas convencionales se establece inter alias lo siguiente: “…El Inversionista Operador deberá pagar las Penas Convencionales en que incurra por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales bajo el presente Contrato, conforme se señala en este Anexo 16 del Contrato: multas y Penas Convencionales y de acuerdo con el siguiente procedimiento: a)Cualquier infracción que sea solventada por el Inversionista Operador dentro del plazo de cura establecido en [el] Anexo 16 del contrato: Multas y Penas Convencionales no será objeto de Pena Convencional alguna. b)Una vez conocida cualquier infracción al Contrato, la Superintendencia de Alianza Público-Privadas notificará al Inversionista Operador la infracción de que se trate y el tiempo de cura para solventarla;c)En caso que le Inversionista Operador no solvente la infracción dentro del plazo de cura establecido, la Superintendencia de Alianzas-Público Privadas dará inicio al procedimiento de aplicación de Penas Convencionales aquí previsto y notificará al Inversionista Operador, la infracción cometida, así como las constancias que la acrediten; d)El Inversionista Operador dispondrá de un plazo de diez (10) días calendario para manifestar lo que a su derecho convenga e)Transcurrido el plazo de diez (10) días calendario referido en el literal d) inmediato anterior, la Superintendencia de Alianzas-Público Privadas notificará al Inversionista Operador, si es que queda exonerado parcial o totalmente, o bien la pena convencional a que se ha hecho acreedor y le concederá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación de la Pena Convencional incurrida, para que cubra al Fiduciario el monto de la Pena convencional que le haya sido aplicada. De no hacerlo dentro de dicho plazo de cinco (5) días hábiles, notificará al Fiduciario para que proceda a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el monto de la Pena Convencional de que se trate mediante el requerimiento correspondiente al Banco Emisor…. f)Si el inversionista Operador no está conforme con la Pena Convencional impuesta, podrá acudir al Procedimiento para Solución de Controversias, pero ello no impedirá que se proceda como se indica en el literal e) inmediato anterior…”.En lo referente al procedimiento para solución de controversias, que se cita en el inciso f) precedente, el mismo está establecido en la cláusula quincuagésima segunda del contrato, la cual dispone los principios del procedimiento y las etapas del mismo, que son: 1. La negociación directa; 2. La Conciliación; y, 3. El Arbitraje.III.Esta Sala aprecia que los planteamientos del recurrente están jurídicamente bien estructurados, explicando el peticionario con claridad la relevancia constitucional de sus argumentos. No obstante, esta Sala advierte que a pesar que la acción constitucional de amparo se ha promovido específicamente en contra un acto determinado (Acuerdo No.01-RCAPP-2021), el cual fue emitido por una autoridad administrativa que ha sido debidamente individualizada (Superintendencia de Alianzas Público Privada), las alegaciones del impetrante también se orientan a una aparente falta de cumplimiento de las cláusulas de un contrato de prestación de servicios, el cual ha sido identificado como “Contrato de Alianza Público Privada para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de distribución y flujo financiero”, celebrado entre el Gobierno de la República por conducto de la Comisión para la Promoción de Alianzas Público Privadas (COALIANZA); la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); el Banco Financiera Comercial Hondureña (FICOHSA) como fiduciario y la Empresa Energía Honduras, S.A. de C.V. (EEH), que como contrato de servicios tiene establecida ya la vía contractual y legal para la solución de los conflictos que de la ejecución del mismo surgiesen, no acreditándose en el presente trámite que estas acciones hayan sido agotadas previamente por el recurrente.IV.Debemos subrayar que la Superintendencia de Alianzas Público Privadas es un ente administrativo que lleva a cabo actividades de regulación, la cual comprende un conjunto de técnicas de intervención en lo servicios públicos de naturaleza económica y en la actividad y el comportamiento de los agentes económicos de determinados sectores de interés general.La Sala concuerda con el quejoso en cuanto a que resulta discutible el hecho que la Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP) aplicase la sanción denunciada por medio de un acuerdo, no obstante, resulta evidente que este acto se constituye como un acto administrativo, si entendemos como tal, aquel acto que ha sido dictado por un órgano administrativo en ejercicio de la competencia que la ley le atribuye y mediante el cual se declara, reconoce o limita un derecho del particular, o por el que se modifican o extinguen esos derechos y las obligaciones correlativas, de tal suerte que, como acto administrativo, el mismo está regulado por el Derecho Administrativo y su validez puede ser impugnada—como lo establece la ley—ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.Esta Sala concuerda además en que:“…en ejercicio de sus funciones, los órganos reguladores [como la SAPP] ejercen vigilancia sobre las actividades reguladas, pudiendo practicar investigaciones e inspecciones e imponer sanciones administrativas a los infractores y, de acuerdo con las reglas generales en todo caso, sus resoluciones deben ser adecuadamente motivadas, observando el procedimiento establecido, siendo, además, susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa…”.Dicho esto, la Sala debe acotar que encuentra impreciso el razonamiento esgrimido por la entidad reguladora en el informe rendido en el trámite de la presente acción constitucional de amparo, específicamente en lo que concierne a las razones por las que consideró que en el presente asunto no existió plazo para subsanación de la imposición de la penalización (señalando que éste era de 0 días calendario) y que este escenario reviste las formalidades establecidas en la Ley General de la Administración Púbica, pero, al mismo tiempo deja entrever que este tipo de decisiones o las que en general tome la Superintendencia, no son susceptibles de impugnación, afirmación que contrasta con uno de los fundamentos básicos del Derecho Administrativo, cual es, que su presupuesto jurídico es el Estado de Derecho, que, como sabemos, se caracteriza principalmente por el sometimiento de los poderes públicos a la ley.V.Habiéndose relacionado lo anterior, la Sala debe señalar que la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone en su Artículo 46.8 que el recurso de amparo es inadmisible cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en vía contencioso administrativa, y esto es así, porque, como lo ha dicho ya esta Sala en forma reiterada, esta causal de inadmisibilidad—al igual que varias otras—responde al principio de definitividad, por el cual se obliga al quejoso a que, previo a la interposición de la acción de amparo, debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo, subsanarlo o anularlo, causal que resulta aplicable al caso objeto de examen, por cuanto estamos ante una decisión emitida por un ente regulador del Estado, sometido a la legislación administrativa y cuyos actos, al estar regulados por el Derecho administrativo, son sujetos de ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, como queda dicho.Al respecto debemos manifestar también que la Sala Constitucional ha establecido criterios excepcionales a esta causal de inadmisibilidad, dispensándose al quejoso de agotar previamente recursos o acciones ordinarias cuando concurren circunstancias apremiantes o excluyentes, como para el caso: la violación flagrante de derechos fundamentales; cuando los recursos o acciones a agotar resulten inexistentes; cuando no se le haya permitido al afectado el acceso a los mismos o no se le haya impedido agotarlos; cuando exista retardo injustificado en la decisión de los mismos o los recursos acciones resulten manifiestamente inefectivos, circunstancias que, al menos en el caso que nos ocupa, no resultan aplicables a criterio de esta Sala. VI Finalmente debemos tener en consideración que esta Sala no puede desconocer el tiempo que ha transcurrido en la tramitación de este recurso de amparo, lo cual puede poner en riesgo el derecho que asiste al recurrente para acudir a la jurisdicción competente para conocer de su reclamo. Siendo así, en tutela del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia, como también mediante la aplicación práctica del principio de igualdad y cuando el tiempo transcurrido no le sea imputable al recurrente, la Sala de lo Constitucional, en reiteradas decisiones, ha aplicado de manera analógica lo estipulado por el Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que dispone que cuando el órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado ésta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; Así, esta Sala ha sido del criterio, que, aunque en casos como el actual no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al derecho a una tutela judicial efectiva que citamos, la interposición del presente recurso de amparo debe producir, en equidad, el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pudiera corresponder a la acción o acciones que con posterioridad pueda intentar el recurrente, de ahí que se le deba permitir el libre ejercicio de la acción judicial correspondiente por resultar innegable que existe una actividad del accionante ante la Justicia, lo que denota su intención de impedir que su derecho se extinga, lo cual justifica por tanto, la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. VII Consecuentemente, la justa aplicación de estos derechos y principios, nos lleva a considerar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo que conforme con la normativa aplicable se tiene expedita la acción ordinaria ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el término de diez (10) días hábiles, para que interponga la acción que estime oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. VII. En virtud de todo lo anteriormente establecido y relacionado, analizados que han sido los antecedentes en el recurso de amparo que nos ocupa, la legislación aplicable, las alegaciones del impetrante y las respuestas de la entidad recurrida esta Sala de lo Constitucional, al advertirse en el trámite la concurrencia de la casual de inadmisibilidad establecida en el numeral 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la que establece que la acción de amparo es inadmisible cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, estima procedente DENEGAR el recurso de amparo del cual hace mérito, encontrándose además pertinente CONCEDER al recurrente el término de diez (10) días hábiles, para que interponga la acción que estime oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en tiempo para su presentación conforme a la ley. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41, 45, 46.8, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional F A L L A PRIMERO: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, a favor de la Sociedad Mercantil EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS (EEH), contra el Acuerdo No. 01-RCAPP emitido por la SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP), en fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el Artículo 46.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; SEGUNDO: CONCEDER a la recurrente el término de diez (10) días hábiles, para que interponga la acción que estime oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que, al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación, conforme con la ley; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. -- Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO- 0703-2021. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.