Sentencia AA-688-21 — Registro 17528
Resumen
Resolución N° DE-OABI-29-06-2021 autorizó la venta anticipada de bienes inmuebles propiedad de recurrente, los que fueron incautados en caso denominado "Escorpión"; venta mediante procedimiento de Subasta en sobre cerrado, en virtud que la legislación nacional e internacional da facultades para ello; además, se permite evitar costos desproporcionados de mantenimiento que genera dicho bien; por lo que dicha Resolución está apegada a la normativa y no se vulneran derechos fundamentales; La Sala considera que la normativa internacional indica que la venta o subasta debe ser por la autoridad legal correspondiente en respeto de la normativa legal aplicable; es evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre al ordenar la Venta Anticipada de bienes inmuebles y ante la falta de notificación de la Resolución referida; por lo que se vulnera el debido proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Asimismo, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..."..."en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente, en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada de los bienes inmuebles descritos en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada de los bienes inmuebles relacionados, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto; aunado a ello la notificación de dicho acto, conforme lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGANDO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Asimismo, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..."..."en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente, en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada de los bienes inmuebles descritos en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada de los bienes inmuebles relacionados, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto; aunado a ello la notificación de dicho acto, conforme lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGANDO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Asimismo, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..."..."en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente, en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada de los bienes inmuebles descritos en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada de los bienes inmuebles relacionados, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto; aunado a ello la notificación de dicho acto, conforme lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGANDO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 71 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Asimismo, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..."..."en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente, en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada de los bienes inmuebles descritos en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada de los bienes inmuebles relacionados, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto; aunado a ello la notificación de dicho acto, conforme lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGANDO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 71 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor del ciudadano R. B. P. M., de su cónyuge señora S. Y. M. R. y de sus menores hijos Menor 1, Menor 2, y Menor 3, todos de apellido P. M., contra actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), relacionadas según el recurrente a la venta anticipada, mediante el procedimiento de subasta en sobre cerrado, señalada para el veintiséis de junio del año dos mil veintiuno, según catalogo en cuya publicación aparecen los lotes 44 y 45 de los bienes inmuebles descritos como 1) Casa de habitación en residencial los Alpes, bloque 7, lote 3 de la ciudad de San Pedro Sula, matricula 505701 y 2) Lote de terreno en Residencial Rancho Tara, Lote 11, Bloque E, de la ciudad de San Pedro Sula, matricula 851710, bienes propiedad de los hijos y cónyuge del señor R. B. P. M..- Manifiesta el Recurrente que la decisión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), se constituye en una indudable violación a los derechos y garantías constitucionales del Debido proceso, derecho de defensa, juicio previo, derecho de propiedad y estado de inocencia, contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero, 94 y 103 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 40 y 41 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021),la Secretaría de Estado de la Presidencia, Oficina Administradora de Bienes Incautados, Dirección Ejecutiva, mediante RESOLUCIÓN N° DE-OABI-29-06-2021, resolvió: (Sic) “PRIMERO: AUTORIZAR a la UNIDAD DE VENTAS (UV), de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), proceder a ejecutar la VENTA del bien inmueble descrito en el considerando 3 y 4 de este mismo cuerpo legal, así como en su avaluó correspondiente el cual forma parte integra a la presente; en tanto deberá darse estricto cumplimiento a lo emanado en el Artículo 23 del Reglamento de Administración de bienes Incautados y Decomisados de la OABI en virtud de la facultad otorgada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), mediante resolución No. 033/2016 para la aplicación del mismo, evitando de esta manera los costos desproporcionados de mantenimiento que genera dicho bien, por lo que da las atribuciones necesarias para proceder a enajenarlos, SUBASTARLOS(estos mediante eventos públicos) o VENDERLOS ANTICIPADAMENTE a través de SUBASTA PRESENCIAL A VIVA VOZ. SEGUNDO: Que una vez realizado el estudio de factibilidad, así como el avaluó correspondiente, la Dirección Ejecutiva de esta Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) procede a realizar la VENTA mediante proceso de SUBASTA o lo correspondiente según el Reglamento de productos aquí enunciados. TERCERO: Que las Bases de Venta y requisitos para poder participar en la SUBASTA deberán ser dictadas por la Dirección Ejecutiva de esta Dependencia, en donde se deberá cumplir a cabalidad los requisitos que por ley se exige para tal efecto, todo esto en aras de llevar a cabo un procedimiento eficaz y con transparencia. CUARTO: Por tal motivo una vez emitidas las bases y requisitos de participación, se proceda a comunicar a la Unidad de Servicios Administrativos y Recursos Humanos (USARHH), para que esta a su vez proceda a realizar los trámites que conllevan a la publicación de los avisos de mérito en un diario nacional de mayor circulación para que personas tanto naturales como jurídicas puedan participar en el proceso de Subasta Pública. QUINTO: En el caso que el bien aquí descrito fuere declarado “fallido por primera vez” deberá constar en el “Acta de Fallo” que para tal efecto se lleve a cabo, por no haber recibido oferta de compra por los participantes, se instruye a la UNIDAD DE VENTAS continuar con el trámite correspondiente dando cumplimiento al artículo 94 de la Subasta Fracasada del Reglamento de Administración de Bines Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, en consecuencia autorizando a la Unidad de Ventas a la aplicación del mismo y a la consecuencia del trámite que corresponda. SEXTO: La presente resolución surtirá efecto de forma inmediata. CÚMPLASE…” (Folios del 57-62 de la pieza de antecedentes de la OABI) 2) En fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintiuno (2021), el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, interpuso ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, acción constitucional de Amparo a favor del ciudadano R. B. P. M., de su cónyuge señora S. Y. M. R. y de sus menores hijos Menor 1, Menor 2, y Menor 3, todos de apellidos P. M., contra actuaciones de LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), por considerarlas violatorias a los derechos y garantías constitucionales del Debido proceso, derecho de defensa, juicio previo, derecho de propiedad y estado de inocencia, contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero, 94 y 103 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 40 y 41 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. (Folios del 1-5 de los autos). 3) En fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional Informe emitido por el Director Ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y en fecha dieciocho (18) de noviembre del mismo año, se recibieron los expedientes administrativos No. 000004-2018-001-1-0012 y No. 000004-2018-001-1-0009, que corresponden al caso denominado “ESCORPIÓN”, con procedencia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, relacionado al caso de mérito. (Folios del 35-42 y 54-57 de los autos). 4) Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista de las actuaciones al Fiscal del Despacho, por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folios 69 de los autos). 5) Que en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público, a través de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la presente acción de Amparo, por no existir vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, invocados por el amparista como transgredíos. Argumenta la Fiscal del Despacho que, del estudio de las diligencias, se aprecia que la actuación reprochada por el recurrente en cuanto a la actuación realizada por la OABI, por la venta anticipada mediante el procedimiento de subasta de los bienes bajo su administración, se encuentra fundamentada en el Artículo 3 del Regla maneto de Administración de Bienes Incautados y decomisados de la OABI, tal como aconteció en el presente caso, en el cual consta que en fecha 16 de abril del año 2018, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, mediante comunicación judicial, puso a la orden de la OABI, varios bienes inmuebles propiedad del señor R. B. P. M.. En armonía con lo antes dispuesto el artículo 23 del precitado Reglamento faculta legalmente a la OABI para realizar la referida subasta, asimismo refiere el artículo 77 y 78 del referido reglamento, los cuales procede a citar. Refiere la Fiscal del Despacho que de la norma transcrita se estima que la actuación de la OABI se encuentra dentro del marco legal correspondiente y no entraña ninguna infracción legal o procesal como aduce el recurrente. Por otra parte, respecto a lo señalado por el recurrente que no existió conocimiento judicial sobre la venta anticipada de los inmuebles de mérito, si bien es cierto, la Ley de Privación de Dominio contemplada en el Decreto Ejecutivo 27-2010 en su artículo 71, señalaba que la enajenación, subasta y venta anticipada a que se refiere esta Ley será autorizada por el Órgano Jurisdiccional mediante solicitud que hará la OABI, con conocimiento del Fiscal general y de la UCLA, sin embargo, tal disposición fue reformada mediante Decreto 51-2014 publicado el 21 de julio de 2014, el cual procede a citar en forma textual: 71. Concluye la Fiscal del Despacho, que se aprecia que la subasta o venta anticipada realizada por la OABI se ajusta a los requisitos legales requeridos para este tipo de procedimiento, pues se realizaron las evaluaciones correspondientes a dichos bienes, tal como consta en los dictámenes No. OABI-UJ-085-06-2021 y la Resolución No. OABI-29-06-2021. (Folio 72-81 de los autos). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo actuaciones emanadas de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), contenidas en la Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes descritos en los considerandos 3 y 4, consistentes en (Sic) “1) Bien inmueble ubicado en Residencial Los Alpes, san Pedro Sula, Cortés, con clave catastral No. 017005020, registrado a nombre de R. B. P. M., en dicha propiedad existe una vivienda de material de concreto, de dos pisos, pintada de color amarillo y blanco, ventanas de material de vidrio estilo francesas, techo de Aluzinc de color anaranjado, muro perimetral enchapado de piedras, dos portones uno de acceso vehicular y el otro peatonal ambos pintados de color café, con las siguientes coordenadas 15°32’27.53” N 88°1’51.89”W.”; y “1) Bien inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en residencial Los Alpes, San Pedro Sula, Cortés, con clave catastral No. 017005020 e inscrito bajo matricula número 505701 en el Instituto de la propiedad de la Circunscripción Registral de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, registrado a nombre de R. B. P. M.”. CONSIDERANDO (4): Que, en relación a la vulneración de los derechos constitucionales invocados, el recurrente sostiene en relación al derecho a la propiedad, que a pesar de estar garantizado en su goce por el Estado, se encuentra en riesgo inminente de perderse por la decisión de la OABI, ya que su representado y su familia nuclear, al ser dueños legítimos de los inmuebles, sobre los cuales se pide venta anticipada, tienen la facultad de gozar de los mismos y ejercer todas las demás facultades que emanan del derecho real de dominio o propiedad.- Si bien el aseguramiento es una medida cautelar que por su naturaleza suspende temporalmente el goce de la propiedad, solamente si son vencidos en juicio y declarados en comiso mediante sentencia firma, puede limitárseles tal derecho de dominio y perderlo justificadamente, de lo contrario aun con las medidas precautorias o cautelares, que son un medio y no un fin en si mismas, el Estado está obligado a garantizárselos a sus representados. CONSIDERANDO (5): Que, en relación a la vulneración del principio-derecho constitucional al debido proceso, contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, el peticionario de Amparo dice que su representado no ha sido vencido en el juicio que se encuentra pendiente de firmeza y en el cual recayó el aseguramiento de los inmuebles que se pretenden en venta anticipada, por lo que constitucionalmente goza del Estado de Inocencia, con lo cual, contrario de lo establecido en el artículo 94 de la Constitución de la República, se está realizando un “comiso anticipado” de los bienes de su representado, lo que debe emularse a una declaratoria de culpabilidad, esto sin que haya culminado el señalado proceso. De igual manera es una realidad -indica el garantista- que en el proceso administrativo que derivó en la resolución que pretende la venta anticipada del inmueble, no se ha permitido en ninguna parte el ejercicio del derecho de defensa, en contraposición a lo que señala la Constitución de la República en los artículos 94 párrafo primero y segundo, en relación con el artículo 82 del mismo cuerpo legal y los artículos 40 y 41 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. CONSIDERANDO (6): Concluye el recurrente que sobre la base de los argumentos esbozados, no cabe la menor de las dudas de que la OABI, ha proferido una resolución cuyo contenido se escinde de las líneas generales de la Constitución de la República y las específicas de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y Ley Contra el Lavado de Activos, ocasionando con ello una tergiversación, disminución y contravención con la norma fundamental del Estado, en la que descansan sus pilares como Estado Derecho, creado y existente para garantizar a sus habitantes el goce de todos sus derechos, permitiendo con ello alcanzar los mayores estadios de paz y bienestar, llegando a la justicia a través del derecho.- Pero esa teleología no puede ser alcanzada con resoluciones que atentan contra esa seguridad jurídica que debe emanar de los órganos del Estado, los cuales deben estar sometidos a los limites que las leyes establecen , bajo la egida de la carta Magna. Por tanto, debe otorgarse el amparo y evitar que la resolución continúe mancillando los derechos de su representado, que para nuestra Constitución tiene el carácter de inocente. CONSIDERANDO (7): Que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es un Órgano adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición. La OABI, previa resolución o sentencia del Órgano Jurisdiccional o del Ministerio Público, en su caso, en donde se ordene su devolución, debe cumplirla o ejecutarla, procediendo a la devolución de los activos, productos o instrumentos que se encuentren bajo guarda, custodia o administración, en igual estado en que se encontraban al momento de la intervención, salvo aquellos deterioros ocurridos por el paso del tiempo o que no sean imputables a la OABI. CONSIDERANDO (8): Que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la OABI, señala que La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es el órgano técnico superior y especializado para la gestión y administración de los bienes incautados y decomisados desde su recepción, identificación, inventario, custodia, mantenimiento, administración, preservación y los demás asuntos que por Ley le sean asignados. Estará adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial. En relación a sus funciones, la OABI será la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito o actividad ilícita, que la autoridad competente ponga a su disposición. La creación de dicho organismo es procurar la transparencia, la procedencia, la efectividad en la gestión y administración de los bienes incautados, reconociendo principalmente que la administración de estos bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener su productividad y/o valor. CONSIDERANDO (9): Que las actuaciones recurridas, se encuentran contenidas en la Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes, descritos en los considerandos 3 y 4, consistente en: “1) Bien inmueble ubicado en Residencial Los Alpes, san Pedro Sula, Cortés, con clave catastral No. 017005020, registrado a nombre de R. B. P. M., en dicha propiedad existe una vivienda de material de concreto, de dos pisos, pintada de color amarillo y blanco, ventanas de material de vidrio estilo francesas, techo de Aluzinc de color anaranjado, muro perimetral enchapado de piedras, dos portones uno de acceso vehicular y el otro peatonal ambos pintados de color café, con las siguientes coordenadas 15°32’27.53” N 88°1’51.89”W.”; y “1) Bien inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en residencial Los Alpes, San Pedro Sula, Cortés, con clave catastral No. 017005020 e inscrito bajo matricula número 505701 en el Instituto de la propiedad de la Circunscripción Registral de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, registrado a nombre de R. B. P. M.”. Resolución que se limita a transcribir preceptos de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto Ejecutivo No. PCM-70-2011, que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), normativa relacionada a la Enajenación, Subasta o Venta Anticipada de Bienes, cuando exista el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse; así como la indicación de informes y resoluciones emitidas por otras dependencias de la OABI. CONSIDERANDO (10): Que la resolución que contiene las actuaciones recurridas señala como fundamentos de derecho los artículos 1, 2, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 60. a), 68 y 72 inter alia de la Ley de Procedimiento Administrativo. En relación a esta normativa que fue mencionada en el acto que se impugna, por ser la normativa aplicable en los actos emitidos por los órganos y entidades de la Administración Pública, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares; es importante para esta Sala de lo Constitucional lo dispuesto en al artículo 25 que indica: “Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”, este precepto se encuentra en estrecha relación con lo indicado en el siguiente –Artículo 26- que literalmente dice: “La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente. Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico.” –Énfasis suplido-. De la lectura armónica de ambos preceptos es claro que la motivación de los actos es de carácter obligatorio, debiéndose sustentar en los hechos y el derecho aplicable. Aunado a ello el artículo 87 de la norma en comento dispone: “Las resoluciones se notificarán personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de su fecha; las providencias cuando perjudiquen a los interesados, en el plazo de dos (2) días.”; seguidamente el artículo 88 establece la forma en como se practicarán las notificaciones, tanto personales como electrónicas. CONSIDERANDO (11): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial -o administrativa en el caso sub júdice- responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO (12): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO (15): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aún en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que, en relación al derecho a la defensa, la jurista Juana María Ibáñez Rivas, siguiendo la doctrina jurisprudencial que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que, en esa misma línea, el Tribunal ha establecido que “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa, desde que se inicia un proceso que la involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona”. Asimismo, en relación a la redacción del Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma autora sostiene que conforme a la jurisprudencia del Tribunal, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del artículo 8 se aplican mutatis mutandis en lo que corresponda a otros órdenes distintos al penal, esto es, al civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. CONSIDERANDO (16): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Asimismo, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (18): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente, en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares. CONSIDERANDO (19): Que siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada de los bienes inmuebles descritos en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados. CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada de los bienes inmuebles relacionados, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto; aunado a ello la notificación de dicho acto, conforme lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares. CONSIDERANDO (21): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGANDO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 24, 25, 26, 87, 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 70 y 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCÍA, a favor de los señores R. B. P. M., S. Y. M. R. y de sus menores hijos Menor 1, Menor 2, y Menor 3, todos de apellidos P. M., contra actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), contenidas en la Resolución N° DE-OABI-29-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes descritos en los considerandos 3 y 4, consistentes en (Sic) “1) Bien inmueble ubicado en Residencial Los Alpes, san Pedro Sula, Cortés, con clave catastral No. 017005020, registrado a nombre de R. B. P. M., en dicha propiedad existe una vivienda de material de concreto, de dos pisos, pintada de color amarillo y blanco, ventanas de material de vidrio estilo francesas, techo de Aluzinc de color anaranjado, muro perimetral enchapado de piedras, dos portones uno de acceso vehicular y el otro peatonal ambos pintados de color café, con las siguientes coordenadas 15°32’27.53” N 88°1’51.89”W.”; y “1) Bien inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en residencial Los Alpes, San Pedro Sula, Cortés, con clave catastral No. 017005020 e inscrito bajo matricula número 505701 en el Instituto de la propiedad de la Circunscripción Registral de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, registrado a nombre de R. B. P. M.”; y 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, relacionados con el deber de motivar las resoluciones y la notificación de los actos a los interesados, sin olvidar la indicación de si el acto pone fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo proceden, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se proceda a notificar la misma a la autoridad recurrida y al pedidor de la garantía de Amparo, para los efectos legales consiguientes y cumplido el trámite correspondiente se proceda al archivo de las diligencias en el Secretaría de este Alto Tribunal. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-688-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL