Sentencia AA-660-21 — Registro 17435
Resumen
Resolución No SO-075-2021 declaró con lugar Recurso de Revisión por no haber dado respuesta en forma completa la solicitud de información presentada por solicitante; La Autoridad recurrida consideró que la Institución Obligada evidenció que no cuenta con registro de archivo que garantice el acceso a la información pública de todos los actos administrativos que realiza, dejando de proporcionar en tiempo y forma la información solicitada, violentando la normativa que regula el acceso a la información pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente asunto, si bien ha sido plenamente establecido el acto o hecho reclamado, la impetrante ha limitado su exposición a hacer un mero señalamiento de las violaciones alegadas, pero más allá de su anunciamiento, no ha elaborado mayormente en cuanto a los argumentos que justifiquen su acción, esto es, en explicar la manera en que la decisión del IAIP ha causado las violaciones a los derechos o garantías constitucionales invocadas. De la lectura integra tanto de las preguntas que formuló el interesado a la Secretaría de Derechos Humanos como de las respuestas que le fueron dadas por parte de ésta se aprecia prima facie la falta de réplicas concretas de la Secretaría, observándose divagaciones y claras omisiones en las mismas, tal y como fue advertido acertadamente por el Instituto de Acceso de la Información Pública en la resolución impugnada. Si bien esta resolución pudo correr con mejor suerte al momento de ser redactada, lo cierto es que la desatención de la Secretaría de Estado en dar una información completa e integral al interesado resulta más que evidente de la simple lectura de sus respuestas. Por otro lado, el argumento de la impetrante de que el señor Molina no mostró su inconformidad con la información que se le brindó, se considera por esta Sala ser un alegato que además de inocuo, es impertinente, por cuanto es claro que éste hizo uso del recurso legal de revisión ante el IAIP el cual le asistía para manifestar precisamente su disconformidad con lo resuelto por la Secretaría de Derechos Humanos..."..."esta Sala observa que el recurso que se conoce en este caso se disgrega en una simple censura a la actuación del Instituto de Acceso a la Información Pública, sin apoyarse en argumentos sólidos que fundamenten y/o justifiquen la acción de amparo que se ha promovido a favor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos..."..."Esta Sala advierte que en la resolución objeto de impugnación por esta vía, la autoridad recurrida ha plasmado las consideraciones de hecho y de derecho que le llevaron a estimar el recurso de revisión interpuesto, apreciando esta Sala que dicha resolución, si bien pudo ser más amplia, explicita y mejor redactada, su motivación resulta ser suficiente, explicando el órgano del Estado las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento las garantías y derechos que asisten a las partes..."..."en el asunto objeto de examen este Alto Tribunal no advierte que se haya vulnerado garantía constitucional alguna. Estamos ante una cuestión de estricto derecho que correspondía ser conocida y resuelta por el ente administrativo encargado, el cual resolvió la misma, como queda dicho, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, limitándose a hacer aplicación de los mandatos de ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual hizo, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la Secretaría de Estado recurrente. IX. Tampoco se advierte que ha concurrido indefensión constitucional en el caso que nos ocupa, pues no ha existido privación real, efectiva, actual ni sustancial del derecho de defensa, pues la accionante no se ha visto de ninguna forma imposibilitada para efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el trámite o procedimiento que se instó. X. Por todas las razones anteriormente expuestas esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, y ante los escasos argumentos presentados por la amparista que no van más allá de simples señalamientos que no llegan a concretarse en argumentaciones jurídicas que demuestren la existencia de las violaciones denunciadas en este caso, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 53 (Reglamentos)
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 56 (Reglamentos)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintitrés (2023). VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada IRIS ROSALÍA CRUZ PINEDA, a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, contra la resolución N° SO 75-2021 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), en fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiunos, con relación al Recurso de Revisión promovido por el ciudadano ANDRÉS MOLINA ORTIZ, contra LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS. Manifiesta la recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), Que mediante la Plataforma Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), el Abogado EDGARDO ANDRÉS MOLINA ORTIZ, actuando en su condición personal interpuso ante la OFICINA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, Recurso de Revisión por denegatoria de información pública vinculada con la solicitud SOL SCTDH 70-2020 de fecha 28 de agosto del año dos mil veinte, presentada ante LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, en la cual la información recibida en fecha once (11) de septiembre de dos mil veinte (2020), suministrada por medio de oficio N° SEDH UTAIP 015 2020, es incompleta, no fiable, irrelevante, inadecuada y ambigua. (Folio 08 al 10 de la pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, mediante resolución N SO 075 2021, RESOLVIÓ: “…PRIMERO Declarar CON LUGAR el Recurso de Revisión, interpuesto por el Abogado EDGARDO ANDRÉS MOLINA ORTIZ, quien actúa n su condición personal, contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, en virtud que la institución obligada NO dio respuesta de forma completa a la solicitud de información según lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y articulo 52 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica.- SEGUNDO: Que se tenga por entregada parcialmente dentro del plazo legalmente señalado la información referente a:… “2) conociendo que la tramitación superó los 14 meses lo que evidentemente deja de manifiesto el incumplimiento de cualquier plazo legal para la emisión del acuerdo correspondiente y que ese comportamiento es contrario a la obligación de todo servidor público de respetar y cumplir la constitución y las leyes del debido proceso al no sujetar la actividad administrativa a la Ley, se solicita informar que procedimientos disciplinarios se llevaron a cabo y que sanciones legalmente previstas fueron impuestas a los sujetos responsables”... TERCERO: Se ordena a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS hacer entrega de forma inmediata al recurrente la información solicitada desde que se recibió la renuncia por parte del servidor Molina Ortiz, en fecha 27 de noviembre 2018, hasta la notificación de acuerdo numero 134 SEDH 2019 en fecha 5 de febrero de 2020, es decir transcurridos 14 meses y 9 días desde la recepción, que servidores públicos de la Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos indicar nombre cargo y puesto fueron responsables de la tramitación legal de la Renuncia. CUARTO: Se procede a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar a los servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente a LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, conforme a lo establecido en el artículo 59 numerales 1 y 2 del REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, contenido em el acuerdo SE 007214 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014…”. (Folio 57 al 60 de la pieza de los antecedentes). 3) En fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintiuno (2021), la Abogada IRIS ROSALINA CRUZ PINEDA, en su condición de Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo, contra la resolución número SO 075 2021, dictada en fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, por EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, mediante resolución número SO 075- 2021 de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno (Folio del 1 al 3 de la pieza de amparo) 4) En fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se recibieron en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, antecedentes del caso de mérito (Folio 98 de la pieza de los antecedentes) 5) Que en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, y se ordena dar vista de los antecedentes al Fiscal del despacho para que emitiera el dictamen correspondiente de conformidad a lo establecido al artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 110 de la pieza de amparo). 6) Que en fecha veinte de mayo del año dos mil veintidós, se tiene por evacuada la vista concedida a la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, quien es de la opinión que NO SE OTORGUE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO, por no vulnerar los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 113 al 120 de la pieza de amparo). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.d de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por funcionarios con autoridad en toda la República. OBJETO DEL RECURSO 6. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la ya mencionada resolución No.SO-075-2021 emitida en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en la cual, se decidió declarar CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto por el referido abogado Edgardo Andrés Molina Ortiz, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, resolviéndose que dicha institución no dio respuesta en forma completa a la solicitud de información presentada por el mismo interesado. 7. El Instituto de Acceso a la Información refirió entre sus consideraciones, que (sic): “…en el presente caso se acredita que la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos no dio respuesta al abogado EDGARDO ANDRÉS MOLINA ORTIZ de forma completa a la solicitud de información presentada dentro del término legalmente establecido, ya que en el petitorio uno como consta en folio treinta y seis (36) del expediente atendido, demuestra que la institución obligada no lo hizo de forma correcta, manifestando tácitamente que no hay respaldo de lo solicitado por el peticionario, ya que en la Institución se han dado cambios administrativos del personal, quedando evidenciado que no cuentan con un registro de archivo para garantizar el acceso a la información pública de todos los actos administrativos realizados por la institución obligada. En tal sentido, la información no le fue proporcionada en tiempo y forma, violentando lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo indicado en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública…”. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 8. En las alegaciones presentadas por la recurrente con ocasión del recurso de amparo interpuesto ante esta Sala en contra de la decisión del ente estatal, tanto en su presentación como en su formalización, las representantes de la Secretaría de Derechos Humanos argumentaron violaciones al derecho de defensa y a la garantía a un debido proceso. 9. Se observa en las alegadas violaciones, que los argumentos de las recurrentes se limitaron prácticamente a describir las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos y a hacer una cita textual del contenido de los artículos constitucionales que aducen fueron violentados por el IAIP. En sus intervenciones insistieron en que las preguntas formuladas por el requirente, abogado Edgardo Andrés Molina Ortiz, fueron contestadas en tiempo y forma y a “plenitud” por parte de la Secretaría, adjuntándose la documentación correspondiente al caso. Las impetrantes insistieron además que el interesado en ningún momento mostró su inconformidad con la “última” información brindada por la Secretaría de Estado. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Siendo así, para la procedencia de la presente acción de amparo, debió quedar establecido en el presente trámite que la resolución de la autoridad—como acto reclamado en amparo—provocó esa lesión o amenaza a los derechos de la Secretaría de Estado supuestamente agraviada, en específico al de defensa y a la garantía del debido proceso como derechos que se suponen transgredidos con el acto cuyo cumplimiento se reclama, según lo ha señalado la impetrante. III. En el presente asunto, si bien ha sido plenamente establecido el acto o hecho reclamado, la impetrante ha limitado su exposición a hacer un mero señalamiento de las violaciones alegadas, pero más allá de su anunciamiento, no ha elaborado mayormente en cuanto a los argumentos que justifiquen su acción, esto es, en explicar la manera en que la decisión del IAIP ha causado las violaciones a los derechos o garantías constitucionales invocadas. De la lectura integra tanto de las preguntas que formuló el interesado a la Secretaría de Derechos Humanos como de las respuestas que le fueron dadas por parte de ésta se aprecia prima facie la falta de réplicas concretas de la Secretaría, observándose divagaciones y claras omisiones en las mismas, tal y como fue advertido acertadamente por el Instituto de Acceso de la Información Pública en la resolución impugnada. Si bien esta resolución pudo correr con mejor suerte al momento de ser redactada, lo cierto es que la desatención de la Secretaría de Estado en dar una información completa e integral al interesado resulta más que evidente de la simple lectura de sus respuestas. Por otro lado, el argumento de la impetrante de que el señor Molina no mostró su inconformidad con la información que se le brindó, se considera por esta Sala ser un alegato que además de inocuo, es impertinente, por cuanto es claro que éste hizo uso del recurso legal de revisión ante el IAIP el cual le asistía para manifestar precisamente su disconformidad con lo resuelto por la Secretaría de Derechos Humanos. IV. Como lo ha señalado esta Sala, la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las que se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle a las partes la oportunidad de ser oídas, a presentar pruebas y alegaciones, a hacer uso de los recursos reconocidos y regulados por la ley, y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez o ante la autoridad administrativa que corresponda, de la que tiene además el derecho a obtener una respuesta debidamente motivada y fundada en derecho. V. Esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. VI. Así, esta Sala observa que el recurso que se conoce en este caso se disgrega en una simple censura a la actuación del Instituto de Acceso a la Información Pública, sin apoyarse en argumentos sólidos que fundamenten y/o justifiquen la acción de amparo que se ha promovido a favor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos. VII. Esta Sala advierte que en la resolución objeto de impugnación por esta vía, la autoridad recurrida ha plasmado las consideraciones de hecho y de derecho que le llevaron a estimar el recurso de revisión interpuesto, apreciando esta Sala que dicha resolución, si bien pudo ser más amplia, explicita y mejor redactada, su motivación resulta ser suficiente, explicando el órgano del Estado las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento las garantías y derechos que asisten a las partes. VIII. Así, en el asunto objeto de examen este Alto Tribunal no advierte que se haya vulnerado garantía constitucional alguna. Estamos ante una cuestión de estricto derecho que correspondía ser conocida y resuelta por el ente administrativo encargado, el cual resolvió la misma, como queda dicho, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, limitándose a hacer aplicación de los mandatos de ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual hizo, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la Secretaría de Estado recurrente. IX. Tampoco se advierte que ha concurrido indefensión constitucional en el caso que nos ocupa, pues no ha existido privación real, efectiva, actual ni sustancial del derecho de defensa, pues la accionante no se ha visto de ninguna forma imposibilitada para efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el trámite o procedimiento que se instó. X. Por todas las razones anteriormente expuestas esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, y ante los escasos argumentos presentados por la amparista que no van más allá de simples señalamientos que no llegan a concretarse en argumentaciones jurídicas que demuestren la existencia de las violaciones denunciadas en este caso, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9, 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesta por la Abogada IRIS ROSALÍA CRUZ PINEDA, a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, contra la resolución N° SO 75-2021 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), en fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, por las razones que se han dejado expuestas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0660-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
1